El día 28 de agosto de 2009, los medios de comunicación colombianos informaron sobre la detención de Fredy Julián Cortés Urquijo, a quien presentaron a la opinión pública como alias «Francisco» un peligroso guerrillero de las FARC. De acuerdo con estas mismas versiones periodísticas -que desconociendo el derecho constitucional a la presunción de inocencia- se […]
El día 28 de agosto de 2009, los medios de comunicación colombianos informaron sobre la detención de Fredy Julián Cortés Urquijo, a quien presentaron a la opinión pública como alias «Francisco» un peligroso guerrillero de las FARC. De acuerdo con estas mismas versiones periodísticas -que desconociendo el derecho constitucional a la presunción de inocencia- se afirmaba de manera categórica que Fredy Julián preparaba un atentado contra el entonces presidente Álvaro Uribe y varios de sus ministros.
Nada más lejano a la verdad. Se dijo, por ejemplo, que en su computador personal las autoridades judiciales encontraron fotografías del avión presidencial, pero en dicho momento no se había revisado su contenido; se afirmó también que había sembrado minas antipersonales en Cabrera (Cundinamarca), municipio donde Fredy jamás había estado; se le acusó de pertenecer al Frente Urbano «Antonio Nariño» de las FARC, cuando toda su vida había desarrollado una actividad legal, primero como dirigente estudiantil y posteriormente como docente e investigador crítico.
La judicialización del profesor Fredy Julián Cortés por los delitos de «rebelión» y «concierto para delinquir», se sumaba a la ya larga cadena de académicos y miembros de la oposición perseguidos por su pensamiento crítico y señalados de ser «terroristas», por disentir de las políticas oficiales del Estado Colombiano, en lo que se dio a conocer como «falsos positivos judiciales», una modalidad que hizo carrera bajo la política de la mal llamada «Seguridad Democrática», promovida desde el Ministerio de Defensa, en ese momento liderado por el hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos. Como en otros casos, la detención de Fredy Julián, tenía como propósito generar un clima de apoyo al presidente Uribe, en una coyuntura de repudio continental a su proyecto de instalar bases militares norteamericanas en Colombia y ad portas de llevarse a cabo la reunión de los miembros de Unasur en la ciudad argentina de Bariloche, que avizoraba ser un escenario de enjuiciamiento a su política de connivencia con los paramilitares y de adhesión a las políticas imperiales de los Estados Unidos, estas últimas fuertemente cuestionadas por otros gobiernos de América Latina.
Sin embargo, había algo más: días antes el primer mandatario había anunciado, que mantendría la presencia del SMAD en las universidades públicas y que mientras él fuera presidente «donde haya violencia allí llegará la Fuerza Pública y eso no está en discusión». Era necesario entonces golpear el Alma Mater, haciendo ver a los miembros de la comunidad universitaria que ejercen el pensamiento crítico y la libertad de cátedra como amigos y cómplices de la guerrilla, para legitimar su política de represión contra los centros del saber que tan incómodos venían siendo para su proyecto autoritario. El trabajo conjunto de la Fiscalía, los Medios oficiales de Comunicación y la Policía Nacional, generaron un escenario adverso al profesor Fredy Julián, quien se vio presionado a reconocer el cargo de rebelión. Se preguntarán, entonces, los lectores ¿Cómo es posible que una persona inocente asuma que es culpable de un delito que no cometió? Todo ello es factible en un sistema penal acusatorio como el colombiano (que como en muchos otros campos constituye una copia del modelo norteamericano), donde lo realmente importante es que el acusado se auto-incrimine para recibir los «beneficios judiciales».
La no aceptación de cargos supone para el sindicado un largo juicio que, como ya ha sucedido en numerosos casos, puede prolongarse por largos años, y donde el inculpado es sometido a los avatares de una justicia politizada. Contrario a ello, el reconocimiento del delito -así sea inocente- representa para el acusado una rebaja del 50% en la pena, y la posibilidad que le puedan retirar otros cargos que previamente le ha imputado la fiscalía (sin fundamento judicial alguno) con el fin de asegurar su reclusión en una cárcel de alta seguridad. Esta es una forma perversa de la justicia colombiana para «mostrar resultados». La situación del profesor Fredy Julián Cortés es representativa en este sentido, y detrás de su drama humano, está la sevicia de un estado que persigue, criminaliza y castiga el pensamiento Crítico. Como en el caso del profesor Beltrán, las directivas de la Universidad Nacional se limitaron a corroborar que era un docente de este prestigioso centro académico y manifestaron su respeto a «las decisiones de las autoridades competentes de la República bajo la observación constitucional del debido proceso». Debido proceso que -valga la pena insistir- jamás se le respetó pues fue coaccionado para declararse culpable. A contrapelo de la imagen que han querido proyectar, los medios oficiales de comunicación y los entes persecutores del Estado, Fredy Julián es un meritorio egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, que siempre obtuvo los mejores reconocimientos académicos, entre otros el puntaje más alto en los exámenes del ECAES. Para el momento de la privación de su libertad se encontraba cursando la maestría en Ingeniería en esta misma institución, donde se desempeñaba también como docente auxiliar en los cursos de Taller Agrícola, cargo que -debieron decirlo las Directivas de la Universidad Nacional tan preocupadas por los indicadores cuantitativos- se otorga a aquellos estudiantes de posgrado que destacan por su excelencia académica. De la mano con su actividad docente están sus investigaciones para la agroindustria a través de proyectos financiados por Colciencias en convenio con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), la Universidad Nacional y la Universidad Industrial de Santander (UIS) Pero la labor de Fredy Julián no es la de un ingeniero encerrado en sus cálculos matemáticos que se abstrae de las realidades de un país atravesado por un agudo conflicto social y armado, o que ha hecho de la academia un modo de vida. Por el contrario, las preocupaciones humanistas ocupan buena parte de su proyecto profesional, buscando colocar su conocimiento al servicio de los sectores sociales más desfavorecidos.
Como él mismo lo proclama en una carta escrita desde la prisión: «a través de los espacios académicos y algunas veces desde la acción directa con la comunidad y participación en investigación o en movimientos sociales, un grupo de profesionales hemos criticado el modelo económico y productivo de carácter neoliberal que ha destruido en buena parte la industria nacional, y desde esta crítica nos hemos acercado a propuestas revolucionarias en torno al manejo de los recursos naturales y el desarrollo de una industria nacional fuerte, por esta razón somos objeto de persecución y encarcelamiento por parte del régimen en Colombia».
Como perseguido político de este Estado, Fredy Julián ha asumido su condición de preso político con decoro y dignidad, haciendo de la cárcel otro espacio de lucha, impartiendo clases de matemáticas a los internos y contribuyendo activamente a la organización de los presos por la defensa de sus derechos que sistemáticamente son violados por los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) que han convertido las penitenciarías en instrumento de venganza contra aquellos que disienten de las verdades oficiales. Con su reclusión en la cárcel de Acacías, el INPEC ha querido acallar su voz, distanciándolo de su compañera y sus dos hijos menores. Inútil Venganza. Hoy Fredy Julián nos regala a sus lectores este testimonio de vida que recoge no sólo sus experiencias cotidianas en estos dos años de privación de la libertad sino una serie de crónicas que retratan una amalgama de personajes cuyas trayectorias tienen un punto de convergencia: la cárcel.
Te cuento desde la prisión es un conjunto de relatos descarnados -aunque salpicados de gotas de humor- cuyos actores centrales no son producto de la imaginación literaria de un escritor que inventa la realidad, sino el fruto de una sociedad que luego de excluirlos y negarles la posibilidad de vivir humanamente, los estigmatiza como la podredumbre del tejido societal. En este sentido, el libro cumple una importante función de denuncia social, que abre los ojos a una problemática que el régimen pretende ocultar.
La trama del libro transcurre a tres voces que van emergiendo a lo largo de las 150 páginas:
Una primera voz, con un tono marcadamente autobiográfico, que recrea a través de su experiencia, los detalles de la detención, los juicios amañados violando las garantías procesales, el perverso papel de los medios de comunicación y los meses iniciales de detención que van poniendo de presente las persecuciones, los maltratos y las arbitrariedades a que son sometidos los presos. La llamada «terapia» carcelera, que asume múltiples formas: desde la exigencia del corte del cabello y la barba hasta el bloqueo a las visitas, pasando por hechos aparentemente insignificantes como el extravío intencional de las solicitudes que envían los internos a las autoridades penitenciarias. Esta voz que acompaña el primer relato, reaparece en las páginas centrales, como cuentos de insomnio que de manera literaria y mordaz desvelan la naturaleza de una educación fundada en principios autoritarios, un sistema de salud basado en la lógica del mercado y una televisión convertida en «opio del pueblo».
Una segunda voz, recupera los testimonios e historias de vida de sus compañeros de reclusión y que coloca en escena una gama de protagonistas de carne y hueso: el hombre que ante la falta de oportunidades roba a los ricos para alimentar a su esposa e hijos; el campesino que ha tomado el camino de las armas y narra sus vivencias guerrilleras; el hombre maduro y acomodado que es castigado moral y judicialmente por su amor prohibido; la experiencia de un paramilitar, hijo del pueblo, que también pudo ser guerrillero; el niño que vende su cuerpo por dinero y acaba prostituyéndose para sobrevivir.
Una tercera voz que conjuga las dos anteriores, toma distancia de su punto de observación para dar cuenta, de manera analítica y reflexiva sobre la problemática carcelaria del país.
Este escrito que acompaña de hechos fácticos y cifras estadísticas, amplía el panorama de la política penitenciaria colombiana presentado por algunas organizaciones de Derechos Humanos, demuestra convincentemente como la supuesta función «resocializadora» que dicen cumplir las cárceles, están muy lejos de alcanzarse y termina haciendo un llamado «a las instituciones, a la academia, a las ONGs defensoras de los derechos humanos, a los gremios del derecho y demás entidades que tiene que ver con los temas aquí tratados para que se asuma un papel más comprometido con la construcción y transformación de toda la política judicial y penitenciaria, dado que de esto depende en buena parte el futuro de la sociedad colombiana».
Te cuento desde la Prisión constituye un paso en esta dirección.
(*) Miguel Ángel Beltrán Villegas es Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Perseguido Político
NOTA:
«Te cuento desde la prisión» escrito por el docente Fredy Julián Cortés Urquijo, preso político recluido actualmente en la Cárcel de Girardot y quien regala a sus lectores este testimonio de vida que recoge no sólo sus experiencias cotidianas en estos dos años de privación de la libertad sino una serie de crónicas que retratan una amalgama de personajes cuyas trayectorias tienen un punto de convergencia: la cárcel. Se trata de un conjunto de relatos descarnados -aunque salpicados de gotas de humor- cuyos actores centrales no son producto de la imaginación literaria de un escritor que inventa la realidad, sino el fruto de una sociedad que luego de excluirlos y negarles la posibilidad de vivir humanamente, los estigmatiza como la podredumbre del tejido societal. En este sentido, el libro cumple una importante función de denuncia social, que abre los ojos a una problemática que el régimen pretende ocultar.
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