El 13 de Marzo del 2006, los presos políticos Mapuche (PPM) han iniciado una HUELGA DE HAMBRE indefinida dentro de la cárcel de Angol localizada en el sur de Chile. Sus reivindicaciones centrales son la libertad inmediata de todos los PPM y la revisión de la causa de «Incendio Terrorista Poluco Podenco». Con motivo de […]
El 13 de Marzo del 2006, los presos políticos Mapuche (PPM) han iniciado una HUELGA DE HAMBRE indefinida dentro de la cárcel de Angol localizada en el sur de Chile. Sus reivindicaciones centrales son la libertad inmediata de todos los PPM y la revisión de la causa de «Incendio Terrorista Poluco Podenco». Con motivo de esta huelga, se ha creado en Ginebra, Suiza, un comité de apoyo para seguir de cerca la situación de los presos. Se invita a todas las organizaciones europeas y latinoamericanas que así lo deseen a unirse a la presente declaración firmándola y haciéndola circular.
Históricamente el pueblo mapuche ha sido discriminado y desconocido dentro del Estado chileno. No se respetan sus tradiciones, su organización social, su cultura, ni su idioma. Se suma a esta situación el despojo sistemático de sus tierras y la expansión forestal de varias décadas promovidas por latifundistas y empresas forestales nacionales y extranjeras, que han transformado y degradado el ambiente natural de los territorios mapuche. Esta situación ha obligado a importantes sectores a vivir en enclaves empobrecidos y discriminados, cuyos niveles de vida están muy por debajo del promedio de los chilenos. Ante esta desfavorable realidad, en los años 90 emergió un activo movimiento mapuche que revindica la recuperación de sus tierras, la preservación de su cultura y organización social, así como lograr mejores niveles de vida y autonomía para su pueblo. Importantes acciones destinadas a la recuperación de sus territorios ancestrales, hoy ocupados por las forestales, y a la promoción de un proceso de toma de conciencia del pueblo mapuche sobre el grado de abandono y miseria en el que subsiste, han sido llevadas a cabo.
Estas acciones han conllevado a una represión sistemática que se ha incrementado durante el último gobierno. La búsqueda de activistas mapuche ha sido acompañada de constantes allanamientos, en los cuales la policía ha recurrido a su acostumbrado abuso del poder y ha acentuado su ya reconocido carácter racista y uso indiscriminado de violencia que se manifiesta en la destrucción de viviendas, bienes materiales, «robo» de utensilios y herramientas de trabajo, entre otros. Se ha golpeado, agredido e insultado a hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos, e incluso, a personas con discapacidades físicas. Se han utilizado balines, perdigones, bombas lacrimógenas, armas de guerra, carros blindados, helicópteros y centenares de efectivos policiales para allanar comunidades de escasos habitantes. En los territorios en conflicto existe una excesiva presencia policial, se utiliza personal de las fuerzas de seguridad y vehículos encubiertos, se controla sistemáticamente a la población y se acosa constantemente a los pobladores y visitantes de las zonas rurales[1].
La lucha del Estado contra el movimiento mapuche se ha ido intensificando con el paso de los años. El ex Presidente Frei inició enjuiciamiento contra comuneros mapuche aplicando la Ley de Seguridad del Estado (una ley de 1958 destinada a combatir la «subversión, la rebelión y la violencia política»). Por otra la represión fue aún mayor para el pueblo mapuche al introducir y aplicar la Ley Antiterrorista para juzgar a comuneros mapuche bajo la cuál han sido condenados los actuales PPM en huelga de hambre. Cabe destacar que La Ley Antiterrorista es herencia de la dictadura militar del general Pinochet. Paradójicamente, esta ley dictatorial fue modificada durante el primer gobierno de la democracia para recrudecer y fortalecer su aplicación, al incorporar delitos comunes que ya estaban contemplados en el Código Penal como «incendio o amenaza terrorista». Es la ley más dura en el Estado chileno. Los mapuche son acusados y sindicados de terroristas bajo ella con testimonios efectuados por testigos sin rostro (poco fiables) y sin considerar el apoyo de organismos internacionales, que se han manifestado abiertamente contra la aplicación de leyes arbitrarias (Human Rights Watch, Federación Internacional de Derechos Humanos, Amnesty International). Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia en Chile ha intervenido en ya más de una oportunidad para anular dictámenes que han absuelto a mapuches procesados por la ley antiterrorista, haciendo que ser realicen nuevamente dichos juicios, a fin de condenarlos. Por estas razones y por la falta de garantías de un juicio justo hacia acusados y perseguidos Mapuche, varios han decidido no presentarse a los juicios en su contra y han optado por la vía de la clandestinidad y son hoy perseguidos por la justicia chilena.
Las declaraciones de los PPM en huelga de hambre: Jaime Marileo Saravia, Patricia Troncoso Robles, Juan Marileo Saravia, Juan Huenulao Lienmil, Juan Colihuinca Ancaluan y Jose Cariqueo Saravia han llegado a nosotros y queremos decir lo siguiente al respecto:
* Manifestamos nuestro más absoluto apoyo a sus reivindicaciones.
* No a la persecución delincuencial de la movilización mapuche. Denunciamos la política sistemática y represiva desarrollada por el Estado de Chile descrita anteriormente y exigimos que se respete el Informe del Relator Especial, Sr. Rodolfo Stavenhagen sobre Cuestiones Indígenas en Chile (E/CN.4/2004/80/Add.3) presentado en noviembre de 2003 quien declara que -bajo ninguna circunstancia deberán se criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas- y – No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos («amenaza terrorista», «asociación delictuosa») a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas-.
* Exigimos la revisión de todos los casos de los PPM por parte de un tribunal independiente e imparcial, en especial el caso de Poluco- Pidenco por el cual fueron condenados por la ley Antiterrorista a 10 años y 1 día, acusados de una quema de cien hectáreas de Forestal Mininco S.A. y a un paso indemnizatorio de 400.000.000 pesos aprox. (un millón de francos suizos). Ello permitirá acoger e investigar también a los testigos protegidos quienes los acusaron de los cuáles dieron fe con querellas, pero no fueron acogidas por el mismo tribunal.
* Denunciamos la aberración que significa que actualmente se desarrolle un juicio a puertas cerradas en su contra. El Estado en su desesperación por detener un movimiento mapuche, y encarcelar inocentes realiza un juicio sin la presencia de los imputados, imponiendo abogados defensores que no cuentan con la confianza de los imputados. Ya no le bastan los testigos sin rostro?
* Saludamos a los mapuche que se encuentran clandestinos entendiendo las razones por las que han decidido no presentarse ante la justicia.
– DECLARAMOS EL DIA JUEVES 6 DE AVRIL 2006 JORNADA INTERNACIONAL DE APOYO A LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE Y ASI INVITAMOS A LAS ORGANIZACIONES QUE LOS APOYAN Y QUE ESTAN EN TODAS LAS PARTES DEL PLANETA PARA REALIZAR ACCIONES EN LAS EMBAJADAS CHILENAS Y ASI PEDIR EXPLICACIONES.
– PEDIMOS A QUE SE ENVIEN MUCHOS FAX Y A QUE SE LLAME SEGUIDO DURANTE EL MISMO DIA A LA CARCEL DONDE SE ENCUENTRAN LOS PPM.
– EN GINEBRA INVITAMOS A TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA QUE PARTICIPEN A UNA ACCION QUE SE HARA AL FRENTE DE LA MISION PERMANENTE DE CHILE (BUS 3 PARADA PETIT-SACONNEX) EL JUEVES 6 DE AVRIL. A LAS ONCE DE LA MAÑANA.
– INICIAREMOS A PARTIR DEL DIA 6 DE AVRIL HASTA EL DIA SABADO 8 DE AVRIL, UN AYUNO SIMBOLICO PARA EXPRESAR NUESTRO REPUDIO HACIA EL ACTUAR DEL ESTADO CHILENO Y NUESTRO MAS ABSOLUTO APOYO A LOS QUE LUCHAN Y RESISTEN «en contra de quienes han fijado como único norte de nuestra humanidad originaria, «el Dinero»».
Para mayor información visite el sitio www.didepu.org o http://www.presospoliticosmapuche.org/
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[1] Del testimonio y vivencias personales recogidas por un colaborador de la Asociación Americana de Juristas en visitas a la VIII y IX Región de Chile, septiembre y octubre, 2004.