Al Procurador le está saliendo el tiro por la culata con la sanción de matar políticamente a Petro por 15 años. Petro llena las plazas de las ciudades y de los pueblos donde aparezca. Ordóñez es el andamio de Petro. El país aborrece hoy el decadente sectarismo conservador de Ordóñez, tanto como odió ayer el […]
Al Procurador le está saliendo el tiro por la culata con la sanción de matar políticamente a Petro por 15 años. Petro llena las plazas de las ciudades y de los pueblos donde aparezca. Ordóñez es el andamio de Petro. El país aborrece hoy el decadente sectarismo conservador de Ordóñez, tanto como odió ayer el de Laureano Gómez, que terminó, por reacción, encaramando a Rojas Pinilla. Ahora el cruzado la emprendió contra las zonas de reserva campesina (ZRC).
Comenzó con la del Catatumbo, que hace parte de un acuerdo firmado el año pasado entre el gobierno Santos y el movimiento campesino de esa ensangrentada región. El energúmeno funcionario saca de las mechas una tutela interpuesta ante el Tribunal de Bogotá contra la ZRC del Catatumbo por no haber sido objeto de consulta previa con el pueblo bari, pese a que el Ministerio del Interior había reconocido que la ZRC no atropellaba derechos indígenas. Más aún, las diferencias territoriales entre el resguardo y la ZRC estaban siendo solucionadas por las partes y el Incoder estaba a punto de resolver el litigio y formalizar la ZRC. Pero un tal Edwar Álvarez Wacca, oscuro empleado del gobierno de Uribe, interpuso la tutela que el procurador apoya.
El mismo sujeto demandó ante la Corte Constitucional varios artículos de la Ley 160, que crea la figura de las ZRC. Ordóñez metió también ahí su pezuña y, ante la posibilidad de un fallo adverso de la Corte Constitucional, exigió que el Incoder no sólo suspendiera la creación de las ZRC, sino, además, paralizara los procesos de reconocimiento de la figura por parte del Instituto. Lo que se llama ensillar sin traer las bestias. Por eso, los garantes del acuerdo del Catatumbo, encabezados por el expresidente Samper, han declarado que la acción de Ordóñez no es vinculante al pretender la suspensión de un pleito sobre el que la Corte no se ha pronunciado. La Corte, en varias sentencias, ha reconocido la necesidad de proteger la economía campesina (T-348 de 2012) y reconocer la cultura campesina «como forma de vida culturalmente diferenciada» (T-763 de 2012).
Pero mientras los fallos se producen, el procurador les ha dado una nueva y formidable bandera a los campesinos, que declararán un nuevo paro agrario a principios de mayo, en plena campaña electoral. Los dirigentes campesinos llenarán también las plazas.
Las ZRC son soluciones que colonos y campesinos han encontrado para defender sus tierras de la voracidad de terratenientes de nuevo y viejo tipo. Los palmeros alegan que las ZRC impiden ampliar sus cultivos, los señores de la SAC y de Fedegán consideran que son un ataque a la libertad de despojo y para los altos mandos militares -defensores de las haciendas de retiro-, son retaguardias de las Farc. Esa trinca será la que Santos tendrá que torear si quiere sacar adelante los acuerdos de La Habana.
El procurador ha revivido al Monstruo, como llamaron a Laureano, cuyo papel en la Violencia que todavía vivimos fue determinante. El procurador quiere enterrar la Ley 160 del 94, como Laureano quiso enterrar la Ley 200 del 36. Ordóñez busca alimentar la hoguera de horror no extinguida que encendió Laureano. Vale recordar esta historia escrita el día de las víctimas en que se recuerda el asesinato de Gaitán.
Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/procurar-guerra-columna-486631