Primeras conclusiones del Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos

El Congreso finalizó al cumplirse un año de la muerte del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, autor de las mayores atrocidades y atropellos a los Derechos Humanos en Chile.

Las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos reunidas en el Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos entre los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2007, en las aulas de la Universidad de Santiago de Chile, ex Universidad Técnica del Estado, sentaron las bases de la Plataforma de Derechos Humanos que guiara nuestras luchas en el siglo XXI.

El torneo congregó a 350 representantes del país; de los cuales 140 correspondieron a regiones y pueblos de Chile; 10 delegados provenientes de Canadá, Suecia, Alemania, Francia, Austria y Australia, los que participaron en representación de los chilenos en el exterior; y 200 delegados de la región Metropolitana.

Por primera vez se integraron públicamente en el debate social, las distintas dimensiones de los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los pueblos.

El Congreso Nacional de Derechos Humanos, después de realizar un diagnóstico acerca del estado de la situación actual de los derechos humanos en el país llegó a la conclusión a varias conclusiones.

Tras 17 años de políticas públicas impulsadas y ejecutadas bajo los principios del neoliberalismo, han dado como resultado, según los delegados a un aumento de la «desigualdad e inseguridad en el respeto a los derechos elementales, éstos no garantizan el desarrollo pleno de las personas en Chile, durante todo el ciclo de su vida».

Para los congregados, el Estado de Chile es estructuralmente violento en relación al incumplimiento de los derechos civiles y políticos de los integrantes de las regiones y pueblos de Chile, en particular del pueblo Mapuche.

Acusaron al Estado de ser autor y cómplice de la violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas y que es participante activo en la transgresión de los derechos colectivos de los pueblos.

«Las fuerzas políticas representadas en los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, no han tenido la voluntad de cambiar esta situación; por el contrario, han tomado decisiones y efectuado medidas que ahondan la condiciones de vulnerabilidad de los derechos humanos. En consecuencia, tienen responsabilidad directa en su desacato», señala una de las resoluciones.

Para las organizaciones de la sociedad civil, el Estado de Chile sustente una orientación neoliberal y resguarde el marco jurídico de la Constitución de 1980 y sus modificaciones, los derechos fundamentales de las personas se encontraran en un estado permanente de precariedad y vulnerabilidad.

«Visto así y sensibilizados por las justas demandas de nuestra ciudadanía, las organizaciones representadas en este Primer Congreso de Derechos Humanos nos hemos propuesto elaborar una plataforma de derechos humanos para el siglo XXI que permita hacernos cargo e impulsar», indican parte de sus resoluciones.

Para los concurrentes al torneo, la toma de conciencia respecto a que todos los problemas, vejámenes y mala calidad de vida se deben al «incumplimiento de los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres de las regiones y pueblos del país».

«La ampliación y extensión del espectro de participación en la lucha por el cumplimiento de las garantías que contienen los articulados de las distintas declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos. La entrega al Gobierno y al Parlamento de la Plataforma de los Derechos Humanos para el Siglo XXI», señala parte de la resolución.

Para ello se han propuesto difundir ampliamente, por todos los medios posibles, las conclusiones del Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional, como realizar en todas las comunas del país sesiones de debate y reflexión en relación a los resultados del Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos».

Proponen diseñar participativamente una agenda que movilice a las mayorías de la ciudadanía a nivel comunal, regional y nacional, «hacia un proceso que culmine con la realización de una Asamblea Constituyente que nos dote de una nueva institucionalidad política, fundada en el respeto de los Derechos Humanos en una perspectiva integral y que tenga al ser humano como valor central de dicha institucionalidad».

En cuanto a las aspiraciones y propuestas de la Plataforma de Derechos Humanos para el Siglo XXI, es posible adelantar, según los acuerdos. «La necesidad de la refundación política y jurídica de Chile a través de una Asamblea Constituyente que tenga por objetivo la elaboración de una nueva carta fundamental que reconstruya la autoridad soberana del Estado Social mediante una democratización del sistema político y la reorganización democrática de la justicia».

«Recobre nuestros recursos naturales y estratégicos. Instrumentos claves para definir y sustentar la vida futura en el país. Recupere las empresas encomendadas de generar, administrar y distribuir los servicios públicos básicos para una vida digna y soberana de todos y todas. Nos referimos a: Transporte público, agua, electricidad, salud, vivienda, educación y seguridad social. Servicios que no pueden tener como objetivo el lucro sino que cumplir con una necesidad básica de la ciudadanía para una vida en armonía, paz y seguridad».

También proponen reconquistar el trabajo digno, el pleno empleo, la producción de Chile para Chile y el salario real y justo de todos los trabajadores y trabajadoras que se desempeñen en el país.

Sobre los derechos medio ambientales, el Congreso de Derechos Humanos, propuso que se debe proteger efectivamente el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación y reconocer la condición multinacional y pluricultural del Estado de Chile., además de asegurar la libertad de expresión y prensa a través de una política de comunicación plural y participativa.

«Respete y defienda la diversidad sexual, de género, y la libertad que implican los derechos sexuales y reproductivos, como fomentar y ejercer, efectiva y eficientemente la inclusión social de los ciudadanos que tienen algún grado de discapacidad psíquica o física». Para ello, proponen que se construya una sociedad basada en la verdad y la justicia donde la impunidad no sea una propiedad que ampare el actuar de los funcionarios y funcionarias del Estado. Así, como también evite y sancione el abuso de los grupos económicos y de poder que actúan arbitrariamente en el país.

El Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos declara que se debe dar inicio de manera democrática y participativa al proceso social que derive en la conformación de una Asamblea constituyente.

«Exigir al Estado de Chile y a sus representantes la libertad definitiva de los prisioneros políticos mapuches y el fin de la aplicación de la ley antiterrorista ante sus demandas políticas, sociales y culturales, como rechazar la incorporación de Chile al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hasta que el Estado de Chile no se comprometa e implemente el cumplimento fiel, íntegro y justo de cada una de las disposiciones de las cartas internacionales en la materia».

También proponen objetar el proyecto de ley,»que crea el Instituto de Derechos Humanos, ya que no da garantías de autonomía y defensa efectiva frente a las violaciones de los derechos fundamentales. Así mismo, rechazamos su emplazamiento en la ex casa de tortura de Londres 38″.

Exigen la libertad a los prisioneros políticos chilenos en el extranjero mediante peticiones a organismos nacionales e internacionales y apoyar con fuerza las gestiones y peticiones de todos y todas las familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en su justa pretensión de castigo efectivo a los culpables.

De igual forma, rechazan las medidas de prescripción así como la aplicación velada de la ley de amnistía en los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990. En ese sentido, apoyaron a la familia de Jecar Nehgme Cristi en sus críticas y peticiones a la Corte Suprema, caso que será visto en última instancia este miércoles 12 de diciembre.

Solidarizaron con los trabajadores que se encuentran en la toma de la escuela Santa María de Iquique por el reclamo justo de sus derechos laborales.

En materia de cooperación internacional, los reunidos en congreso exigieron al Estado colombiano que asegura la integridad física y psíquica de los abogados de derechos humanos. «El Congreso Nacional de Derechos Humanos hará llegar a los organismos internacionales respectivos, a la corte interamericana y al Estado colombiano una declaración dando cuenta de esta situación».

«Exigimos la revisión transparente y de cara a la ciudadanía de la política de cooperación militar en misiones en el extranjero. Rechazamos el envió de militares chilenos a la Escuela de las Américas y exigimos el cese de dicho convenio. Nos parece ofensivo que el estado de Chile continúe enviando militares a especializarse a dicha academia militar, siendo que en el pasado reciente, dicha instrucción fue utilizada para implementar la tortura, ejecución y desaparición de personas en todo el territorio nacional», apunta las resoluciones.

Por último, solidarizaron con la demanda de los chilenos en el extranjero que exigen dejercer su derecho al voto. «Exigiremos al Estado de Chile que legisle a favor de lo miles de compatriotas que aún no pueden sentirse ciudadanos chilenos a plenitud porque esta legislación pinochetista se lo impide».