La Unión Sindical obrera de la Industria del Petróleo -USO expresa su más enérgica protesta por la detención de 4 lideresas y 3 líderes sociales por parte de la Fiscalía General de la Nación. En mayo de 2016, julio de 2017 y febrero de 2018 las comunidades de Acacias y Castilla la Nueva (Meta) realizaron […]
La Unión Sindical obrera de la Industria del Petróleo -USO expresa su más enérgica protesta por la detención de 4 lideresas y 3 líderes sociales por parte de la Fiscalía General de la Nación.
En mayo de 2016, julio de 2017 y febrero de 2018 las comunidades de Acacias y Castilla la Nueva (Meta) realizaron movilizaciones para exigir a Ecopetrol la contratación de mano de obra en el área, pues revelaban que mientras en la región hay altos índices de desocupación la petrolera empleaba mano de obra de otras regiones del país y hasta del extranjero; igualmente denunciaban los incumplimientos de Ecopetrol en la inversión social acordada anteriormente con las comunidades.
Como ha sido costumbre de empresarios y gobernantes, en vez de dialogar para encontrar soluciones, les arrojaron las fuerzas del Esmad, cometiendo todo tipo de atropellos en viviendas, fincas y contra motos y vehículos de la comunidad, dejando decenas de heridos.
Este 10 de septiembre fueron capturadas por la policía la líder comunitaria Sandra Patricia Ruiz Riaño, de quien la policía dice: «inicio su actuar delictivo al estar como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda del Municipio de Acacias», no sabemos a qué horas se volvió delito presidir una organización comunitaria; también fueron detenidos el líder de los oficiales civiles y las mesas de concertación laboral, Flaminio Mendoza, también Jorge Hugo Sarmiento, José Fernando Barbosa Corredor, Doris Sánchez Sánchez, Gustavo Carrión, Nidia Janeth Martínez y Jessica Hernández Quevedo.
Según la fiscal, los detenidos hacen parte de «una banda criminal» que debe responder por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado en la modalidad de tentativa, terrorismo, violencia contra servidor público, constreñimiento ilegal, daño en bien ajeno, violación a la libertad de trabajo, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones, con lo cual se sobre-dimensionan intencionadamente los hechos con la intensión de castigar en forma extrema la inconformidad social.
Como se puede observar hay una desproporción evidente en los cargos que se imputan, además de que esta es una fiscalía cuestionable, toda vez que obedece a una estructura creada a través de un convenio con Ecopetrol llamada -EDA- «Estructura de apoyo de hidrocarburos», que funcionan en batallones militares y que terminan realizando investigaciones privadas, al servicio de la petrolera, que impactan arbitrariamente a comunidades ante sus reclamos; lo cual constituye un exabrupto judicial.
La USO exige al Fiscal Martínez Neira terminar con este sistema de justicia-espectáculo, que tiene un abierto carácter clasista, pues mientras caracterizados delincuentes de cuello blanco que deberían estar presos son designados en ministerios, Embajadas y organismos internacionales, para distraer estas realidades, judicializan la protesta social como una especie de escarnio público y de paso crear un ambiente de terror en el país.