Varios presos políticos están muriendo por negación de asistencia médica, hay igualmente negativa de clasificación de internos en abierta violación al DIH y a sentencias de la Corte Constitucional, por parte del estado colombiano; asimismo hay una negativa de aplicar la debida reducción de pena y excarcelación a presos lisiados y enfermos terminales, también se […]
Varios presos políticos están muriendo por negación de asistencia médica, hay igualmente negativa de clasificación de internos en abierta violación al DIH y a sentencias de la Corte Constitucional, por parte del estado colombiano; asimismo hay una negativa de aplicar la debida reducción de pena y excarcelación a presos lisiados y enfermos terminales, también se denuncia el alejamiento geográfico y separación familiar como forma de tortura. Compartimos con ustedes los siguientes dos comunicados enviados por los detenidos políticos de la prisión de Palogordo, Girón, sobre las graves condiciones en que se encuentran los presos por la falta de atención en salud, el hacimaniento y la lesgilación que se ha promulgado que cada día perjudica más su situación en prisión.
DENUNCIA ANTE LA OPINION PÚBLICA
Los presos políticos recluidos en la prisión de PALOGORDO – GIRON, Santander, denunciamos ante la opinión pública, los siguientes:
HECHOS
Es preocupante y gravísima la situación de riesgo que se vive al interior de la prisión de Girón, en donde lo que ha corrido del año 2012 se han presentado la perdida de cinco vidas humanas en diferentes circunstancias y decenas de heridos con armas corto punzantes y quemaduras.
Desde de la llegada del TENIENTE ÁLVAREZ CÁRDENAS DAVID ALEXANDER como director y la señora DEBIRA MARIA RINCON, coordinadora del programa de reinserción social del EPAMS-Girón, aparecen una serie de medidas represivas, contraviniendo a la constitución y la ley, situación que ha generado una serie de conflictos al interior de la prisión.
El día 7 de febrero denunciamos sobre atropellos, sometimientos, violaciones flagrantes de derechos humanos, y tratos degradantes dados a los presos, sin que se respete nuestra dignidad humana. Nos llama poderosamente la atención que el derecho a la vida e integridad física siga expuesta al capricho, prepotencia, indolencia y la negligencia de los mediocres funcionarios y guardias del INPEC.
Es para nosotros valiosa la vida de nuestros compañeros prisioneros y lamentamos profundamente la pérdida y muerte de los cinco (5) reclusos durante este semestre (enero-junio) de 2012 y que referenciamos así:
Enero 18 de 2012, muere FRANK CAMILO AMADO (ahorcado) ene l patio NO 6
Febrero 19 de 2012, muere JHOINER MARIANO DUARTE, apuñalado dentro de la celda, en el patio No 5
Febrero 21 de 2012, mueren quemados en la celda 77 del patio No 4, los internos CESAR ARTURO JIMENEZ Y CARLOS HUMBERTO CRUZ. Quedó gravemente quemado WILSON CRESPO quien sobre vivió.
Entre enero y junio de 2012, van cinco muertos, sin contar los muertos de años anteriores y las medidas no pasan de ser procedimientos de aislamiento e incomunicación de todos los internos del patio donde sucedan los hechos, encerrándolos en las celdas, los que no permite ni siquiera tener comunicación con la familia durante 72 horas, sin poder denunciar oportunamente los hechos.
El denominado comité de evaluación y tratamiento -C.E.T- y/o programa de «reinserción social» presidido por el teniente DAVID ALEXANDER ALVAREZ CARDENAS,- DIRECTOR- y la señora DEBORA MARIA RINCON-COORDINADORA DEL EPAMS- Girón, no acatan lo dicho en la sentencia T-322 de mayo de 04 de, 2007 de la honorable Corte Constitucional, magistrado ponente, Doctor MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, al revisar una acción de tutela instaurada contra el establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad (EPAMS) de Girón, el jefe de la oficina de jurídica y el coordinador del C.E.T. La sala segunda de revisión de la Corte Constitucional, resolvió:
«Primero: 8(…) Tutelar el derecho a la vida, a la integridad personal y a la dignidad…Segundo: ordenar, por medio de secretaría general, al director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Girón, Santander, que adopte las medidas necesarias para que, si a un no lo han hecho, en el término de quince (15) días hábiles contando a partir de la notificación de la presente sentencia, garantice a los accionantes y demás internos del centro penitenciario, su derecho «a ser separados por categorías, atendiendo a (…) [la] naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones de salud física y mental(…) [y] a su fase de tratamiento(…) y de acuerdo con lo dispuesto por la ley (ley 65 de 1993 art. 65.) Tercero: ordenar, por medio de secretaria general, al director general del INPEC que adopte las medidas necesarias para verificar que el director del establecimiento penitenciario del alta y mediana seguridad de Girón, Santander, haya dado cabal cumplimiento al numeral segundo de la parte resolutiva de esta sentencia. Deberá ser comunicado por el director general del INPEC al juzgado cuarto de familia de Bucaramanga y a la defensoría del pueblo».
Queda una vez más demostrado que el INPEC no acata las sentencias de la Corte y sin embargo, no pasa nada, y la defensoría del pueblo brilla por inoperante y ni siquiera ha socializado lo ordenado en esta sentencia, pero tampoco ha exigido a la prisión de Girón para que le dé cumplimiento a la sentencia T-322 de 2007 y lo contemplado en el código penitenciario y carcelario (ley 65 de 1993) que trata en su artículo 63 sobre «clasificación de internos».
La ley 65 de 1993 en su artículo 63, dice; «Clasificación de internos. Los internos en los centros de reclusión, serán separados por categorías, atendiendo a su sexo, edad, naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condición de salud física y mental . (…)» Bien lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia T- 322 de 2007″(…) no importa la condición de la persona o circunstancia, pues basta conocer que está protegida por un catálogo de derechos que no pueden ser objeto de restricciones jurídicas durante la reclusión. Se trata de derechos como el derecho a la vida, como la integridad personal o a la libertad de conciencia.» Precisamente por este tipo de situaciones al interior de las cárceles en Colombia y ante la grave crisis en las políticas penitenciarias y la abierta violación de los derechos humanos, en lo que la guardia y los funcionarios del INPEC se comportan peor que una banda de delincuentes, fue que la Corte Constitucional declaro un «estado de cosas inconstitucionales», clasificación que sigue vigente con mayores agravantes que el INPEC y el Estado se niega resolver y acatar.
Aquí no existe clasificación de internos. La consigna del DIRECTOR Y DEBORA MARIA es: «viven o viven». Esa significa que no se distingue un condenado de un delito menor de aquel que purga una pena de 40 a 60 años. No se separan a los ancianos de los jóvenes; tampoco los enfermos terminales cuentan con un espacio adecuado; los portadores de SIDA y la población declarada LGBT son asignados en patios corrientes; los que llegan por primera vez «primíparas», son recluidos con los reincidentes «veteranos» y así sucesivamente. No existen políticas preventivas, solo prácticas de políticas represivas. El perfil del prisionero no se tiene en cuenta, pues basta con tener influencias para poder ser trasladado; pero si goza de persecución de la guardia, padecerá el rigor del castigo y la venganza, a que se le realice informes para sancionarlos sin respetar el derecho al debido proceso.
Consideramos que la actitud retardataria de las autoridades judiciales y de control, en nada contribuye a la delicada situación que se vive al interior de esta mazmorra.
¿Será necesaria más pérdida de vidas humanas para que se tomen medidas de fondo?
Desde hace años venimos advirtiendo sobre la enorme crisis de violación de derechos humanos por parte del INPEC y parece ser que cada vez nos vamos quedando solos en nuestro clamor y denuncia.
La política represiva del INPEC se arrogó funciones legislativas que no le competen u posee patente de corso para convertir las cárceles en centros de castigo.
La guardia incita a la violencia se burlan de nuestra condición y se comportan de manera indigna. No se dan soluciones oportunas a las quejas y solicitudes. No se realizan los cambios inmediatos de celdas y de patios solicitados por el interno. Las solicitudes de traslado son negadas por razones de hacinamiento y en esta prisión nos vienen hacinando de manera progresiva. Las oportunidades de redención de penas por trabajo son mínimas y quien creyera pero la terapia ocupacional es perseguida como si se tratara de un ilícito. Las sanciones a los internos se basan en informes montados al antojo del guardián. El equipo psico-social son peores en su trato que la misma guardia. Los tratos humillantes son el pan diario.
Alguien debería por lo menos indagar, realizar un estudio sobre las causas que están conllevando a que en menos de 6 (seis) meses ya existan 5(cinco) muertos.
Presos políticos
Patio No 9
Prisión de Girón -Santander
Cinco presos muertos en la cárcel de Girón en lo corrido del 2012, denuncian presos políticos.
Crisis carcelaria y problemática jurídica.
En el marco de esta grave crisis estructural que padece el instituto nacional penitenciario y carcelario -INPEC-, se ha desarrollado una política sistemática de represión y violencia por parte de la guardia, generando todo tipo de torturas físicas y psicológicas, violando sistemáticamente los derechos humanos de los reclusos. El gobierno nacional trasladó su plan venganza al interior de las prisiones en todas sus formas.
En Colombia existen presos de primera y segunda categoría, los privilegiados y los miserables ; pero como si esto fuera poco, nace la concepción que contribuye al empeoramiento de las condiciones de vida, salud y hacinamiento en las prisiones y aumentan las penas con influencia del aparato judicial del país. Aparecen nuevas leyes y reglamentos a partir de las reformas y adopciones de nuevas medidas penales :
-Reforma del código penal
-Reforma al código penitenciario (ley 65 de 1993)
-Reforma del código de procedimiento penal.
-Ley de seguridad ciudadana (ley 1453 de 2011)
Aparece la ley 733 de 2002 y la ley 906 de 2004, todo con el fin de negar beneficios administrativos, violando los derechos fundamentales y a la misma constitución, mientras que convierten a las cárceles en depósitos de seres humanos debido al alto índice de hacinamiento, bajo el silencio sepulcral de los señores magistrados de las cortes, del congreso, del procurador, del defensor del pueblo y del mismísimo ministro de justicia quien del caso no dice nada.
Ni que decir de las resoluciones y nuevas reglamentaciones de la dirección general del instituto nacional penitenciario y carcelario- INPEC- hechas al antojo y libre albedrio de los directores de turno, con el objeto de limitar derechos mínimos de los internos y visitantes. El INPEC adopta la frase «LEY Y ORDEN» para gobernar las mazmorras con mano dura en aplicación de respeto a la ley, la institución y el orden al interior de la misma, valiendose de un régimen opresor a costa de las humillaciones y tratos degradantes dados a los prisioneros, llegando al extremo de propinarle fuertes palizas, choques o descargas eléctricas, gases en la cara y gaseadas del orden general en los patios.
Sin embargo, la sociedad concibe la prisión como un espacio en el que se alberga a personas que consiente o inconscientemente infringieron la ley y que al estar encarcelados, recibirán un tratamiento adecuado, es decir que sean «resocializados» para que retornen a su núcleo familiar y a vivir en sociedad.
La denominada «resocialización», es una farsa. El hecho de ser «extraditado» de sus regiones de origen, lejos de su entorno, conlleva al total deterioro y separación de sus relaciones familiares y de pareja, contrariando preceptos elementales como la consagra la carta política: «LA FAMILIA ES LA BASE DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO ESTA EN LA OBLIGACION DE PROTEGERLA»
Los presos políticos, somos consecuencia del conflicto social, político y armado por el que atraviesa Colombia y ante lo cual, el gobierno y su aparato estatal se resiste y niega reconocer nuestra existencia. Para nosotros, es imprescindible el acompañamiento de las organizaciones sociales, O.N.
Además, se requiere del acompañamiento en la denuncia y en la sensibilización política acerca de la reforma de los códigos penales, procedimiento penal, penitenciario y carcelario que apunten a humanizar el régimen y las condiciones al interior de las cárceles y prisiones, en armonía con la tan necesaria:
-rebaja de un 20% en las penas
-eliminar el hacinamiento en las cárceles
– otorgamiento de los subrogados penales y beneficios administrativos.
-Oportuna atención y prestación en los servicios de salud.
– regionalización de los presos
Las actuales condenas se convirtieron en «cadenas perpetuas», son penas impagables, tanto así que un alto porcentaje de los prisioneros o población reclusa envejeció acompañado de sus múltiples enfermedades.
El aparato judicial se volvió estrictamente carcelero que «no le niegan una boleta de captura a nadie», pues todo obedece a ese odio visceral, sobre todo tratándose de presos políticos. Para demostrar parte de lo dicho, nos permitimos poner en conocimiento, el siguiente ejemplo:
Los señores jueces y magistrados se amparan en el articulo 29 de la ley 504 de 1999 para negar el beneficio de hasta 72 horas, tratándose de condenados por los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Esto significa en sencillas palabras que quienes estamos condenados por rebelión -presos políticos- no podemos acceder a este beneficio. Además exigen haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta. Lo que indica, que las tres quintas (3/5) partes de una condena de treinta (30) años para acceder aun obtener la libertad es de 18 años. El 70% de la condena de 30 años equivalen a 21 años para salir en permiso de hasta 72 horas. Así las cosas, se puede afirmar, que primero se va el preso en libertad condicional y luego de tres (3) años de gozar de libertad y de reintegrarse a su núcleo familiar y social, debería regresar a solicitar ante el juez de ejecución de penas para que le otorgue el beneficio de hasta 72 horas. ¿No les parece esto contradictorio, ridículo y hasta otro caso de burla? Claro que lo es, y cualquier persona dirá que es ilógico, pero esa es la lógica de los cínicos jueces y magistrados carceleros.
A los jueces de penas y medidas de seguridad, ni siquiera se conmueven por ordenar libertad a los presos que padecen enfermedades terminales como lo sucedido en enero de 2011 con el preso político JOSE ALBEIRO MANJARRES CUPITRE, quien murió bajo la doloras tortura que le producía un cáncer de hígado y páncreas, mientras que la guardia del INPEC lo mantenía amarrado con restricciones a la varilla de la fría camilla.
Es doloroso, pero debemos informar que en la actualidad dos presos políticos: LUIS ALBERTO JAIMES Y SAUL VICENTE VALCARCEL, están muriendo de cáncer terminal y de nada ha valido solicitar ante el estado colombiano y los jueces la liberación de los compañeros por razones humanitarias.
El traslado a quimioterapia y radioterapia se da en condiciones inhumanas, en la que se debe soportar todo tipo de padecimiento durante el transporte y alojamiento en los calabozos ubicados en el primer piso del palacio de justicia, conocidos como botadero o deposito de seres humanos, y como situación irónica, lo que es denominado «palacio de justicia», es un templo de crueldad en donde se da un trato indigno y vejatorio a los presos y esto lo conocen los honorables jueces, fiscales, magistrados, procuradores, personeros y defensor del pueblo.
Pero qué decir de los señores jueces de penas y medidas de seguridad, si ni siquiera vienen a la prisión de girón argumentando «razones de seguridad», para evadir su responsabilidad y mandato de visitar la prisión, tener contacto y oír todas las inquietudes de los presos a quienes nos califican como pro ahijado, pero necesariamente odiados, despreciados y hasta discriminados por los y las jueces de penas.
CONDICIONES INHUMANAS Y TRATOS DEGRADANTES
La Corte Constitucional en sentencia T-153 de 1988 ante la situación de indignidad en la que nos encontramos lo presos, manifestó: «… son absolutamente infrahumanas, indignas de una persona humana, cualquier sea su condición personal. Las condiciones de albergue de los internos son motivo de vergüenza para un estado que proclama su respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados.»
Actualmente, los presos recluidos en la prisión de Girón padecemos el rigor del hacinamiento, pero lo más preocupante y sobre lo que debemos prender las alertas tempranas es el hecho seguro de que el INPEC continuara su política de hacinamiento, situación que desatara mayores índices de violencia y otros problemas como sanitarios. La infraestructura de la prisión de Girón, desde luego no esta hecha para sobre poblarla y eso genera un colapso en áreas de sanidad, visita, educativas, alimentación, comedores, celdas, talleres y áreas de servicios.
Las «reglas mínimas para el tratamiento de reclusos», exige:
«1) los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados a la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación.»
La salud se convirtió en un servicio que se debe pedir como limosnero y de otra parte exigirlo mediante huelgas de hambre para lograr acceder a la mediocre atención médica. Los médicos parecen más un cartel de criminales a sueldo que le prestan sus servicios a las corruptas empresas y administradoras de salud. La vulneración al derecho a la salud es evidente, por lo que a cada prisionero nos ha tocado activar el sistema de amparo mediante la acción de tutela, mecanismo constitucional del cual el INPEC no cumple y se especializo para burlarse del fallo, gracias a que los jueces de tutela no hacen efectivo el arresto y el pago de la multa por desacato. En el mayor de los casos el INPEC miente abiertamente, solo para hacer incurrir en error al juez al momento de fallar y eso se debe a que los señores jueces de tutela no ponen en práctica las pruebas solicitadas como el hecho de verificar las condiciones del recluso y de la prisión.
Recientemente se creó la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios -SPC- , mediante el decreto ley 4150 de noviembre 03 de de 2011 «por el cual se crea la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios -SPC-, se determina su objeto y su estructura», instituto que tendrá la responsabilidad en los temas relacionados con «el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura a brindar, el apoyo logístico y administrativo requerido para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC», dependiente del Ministerio de Justicia, lo que significa crear mas burocracia y de paso en burladero para hacerle el quite a las responsabilidades, lo que agrava mas la crisis penitenciaria y carcelaria, pues en oportunidades el Ministerio responsabiliza al INPEC y viceversa dejando en el medio al preso. Consideramos que esta unidad de servicios es otra rueda suelta que ha de servir como un colchón aislado para que soporte tanta crisis.
Por ejemplo, el INPEC adoptó la medida de que al estado no le corresponde dotar de almohada, toalla, sabanas y sobre sabanas, y que dichos elementos se los debemos pedir a nuestra familia o adquirirlos (comprarlos) en el expendio. Pero la situación es peor cuando se trata de la dotación de útiles de aseo, pues los criterios de los tecnócratas determinaron que dicha dotación se debe entregar cada cuatro meses y que consta de los siguientes productos y cantidades así: – un rollo de papel higiénico, una maquina de afeitar, – un sobre de desodorante, una crema dental, un cepillo para dientes. ¿Será esto justo y digno?
Amigas y amigos, como pueden ver, no existe duda sobre la situación de indignidad y de inminente riesgo en el que se encuentran los derechos fundamentales de los presos. Se hace necesario dar soluciones al conflicto jurídico, por lo que exhortamos al Ministerio de Justicia, al Órgano Legislativo y a la Rama Judicial, para que se debata una verdadera reforma a la política criminal, carcelaria y penitenciaria en la que se les brinde participación a voceros de los presos. No se trata de aumentar las penas y generar altísimos índices de hacinamiento como lo son en la actualidad las leyes y códigos de la venganza en lo que se conoce como castigo y sometimiento de la población reclusa, quienes debemos soportar todo tipo de humillaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes; sometidos a vejámenes como ser requisados totalmente desnudos y obligados a realizar genuflexiones (cuclillas) frente a los guardianes del INPEC, quedando en «bola» frente a ellos, como si fuera a copular con algún guardián. Ese tipo de actitudes solo son propias de un depravado con desviaciones sarasas. Ese tipo de requisas, son proscritas por la Honorable Corte Constitucional a través de sus jurisprudencias: T- 702 de 2001; T- 269 de 2002; T-690 de 2004; T-622, T-624, T- 848 de 2005 y T-1062 de 2006-
¿Acaso el INPEC no hace parte del estado, y no debe el estado acatar las sentencias de las cortes?
No olviden que mas allá de esos muros de concreto, existimos seres humanos a los que nos ha tocado sobrevivir casi que de milagro, pues otros no lo pudieron lograr y en la actualidad, muchos de nuestros compañeros se están muriendo a causa de enfermedades terminales, otros se pudren de lo viejos y sin esperanzas de vida, otros fueron olvidados por sus familiares y amigos todo debido a la distancia, a otros nos ha tocado en silencio resignarnos ante la fatídica muerte de nuestros hijos, madre, padre, hermanos y seres queridos.
Comunicado informativo sobre situación de la cárcel de Girón a Organizaciones nacionales e internacionales
http://justiciaypazcolombia.