Desde que el principal río de la región fue represado y su agua privatizada por la industria agrícola y por la mayor explotación de mina de carbono a cielo abierto del mundo, la mayor comunidad indígena de Colombia, compuesta por los pueblos Wayúu, muere de hambre y sed. Situada en el extremo norte del país, […]
Desde que el principal río de la región fue represado y su agua privatizada por la industria agrícola y por la mayor explotación de mina de carbono a cielo abierto del mundo, la mayor comunidad indígena de Colombia, compuesta por los pueblos Wayúu, muere de hambre y sed. Situada en el extremo norte del país, en la península desértica de La Guajira, la población sufre por desnutrición, contabilizando por lo menos 37 mil niños indígenas desnutridos. Datos señalan que cerca de 14 mil niñas y niños ya murieron de inanición.
Según entidades que acompañan a la población, es difícil dimensionar la tragedia que ha acometido a los Wayúu. Esto es así porque esa comunidad, de origen pre-hispánico, carece de la presencia estatal colombiana efectiva. Datos divulgados por el diario digital alternativo Las 2 Orillas señalan que la mayor parte de los niños indígenas que mueren en la región no consigue llegar a los centros de salud más cercanos para ser atendida. Sin medios de transporte, ellas tendrían que caminar enormes distancias por el desierto.
Por igual motivo, más de la mitad de ellos ni siquiera son inscriptos en el registro civil al nacer, tampoco generan declaraciones de óbito, al fallecer. Lo que imposibilita al gobierno obtener estadísticas reales de la situación en La Guajira.
Los Wayúu viven sin acceso al agua desde que el río Ranchería, único en la región, se secó en su totalidad. Su caudal está hoy destinado, exclusivamente, a las grandes haciendas del sur de la región y a las operaciones industriales de las minas de carbono. Actualmente, en su lecho transitan automóviles y animales de carga. Con esto, la etnia vive en condiciones de miseria, careciendo de alimentos y servicios básicos, como un acueducto y salud, además de electricidad y educación.
Desigualdad social y degradación ambiental
La región de La Guajira, con una población de 500 mil personas, recibió en los últimos 20 años más de 1.000 millones de dólares de incentivo para la extracción de sus recursos naturales (carbono y gas), además de un monto anual que deviene del Presupuesto Federal de Colombia. No bastando el destino desigual de recursos para las poblaciones, de acuerdo con Las 2 Orillas , la mayor parte de esos recursos termina siendo desviada en esquemas de corrupción que dominan las administraciones públicas locales.
Según el medio alternativo, el gobierno colombiano destina recursos del Presupuesto Federal para la etnia Wayúu. Sin embargo, los fondos no llegan a los indígenas. El Programa de Alimentación y Nutrición (PAN) para La Guajira, por ejemplo, destinado a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de poblaciones en condiciones de extrema pobreza, tiene una inversión anual de más de 15 millones de dólares, pero se encuentra enganchado a redes de corrupción, que detienen ese dinero ilegalmente. Denuncias de portavoces de los indígenas señalan que esos fondos terminan siendo utilizados en la captación de votos en campañas políticas.
En medio de todo este contexto, la Defensoría del Pueblo, órgano gubernamental encargado de la defensa de los derechos humanos de la población, llegó a calificar la situación como «crisis humanitaria». El último mes de febrero, representantes del pueblo Wayúu recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que tutele la garantía de sus derechos fundamentales.
Los indígenas reivindican que la CIDH establezca medidas cautelares urgentes que permitan recuperar el uso del único río que hay en la región y, con esto, contener la actual mortandad por inanición, principalmente de niños y ancianos. La pretensión es que la comunidad vuelva a tener acceso al recurso natural y disfrute, de manera segura, prioritaria y exclusiva, del agua. Para ello, requieren la apertura inmediata de las compuertas de la represa para la población y que la industria utilice otras fuentes públicas de agua, como las subterráneas.
Sepa más sobre el contexto del pueblo Wayúu a través del documental inédito «El río que se robaron», del periodista colombiano Gonzalo Guillén. La producción, con imágenes y testimonios de las víctimas, será utilizada como prueba judicial ante la CIDH sobre los hechos denunciados. (http://youtu.be/Pw5atUNNTMY)
Fuente: http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=84561