La medicina occidental, por algunos denominada “medicina hegemónica”, actúa fundamentalmente sobre los síntomas de las enfermedades, en una carrera por reducir las manifestaciones morbosas de la enfermedad, lo cual es meritorio si no fuera porque se olvida, a propósito, de llevar a cabo las acciones para actuar contra las causas para que la enfermedad no llegue a desarrollarse.
En la misma línea, resulta tremendamente significativo que tras las decenas de miles de muertos del coronavirus, ningún medio “progresista” haya realizado un mínimo esfuerzo de acercamiento a la realidad para establecer como pudo ocurrir que el sistema sanitario en diversos puntos del estado, colapsara o se acercara al colapso, provocando la mayor masacre de ancianos en el estado español desde la época de las hambrunas posteriores a la guerra civil. Es decir, para identificar las causas y los responsables.[1]
Desconocimiento no puede ser, más bien intereses cruzados. Es por tanto curioso que no se analice el papel de las leyes que permiten la privatización del sistema. Y por tanto la derivación de ingentes cantidades de dinero desde los bolsillos públicos a los de los inversores de los fondos de capital riesgo, que rigen buena parte de los centros sanitarios y sociosanitarios del estado. Desde los de las empresas del IBEX, algunas convenientemente posicionadas en el negocio sanitario [2], hasta los acólitos cercanos al gobierno bipartito, para quienes no se debe de hablar de esto. Bien porque “ayuda a la extrema derecha”, o porque ahora no es el momento, como incluso sostienen algunos apologetas el anticapitalismo light. Nada más lejos de la realidad. Conocer los elementos que provocaron la destrucción del sistema sanitario nos puede dar pistas para una eventual reconstrucción.
Este silencio viene de lejos. Allá por 2005, destacados periodistas de El País, fueron informados en tiempo y forma del plan de Esperanza Aguirre para poner patas arriba la sanidad madrileña a través de la Ley 15/97. Tras escuchar y ver los documentos que lo probaban, los periodistas en cuestión se negaron a sacar ni una palabra sobre el asunto, allanando el camino a lo que vendría después.
De 2005 a 2012 se sucedieron decenas de movilizaciones con decenas de miles de manifestantes en ellas, contra la privatización y por la derogación de la Ley 15/97…que no fueron recogidas por ningún medio de (des)información. Curiosamente la cadena pública alemana ARD si cubrió dichas manifestaciones, mientras periodistas españoles y la izquierda institucional miraban para otro lado.
En 2009, tras decenas de manifestaciones, fundamentalmente de usuarios (los trabajadores sanitarios estaban en otra cosa), se presentaron 500.000 firmas en el Congreso de los Diputados solicitando la derogación de la Ley 15/97, a lo que el partido gobernante, con Zapatero a la cabeza, respondió con el silencio. Y sus profetas afirmaron que reclamar la derogación que permitía que Florentino Pérez o fondos de capital riesgo ubicados en paraísos fiscales pasasen a gestionar hospitales de Madrid, era algo antediluviano. Es cierto, la ley es del siglo pasado. Y la ley establece que cualquier centro sanitario o socio-sanitario del estado pueda ser gestionado y explotado por cualquier empresa privada, lo que no permitía la Ley General de Sanidad.
Hubo que llegar a 2012, tras la eclosión del 15 M, para que los trabajadores sanitarios cayeran en la cuenta de que en los años anteriores, de 2005 a 2012, es decir, durante 8 años, se habían adjudicado, delante de sus narices, 12 hospitales a empresas privadas por décadas, mientras se cerraban centenares de camas en sus centros. También que se hubiera desmantelado la salud pública de la región; que se hubieran privatizado laboratorios públicos; que se desmontasen las áreas sanitarias y se introdujera el área única para que el dinero siguiera al paciente; que se privatizara el servicio de citas médicas; que se redujeran las plantillas de todas las categorías; que se incrementaran los conciertos con centros privados, etc., para que naciera, tarde está claro, la marea blanca. Podríamos afirmar que tuvieron una muy deficiente visión clínica. En aquel momento, como ya advertimos, la privatización gozaba de muy buena salud (por desgracia) [3].
Hoy parece que se vuelven a cometer los mismos errores del pasado. Obviando las proclamas de la extrema derecha, el “progresismo” se ha puesto anteojeras dobles. Proclama la reconstrucción del SNS, la vuelta al día previo a la crisis, sin analizar por qué el sistema colapsó y por qué los fondos de capital riesgo controlan buena parte del sistema sanitario. Su discurso es enternecedor: todo vino del cielo, fue un castigo divino, no hay causas ni responsables (más allá del papel del PP). Como si la cotización en bolsa de las empresas ,que huyendo de la burbuja inmobiliaria de la pasada década y se posicionaron en el ámbito sanitario, fuera gratuita. Como si todo no fuera resultado de una ley muy simple que une a gobierno y oposición, la Ley 15/97, que abrió el sistema sanitario público a los especuladores de todos los colores. Por eso, tras el éxito de las movilizaciones estatales del pasado 20 de junio, continuaremos en las calles con compañeras y compañeros de todo el estado, porque nos va la vida en ello.
Notas:
1. Los centros socio sanitarios presentan unas tasas de ganancia que van del 20% al 50% , y entre los que destacan empresas como ACS, Domusvi, Orpea, Vitalia Home….algunas participadas por fondos de capital riesgo como CVC también posicionados en los hospitales de Madrid. Empresas fondos de inversión presentaban cuentas donde el peso de los gastos de personal eran el 50% [de los ingresos]
2. https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2019/11/5/empresas-ibex35. ACS, Banco Sabadell e Indra han tenido o tienen intereses en la sanidad privatizada.
3. http://www.casmadrid.org/primera/index.php?idsecc=documentos&id=169&limit=20&titulo=DOCUMENTOS
Juan Antonio Gómez Liébana. CAS Madrid.