Algunos meses antes del inicio de la pandemia del SARS-CoV-2, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), convocó en Cartagena de Indias, a un grupo de investigadores y académicos vinculados en su mayoría a las universidades de la región, al “Primer Coloquio Regional sobre el Conflicto Armado en el Caribe: Un diálogo con la Comisión de la Verdad en Clave de Esclarecimiento”, en donde, entre otros importantes asuntos, se abordaron, por cada uno de los departamentos que componen este territorio, lo referente a los orígenes y factores de permanencia del conflicto armado. En este sentido, lo que viene a continuación se corresponde a algunas de las ideas y reflexiones allí propuestas para el caso del departamento del Cesar, con algunas alusiones al departamento de La Guajira.
El palimpsesto de los conflictos
Una mirada restrictiva sobre el conflicto armado en el país situaría sus orígenes en el año de 1964 cuando irrumpen experiencias insurgentes que con el paso de los años logran hacerse sostenibles y posteriormente expandirse. En ese contexto como hitos que marcan la génesis del conflicto armado en Colombia se ubican dos fechas separadas apenas por unos pocos meses: el 27 de mayo de 1964 cuando se decantan las autodefensas armadas comunistas dando forma a las FARC-EP y el 4 de julio de 1964 cuando se crea formalmente el ELN. En cuanto al EPL, la otra insurgencia que llegó a tener proyección nacional, surgió pocos años después, el 10 de febrero de 1967.
En este contexto, en el país antes de 1964 no se hablaba de conflicto armado, no obstante que desde décadas atrás era ya evidente la presencia y accionar de aparatos armados de distinta naturaleza y composición −entre ellos los “ejércitos privados” al servicio de hacendados y gamonales que en algunas regiones se conocieron como “Los Pájaros”, la policía del régimen conservador conocida como “La Chulavita”, las guerrillas liberales constituidas por los “limpios” que eran miembros del partido liberal y las guerrillas campesinas conformadas por los “comunes” como se les decía a los comunistas−, la mayoría de los cuales evolucionaron y se transformaron consiguiendo hacer su tránsito desde la época de “La Violencia” (1930-1957) para hacer parte del conflicto armado.
Así las cosas, a estos actores tradicionales enfrentados, por un lado, las insurgencias pugnando por transformaciones estructurales del statu quo existente y, por el otro, la fuerza pública salvaguardando la institucionalidad construida por las élites en el poder, a partir de 1982, especialmente con el modelo creado en Puerto Boyacá en el corazón del Magdalena Medio, se incorporaron los paramilitares como un nuevo actor, pese a que su utilización, bajo distintas modalidades, entre ellas la de operaciones encubiertas, ya era de uso frecuente por los servicios de inteligencia del Estado desde la década de los cincuenta del siglo pasado. Este nuevo actor entra a terciar con mucha mayor virulencia en el conflicto armado a partir del 18 de abril de 1997 cuando desde el Urabá se crea el proyecto paramilitar denominado AUC.
El conflicto armado se escenifica sobre un palimpsesto construido a partir de una enorme conflictividad social que pivota alrededor de la tierra. Estas disputas por la tierra, que tienen lugar ya sea para preservar un orden social y político que posibilita justamente su acumulación y su acaparamiento o para demandar su redistribución y entrega a los campesinos, indígenas y afrodescendientes que no cuentan con ella o que les es insuficiente, ha sido históricamente el catalizador de los conflictos sociales y del conflicto armado en el campo.
Las frecuentes disputas por la tierra desmienten categóricamente la narrativa oficial que describía a la región como una suerte de laboratorio en el que las contradicciones y conflictos sociales se tramitaban sin apelar a la violencia y, en ello, por ejemplo, el discurso alrededor del vallenato se direccionó para consolidar este imaginario que tendía una cortina de humo sobre la realidad violenta de las relaciones sociales y de producción que se escenificaban, sobre todo en el campo. Así las cosas, a pesar de esa narrativa oficial que se ha construido alrededor del vallenato, tomado como evidencia de la naturaleza intrínsecamente pacífica de sus habitantes y de la supuesta inexistencia de intereses divergentes y contrapuestos de clase, lo cierto es que la historia de la región ha tenido como común denominador el conflicto y la contradicción, casi siempre aparejados con expresiones de violencia, esgrimida tanto desde los sujetos subalternos rurales luchando por la garantía de sus derechos territoriales como, sobre todo, de algunas élites de terratenientes y empresarios rurales en su pretensión de velar por preservar intactos sus privilegios y, de contera, incrementar sus tierras y fortunas. En el Cesar se pueden rastrear conflictos por el acceso, uso y propiedad de la tierra desde una fecha tan temprana como mediados de la década de los años veinte del siglo pasado. Los actores involucrados en los conflictos sociales que caracterizaron el proceso de configuración y expansión de los latifundios y del modelo de desarrollo hacendatario de agricultura tradicional entre 1930 y 1950, fueron los colonos-campesinos, los empresarios rurales y los grandes terratenientes, en el que los primeros siempre llevaban la peor parte.
Años después, el conflicto armado inhibió algunas dinámicas en tanto que potenció otras, de acuerdo con los intereses de los diferentes actores y del lugar que ocupaban en el orden social y, cabe anotar, siempre apareció asociado a conflictos sociales latentes o emergentes. La narrativa oficial sobre la bonanza algodonera (1950-1975) que exalta una prosperidad que supuestamente beneficiaba y era extensiva a toda la población de la región, incluyendo a los campesinos y trabajadores agrarios, oculta los graves conflictos sociales que para la fecha estaban teniendo lugar. Una sencilla canción de Máximo José Jiménez Hernández (n. 1949), llamada Recolectores de algodón, pone al desnudo esta realidad cuando dice: “Ya nos llevan, ya nos llevan,/ ya nos llevan a explotar,/ en la recolección de algodón/ los terratenientes del Cesar […] Ellos nos vienen a buscar/ y nos regalan un pasaje,/ pero cuando estamos allá,/ nos lo quietan en el pesaje […] Nos volvimos todos enfermos/ y el amo quedó feliz,/ no ganamos para un lápiz,/ tampoco para un cuaderno,/ trabajamos a todo pulmón/ y nos pagan muy barato,/ es muy mala la alimentación,/ todo queda en el comisariato”.
Antecedentes de la presencia insurgente
En lo que respecta a la región de la que hacen parte la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, los hitos que marcaron el origen y evolución del conflicto armado son diferentes a los establecidos para el nivel nacional, como quiera que, en lo que atañe a la insurgencia, su establecimiento en el territorio ocurrió varios años después, en una fecha que casi es coincidente con la irrupción del paramilitarismo gestado en el laboratorio que significó el Magdalena Medio.
Entre los principales antecedentes de la presencia insurgente en el territorio, valga referir, como los más importantes, los siguientes:
1. Los contactos tempranos que a partir de 1960 el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino 7 de Enero (MOEC-7E) estableció con algunos intelectuales progresistas de la región, contexto que en 1966 facilitaría el fugaz paso de Ernesto Guevara (1928-1967) por Valledupar y que la región fuera la cuna de importantes revolucionarios tales como el abogado José Manuel Martínez Quiroz, asesinado en Bogotá, D.C., el 28 de septiembre de 1978 por la estructura paramilitar Alianza Anticomunista Americana (Triple A); el ingeniero y economista Víctor Medina Morón, asesinado el 22 de marzo de 1968 por su propia gente en uno de esos absurdos ajusticiamientos que marcaron el origen del ELN; y el abogado Miguel Francisco Pimienta Cotes, muerto en una operación militar el 16 de octubre de 1966, entre otros, que optaron por vincularse a las filas de la insurgencia del ELN desde sus inicios.
2. La propuesta política-militar que, con epicentros en Agustín Codazzi en la Serranía del Perijá y en Atánquez en la Sierra Nevada de Santa Marta, tuvo lugar entre 1964 y 1966 al frente del cual estuvo el médico Jaime Velásquez García (1931-1970) y en el que participaron entre otros Paul Arlant y Sergio Martínez, iniciativa que se frustró con el asesinato de los dos últimos, ocurrido en Agustín Codazzi el 15 de febrero de 1966, y con la feroz persecución que se desató en contra del primero, la que apenas concluyó el día de su trágica muerte sucedida en Quito, Ecuador, el 9 de diciembre de 1970, cuando adelantaba diversas tareas políticas y logísticas encaminadas a la creación de una estructura insurgente que ingresaría al país desde el norte de Ecuador.
3. La experiencia de foco insurreccional liderada por el médico Tulio Bayer Jaramillo (1924-1982), escenificada en 1969 al sur de Riohacha en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la que participaron activamente William Ramírez Tobón (n. 1940), el santandereano Abelardo Joya y el internacionalista vasco Pedro Mari Baigorri Apezteguía (1939-1972), la que se disolvió tempranamente por problemas de abastecimiento, dificultades para estrechar relaciones con los pobladores locales y por tensiones internas.
4. El proyecto foquista que, al parecer, se denominaba Frente de Liberación Nacional (FLN), desarrollado entre 1969 y 1972 en Curumaní en las entrañas de la Serranía del Perijá, en el que tuvieron un papel protagónico el líder popular Tomás Antonio Arévalo Velásquez (1941-1972) y el internacionalista vasco ya mencionado Pedro Mari Baigorri Apezteguía, proceso que llegó abruptamente a su fin con la muerte de ellos dos, la que tuvo lugar junto a la de otro insurgente cuya identidad aún no está penamente identificada y a la del campesino Humberto Álvarez, producto de una desproporcionada operación militar materializada el 6 de octubre de 1972.
Periodización de la evolución de la insurgencia
Teniendo en cuenta lo anterior, en el Cesar, −y haciéndola extensiva hasta incorporar La Guajira−, se puede esbozar la siguiente periodización en lo que respecta a la presencia y evolución de las guerrillas:
1. Las experiencias tempranas de focos insurreccionales (1964-1972) mencionadas más arriba, las cuales pese a haber culminado en sendos fracasos, dejaron un nada despreciable know how acumulado en el territorio.
2. La llegada y establecimiento del ELN (1975): A partir de la recomposición y desdoblamiento de su estructura madre, el Frente José Antonio Galán, y de aquella que asumió el nombre del sacerdote Camilo Torres Restrepo (1929-1966) al poco tiempo de haber muerto en combate, se conformó una nueva estructura que, comandada por Gabriel Vera Bernal “Vidal”, llegó desde el Magdalena Medio, cruzando el río Magdalena, para establecerse en la Serranía del Perijá, en el sur del Cesar.
3. Penetración, reconocimiento del territorio y establecimiento sostenido (1982-1985): Durante esta fase se escenifica el establecimiento más firme y sólido de las estructuras insurgentes que en el futuro operarán en la región. Las FARC-EP establecieron su nicho en la Sierra Nevada de Santa Marta a partir de la creación del Frente 19 José Prudencio Padilla, el cual en sus inicios contó con el apoyo de unidades del Frente 10 Guadalupe Salcedo que se trasladaron desde Arauca; en tanto que el ELN constituyó el Frente José Manuel Martínez Quiroz en el norte del Cesar sobre la Serranía del Perijá, a la par que en el centro y sur sobre ésta misma cordillera afianzaba la presencia del Frente Camilo Torres Restrepo. Por su parte el EPL creó el Frente Norte Ernesto Rojas en la Sierra Nevada de Santa Marta y el M-19 desplegó el Frente Andrés Almarales Manga en el sur del Cesar en la Serranía del Perijá.
4. Consolidación, crecimiento y expansión (1986-2001): Cabe anotar que esta situación tuvo lugar pese a los procesos de dejación de armas realizados en 1990, primero del EPL y del M-19, y pocos años después, hacia 1994, de un sector del ELN que pasó a ser conocido como la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y que afectó principalmente al Frente José Manuel Martínez Quiroz. En este período las FARC-EP crearon en la Serranía del Perijá dos estructuras: los Frentes 41 Cacique Upar en el norte del Cesar, que capitalizó el trabajo previo que desde unos años antes había realizado la estructura que daría forma al Frente 24 que se creó en el sur de Bolívar, y el 59 Resistencia Guajira (o Wayúu) que primeramente operó en La Guajira; por su parte el ELN creó varias estructuras, a saber: en la Sierra Nevada de Santa Marta a los Frentes Seis de Diciembre, Gustavo Palmesano Ojeda, Francisco Javier Castaño, y en la Serranía del Perijá en La Guajira al Frente Luciano Ariza. Durante un breve lapso operó en la Sierra Nevada de Santa Marta el Frente Virgilio Enrique Rodríguez, un componente del sector no desmovilizado del EPL que no se acogió al proceso de paz y terminó bandolerizado.
5. Estancamiento y repliegue territorial (2002-2008): De esta fase se precisa resaltar cuatro aspectos. En primer lugar, buena parte de las estructuras del ELN fueron prácticamente aniquiladas y los elementos supérstites de éstas terminaron conformando un pequeño reducto denominado Comisión Mixta Compañero Libardo volcado hacia la frontera con Venezuela en La Guajira. En segundo lugar, todas las estructuras insurgentes que las FARC-EP habían logrado mantener en la Sierra Nevada de Santa Marta fueron literalmente expulsadas de este territorio. En tercer lugar, la guerrilla terminó replegándose sobre la Serranía del Perijá en el entorno de la frontera internacional con Venezuela o encontró una zona de refugio en el Catatumbo. Y, en quinto lugar, una bandelorizada estructura del EPL fue desmantelada, atacada desde distintos flancos.
6. Recomposición y adaptación a las nuevas formas de la guerra (2009-2015): Las estructuras insurgentes que se habían replegado alrededor del entorno de la frontera con Venezuela y el Catatumbo, progresivamente comienzan a desplegar acciones, cada vez más frecuentes, encaminadas a retornar a los antiguos territorios que ocupaban en el pasado y a procurar reconstruir los contactos y redes entre sus bases sociales más fieles. Luego de un largo período de ser objeto de permanentes y sostenidas ofensivas paramilitares y militares, la guerrilla incorpora cambios en sus estructuras haciéndolas más móviles y flexibles. Justo cuando las FARC-EP, especialmente el Frente 59 Resistencia Guajira, estaban a punto de trascender exitosamente la fase de reflujo para transitar hacia un nuevo ciclo en el que asumían iniciativas ofensivas, es que se concreta el Acuerdo de Paz. De otro lado, el ELN le apuesta a la estrategia de “resistencia pasiva” que le permite, gracias al trabajo político entre las comunidades en las que ejerce influencia, mantener su presencia en el territorio, especialmente en la frontera de la Serranía del Perijá con el Catatumbo a través de la Compañía Capitán Francisco Bossio del Frente Camilo Torres Restrepo.
7. Postacuerdo FARC-EP-Gobierno Nacional y rompimiento de los diálogos con el ELN (2016-hoy): Durante esta fase, en el 2016, las estructuras de las FARC-EP se concentran, hacen dejación de armas e inician el proceso de reincorporación de los excombatientes: el Frente 59 Resistencia Guajira se concentra en el Punto Transitorio de Normalización (PTN): Amaury Rodríguez en la vereda de Pondores del corregimiento de Conejo en Fonseca, La Guajira, y los Frentes 19 José Prudencio Padilla, 41 Cacique Upar y 37 −éste último proveniente de los Montes de María−, convergen en la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN): Simón Trinidad en la vereda Tierra Grata del corregimiento de Sabanas de León en Manaure Balcón del Cesar, Cesar. De otro lado, bajo el gobierno de Duque Márquez se rompe de manera abrupta el proceso de diálogo y negociación con el ELN que se venía desarrollando desde el gobierno anterior, y en la frontera entre la Serranía del Perijá y el Catatumbo, hacia 2018 se libró una fuerte disputa territorial entre los Frentes Camilo Torres Restrepo del ELN y Elisenio Torres Villalba del EPL, éste último creado a partir del desdoblamiento desde el Catatumbo del Frente Libardo Mora Toro, que derivó finalmente en la expulsión del EPL. Hoy por hoy se observan dos situaciones importantes: (i) una suerte de guerra mediática en la que tanto las FARC-EP que se apartaron tempranamente del proceso de paz y se encuentran bajo las órdenes de Miguel Botache Santillana conocido como Gentil Duarte, como aquellas que rompieron con el proceso de paz y retomaron la lucha armada bajo la etiqueta de la Segunda Marquetalia, a través de comunicados de prensa han anunciado la recomposición específica del Frente 41: “Cacique Upar” y del Bloque Martín Caballero en su conjunto, sin que hasta el momento ello signifique que efectivamente existan estructuras operando en el territorio y (ii) en La Guajira, con epicentro en el centro y norte de la Serranía del Perijá sobre la frontera internacional con Venezuela, se observa un tímido proceso de recomposición de las estructuras del ELN, el cual se viene realizando a través de la Compañía Óscar Enrique Sánchez Caicedo del llamado Frente de Guerra Norte: José Manuel Martínez Quiroz.
Fases del fenómeno paramilitar
En la perspectiva de tener una mirada panorámica y de conjunto del conflicto armado en la región, la anterior periodización que se planteó acerca de la presencia y dinámicas de la insurgencia, necesariamente se debe contrastar con una periodización que dé cuenta del fenómeno del paramilitarismo. En este contexto dicha periodización, tomando como marco de referencia la propuesta realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), comprendería las siguientes fases, a saber:
1. Antecedentes y precursores: Protoparamilitarismo (1948-1980): Muchos años antes de la consolidación de proyectos insurgentes y paramilitares en la región, a partir de los cuales se habla con propiedad de conflicto armado, existían ya una pléyade variopinta de dispositivos de coerción y de aparatos armados de seguridad y vigilancia informales al servicio de sectores asociados a la acumulación de tierras. De igual manera, en determinadas coyunturas y contextos, a veces de manera más o menos abierta, en tanto que otras bajo operaciones encubiertas y de falsa bandera, diferentes agentes de Estado vinculados a los aparatos de seguridad fueron movilizados en favor de los intereses de determinadas élites locales. Así las cosas, la respuesta de las élites y del establishment, respecto de las recurrentes movilizaciones campesinas y agrarias de la época, fue sumamente violenta y se hizo precisamente a partir de la utilización de estos distintos dispositivos y aparatos privados de naturaleza paramilitar o directamente a través de la fuerza pública. Esta violencia sociopolítica largamente ejercida sobre todo contra los campesinos, pero también contra los sectores populares considerados disidentes o estigmatizados socialmente, no se han analizado dentro de la matriz conceptual del conflicto armado, sino que exclusivamente se la ha visto como parte de la conflictividad social, pese a que, como se ha reiterado, hubo participación de estructuras de naturaleza paramilitar.
2. Primeros ensayos de implementación del modelo de autodefensas del Magdalena Medio (1981-1992): El paramilitarismo de esta fase devino de la convergencia de estructuras sicariales asociadas a la economía del narcotráfico, autodefensas locales de carácter endógeno estrechamente ligadas al territorio y, finalmente, los dispositivos legales e ilegales que el ejército nacional desarrolló en el marco de la lucha contrainsurgente. En esta fase se comienzan a dar los primeros contactos e intercambios de experiencias entre algunos hacendados y ganaderos del sur del Cesar con el proyecto de Autodefensa Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) que se venía consolidando con epicentro en Puerto Boyacá. De otro lado, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en límites entre los departamentos del Magdalena y La Guajira, se constituyó la estructura paramilitar que bajo distintos nombres, tales como Los Chamizos (1979), Autodefensas de El Mamey (1986) y Autodefensas Campesinas del Magdalena y la Guajira (1998), hacia 2003 pasa a ser conocida como Frente Resistencia Tayrona (FRT).
3. Articulación y estructuración (1993-1996): En el contexto de esta fase se suceden de manera simultánea, dos dinámicas distintas. En primer lugar, en el sur del Cesar, con núcleo de origen en San Martín, se fundan las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar (ACSC), conocidas durante un período como Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC) y antes de su desmovilización, en el 2006, como Frente Héctor Julio Peinado Becerra del Bloque Norte de las AUC (BN-AUC). En segundo lugar, en el norte y centro del Cesar, amparados en las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Defensa Agraria (CONVIVIR), algunos ganaderos y empresarios rurales configuran las condiciones para la incursión, establecimiento y operatividad en el territorio de estructuras adscritas a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
4. Consolidación (1997-2000): Durante esta fase las ACCU, convertidas ya en el proyecto paramilitar que se conocería como AUC, crean en el territorio las primeras estructuras que posteriormente le darían forma al BN-AUC: el Frente Juan Andrés Álvarez que se estableció en Agustín Codazzi, desde donde se expandió a los municipios vecinos; y el Frente Resistencia Motilona, estructura que operó en un amplio territorio del centro y sur del Cesar, en los entornos del complejo cenagoso de la Zapatosa y de la Serranía del Perijá,
5. Crecimiento y expansión (2001-2004): Durante esta fase se advirtió un rápido proceso de crecimiento y expansión del BN-AUC, el cuál se vio favorecido por la colaboración, apoyo, tolerancia o aquiescencia que recibió de algunos sectores institucionales y de la fuerza pública. En este contexto se crearon las siguientes estructuras paramilitares: el Frente Contrainsurgencia Wayúu (FCW), que operó en la Media y Alta Guajira; el Frente Libertadores de La Guajira, estructura gemela del Frente Mártires del Cacique Upar que operó en el sur de La Guajira en las estribaciones tanto de la Sierra Nevada de Santa Marta como de la Serranía del Perijá; el Frente Resistencia Chimila, que tuvo incidencia en El Copey y Bosconia y en varios de los municipios vecinos del departamento del Magdalena; el Frente Bernardo Escobar, que operó en Bosconia y El Copey y en otros municipios del vecino departamento del Magdalena; y el Frente Adalvis Santana Ferrer, cuya influencia se focalizó en El Paso, Astrea y Bosconia y también en otros municipios del Magdalena.
6. Agotamiento, declive y desmovilización (2005-2006): Tras una década en el territorio de implementación violenta del proyecto paramilitar AUC, emerge un remozado statu quo que, entre otros aspectos, logró lo siguiente: (a) propició las condiciones para un proceso de contrarreforma agraria, (b) terminó siendo funcional a los intereses extractivistas (minería y agroindustria), que han clausurado las posibilidades para modelos alternativos, (c) le asestó un duro golpe al movimiento social, neutralizando con extrema virulencia a los sectores más críticos y radicales, quebrando así una larga tradición de luchas y resistencias populares, (d) aportó de alguna manera a decantar el mapa político tradicional y a redefinir el lugar de las élites locales y sus redes clientelares, (e) contribuyó a imponer transformaciones culturales que terminaron afianzando valores contrarios a la modernidad. Así las cosas, a partir de una confluencia de distintos factores, se generaron las condiciones para la desmovilización de los aparatos armados del BN-AUC. La primera de sus estructuras que se desmovilizó fue el Frente Héctor Julio Peinado, la cual se llevó a cabo el 4 de marzo de 2006 en el corregimiento Torcoroma de San Martín; posteriormente lo hizo el Frente Resistencia Tayrona el 3 de febrero de 2006 en la vereda Quebrada del Sol del corregimiento de Guachaca en Santa Marta y, finalmente, el 8 y el 10 de marzo de 2006, en los corregimientos de Chimila en El Copey y en La Mesa-Azúcarbuena de Valledupar, respectivamente, se escenificó la desmovilización del resto de sus estructuras.
7. Fragmentación (2006-2012): Luego de un intenso y violento proceso de recomposición y reestructuración de facciones y reductos residuales del BN-AUC, en el que efímeramente emergieron una gran variedad de etiquetas y nombres, por ejemplo Cacique Arhuaco, Autodefensas Campesinas Independientes (ACI), Los Nevados, quedaron como las más destacadas y activas las siguientes estructuras: Águilas Negras/Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)/Los Urabeños/Clan del Golfo (CDG), Los Paisas, Los Rastrojos (RTJ), Los Costeños y Los Criollos.
8. Reingeniería y recomposición (2013-hoy): Una vez decantado el período de violentas disputas, hoy por hoy quedaron en el territorio como estructuras hegemónicas más relevantes las siguientes: Frente Diomedes Dionisio Ortega Ramos del Bloque Erlín Pino Duarte de las AGC/“Clan del Golfo”, ubicado en el entorno del complejo cenagoso de la Zapatosa y de la ribera del río Magdalena; y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN)/“Los Pachencas”, estructura con pretensiones de fortalecer su influencia en el norte del Cesar.
Sobre factores de permanencia
El conflicto armado en la región ha venido mutando profunda y vertiginosamente, hasta el punto que sus dinámicas actuales cada vez se parece menos a las que se presentaban décadas atrás, cuando los protagonistas eran grupos armados ilegales que exhibían una arquitectura piramidal y jerarquizada, contaban con unas líneas de mando y de recambio claramente definidas, poseían el poder de fuego para desplegar acciones ofensivas sostenidas en el tiempo, ostentaban la capacidad logística para imponer una hegemonía de cara al control social y territorial y cuyos integrantes estaban debidamente uniformados y armados, distinguiéndose claramente de la población no combatiente, cuestiones que hoy en día ya no se presentan de esa manera tan nítida.
En este sentido, más allá de ciertas zonas periféricas y marginales de la Serranía del Perijá y de las riberas del río Magdalena en donde todavía se podría hablar con propiedad de un conflicto armado interno en su acepción más clásica, el territorio aparece ocupado, casi siempre de forma dispersa, difusa y desconcentrada, por una heterogénea gama de estructuras, bandas, dispositivos y aparatos armados, altamente móviles, dúctiles y flexibles, cuya naturaleza y composición difícilmente encajan en la categoría tradicional de grupos armados ilegales, que terminan siendo algo completamente distinto pero con una enorme capacidad de coerción y de causar daño.
El que haya habido procesos de desmovilización paramilitar, se hayan concretado diferentes acuerdos de paz con las insurgencias, incluidas las FARC-EP, y el hecho que las actuales dinámicas de violencia, al derivarse de la presencia y accionar de una compleja constelación de estructuras, bandas, dispositivos y aparatos armados, adquiera otras connotaciones, no implica en modo alguno y bajo ninguna perspectiva que se pueda afirmar que el conflicto armado en el país y en la región sea un asunto del pasado y que ya se está transitando por una etapa de postconflicto. Contrariamente, lo que se quiere señalar es que el conflicto armado interno se mantiene vigente no sólo por la existencia de algunas estructuras armadas clásicas (ELN, EPL y AGC), sino porque al imbricarse con una gran diversidad de actores, ha venido adquiriendo nuevas formas y contenidos que han copado las zonas grises e ilícitas asociadas a economías ilegales y a contextos territoriales que se han convertido en laboratorios de distintos tipos de “gobernanza criminal”, los cuales tiene un significativo correlato en la violación de los derechos humanos, máxime cuando ciertos actores hegemónicos no tienen ningún reparo en apelar con frecuencia al uso de la violencia para resolver en su favor los conflictos sociales y socioambientales que se presentan en el territorio. Así las cosas, al palimpsesto del que hablaba al principio de este ensayo, formado por un conflicto armado sobrepuesto sobre la conflictividad social, ahora hay que referir otro palimpsesto donde al conflicto armado se yuxtapone la criminalidad asociada a economías ilegales.
De esta manera, y a manera de colofón, podría decirse que la persistencia del conflicto armado interno es, en sí mismo, el elemento más relevante de permanencia que contribuye de manera determinante en el mantenimiento de las condiciones para que los ciclos de violencia se imbriquen y se sigan presentando, asociados a algunas de las siguientes cuestiones:
1. El problema nodal del uso, acceso y propiedad de la tierra que, como se ha visto, ha sido históricamente el detonante y común denominador de la conflictividad social, del conflicto armado y de la criminalidad, no sólo no ha sido resuelto en la dirección de avanzar en su redistribución sino que, por el contrario, actualmente se asiste a fenómenos crecientes de relatifundización y de extranjerización de la tierra.
2. Al campesinado, que es de lejos uno de los actores sociales más importantes del campo y que desempeña una estratégica función productiva como es la de procurar la soberanía alimentaria de la región y del país, no se lo ha reconocido como sujeto colectivo de derechos, como tampoco se le ha garantizado la propiedad sobre las tierras que posee y ocupa desde hace varias décadas atrás.
3. El modelo de desarrollo extractivista que, valga recordar, en ciertos contextos creció y se expandió a partir de distintas sinergias configuradas por la presencia y accionar de grupos paramilitares, trae aparejados profundos procesos de precarización y de empobrecimiento la población y los ecosistemas locales, lo que claramente deriva en la agudización de la brecha de la desigualdad social.
4. El paramilitarismo devino en el afianzamiento de un orden social y político, que se hace mucho más evidente en el campo, en el que la mayoría de la población está destinada a ocupar lugares secundarios y funcionales a los intereses de ciertas élites en el poder.
5. En la práctica concreta, más allá de la retórica jurídica, la participación política sigue estando vedada para amplios sectores de la población que no cuentan con los ingentes recursos económicos que hoy en día demanda cualquier campaña política electoral, lo que se advierte al hacer una somera revisión sobre la adscripción familiar y social de quienes históricamente han ostentado en la región los más importantes cargos de elección popular, dando como resultado que no haya habido un mayor recambio en lo que concierne a las élites que han estado en el poder desde larga data.
6. Pese a los avances que en algunos asuntos y sectores se han dado en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Serranía del Perijá y en el complejo cenagoso de la Zapatosa, siguen siendo zonas marginales y periféricas no solo geográficamente sino en cuanto a la intervención sostenible de la institucionalidad pública social.
7. Una parte importante de los actores que han estado en el origen de los hechos victimizantes que se han cometido a lo largo de la historia del conflicto armado y de la violencia política, exhibiendo una gran capacidad de adaptación a las contingencias, han logrado permanecer en el tiempo y, en ese contexto, persisten en su empeño de apelar, bajo nuevas expresiones y modalidades, a la violencia para defender sus intereses.
8. Aunque cada etapa del conflicto armado ha comportado algunos repertorios de violencia y de victimización específicos que sobresalen sobre los demás, por ejemplo las masacres, los desplazamientos forzados o la desaparición forzada, inherentes a las primeras incursiones paramilitares, hay otros, tales como las capturas arbitrarias, los homicidios selectivos o las amenazas, que tienen un carácter más cíclico y recurrente, hasta el punto que su ocurrencia es extensiva a distintos momentos y lugares.
Juancarlos Gamboa Martínez, Colectivo Ceiba de la Memoria