Un mes en ayuno han cumplido los siete presos políticos mapuches que demandan en el sur de Chile la inmediata libertad de sus compañeros encarcelados, la desmilitarización de los territorios ancestrales y el fin de la represión. Hasta la fecha, el Gobierno responde con un silencio cómplice, mientras la salud de los huelguistas se deteriora […]
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Un mes en ayuno han cumplido los siete presos políticos mapuches que demandan en el sur de Chile la inmediata libertad de sus compañeros encarcelados, la desmilitarización de los territorios ancestrales y el fin de la represión. Hasta la fecha, el Gobierno responde con un silencio cómplice, mientras la salud de los huelguistas se deteriora gravemente.
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Sus palabras pueden aplicarse a la situación que se vive en estos días, en cuanto que las actuales reivindicaciones sintetizan y recuerdan la existencia de un conflicto de profundas raíces históricas, así como la nula voluntad del Estado chileno no sólo de reconocer el carácter político del conflicto sino también de resolverlo. Llaitul protagoniza hoy una huelga de hambre que cumple 30 días en el mismo penal de Angol, junto a seis de sus compañeros que se encuentran detenidos en Concepción y Santiago, y cuyas reivindicaciones son las mismas de todos los años; justicia y libertad.
Desprotegidos
«Nos sentimos desprotegidos frente a la arremetida político judicial a la hora de enfrentar los procesos de que somos objeto, puesto que nuestra confrontación es, principalmente, con los grupos económicos más poderosos del país. Este poder de dominación cuenta con todas las garantías del Estado chileno para incriminarnos y reprimirnos. El empresariado no sólo controla el poder económico en las regiones en conflicto, si no también los medios de comunicación y son, en definitiva, parte del poder político. El Gobierno de la Concertación actúa en concomitancia con éste y ambos controlan el poder judicial en defensa de sus intereses económicos. Así se entiende la falta de imparcialidad y objetividad en los juicios que enfrentamos los mapuche», denuncia Llaitul.
Con estas palabras recuerda una realidad que ya ha sido denunciada por Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que desmonta cualquier discurso que, desde la Moneda, intente negar la existencia de presos políticos mapuche o violaciones de derechos humanos en sus territorios, evidenciando que el interés prioritario de la Administración Bachelet , más allá de la retórica acerca de programas sociales, es el mantenimiento de las viejas políticas neoliberales heredadas de la dictadura.
«El actual Gobierno, por su definición en pro del desarrollo del modelo económico, prioriza las inversiones capitalistas, para establecer la estrategia de expansión y profundización del modelo económico capitalista neoliberal. Nosotros -recuerda Llaitul- sostenemos que el actual Gobierno da continuidad a la estrategia de contención de la lucha mapuche, en tanto que nuestro proyecto de nación pone en riesgo los planes del modelo económico en nuestro territorio». Una estrategia de contención iniciada por el Gobierno de Ricardo Lagos y que actualmente encuentra su reflejo en los más de veinte presos políticos mapuche, los constantes registros, allanamientos, detenciones o el despliegue de unidades de Fuerzas Especiales del Ejército, Carabineros e Infantes de la Marina, que convierten los territorios ancestrales mapuche en la zona más militarizada de Chile.
Frente a esta realidad, los huelguistas afirman que sus demandas están dirigidas «al poder ejecutivo para que intervenga e intermedie en una solución efectiva para la libertad de los presos políticos mapuche, principalmente a través de los desprocesamientos de las causas». Los presos destacan que «el protagonismo que puedan asumir las comunidades y la movilización que pueda desplegar el movimiento mapuche tendrá especial importancia en el logro de nuestras demandas». Consideran que la clave para evitar un desenlace fatal está en las calles, las comunidades y la presión internacional.