Hace algunos años, en 2002, se celebró un seminario intitulado «¿Hacia dónde va el Estado colombiano?», convocado por diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos preocupadas por el rumbo que se estaba dando a la sociedad que ya entonces manifestaba la élite colombiana. Entre otras cosas, se decía: «…cuál puede ser el sentido de su concepción económica […]
Hace algunos años, en 2002, se celebró un seminario intitulado «¿Hacia dónde va el Estado colombiano?», convocado por diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos preocupadas por el rumbo que se estaba dando a la sociedad que ya entonces manifestaba la élite colombiana. Entre otras cosas, se decía: «…cuál puede ser el sentido de su concepción económica (la de Uribe Vélez) , y ahí existen rasgos preocupantes: el primero tiene que ver con una política asistencial. Esa política de asistencia está muy ligada a su noción de Estado comunitario, dicho en pocas palabras, la noción de Estado comunitario es un proyecto de Estado totalitario en el sentido de la filosofía política clásica.
Es decir, la absorción de la sociedad civil en el Estado, la subordinación del ciudadano a la razón de Estado, exactamente al propósito de guerra de este Estado bajo este gobierno…»[i]. Hoy, desde el otero de finales del año 2009 se puede decir, con mayor certeza, que la clase dirigente del país trata de construir un proyecto fascista para intentar resolver la grave crisis que afronta en todos los órdenes el modelo que se nos ha impuesto. Claro está, no es una iniciativa que haya surgido de manera autónoma de los think tanks oligárquicos colombianos. ¡No! Tiene el aval y el respaldo irrestrictos de los distintos gobiernos estadounidenses y europeos y, podría decirse, su control. Cuando hablamos de crisis, estamos hablando de la crisis interna colombiana, fijamente anclada a la crisis global del capitalismo. Y es bien sabido que las crisis capitalistas se intentan resolver mediante la guerra y la dictadura más brutal de la oligarquía contra las clases populares.
El proyecto fascista en Colombia no es un sueño de reciente factura. Es un viejo anhelo que ha venido acariciando la clase dominante del país. Desde siempre ha sido la violencia el expediente por medio del cual se ha intentado mantener el control de la sociedad colombiana, en especial a los sectores subordinados, víctimas de la miseria, el desempleo, la insalubridad, la corrupción y, por supuesto, la violencia institucional y parainstitucional del establishment.
El objetivo de esa violencia ha sido mantener la segregación social y económica de las mayorías nacionales, ampliar de forma impune las ganancias de los poderosos y entregar, con la mínima resistencia, el país y sus riquezas a las transnacionales y monopolios.
A pesar de esa violencia sistemática dirigida contra el pueblo, éste no ha permitido que se le acorrale. Más aún, continúa resistiendo, no cesa la lucha y se integran a ella nuevos destacamentos sociales y políticos que buscan la construcción de un país distinto al servicio de los más pobres.
Para aplastar las resistencias del pueblo colombiano se ha intentado en los últimos treinta años la implementación de diversos métodos: el primero, a través de una nueva Constitución mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que, al final, defeccionó por la posición asumida por sectores socialdemócratas que hicieron todo tipo de concesiones a los gobernantes de turno. A la vez que se producía la elección de ese órgano constituyente, se bombardeaba Casa Verde, lugar donde se desarrollaban diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP.
Como consecuencia, en el texto constitucional quedaron plasmados, de forma simbólica, los derechos fundamentales de los colombianos. Pero también, y de forma real, los derechos de la burguesía neoliberal que contaba con todo el respaldo del aparato represivo del Estado para imponer sus intereses. Aparato represivo legal e ilegal.
A la vez, con el uso de todas las herramientas de que dispone la clase dominante del país, la guerra contra las organizaciones populares continuó su curso. Las guerrillas golpearon duramente a la fuerza pública y obligó a que gobiernos posteriores reiniciaran diálogos de paz. Ellos se adelantaron en El Caguán, permitiendo que los sindicatos, las cooperativas, las juntas de Acción Comunal, en fin, todos los colombianos asistieran a las denominadas audiencias públicas en las que se hacían propuestas para salir de la crisis. Propuestas que fueron recogidas en los «Doce puntos del Caguán». Al ir avanzando y haciéndose extensiva a los más amplios sectores de colombianos la necesidad de construir la paz con justicia social, la burguesía colombiana, aupada por la embajada yanqui, se aterrorizó por los posibles cambios democráticos y populares exigidos por los colombianos e inició un proceso de reingeniería militar con asesoría del Comando Sur del Ejército nestadounidense.
Cualquier pretexto para romper los diálogos sería válido. Y lo encontraron. La captura y retención de un congresista por parte de las FARC-EP. La crisis económica, política, social, moral que sacudía al país intentó resolverse profundizando el modelo neoliberal acompañado de la sempiterna violencia contra de quienes reclamaban sus derechos. Se nos impone el Plan Colombia y sus demás variables con el pretexto de combatir el narcotráfico y luego, además, el terrorismo, entendido éste como las luchas de los pueblos por su soberanía e independencia.
Un elemento perturbador hizo su incursión en los años setenta en el país: el narcotráfico. Su poder económico permitió cooptar a diversos estamentos de la burguesía tradicional, a terratenientes y políticos locales. El narcotráfico oxigenó económica y políticamente a la burguesía que se hallaba en crisis. En una fusión histórica-natural de clase, esta alianza creyó encontrar el momento para aplastar las resistencias del movimiento popular, en especial, a la insurgencia fariana. Plan Colombia, ejército repotenciado, paramilitarismo sin freno, izquierda golpeada, imperialismo en crisis fueron los ingredientes que definieron el nuevo paso. Construir una alianza «narcoterrateniente-paramilitar-financiera» al frente de la cual estuviera alguien de su plena confianza.
Ese alguien no era otro que el señor Álvaro Uribe Vélez. Personaje oriundo de Antioquia, ex senador de la República, ex alcalde de Medellín, ex director de la aerocivil, ex gobernador de Antioquia y colaborador cercano de Pablo Escobar Gaviria [ii]. Ya antes, en un libro escrito por el periodista Fabio Castillo, se mencionaba el nombre del senador Álvaro Uribe Vélez como uno de los jinetes de la cocaína [iii]. Posteriormente aparecen otros textos reveladores de la oscura procedencia del actual presidente de Colombia [iv]. Siendo candidato propone su «Manifiesto democrático» o «Los cien puntos de Uribe». En el punto cuatro de ese Manifiesto se lee: «4. Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la politiquería. Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, gigante en politiquería y avaro en lo social [v]» Recordando lo escrito por el profesor Alexander Galkin acerca del fascismo, éste nos advierte: ¿Por qué la clase dominante se inclina por Álvaro Uribe Vélez? Ante todo, porque Uribe y su grupo «empleaban inteligentemente la demagogia social y porque siendo un partido que personificaba los intereses de los militaristas, los grandes industriales y los terratenientes, sabía presentarse como defensor de las aspiraciones de la gente común [vi]»
No obstante, una vez en el poder, todas las promesas fueron rotas y las aspiraciones de la lucha contra la corrupción o las del incremento de los gastos sociales se fueron esfumando por las prácticas contrarias que adelanta el actual régimen. La corrupción ha alcanzado los máximos niveles del Estado como nunca antes; el gasto social se ha reducido al mínimo a cambio de mayor presupuesto para la guerra; las obligaciones del Estado se reducen a la asistencia populista y la democracia se practica para mafiosos, corruptos, paramilitares, banqueros, terratenientes y se reduce a los sectores populares, para los cuales, la cárcel, la desaparición, la tortura y el asesinato son el pan cotidiano.
Con todo lo dicho, la pretensión fascista no se halla consolidada. No se ha podido uniformar ni ideológica ni políticamente a toda la población alrededor de las banderas del Estado Comunitario propuesto por Uribe. Los medios de comunicación de masas hacen esfuerzos descomunales para tratar de conseguir un consenso alrededor de Uribe y su política de exterminio y aniquilamiento de la disidencia. Para ello utilizan los métodos del Rendon Group y su guerra psicológica o guerra de cuarta generación. Con la anuencia de esos medios de comunicación, sectores de la reserva militar fundamentalmente, se han dedicado a agredir a quienes se oponen a Uribe a través de los correos electrónicos y de los espacios correspondientes de periódicos, noticieros y revistas. Uno de los casos más relevantes es el de la senadora Piedad Córdoba.
Contra ella se han desatado todo tipo de infamias y hasta groseras obscenidades propias de militares de baja estofa contratados para tal fin. Esas prácticas persiguen, por lo menos, dos objetivos. El primero, hacer creer que están vigilantes, que se encuentran en todas partes y que nadie está exento de vigilancia. El segundo, consecuencia del anterior, intimidar. Esos medios se han encargado de maximalizar las actuaciones gubernamentales o esconder o desdibujar a los adversarios del régimen. Los crímenes cometidos por los amanuenses gubernamentales se desvirtúan, se ocultan o se ponen ante el imaginario como algo justo o hecho en beneficio del colectivo. Hay que recordar el caso de la masacre de Cajamarca, en la que fue asesinado un niño de seis meses por las tropas de la sexta brigada allí acantonadas. El presidente Uribe salió en defensa de los militares implicados en ese crimen además de condecorarlos en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Hoy, la justicia ha condenado a los asesinos pero el «señor» presidente ha guardado silencio y nunca pidió disculpas a los familiares de las víctimas. Los medios tampoco reclamaron por esa mudez oficial.
Sin embargo, es creciente el número de colombianos que rechazan la política que se adelanta en el país. Los cañeros, la minga indígena y social, los estudiantes, los trabajadores de la Drummond, los campesinos y la propia guerrilla incrementan su resistencia y accionar. Para contrarrestar este fenómeno, el gobierno ha implementado una política de carácter populista. Familias en acción, almuerzos calientes, familias guardabosques, etc. Con migajas ha intentado atraer para sus fines sectores muy pobres de la población, gente desclasada que en un momento determinado pudiera jugar como masa de contención a las luchas sociales por venir. El fascismo necesita de esta población que, sin nada qué perder, es cooptada y puesta al lado de los intereses de la burguesía militarista y fascista. Con esa pretensión se ha decretado incrementar el número de «beneficiados» de estos «programas» del gobierno sin ampliar el presupuesto para los mismos.
Simultáneamente, se están construyendo organizaciones de indígenas, de campesinos y de obreros para dividir a las organizaciones ya existentes y para consolidar su proyecto fascista. Cuentan, además, el presidente y sus áulicos con el respaldo de un sector de la Iglesia Católica y de otros sectores de iglesias evangélicas que han contribuido a la formación de la OPIC, Organización de Pueblos Indígenas de Colombia. Para uniformar a la población alrededor del gran líder se ha desatado una brutal campaña chovinista en contra, especialmente, de la Venezuela bolivariana y de su presidente Chávez. Todos los problemas que se generan por la errática política exterior son endilgados a ese país y a su gobierno. Chávez ha sido demonizado y su ejemplo no puede cundir entre los colombianos. Lo mismo ocurre con Piedad Córdoba, la guerrilla, Rafael Correa, Evo Morales o Daniel Ortega. Aprovechando esos factores, se instalan en el territorio colombiano siete bases militares yanquis con el objetivo explícito e implícito de agredir a los pueblos que se están zafando de la coyunda imperial-oligárquica impuesta mediante la violencia, el engaño y la traición.
Por último, uno de los elementos que se hacen indispensables para consolidar un proyecto fascista es apuntalar un partido con unidad de criterios, de acción e ideológicamente unificado. Hasta ahora los ensayos no le han resultado a la clase dominante. Alrededor de Uribe se hallan vividores, parásitos, asesinos, torturadores, mafiosos y corruptos a los que uneN sólo intereses muy particulares, sin identidad absoluta con su jefe. No obstante continuarán haciendo esfuerzos para llevar adelante su empresa.
Entre tanto, los colombianos humildes, los campesinos, los obreros, los estudiantes, las amas de casa, los profesionales honestos, los militares patriotas, el pueblo en general, debemos construir nuestra propia alternativa. Ella debe basarse en la auténtica soberanía nacional, la independencia del país; reformas agraria y urbana integrales; empleo digno para los colombianos; nacionalización de los recursos naturales, castigo a paramilitares y sus determinadores; regreso con todas las garantías a los campesinos despojados por los terratenientes y paramilitares de sus tierras. Lo anterior debe ser discutido y aprobado en una Asamblea Popular Constituyente y ratificado por el pueblo colombiano en un referéndum convocado para tal fin. Expresamos nuestro más absoluto sentimiento de solidaridad con el pueblo y el gobierno bolivariano de Venezuela, objeto de agresiones imperiales a través de lacayunas oligarquías como la colombiana.