Ecovalor busca establecer buenas prácticas productivas a partir de la valoración económica de los servicios ecosistémicos.
Valorizar desde una dimensión económica los bienes y servicios ambientales que brindan los ecosistemas y aplicarlos en el sector productivo y las áreas protegidas son objetivos del proyecto de colaboración internacional Ecovalor, desarrollado en varias provincias cubanas.
La iniciativa, que incorpora consideraciones ambientales múltiples y sus implicaciones económicas en los paisajes, bosques y sectores productivos en Cuba, cuenta con financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y la implementa el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“El proyecto busca generar beneficios ambientales, con la implementación de mecanismos económicos y financieros que tomen en cuenta los servicios ecosistémicos y sus implicaciones económicas”, explicó a la prensa la coordinadora Juliett González, a propósito del aniversario 92 de las áreas protegidas en la nación caribeña.
Ecovalor tiene intervenciones en cinco provincias cubanas: Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Las Tunas y Holguín. Además, en 30 municipios costeros, excepto en Matanzas, donde se trabaja en la totalidad de la provincia.
Paralelamente, incorpora acciones en varios sectores productivos, entre ellos, hidrocarburos, pesca, agroforestal y turismo.
De acuerdo con González, del Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP), también involucra a otras instituciones y organismos, como los ministerios de Finanzas y Precios y el de Economía y Planificación, el Banco Central, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, universidades, centros de investigación y el Acuario Nacional de Cuba.
El proyecto, dijo, busca establecer buenas prácticas productivas a partir de la valoración económica de los servicios ecosistémicos en cada uno de dichos sectores.
Según aclaró, esos servicios son aquellos que brinda la naturaleza y son útiles a los seres humanos, por ejemplo, la polinización, y se dividen en varias categorías: de provisión de alimentos, regulación, soporte, por ser hábitat de especies. Además, la categoría cultural incluye los servicios recreativos y las tradiciones.
Del dicho al hecho
Ecovalor, puntualizó la coordinadora, incorpora estos conceptos en las políticas de cada uno de los sectores para que tengan una base legal, para lo cual se están actualizando o estableciendo metodologías que los tienen en cuenta.
A su vez, el proyecto se enfoca en identificar e implementar buenas prácticas productivas en algunos sectores, tratando de generar beneficios ambientales, a partir de la identificación e implementación de mecanismos económicos y financieros.
Iniciado en 2018 y con una duración de seis años, la iniciativa se basa en un fuerte trabajo de capacitación, que primero incluyó conceptos y temas incipientes en Cuba, así como una campaña de visibilidad en las redes sociales, sobre todo en Twitter.
Más allá de las áreas protegidas, la valoración económica de los servicios ecosistémicos se inserta en el marco legal de muchos sectores, por ejemplo, en la Ley de Medio Ambiente y en políticas, leyes y resoluciones aprobadas en 2021 para el sector agrícola.
De acuerdo con González, en acciones prácticas en el norte Villa Clara, donde se realizan actividades económicas como la pesca en áreas protegidas, resulta difícil lograr un equilibrio de la explotación con la conservación.
Allí, Ecovalor contribuyó a instalar granjas para el cultivo de ostiones, cerca de los manglares, para que puedan cosecharse desde los tendales y no de las raíces del manglar, en “una práctica productiva sostenible dentro de las áreas protegidas”, apuntó.
Áreas protegidas
Aprobadas y con reconocimiento internacional, en Cuba existen hoy seis Reservas de la Biosfera (Guanahacabibes, Sierra del Rosario, Ciénaga de Zapata, Buena Vista, Baconao y Cuchillas del Toa), dijo a la prensa Augusto de Jesús Martínez Zorrilla, jefe del Departamento de planificación del CNAP.
Los humedales de importancia internacional son Ciénaga de Zapata, Buena vista, la Ciénaga de la Miel y el sur de la Isla de la Juventud, el gran humedal del norte de Ciego de Ávila, los ríos Máximo y Cagüey, además del delta del Cauto.
Se suman dos Áreas de Patrimonio Mundial de la Humanidad: el Parque Nacional Desembarco del Granma y el Parque Nacional Alejandro de Humboldt.
Al concluir el tercer Plan del Sistema de Áreas Protegidas, en 2020, en el territorio nacional quedaron identificados 215 de estos espacios. En total, representan el 21,26 % de la superficie del país, de ella, el 17,91 % de la terrestre y 26,69 % de la marina, que incluye la llamada plataforma insular.