Proyecto de Ley de Carrera Docente: La lucha contra un saco de grasa

El Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre se exhibe llano a las indicaciones que puedan surgir de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la cual ha suspendido la votación en general del proyecto y ha publicado las «Condiciones básicas para continuar la tramitación del Proyecto de Ley». Sin embargo, estos anuncios tienen una función engañosa y dilatadora, y el resultado esperado es la confusión, además de la merma de la confianza de los maestros y maestras en sus propias acciones. No obstante, aun con las últimas declaraciones de Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, respecto a «ir buscando salidas alternativas» al retiro del proyecto, el movimiento no ve atenuada su fuerza. Las bases docentes, el año pasado, ya tuvieron una experiencia en la cual se sobrepusieron a la dirigencia nacional más comprometida con el Gobierno de turno que con el gremio.

Por su parte, la prensa empresarial ha hecho la labor acostumbrada en este tipo de escenarios, desacreditando sistemáticamente la labor docente, tergiversado sus demandas, bloqueado la difusión de sus acciones y estableciendo conclusiones sobre el conflicto a partir de afirmaciones de agentes ajenos al profesorado. En toda esta campaña difamatoria han resonado opiniones referidas al incumplimiento de las expectativas propias del sistema escolar, responsabilizando al profesorado de ello. Ante este escenario, en muchos debates docentes, se reconoce que el fracaso del sistema escolar ha sido el factor que ha arrastrado a gran parte de sus actores a la frustración y al agobio, por lo cual éste debe ser revisado y transformado.

Una crisis que explota en la cara

Evaluación Docente, Jornada Escolar Completa, Subvención Escolar Preferencial, Agencia de Calidad y Superintendencia de educación, son algunos de los conceptos con los cuales la población partícipe del sistema escolar se ha familiarizado en los últimos años. Si bien, estos representan medidas gubernamentales destinadas al «fortalecimiento y mejora de la educación», parecen haber profundizado la precariedad y las tensiones al interior de las instituciones escolares, pues las relaciones sociales extendidas en su interior están marcadas por el agobio, la frustración, la sensación de encierro y la realización de acciones improductivas, arbitrarias y absurdas.

Todas las medidas, que hasta ahora intervienen en el quehacer escolar, han sido ineficaces para los propósitos con que se han justificado. Y, junto con ello, la inversión hecha para su implementación, sólo agrava el diagnóstico. Pero la institucionalidad y sus autoridades no ejercen autocrítica, pues cumplen con su propósito y función: reproducir los hábitos y procedimientos que garantizan la dominación de la mayoría de la población, a través del reforzamiento conductual y la difusión de interpretaciones de la realidad funcionales a la subyugación, y el lucro a partir de los subsidios estatales. Es en este contexto en que la figura del docente aparece como un agente ineficaz para lograr los fines del sistema educativo declarados por el Estado.

La inexistencia de una organización de docentes que promueva la generación de acciones y un discurso común en función de sus intereses de clase, o sea, como trabajadores miembros de la misma clase de la cual provienen los estudiantes con quienes laboran, ha desembocado en que no puedan emitir respuestas ante los ataques sistemáticos que sufren. El profesorado, en general, tampoco ha disputado espacios de decisión al interior de las instituciones escolares ni ha buscado articularse con estudiantes en la lucha por revertir imposiciones perjudiciales, tales como la Jornada Escolar Completa o el entrenamiento para rendir el SIMCE.

La ausencia del profesorado en el debate de los temas candentes del sistema escolar, el rol «consultivo» al que los relegó el Estatuto Docente y la inexistencia de una orgánica que propenda a la transformación de este escenario, es el contexto en que el Gobierno, junto a la clase política y un sector de organizaciones tecnocráticas, tales como «Educación 2020″ o «Elige Educar», intentan imponer el Proyecto de Ley de Carrera Profesional Docente en cuestión.

El Proyecto [aquí puedes leer un resumen]

El proyecto de ley establece un nuevo trato con los docentes donde prima la desconfianza hacia sus capacidades y su labor, generando un clima de vigilancia y sometimiento absolutamente insano para cualquier comunidad escolar. El gobierno y la clase política, junto con negar a la comunidad escolar la intervención en la política escolar en función de sus intereses, ha tomado al profesorado como chivo expiatorio para eludir sus propias contradicciones. Y, particularmente, la individualización de la evaluación obedece a este fin.

Uno de los elementos que caracterizan a este texto es la constitución de tramos de desarrollo profesional a los cuales los profesores podrán acceder como resultado de la rendición de pruebas disciplinares y la entrega de portafolios con la planificación de supuestas clases según el marco exigido por el Ministerio. A los profesores recién egresados que se mantengan por tres o cuatro años (en el caso de no haber tenido acompañamiento de un «mentor») en el grado de «principiante», sin pasar a algún tramo, serán desvinculados. En cuanto a los profesores en ejercicio al momento de ser aprobada la ley, que se mantengan en el tramo «inicial» por más de 9 años, es decir, por el período de dos evaluaciones, también deberán ser desvinculados.

Los supuestos aumentos de sueldo que se mencionan en el proyecto de ley son calculados a partir de situaciones extraordinarias, pues se han establecido para docentes con 30 años de antigüedad en el sistema subvencionado por el Estado y con 44 horas de contrato. Por cuanto, las asignaciones a percibir por el común de profesores serán mucho menores.

También, los maestros rechazan que buena parte de su salario estará determinado por la pertenencia a alguno de estos tramos, los cuales se presentan como metas y logros individuales dentro de una labor que es necesariamente colaborativa. De este modo, el Gobierno de Bachelet cumple con el ideario neoliberal de convertir al profesorado en un sector a disposición de asignaciones por desempeño individual, y así proyectar en la masa de estudiantes las conductas que están implicadas en ello para que sean, finalmente, naturalizadas y adoptadas por estos.

El proceso de evaluación y capacitación de profesores estará dirigido por el CPEIP, el cual operará como un «certificador» del desempeño docente y también de las instituciones privadas que operarán como contratistas del Ministerio de Educación en estas funciones, dando lugar a un nuevo nicho comercial al interior del sistema escolar.

Otro factor que contribuye al rechazo al proyecto legal es que no establece un aumento sustantivo de horas no lectivas, pues plantea que desde el 2016, las horas de trabajo podrán dividirse en la proporción de 70/30, es decir, 70% del tiempo en labores lectivas y el 30% de horas no lectivas. Si se considera que los profesores han exigido una proporción de 50/50 y actualmente existe una proporción de 25/75, el avance es prácticamente nulo.

Tal como ha afirmado Eduardo González Navarro, Director del Comunal Valparaíso del Colegio de Profesores y vocero del Movimiento por la Unidad Docente, la carrera docente que rija la trayectoria profesional del profesorado nacional debe:

– Ser universal vinculante, o sea, válida y obligatoria para los profesores del sector municipal y particular subvencionado, terminando con las injustas diferencias entre docentes de uno y otro.

– Centrarse en el ejercicio pedagógico colaborativo, que reconozca la docencia como una práctica dialógica-reflexiva e incluso transformadora;

– Asegurar estabilidad laboral;

– Garantizar óptimas condiciones de enseñanza (50-50 horas lectivas no lectivas, disminución de estudiantes por sala, etc.);

– Basarse en una estructura salarial con predominancia absoluta del sueldo base por sobre las bonificaciones variables y,

– Asegurar un retiro y jubilación digna.

Estos son algunos de los elementos que los profesores anhelan integrar en su Ley de Carrera Docente y que el lesivo proyecto no contiene.

Desmunicipalización

Además del proyecto al que nos hemos referido recientemente, hay otro, el de la desmunicipalización de la educación, el cual contempla la creación de un Servicio Nacional de Educación Pública que tendrá representaciones a través de los Servicios Locales de Educación (SLE), agrupados según «distritos escolares» enmarcados en comunas, provincias o regiones, según la cantidad de matriculados en el actual sistema. Específicamente, se estima que un SLE puede constituirse con un mínimo de 8 mil estudiantes matriculados y máximo de 200 establecimientos.

La exigua información con que cuenta la comunidad respecto a este plan es sintomático del secretismo predominante en su preparación. De acuerdo a una presentación del asesor de Eyzaguirre, Rodrigo Rocco, podemos informar que, si bien persistirán estamentos como las Secretarías Regionales de Educación y las Direcciones Provinciales, éstas tendrán un rol acreditador y fiscalizador, respectivamente, y la función administrativa la tendrán los SLE.

Los SLE recibirán los recursos correspondientes a las subvenciones por estudiantes matriculados en su distrito y su administración estará a cargo de un Director Ejecutivo, quien suscribirá un «convenio de desempeño» ante el Servicio Nacional con metas nacionales y locales. Los Directores de los SLE serán seleccionados por el sistema de Alta Dirección Pública y su cargo tendrá una vigencia de cinco años, renovables.

Dentro de los SLE tendrán lugar los Consejo Locales, compuestos por el alcalde y concejales; representantes de padres y apoderados; de universidades y CFT públicos; del GORE; de organizaciones de trabajadores y empresarios; y de las Uniones Comunales. Su función será las de asesorar al Director Ejecutivo y sus facultades serán las de realizar observaciones sobre el plan estratégico y su presupuesto, solicitar información sobre la gestión del SLE y pedir la remoción del Director Ejecutivo ante el Servicio Nacional.

Como se puede apreciar en la composición de este estamento, los actores que intervienen directamente en el ámbito escolar no tienen representación alguna y, aunque la tuvieran, no sería significativo por las facultades irrelevantes que el Consejo tiene. Los SLE no serán más que sucursales de un gran centro y su función estará normada por los mentados «convenios de desempeño», sin canales ni espacios para la participación vinculante de la comunidad afectada por el contenido de su programa.

La estructura descentralizada del nuevo «servicio» conserva el principio característico del Estado neoliberal: la subsidiariedad, a través de la cual continúa garantizándose el negocio con lo que debería ser un derecho, o sea, una garantía sobre la cual la población pueda decidir la manera más adecuada de ocuparla.

Un saco de grasa

Cuando la sociedad exige plasmar su voluntad en la política, la clase gobernante genera nuevos obstáculos para que los intereses de la mayoría no amenacen el control de los procesos y los pingües negocios a costa del erario público.

El ámbito educacional ha sido el área sobre el cual se han disputado sucesivas luchas, sin que sea suficiente la protesta y la movilización demostrada hasta ahora para alcanzar la conquista de una educación pública al servicio de la comunidad. La clase política adopta la técnica del «saco de grasa» que, al decir del periodista Ruperto Concha, ésta se muestra «capaz de absorber muchos golpes sin inmutarse, sin cambiar ni de forma ni de contenido, hasta que el que lo golpea se queda sin fuerzas y sin haber conseguido nada».

Pero no todo está dicho ni hecho, los sectores sociales que se han puesto en movimiento están conociendo sus propias capacidades y expandiéndolas. La masividad que ha alcanzado el paro docente y el paro de estudiantes de pedagogía representa un salto en la disposición a luchar, pero no es suficiente. Es urgente ampliar la organización hacia sectores hasta ahora dispersos y avanzar hacia una crítica radical del sistema escolar, es decir, desde su raíz. Esta será la única forma de sobreponerse a este abyecto «saco de grasa» en que ha devenido la clase política y sus instituciones.