Dos ex jerarcas de la antigua Colonia Dignidad, enclave alemán utilizado por la dictadura militar chilena como centro de torturas, fueron procesados por secuestros calificados de tres opositores políticos.El procedimiento fue dictado por el juez Jorge Zepeda contra Karl van Den Berg y Gerhard Mücke, como autores del secuestro y desaparición de Juan Maino Canales, […]
Dos ex jerarcas de la antigua Colonia Dignidad, enclave alemán utilizado por la dictadura militar chilena como centro de torturas, fueron procesados por secuestros calificados de tres opositores políticos.
El procedimiento fue dictado por el juez Jorge Zepeda contra Karl van Den Berg y Gerhard Mücke, como autores del secuestro y desaparición de Juan Maino Canales, militante del Movimiento de Acción Popular (MAPU), y del matrimonio de Elizabeth Rekas y Antonio Elizondo.
Zepeda, quien investiga varios casos por violaciones de los derechos humanos en la ahora denominada Villa Baviera, dispuso cargos similares contra Harmut Hopp, otro de los implicados, quien permanece recluido en la Cárcel de Alta Seguridad, en esta capital.
Van Den Berg y Mücke están detenidos en el mismo recinto penal desde la tarde del viernes pasado luego de ser interrogados por Zepeda.
En la resolución de dos páginas el juez sostiene que de las propias declaraciones de los alemanes, además de las diligencias que se han realizado en el proceso, surgen presunciones fundadas para estimarlos autores del delito de secuestro calificado.
En el dictamen, se sostiene que «quien era el jefe de Colonia Dignidad en ese entonces, Paul Schaefer, utilizó el sector de acopio de papas en la ex colonia para detener a civiles contrarios al régimen recién instaurado (1973), al margen de toda ilegalidad».
El juez modificó además la calificación del delito al ex líder del enclave alemán de cómplice a autor.
La resolución añade que con el fin de que no se conocieran las actividades delictivas que tenían lugar, «el superior de la villa y sus colaboradores procedieron a ocultar en el predio todo rastro de las víctimas, esconder armas, y enterrar sus vehículos».
El abogado Hernán Fernández, querellante en diversos procesos que involucran al ex enclave, se mostró satisfecho con la resolución y precisó que es una señal de que «por fin se está tejiendo la verdadera responsabilidad penal de sus dirigentes, que siempre ha existido».
Explicó que el gran problema que había para comprobar los delitos era que no existían testigos de ello, «pero hoy día hay personas que están colaborando con las investigaciones y han ayudado a estas resoluciones».