Como una amenaza al proceso de implementación y reincorporación se lee el asesinato del guerrillero indultado de las FARC-EP en Nariño. Luis Alberto Ortiz llevaba 15 días de libertad y se encontraba en el corregimiento Llorente, junto a su familia, cuando ocurrió el trágico hecho que fue perpetrado con arma de fuego el pasado 16 […]
Como una amenaza al proceso de implementación y reincorporación se lee el asesinato del guerrillero indultado de las FARC-EP en Nariño. Luis Alberto Ortiz llevaba 15 días de libertad y se encontraba en el corregimiento Llorente, junto a su familia, cuando ocurrió el trágico hecho que fue perpetrado con arma de fuego el pasado 16 de abril. Esto según el comunicado emitido por representantes de la ZVTN Ariel Aldana, ubicada en Tumaco, Nariño.
En la denuncia publicada es latente la preocupación de la comunidad ante una oleada de asesinatos que se han venido presentando en la zona, puesto que sus habitantes afirman que grupos armados han instaurado el miedo y la zozobra a través de estos sucesos. Asimismo los guerrilleros se cuestionan sobre las medidas que está tomando el Estado para combatir a los grupos sucesores del paramilitarismo puesto que «la ciudadanía, los guerrilleros y milicianos excarcelados no cuentan con protección alguna».
Tumaco es un territorio clave para el proceso de implementación de la paz, puesto que su población ha sido víctima de la intensidad del conflicto social y armado. En la actualidad este municipio es uno de los más afectados por el incumplimiento de los Acuerdos: primero por la erradicación forzada hacia cultivos de uso ilícito; y ahora por el peligro que representa el rearme paramilitar. Por ello se hace necesario una mirada urgente al caso en el contexto.
Por otra parte la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto haciendo un llamado al Estado para cumplir con la implementación de lo acordado en el punto 3.4.9 referente al monitoreo de situaciones que pongan en riesgo la implementación del acuerdo: «La protección de todos los civiles, así como de los miembros de las Farc que se encuentran transitando hacia la legalidad, debe ser una tarea prioritaria para las instituciones estatales.» En igual sentido la Fiscalía General de la Nación, en su cuenta de Twitter, dijo priorizar la investigación del caso porque «Es deber de todo el Estado colombiano asegurar la integridad de los desmovilizados de las Farc en medio de proceso de reconciliación: Fiscal»
El asesinato de Luis Alberto a manos de presuntos grupos paramilitares debe ser esclarecido, pues las garantías de participación política no pueden ser retórica consignada en los acuerdos; más aún cuando está en marcha la reincorporación de guerrilleros con perspectiva de participación en un escenario democrático como partido político. Consolidar la paz implica no repetir la historia de exterminio a una agrupación por razones políticas; por tanto se espera que se esclarezca este hecho y que la historia del genocidio de la Unión Patriótica no se vuelva a repetir.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article21364