«Hay colombianos que no han tenido alternativa (diferente a las armas). Pero en cuanto a mí, es claro que tomé el camino de la academia»: dice Beltrán. / Luis Benavides ¿Cuántos grados y diplomas universitarios tiene usted? Estudié tres años y medio de Biología, pero mi vocación me llevó a estudiar Sociología. Me gradué en […]
«Hay colombianos que no han tenido alternativa (diferente a las armas). Pero en cuanto a mí,
es claro que tomé el camino de la academia»: dice Beltrán. / Luis Benavides
¿Cuántos grados y diplomas universitarios tiene usted?
Estudié tres años y medio de Biología, pero mi vocación me llevó a estudiar Sociología. Me gradué en la Nacional en esta carrera y después me licencié en Ciencias Sociales en la Distrital. Luego hice dos maestrías: una en Historia y otra en Ciencias Sociales, en la Flacso, de México. Recibí doctorado de la Autónoma, de México, en Estudios Latinoamericanos, y estando allí para realizar la investigación del posdoctorado, me capturaron ilegalmente para enviarme a Colombia. Después de ser absuelto, terminé el proyecto de posdoctorado en Argentina.
Tantos títulos significan muchos años de estudio, ¿cuántos fueron?
He estado vinculado a la universidad pública desde cuando terminé bachillerato en el colegio Nicolás Esguerra, de Bogotá, a los 15 años de edad. Estudié alrededor de 23 años en las universidades que le mencioné. Siempre he vivido en los centros universitarios, como alumno o como profesor.
¿Desde hace cuánto es profesor de la Nacional?
Desde 2005 y hasta hace unos días, cuando me destituyó el procurador y el rector decidió rescindir mi contrato. También fui profesor de planta de la Universidad de Antioquia durante seis años y he dictado clases en otras universidades.
A usted lo capturaron en 2009 en México, cuando estudiaba en la Autónoma. ¿Por qué lo deportaron?
Primero quiero aclarar que no hubo captura legal, sino ‘secuestro’, porque no existía ninguna orden judicial contra mí. Segundo, no me deportaron, aunque así se lo dijeran a la prensa, porque yo estaba establecido legalmente en México y no había violado las reglas de inmigración. Tercero, me sacaron de ese país porque había una circular roja con mi nombre, pedida por el gobierno colombiano, pero no se cumplieron los trámites regulares que están reglamentados internacionalmente. México me hizo víctima de una ‘expulsión exprés’ de acuerdo con el gobierno colombiano, y por eso la asociación Abogados sin Fronteras presentó una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El presidente en Colombia era Álvaro Uribe, ¿quién era el mexicano?
Felipe Calderón (ver parte inferior de esta página).
¿Es cierto que en el momento de su detención usted solicitó asilo político?
Sí. Inútilmente.
¿Por qué creía que era necesario asilarse?
Porque en la política de seguridad democrática del gobierno Uribe se había trazado una línea ofensiva contra las universidades públicas y porque, según todos recuerdan, también se perseguía o estigmatizaba a cualquier miembro universitario que expresara un pensamiento crítico.
¿Qué le contestó el gobierno mexicano?
Yo había solicitado cambio de condición migratoria desde cuando llegué a México, unos nueve meses atrás. Me aplazaron la cita varias veces sin ningún motivo. La última vez me dijeron que tenía una entrevista con el subdirector de inmigración, pero era una trampa: no hubo tal reunión. Fui confiado a la cita, con mi esposa y un abogado amigo. Pero a ellos no los dejaron entrar. Ingresé solo y me dijeron que me iban a dar el documento migratorio, pero que debía firmar un oficio. Lo hice sin revisar la letra menuda. En cuanto firmé, varios agentes me cogieron a la fuerza y me taparon la boca. De todas maneras logré gritar varias veces y en ese momento pedí asilo.
¿Qué le dijeron?
Nadie me contestó. Me sacaron por una puerta contraria a la que había ingresado. Allí había una camioneta con vidrios oscuros. Me subieron en ese vehículo y luego me llevaron al aeropuerto. Al llegar, me embarcaron en un avión que estaba esperando por mí. Aterrizamos en Catam (Comando Aéreo de Transporte Militar en Bogotá).
¿Cómo supo su esposa que ya no estaba en México?
Se enteró cuando los medios informaron que había sido detenido un «importante miembro de las Farc» y que México me había deportado. Antes, mientras me esperaba y como yo tardaba en salir, se preocupó por la demora y por los gritos que escuchó. Preguntó qué sucedía y un funcionario le dijo que no era nada, que una persona «se había vuelto loca». Esperó otro rato y cuando volvió a preguntar, le contestaron que yo estaba en condición de ilegalidad migratoria y que por eso me habían trasladado a un sitio en donde reclutan a quienes están en esa situación. Después, supo de mi detención ilegal y traslado a Colombia por las noticias.
A usted le abren proceso penal bajo el cargo de ser alias ‘Jaime Cienfuegos’ con base en unos textos encontrados en el computador de ‘Raúl Reyes’. Dos años después, fue absuelto. Sin embargo, permítame reitero la pregunta: ¿alguna vez tuvo contacto físico, virtual o de algún otro tipo con ‘Reyes’ o con otro miembro de las Farc?
Desde el comienzo conté que sostuve una entrevista con Reyes en la época del proceso del gobierno Pastrana con las Farc, en el Caguán. Pedí la entrevista abiertamente, como lo hizo mucha otra gente, porque estaba desarrollando una investigación sobre el conflicto colombiano, en el que he centrado gran parte de mis estudios. En esa época escribí, por ejemplo, la publicación «Colombia, guerra y política».
Fuera de esa ocasión ¿volvió a ver a ‘Reyes’ o a otro miembro de las Farc?
No, nunca me volví a ver con él o con alguien más de la guerrilla.
¿Por cuáles delitos fue procesado y absuelto?
Por rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas.
¿Qué argumentó la jueza para archivar su caso?
El fallo absolutorio indica que la Fiscalía no aportó pruebas sobre mi culpabilidad a pesar de que el juicio se prolongó durante dos años.
¿Quién fue el fiscal de su caso?
El fiscal que me acusó fue Ricardo Bejarano Beltrán (ver parte superior de la página) quien, según denuncias periodísticas, tenía fotografías con uniforme militar en las redes sociales.
¿Dónde estuvo recluido?
Primero, en la cárcel La Modelo. Después me enviaron a La Picota y en los últimos meses me mandaron al Eron (Establecimiento Reclusorio de Orden Nacional), sitio de reclusión especial dentro del mismo complejo de La Picota.
¿Allí tuvo algunas ventajas?
No, al contrario. Había mayores restricciones y un tratamiento más represivo. Es un sistema copiado del modelo carcelario norteamericano. Cuando me trasladaron allí bajo la imputación de pertenecer a las Farc, me pusieron al lado de unos paramilitares a pesar del riesgo que podría significar para mi vida. Al principio la situación fue muy tensa, pero al final tuve reconocimiento de ellos por mis alegatos a favor de los derechos de todos. Terminé siendo vocero del patio.
¿Sabe quién es o era la persona que usaba el alias de ‘Jaime Cienfuegos’?
No. Lo desconozco, pero dudo que haya existido alguien con ese alias. Sospecho que ese nombre es, simplemente, parte del montaje contra mí. Jamás, ni mis apoderados ni yo vimos un solo documento o texto que contuviera ese nombre. En el fallo que me absuelve en lo penal, claramente se señala que no hay ninguna prueba que determine que Miguel Ángel Beltrán es alias Jaime Cienfuegos.
Entonces, ¿por qué la Procuraduría señala lo contrario y lo sanciona por eso?
Porque continúa el montaje judicial contra mí. No sería la primera vez que sucede algo así. Recuerde el caso del profesor Alfredo Correa de Andreis, también sociólogo como yo, que fue sindicado de ser el comandante Eulogio de las Farc por el DAS de aquella época. A él lo detuvieron y lo mantuvieron en las celdas de ese organismo; lo dejaron libre y un tiempo después lo asesinó un paramilitar. La Corte Suprema condenó al director Jorge Noguera a 25 años de prisión por ser el autor intelectual del crimen y por el montaje que ordenó hacerle al profesor Correa, que incluía inventarse al supuesto comandante Eulogio.
La Procuraduría insiste en que hay pruebas contundentes contra usted y menciona varios escritos suyos.
Esa decisión es una persecución a la libertad de pensamiento y de cátedra. Los escritos que se mencionan en el fallo hacen parte de mi actividad académica y en ellos no hago apología de las Farc, sino que planteo una perspectiva diferente a la visión oficial, del conflicto armado y social. Pero eso no me hace delincuente. Se supone que estamos en una democracia.
¿Teme por su vida o la de su familia?
Por supuesto que sí. Lo que sucedió con el profesor Correa es muy significativo.
¿Dónde se ubica en el espectro ideológico?
Me defino como un investigador crítico con una postura de izquierda, desde el campo estrictamente académico.
¿Por qué cree que su nombre y no el de otros profesores se convirtió en objeto de atención de los organismos de seguridad y de justicia?
No lo sé pero intuyo que, en momentos en que se desarrollaba plenamente la política de los gobiernos de Álvaro Uribe, llamó la atención mi perfil académico y político. También debió contar que hubiera hablado con Raúl Reyes en el Caguán, que fuera sociólogo, perteneciera a la Nacional y, además, que en mi época de estudiante hubiera sido simpatizante de la Unión Patriótica. A ojos de un funcionario sesgado, todo eso podía parecer sospechoso. No obstante, nada de lo anterior me convierte en criminal. Básicamente, se me trató de silenciar por la vía penal. Como no funcionó, los que implementaron esa política acudieron a la vía disciplinaria.
¿Usted tomaría las armas por algún motivo?
Creo que hay colombianos que no han tenido otra alternativa. Pero en cuanto a mí, es claro que tomé el camino de la academia.
Hubo protestas en la Nacional cuando se anunció que usted iba a ser retirado de la cátedra. El rector insiste en que la decisión de la Procuraduría era de obligatorio acatamiento. ¿Qué opina?
Es una decisión que se toma a espaldas de la comunidad universitaria y que desoye las recomendaciones de destacados profesores de la Facultad de Derecho que le propusieron al rector que aplicara la figura de excepción de inconstitucionalidad. Es un fallo que también viola la autonomía universitaria y sobre todo, que va en contravía de la sentencia penal. ¿Quién entiende que sea absuelto en lo penal y condenado en lo disciplinario por los mismos hechos y con las mismas pruebas?
¿Es cierto que intentó entrar a Panamá en estos días y que no se lo permitieron por «ser de las Farc»?
Sí. Yo no iba para Panamá, sino que el avión hizo una escala técnica en ese aeropuerto. Cuando salí, me estaban esperando unos funcionarios de migración. Me llevaron a una oficina y me interrogaron durante dos horas. Después me dijeron que no podía pasar por Panamá, porque habían recibido un informe de Colombia según el cual yo tenía vínculos con grupos narcoterroristas. Después me pusieron en otro avión y me regresaron al país. No pude completar mi viaje.
Jurídicamente, ¿qué hará ahora?
Voy a dar la pelea en los tribunales y hasta las últimas consecuencias. También acudiré a los estrados internacionales.
¿Qué va a ser de su profesión ahora que fue expulsado de la Nacional?
La Procuraduría y la universidad declararon mi muerte laboral, pero no mi muerte intelectual. Seguiré investigando y publicando mis conclusiones sobre los temas que son de mi interés.
¿De qué va a vivir?
Por lo pronto, de ayudas familiares. Espero más adelante conseguir una reubicación laboral.
Le voy a repetir la pregunta para concluir: ¿alguna vez ha sido cómplice de la guerrilla o ha pensado en hacer parte de ella alzándose en armas?
En ningún momento. No me apasionan las armas, sino los libros.
Y si no puede echar para atrás la decisión disciplinaria que lo saca de la universidad pública, ¿qué haría?
Espero que se haga justicia pero, en todo caso, no dejaré los libros. Hasta en la cárcel escribí lo que considero que son mis mejores reflexiones sobre el conflicto colombiano.
¿Qué significa para usted el actual proceso de paz?
Una esperanza para quienes sufren la guerra y también para quienes pensamos diferente al statu quo. En un país en paz, seguramente no seremos estigmatizados, señalados, judicializados o asesinados.
«Usted tiene el aplauso público»: presidente Uribe a presidente Calderón
El operativo policial que desplegaron agentes de Inmigración de México, en 2009, para expulsar en tiempo récord y sin orden judicial formal al sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán, quien se encontraba en ese país realizando una investigación de posdoctorado en la Universidad Autónoma, fue considerado en círculos académicos y políticos de ambas naciones como un pacto de colaboración policial no ajustado a la legalidad, de los gobiernos de Felipe Calderón y Álvaro Uribe. La manera violenta como el profesor de la Nacional fue llevado al aeropuerto del DF y su llegada a Catam no fue fiel a los parámetros internacionales en ese tipo de situaciones, pero en esa época pocos se atrevieron a criticar el hecho por la sospecha que pesaba contra el académico de pertenecer a las Farc. El expresidente Uribe, antes de que terminara su segundo mandato, agradeció significativamente a su homólogo mexicano «el apoyo que recibió durante sus ocho años de gobierno», según quedó constancia en la página de la Presidencia. De acuerdo con el texto que aún se encuentra en el archivo de la Casa de Nariño, Uribe le dijo a Calderón: «Aquí lo apreciamos mucho. Hay que apoyarlo en esta batalla (contra el narcoterrorismo). Tiene el aplauso público en todos los auditorios por su determinación y firmeza».
Un fiscal con sesgo
El fiscal del proceso penal en contra del profesor Miguel Ángel Beltrán, el cual concluyó con la absolución porque no se pudo demostrar que tuviera conexión con las Farc, fue Ricardo Bejarano Beltrán, de la Unidad Antiterrorista. Bejarano, no obstante sus funciones oficiales, se atrevió a insultar en público a la Corte Suprema cuando ésta declaró ilegales, como pruebas, los contenidos del computador de Raúl Reyes por la forma como fue incautado ese equipo: en medio de un operativo militar colombiano en territorio extranjero, no autorizado por el gobierno del país involucrado, Ecuador. Según la Sala Penal del alto tribunal, tampoco se respetó la cadena de custodia que se requiere para usar elementos probatorios en un juicio. De acuerdo con el fiscal Bejarano, el mismo que tenía que averiguar, basado en hechos y no en prejuicios si el profesor de la Nacional era guerrillero, la Corte debía ser «juzgada por traición a la patria». Este fiscal, además, se enorgullece en Facebook de sus fotos vestido de militar y solía poner como sus páginas favoritas las de la Escuela Militar, los Veteranos de guerra de Vietnam, la de Declaremos persona no grata a Íngrid Betancourt, entre otras. Actualmente, pone que sus «ídolos» son las operaciones contraguerrilla ‘Fénix’ y ‘Sodoma’.