PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ A PARTIR DE LA SUPERACIÓN DE LOS CONFLICTOS QUE AFECTAN AL MUNDO RURAL EN COLOMBIA La Coordinación Colombia – Europa – Estados saluda el inicio de iniciativas que centren la superación de los conflictos históricos y estructurales que afectan a la sociedad colombiana en la participación de los […]
PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ A PARTIR DE LA SUPERACIÓN DE LOS CONFLICTOS QUE AFECTAN AL MUNDO RURAL EN COLOMBIA
La Coordinación Colombia – Europa – Estados saluda el inicio de iniciativas que centren la superación de los conflictos históricos y estructurales que afectan a la sociedad colombiana en la participación de los mismos involucrados, y en especial en la creación de espacios de decisión efectiva de las propias víctimas del conflicto armado, de la población desplazada y sus organizaciones y de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, afectada no sólo por los impactos de las confrontación, sino también por los efectos de un modelo de desarrollo que ha generado desigualdad, exclusión y falta de acceso a derechos esenciales a gran parte de los habitantes del mundo rural, y privilegios excesivos para unos pocos sectores, que históricamente se han apuesto a cualquier tipo de reformas democráticas, muchas veces con el empleo de diversas formas de la violencia privada, y casi siempre con la parcialización a su favor de las instituciones estatales, y con la garantía de impunidad por sus acciones en contra de las mayorías del campo.
Reconocemos que la prolongación e intensificación del conflicto armado en el país ha estado atada de manera directa a conflictos territoriales que han mantenido y profundizado una brecha enorme entre los habitantes del campo y la ciudad, y a condiciones de exclusión y marginación de las poblaciones campesinas, indígenas y afro descendientes, profundizadas por dinámicas de despojo violento y prácticas de terror impuestas por élites económicas, con complicidad estatal, para instaurar un modelo de acumulación económica centrado en la concentración y monopolio de la tierra y en formas violentas de dominación política sobre los territorios y las comunidades rurales. En este proceso, como se ha documentado en diversos estudios, la población rural fue forzada al despojo o abandonado demás de 8.5 millones de hectáreas, se ha desplazado a más de 5.4 millones de personas, y- de manera no casual-, los propios servidores estatales implicados en la práctica sistemática de crímenes contra la humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales, seleccionaron a la mitad de sus víctimas entre la población campesina y otro 10% entre integrantes de las comunidades indígenas. Estos crímenes contra las gentes del campo se encuentran abrumadoramente en la impunidad. A pesar de esto, los nuevos criterios de priorización y selección de casos anunciados por autoridades judiciales no tienen a estas víctimas como los sectores a priorizar para encaminar la acción de la justicia hacia el esclarecimiento de estos crímenes, ni al logro de la justicia y reparación para los mismos. Como resultado de este proceso de violencia, despojo e impunidad la sociedad colombiana se ha convertido en una de las más desiguales e inequitativas del mundo, a causa principalmente de la alta concentración de la tierra, la exclusión y marginación del campesinado y la imposición de un modelo que desconoce los planes de vida y el acceso a derechos esenciales para las poblaciones campesinas, afro descendientes e indígenas.
Entre tanto, la expansión y recentralización de las estructuras armadas del paramilitarismo sigue ejerciendo el control mediante el terror en las zonas que han sido objeto de despojo y donde los grandes proyectos agroindustriales y minero-energéticos han puesto en mira a territorios y comunidades, sin que el Estado muestre voluntad de enfrentar estos estructuras paramilitares ni de desmantelar sus estructuras políticas y empresariales que controlan las redes del poder local y de un amplio espectro de negocios legales e ilegales de la economía tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
Entendiendo que el actual proceso de negociaciones para la superación del conflicto armado debería avanzar en el diseño y puesto en práctica de reformas y soluciones de fondo a esta problemática, históricamente aplazada, es claro que la construcción y afianzamiento de la paz tiene su principales retos en la superación de las brechas abismales entre campo y ciudad, y en la superación de la exclusión y falta de acceso a la tierra acompañada de un modelo de desarrollo agrario inclusivo, productivo, que le dé un lugar relevante a la economía campesina, la producción de alimentos y el fortalecimiento de los mercados locales con pleno acceso a derechos y servicios estatales para los habitantes del mundo rural.
En este sentido, y sin ser exhaustivos en las condiciones que se requieren para cimentar la paz desde un nuevo modelo que supere las violencias y las injusticias históricas en el campo colombianos, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos llama la atención a la Mesa de Diálogo del Gobierno y las organizaciones guerrillas para que tome en consideración propuestas como las siguientes:
1. Apoyar la propuesta de las organizaciones campesinas de una Reforma Agraria Integral acorde con los principios de soberanía, autonomía, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible. La restitución a las víctimas de tierras despojadas y abandonadas por razón del conflicto armado debe complementarse con una ambiciosa reforma transformadora de las estructuras agrarias que democraticen el acceso a la tierra y a los activos públicos para volverla productiva y que además implementen mecanismos eficaces para impedir o desactivar la acumulación desproporcionada de tierras en pocas manos. En este sentido, el acaparamiento de tierras productivas para la ganadería extensiva, que ocupa cerca de 39 millones de hectáreas no puede continuar siendo el obstáculo para el desarrollo y la expansión de las actividades agrícolas ni para el reasentamiento de millones de personas desplazadas y campesinos sin tierra que podrían contar de este modo con al menos un millón de nuevas unidades productivas, esenciales para asentar la paz en el campo colombiano. Revertir el acaparamiento y la escandalosa concentración de la tierra en Colombia es un gran reto para hacer sostenible la paz.
2. Otorgar un amplio espacio y pleno reconocimiento a la pequeña agricultura familiar y a lo producción local de alimentos para fortalecer el mercado local, con pleno apoyo, garantía de derechos y acceso a apoyo de recursos del Estado. En el modelo de desarrollo agropecuario y en las políticas públicas para el campo deben poder coexistir las políticas para la producción empresarial y agroindustrial a gran escala con la economía campesina y la agricultura familiar, sin que los espacios para la producción a gran escala se superpongan, se prioricen o desplacen sobre los espacios y el apoyo requerido para la producción campesina y la producción agrícola familiar y colectiva. Esto demanda implementar y fortalecer las Zonas de Reserva Campesina, los resguardos indígenas y los consejos comunitarios de las comunidades afrodescendientes, con amplio apoyo estatal para sus apuestas de desarrollo y sus planes de vida, que permitan la permanencia y retorno de estas poblaciones en sus territorios, en condiciones de vida dignas.
3. A pesar de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras contiene logros importantes para las víctimas que han sido objeto de despojo, avanzar hacia la paz en el campo requiere también reformular diversos aspectos nocivos contenidos en esta ley. La restitución debe ser efectiva y completa y no limitada, y debe eliminar la prioridad concedida a las empresas agroindustriales y las actividades mineras y extractivas para desarrollarse a costa de las tierras de los campesinos que reclaman su restitución. Más bien, las zonas de desarrollo empresarial o de expansión de la agroindustria deberían establecerse en las áreas aptas de grandes propiedades que aún no están cultivadas, manteniendo el Estado el control sobre las tierras con un criterio de defensa de la soberanía, de la seguridad alimentaria y de no extranjerización del dominio y control sobre los territorios. De este modo, una reforma a la ley de víctimas debe reconsiderar el contrato de uso que subordina los derechos de la víctima a los intereses de las empresas para continuar explotando la tierras despojadas en contra de los derechos de su legítimo reclamante, lo mismo que la insistencia en los derechos de superficie o la eliminación de la Unidad Agrícola Familiar, como medidas para seguir asegurando grandes extensiones de tierra para los beneficiarios de la locomotora minero-energética en desmedro de la pequeña economía campesina y la producción familiar de alimentos. La pequeña y mediana economía campesina, debe ser considerada como de interés público y utilidad social, y reconocerse su contribución al desarrollo económico, social y a la sostenibilidad del ambiente a través de políticas públicas y recursos que fortalezcan la producción de alimentos, la protección del medio ambiente, las fuentes de agua y los recursos naturales.
4. En vez de desmontar los tributos sobre las grandes empresas, descargando las cargas tributarias sobre las capas medias, el Estado colombiano, si de verdad quiere atacar las causas que han alimentado y reproducido los conflictos en el país, debe promover políticas tributarias progresivas que generen los ingresos suficientes para transformar las condiciones de miseria, exclusión , discriminación y falta de acceso a servicios y derechos esenciales en que se encuentran los pobladores de zonas rurales en el país. Dos tercios de la población rural colombiana permanecen en la miseria mientras el Gobierno plantea como justificación de los impuestos a los grandes ingresos que el país no necesita más recaudos. Para superar las grandes desigualdades y la marginación de la población rural proponemos una reforma tributaria verdaderamente progresiva que grave adecuadamente los grandes capitales, que establezca por fin un tributo sobre los dividendos y sobre pensiones elevadas, y sobre todo, que grave con una fiscalidad progresiva y elevada la ganadería extensiva, el acaparamiento especulativo de tierra ociosa, y la minería a cielo abierto, con el fin de atender los impactos sociales, ambientales y en incremento de la desigualdad que generan este tipo de actividades y con el fin de desincentivar la acumulación y concentración de la tierra en Colombia, una de las más elevadas en el mundo.
5. Igualmente, el Estado debe garantizar las condiciones para que los procesos de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas y afrodescendientes respete los genuinos intereses y derechos de estas comunidades, y les aseguren un control progresivo y acorde con sus pautas culturales y planes de vida, sobre el uso y disposición de los recursos naturales en sus territorios.
6. El mandato contenido en el artículo 149 de la Ley de Víctimas y restitución de tierras de que el Estado garantizará «La desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la Ley» sigue sin cumplirse. El paramilitarismo sigue expandiéndose y centralizando sus estructuras armadas. En Departamentos como Antioquia, Córdoba, Sucre y los demás departamentos del Caribe Colombiano y la Región Pacífica el control y dominio paramilitar de los Urabeños, los Rastrojos y otros grupos evidencia persistencia de nexos con las Fuerza Pública y falta de voluntad del Estado para desmantelar sus estructuras armadas, políticas, empresariales y de control de amplios renglones de la economía legal e ilegal en estas regiones. Sin este desmantelamiento efectivo, no sólo la paz no será posible, sino que la seguridad de las víctimas, los reclamantes de tierras y las poblaciones locales continuará deteriorándose y expresándose en asesinatos, desapariciones y destierros, poniendo en riesgo la implementación de la ley de víctima y el logro de la paz.
7. La construcción de la paz en el campo exige también que en la garantía de acceso a la tierra y a los derecho asociados se tenga en cuenta un explícito enfoque de género no sólo para reparar a las mujeres en términos de regresarlas a las condiciones anteriores marcadas por la discriminación y el desconocimiento de su derecho a la tierra , sino para trasformar las relaciones desiguales y patriarcales de las mujeres colombianas en relación a la tierra, a través de una reparación y medidas de redistribución para las mujeres rurales que reconozcan y superen los obstáculos estructurales que han afrontado las mujeres para el acceso a la tierra y su protección jurídica.
8. El dividendo de la paz y de la superación de la confrontación armada debe revertirse en una desmilitarización efectiva de la sociedad, y la reinversión de los recursos y esfuerzos destinados a la guerra en estrategias de desarrollo social, con énfasis en el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales, indígenas y afro. Debe además ser la ocasión para restablecer la democracia local, suprimiendo el control militar que sobre las poblaciones, la vida y derechos de las de las personas y el manejo y utilización de los recursos públicos, se viene practicando en las Zonas de Consolidación, en desmedro de la autonomía local y el respeto a la voluntad y las decisiones de las comunidades y autoridades locales. La práctica de empadronamientos, detenciones masivas y arbitrarias, judicializaciones y estigmatizaciones sin fundamento, persecución a líderes comunitarios, confinamientos, restricciones a la circulación de personas, alimentos, materiales de construcción, medicamentos y demás esenciales para las actividades diarias de las personas se han convertido en una práctica normalizada en estas zonas de consolidación, donde la autoridad ya no la ejercen los alcaldes sino los mandos militares, convirtiéndose en zonas donde no rige el Estado de Derecho. Sin el desmonte de esta subordinación de las comunidades al mando militar y la arbitrariedad sin control que se presenta en las Zonas de Consolidación Territorial, difícilmente los pobladores tendrán la confianza necesaria para creer en la voluntad de paz del Estado Colombiano.
9. Finalmente, la CCEEU demanda que todos los crímenes contra los derechos humanos perpetrados por los diferentes actores del conflicto armado en contra de los miembros de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas sean esclarecidos en el marco de los procesos acordados para superar el conflicto armado en Colombia, para que cuenten con las garantías suficientes de verdad, justicia, reparación y no repetición de estos crímenes. Los vínculos entre las estrategias de despojo de la tierra, de reconfiguración económica de los territorios y de dominación política en sobre amplias regiones del país, deben ser investigados como parte de la estrategia para esclarecer los crímenes contra millones de personas que fueron objeto de desplazamiento y otros miles de personas que fueron víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias, torturas y otros crímenes de lesa humanidad en contra de las poblaciones del campo, perpetrados en el contexto de la refundación del país impulsada por la estrategia paramilitar, con apoyo de autoridades y entidades estatales, que aún continúan en la impunidad, a pesar de su evidente responsabilidad en las estrategias del terrorismo estatal y paraestatal implementadas en las últimas décadas en contra de amplios sectores de la población civil en las zonas rurales y en los territorios afrocolombianos e indígenas.
Bogotá. 17 de Diciembre de 2012
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