Jorge Noguera, el ex director del DAS y mano derecha del Presidente, ha sido llamado a juicio por los homicidios de sindicalistas, defensores de derechos humanos, y políticos que denunciaron el pacto entre el paramilitarismo y la clase política colombiana.
La impunidad se ha empezado a romper, ahora resta esperar que el juicio que aguarda a Jorge Aurelio Noguera Cotes, ex director del DAS [1], se rodee de las garantías propias de un debido proceso, y el respeto a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
El Fiscal General De La Nación Dr. Mario Iguarán Arana acaba de reconocer la responsabilidad penal de Noguera en los homicidios de sindicalistas, defensores de derechos humanos, y políticos que denunciaron el pacto entre el paramilitarismo y la clase política colombiana; así como que el DAS durante su administración, fue puesto al servicio del paramilitarismo en Colombia, tal como había sido expresamente solicitado por los representantes de la Parte Civil, abogados de la Corporación Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo«.
Lamentablemente, el representante de la Procuraduría General de la Nación pidió la preclusión de la investigación en relación con los homicidios, esto es, no examinó la abundante prueba de cargo existente en contra de Noguera, en relación con su responsabilidad por los homicidios de sindicalistas, defensores de derechos humanos y políticos, que denunciaron el pacto entre el paramilitarismo y la clase política colombiana.
Por tanto, Noguera Cotes, deberá responder por los cargos de Concierto para delinquir Agravado en cuanto fomentó, promovió, financió y desarrolló actividades conjuntas con el paramilitarismo; de Homicidio Agravado en las personas del defensor de derechos humanos Alfredo Correa D’Andreis, los sindicalistas Zully Esther Condina y Adán Pacheco, así como del político y sociólogo Fernando Pisciotti Van Strahlen, en cuanto estas personas fueron asesinadas en razón a su labor de denuncia sobre la asociación del paramilitarismo con diversos sectores del Estado colombiano. Así mismo se lo acusó de los punibles de Utilización de asunto sometido a reserva, al suministrar información de inteligencia al paramilitarismo, de Destrucción, Supresión u Ocultamiento de Documento Público, al borrar antecedentes y otras informaciones en relación con paramilitares «y» narcotraficantes; de Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, en la medida que hizo múltiples despidos de funcionarios del DAS que desarrollaban actividades de persecución al paramilitarismo; así como Concusión y Cohecho Propio, en la medida que recibió y cobró porcentajes en relación con sumas de dinero que eran remitidas al paramilitarismo, ilícitas comisiones que se cobraban de la contratación del DAS.
Jorge Noguera Cotes fue director del DAS entre septiembre de 2002 y octubre de 2005, luego fue nombrado cónsul en Milán, tras lo cual tuvo que regresar al país para ser procesado por graves crímenes. Así, fue detenido inicialmente el 22 de febrero de 2007, pero recuperó su libertad mediante un Habeas Corpus otorgado por el Consejo Superior de la Judicatura el 23 de marzo de 2007. Por segunda vez Noguera fue capturado el 6 de julio de 2007 y llamado a juicio el 1 de febrero de 2008 por los delitos de Concierto Para Delinquir Agravado [2], así como Utilización de Asunto Sometido a Secreto o Reserva y Abuso de Autoridad por Acto Arbitrario e Injusto Homogéneo, al tiempo que se continuó con la investigación por los Homicidios. Pero en la etapa de juicio, la Sala Penal de la Corte Suprema el 12 de junio de 2008 consideró que la actuación procesal era nula en la medida que el Fiscal General De La Nación Mario Iguarán no la adelantó directamente y por tanto ordenó nuevamente su libertad inmediata. Posteriormente, el Fiscal General acatando la decisión de la Corte Suprema, reanuda el proceso contra Noguera Cotes, lo llama a indagatoria, practica decenas de pruebas que siguen demostrando su responsabilidad penal, por lo que le impone medida de aseguramiento, siendo nuevamente detenido el 12 de diciembre de 2008, momento desde el cual está privado de la libertad en la Penitenciaría Central de Colombia «La Picota» en Bogotá. Y finalmente, ante la evidencia irrefutable de su intervención en los homicidios reseñados, profiere resolución de acusación en su contra en decisión fechada el 6 de mayo de 2009, al encontrarlo coautor de las conductas endilgadas.
Está probado que en el DAS, desde su nivel central, con la llegada de Jorge Aurelio Noguera Cotes, se conformó una estructura criminal asentada sobre el aparato legal y que a través de la utilización de los privilegios que entregaba lo público, prestaba la contribución necesaria para el desarrollo paramilitar, tanto en lo desplegado a título de «guerra contrainsurgente» que en realidad ha sido persecución de la población civil, como en relación con la toma definitiva del poder, en virtud de los derroteros que se han evidenciado con el denominado «Pacto de Ralito« [3].
Está probado que Jorge Noguera ubicó en cargos claves al interior de la estructura del DAS a personas funcionales para sus crímenes, miembros del Aparato Organizado de Poder, en buena parte controlado por él como Director del DAS. Así, incluía quienes, entre otros, ayudaron al financiamiento paramilitar, pues según lo probado, Noguera había comprometido con el bloque norte paramilitar, una comisión entre el 5% y el 10% de toda la contratación del DAS.
A la fecha, los más representativos miembros de este aparato criminal, se encuentran detenidos, acusados del punible de concierto para delinquir agravado; mientras que otros, como el paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, han sido extraditados. Al tiempo, la Fiscalía ha determinado compulsar las copias respectivas para que sean investigados penalmente algunos de los que permanecen en la impunidad.
Está probado que Jorge Noguera hace parte de ese grupo de políticos y personajes de la vida pública que han tenido vínculos con paramilitares, y se suma a una larga lista de congresistas y ex congresistas oriundos del Departamento del Magdalena, que se convierte así, en uno de los departamentos más afectados por las relaciones entre políticos y el paramilitarismo [4]. Así, se ha corroborado la responsabilidad penal de Noguera Cotes a través de innumerables testigos además de Rafael García, que prueban sus conductas criminales, pruebas testimoniales que se suman a múltiples documentos, informes y dictámenes que en más de 50 mil folios permiten concluir con certeza la responsabilidad de Noguera en los crímenes por los cuales se investiga.
Está probado que durante los últimos 10 años más del 60% de los sindicalistas asesinados en todo el mundo son colombianos, que existe una gran violencia antisindical que se suma a la de defensores de derechos humanos. Varios funcionarios del DAS reconocen que sindicalistas y defensores de derechos humanos, fueron objeto de «labores de inteligencia» para incluir esa información en sus bases de datos y de allí, fueron puestos en listas que Noguera entregó a los paramilitares y luego efectivamente fueron objeto de amenazas, desplazamientos, asesinatos y desapariciones forzadas. Así, el DAS entregó a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, los listados donde figuraban, entre otros, los nombres del profesor, miembro del sindicato de profesores, ASPU, y líder social Alfredo Correa D’Andreis; la periodista y dirigente sindical del sector salud Zully Codina y el político liberal y sociólogo Fernando Pisciotti Van Strahlen, quienes a la postre resultaron asesinados por el bloque norte, como lo reconoció el paramilitar Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, personas que fueron objeto de seguimientos de años, así como de informes de inteligencia sobre su vida personal y su actividad socio-laboral. En estos informes que fueron hallados en el DAS, aparecen también mencionados los sindicatos de ANTHOC, la CUT Bolívar, la USO y otras organizaciones locales, actividad que es la fase inicial de la guerra sucia. En suma, los activistas Alfredo Correa D’Andreis, Zully Codina, Adán Pacheco y el político Fernando Pisciotti, fueron víctimas de políticas contrainsurgentes fundadas en las nociones de «enemigo interno» y «guerra política» sobre organizaciones sociales y sindicales, que se ejecutaron a través del aparato organizado de poder sobre el que tenía control directo Jorge Noguera Cotes y en relación con un plan de exterminio contra sindicalistas, y líderes de oposición ejecutado por los grupos paramilitares, con los miembros de su estructura dentro del DAS.
Está probado que el DAS realizó informes falsos de inteligencia y manipuló reinsertados que en verdad eran paramilitares o testigos falsos y con ellos judicializaron al Profesor Correa D’Andreis, miembro del sindicato de profesores, ASPU, y que ante el fracaso de este montaje obtuvo su libertad, por tanto con esos mismos informes de inteligencia Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio procedieron a asesinar a esta persona, situación que fue similar con otros líderes sindicales como el caso de Adán Pacheco.
Existiendo un expediente con más de 50 mil folios con muchas, graves y contundentes pruebas de cargo, que no se limitan al testimonio de Rafael García Torres, es necesario que la Corte Suprema de Justicia esté rodeada de las garantías que necesita para que pueda aplicar justicia, toda vez que Noguera Cotes puso el DAS al servicio del paramilitarismo, financiándolo, suministrándole información, borrando antecedentes, órdenes de captura y solicitudes de extradición a sus miembros, así como coadyuvando a la realización de homicidios contra quienes eran concebidos como opositores, acciones toda estas que se cometieron por Noguera, en virtud de su pertenencia al paramilitarismo y aprovechando su calidad de Director del DAS.
El asesinato de sindicalistas en Colombia, según la OIT, tiene la tasa más alta del mundo, por tanto el llamado a Jorge Noguera para que responda en juicio por los graves y dolorosos crímenes que cometió, como uno de los máximos responsables de estos crímenes, es sólo un primer paso para romper la impunidad.
Es fundamental que se siga avanzando en la determinación de responsabilidad penal de los demás miembros del aparato organizado de poder DAS-paramilitarismo. Asimismo, es importante que las víctimas puedan participar activamente en el juicio y que ello no perjudique su posibilidad de intervenir como testigos en el mismo. Por último, es relevante que la posición de la Fiscalía en el juicio, siga siendo congruente con la asumida en la resolución de acusación, porque ella es lógica, legítima y justa, en relación con lo probado en el proceso.
Aún nos aguarda una decisión histórica definitiva que permita mostrar si existe o no en Colombia, la posibilidad de avanzar en superar la impunidad, y de juzgar a nivel nacional a los máximos responsables de los graves crímenes cometidos contra sindicalistas en Colombia y de esta forma dignificar las víctimas y a la sociedad Colombiana.
- llamado de solidaridad
Notas
[1] El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) depende directamente de la presidencia de la República. Es la principal agencia de inteligencia de Colombia y también tiene funciones de policía judicial. Dentro de sus actividades se encuentra la de «protección» de altos servidores públicos y de otras personas bajo amenaza, como por ejemplo sindicalistas, lideres de comunidades indígenas y afrocolombianas, defensores de derechos humanos, periodistas, personas de la oposición política, entre otros.
[2] El delito de concierto para delinquir agravado ha sido el delito que cobija al paramilitarismo desde la reforma del código penal del año 2000 que eliminó los tipos penales que hacían referencia expresa al término «paramilitarismo«.
[3] El ‘Pacto de Ralito‘ fue la primera prueba documental conocida de las alianzas formales entre la clase política colombiana con el paramilitarismo. Este en particular recogió los compromisos asumidos en una reunión del 23 de julio de 2001, que fue convocada por los jefes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Edward Cobo Téllez, alias Diego Vecino, y donde 29 políticos de la costa Atlántica afirmaban su intención de ‘refundar nuestra patria‘ y hacer ‘un nuevo contrato social‘.
[4] Así, según el seguimiento que viene realizando el Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo«, 14 congresistas y ex congresistas han sido implicados, lo cual ha significado la totalidad de los representantes elegidos para el periodo de 2006 a 2010. De estos 14 congresistas y ex congresistas, 9 se encuentran detenidos actualmente, 4 aceptaron su responsabilidad por los cargos imputados y se sometieron a sentencia anticipada, y 2 han sido condenados por sus relaciones con estructuras paramilitares. Se resaltan los casos del ex alcalde de Santa Marta José Francisco Zúñiga Riascos, quien fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al sufragante, y el ex gobernador de Magdalena Trino Luna Correa, quien fue condenado por el delito de concierto para delinquir agravado por sus relaciones con los jefes paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Hernan Giraldo Serna.