En 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que se celebre el 9 de agosto, como el día internacional de los pueblos indígenas. Este año, la temática central se plantea alrededor de la COVID-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas. En nuestra América, la región sobre la que están puestos los ojos es la Amazonía, esto debido a la falta de goce efectivo de derechos de sus habitantes, el impacto que ha tenido allí la pandemia y la gran cantidad de pueblos indígenas que están en alto riesgo.
La triple frontera Brasil – Colombia – Perú, es uno de los principales centros del virus en Latinoamérica. A principios de abril, se detectó el primer caso de COVID-19 en Tabatinga al otro lado de la frontera con Leticia. Por esos días ya se hablaba de personas enfermas en otras localidades de la Amazonía brasileña y de más de 130 casos en Iquitos, Perú. Hoy, en el Estado de Amazonas (Brasil) los contagios confirmados llegan a 107 mil y las muertes a 3.359 y recientemente se indicó que el 93 % de la población de Iquitos pudo haberse contagiado con el nuevo coronavirus, esto es 384.000 personas. En el departamento colombiano de Amazonas se cuenta con 2.584 casos y 104 fallecidos, siendo la entidad territorial con más muertes (1.267) y contagios (31.428) por millón de habitantes, adicional a esto, el virus se expande rápidamente en Putumayo y Caquetá. Debe recordarse que en la Amazonía colombiana habitan 65 pueblos y un total de 168.572 indígenas.
La emergencia generada por el nuevo coronavirus se extiende a toda la Panamazonía, lo que significa una tragedia para los pueblos indígenas. En efecto, en la cuenca amazónica se presentan a 4 de agosto de 2020, 34.598 casos de COVID-19 confirmados en indígenas y 1.251 fallecidos. Son aproximadamente 212 pueblos indígenas en los que se encuentra la enfermedad.
La pandemia ha llevado a mirar nuevamente hacia la Amazonía y con ello a los pueblos indígenas, a las formas en que se ha construido (y destruido) desde los centros de poder, desde las metrópolis, el territorio amazónico. En un evento que indagó por los derechos de los indígenas de esta región, el profesor Carlos Frederico Mares señalaba que la cuestión amazónica hoy para los pueblos indígenas en Brasil, y tal vez en toda la región, es muy semejante a como era en el siglo XVI, pues conserva el horror del proceso colonial: la mentira y la violencia, como forma de destruir la naturaleza y las gentes de la naturaleza, los pueblos indígenas, para dar paso al extractivismo profundo. Por su parte, el investigador Fernando Fierro de la Fundación Gaia Amazonas indicó que el relacionamiento entre las sociedades indígenas y las no indígenas, ha sido percibido por las primeras como una enfermedad, donde la COVID-19 es un síntoma más de ésta, afección que tiene como referentes trágicos las mal llamadas bonanzas, que fueron formas de destruir la región, tanto o más mortíferas como lo es hoy la pandemia. En la misma línea, la académica peruana Raquel Yrigoyen, sostuvo en ese espacio que estamos en un tercer ciclo de invasión a los pueblos indígenas, que tiene como punto de origen el Consenso de Washington y está determinado por el extractivismo, es un periodo en el que los pueblos logran la consagración en instrumentos internacionales y en jurisprudencia regional de sus derechos y se despliega el ecoconstitucionalismo con la Carta ecuatoriana de 2008 y la jurisprudencia que reconoce ecosistemas como sujetos de derechos, pero en el que a nivel interno en los países se avanza en legislación extractivista que desconoce derechos a los pueblos originarios.
La COVID-19 agrava y agudiza la difícil situación, el histórico abandono, la exclusión y discriminación, que viven los pueblos indígenas amazónicos, la falta de garantía de sus derechos, especialmente, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como derechos étnicos y territoriales. Las medidas adoptadas por los Estados en no pocos casos profundizan las violaciones y tienen repercusiones negativas: la militarización de la selva y de los ríos, la distorsión del proceso y virtualización de las consultas previas, la falta de participación en la formulación y adopción de estrategias y políticas de contención del virus (las cuales muchas veces no tienen pertinencia cultural ni enfoque étnico situado), el desconocimiento a la autoidentificación, las limitaciones a la libre locomoción y el cierre de fronteras, entre otros, son ejemplos de políticas estatales que vulneran derechos a estos pueblos.
Que el día internacional de los pueblos indígenas y la pandemia permitan dar un giro al relacionamiento con la región, así como a las naciones ancestrales que la habitan, avanzar en la garantía de sus derechos, en su reconocimiento como autoridades de sus territorios, al igual que en la protección socioambiental de la Panamazonía.
Freddy Ordóñez Gómez. Investigador de ILSA, integrante de Historia, Ambiente y Política (Grupo A1 Colciencias) y de Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos (GT – CLACSO)
Twitter: @Freddy_Ordonez