Fue esta una pregunta ampliamente debatida entre profesionales participantes en un foro organizado esta semana por el Centro de Estudios de la Economía Cubana.
La respuesta más simple a esa interrogante es sí. La política fiscal es una de las varias políticas macroeconómicas y está referida al manejo de los Estados de sus ingresos y gastos, a través del régimen tributario (los impuestos) y gasto público. Como cualquier otra política macroeconómica, produce impactos diferenciados en la población atendiendo a la propia heterogeneidad social. El manejo del gasto público resulta clave para la provisión de servicios básicos a la población, generar infraestructura, crear empleos, entre otros importantes aspectos.
Tras este primer acercamiento a la política fiscal, varias preguntas emergen en el diálogo:
¿Está siendo efectiva la política fiscal en América Latina y el Caribe para el logro de la equidad social?
La política fiscal tiene un potencial de captación y redistribución de ingresos a partir de la política tributaria, a partir de cobrar impuestos más elevados a la población en estratos de mayores ingresos, y aquellos que acumulan riquezas. Así, los regímenes tributarios deberían ser progresivos. Lo que ocurre hoy en América Latina y el Caribe, es que más de la mitad de la recaudación proviene de impuestos al consumo, que representan más de ocho veces lo que se recauda por impuestos directos sobre las propiedades que suelen concentrarse en los sectores más ricos de la población [1]. Los impuestos al consumo afectan proporcionalmente más a la población de más bajos ingresos, quienes destinan buena parte de estos a los bienes y servicios básicos.
¿Es esta una problemática para Cuba?
Si bien en Cuba no existe un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) tal cual se conoce en muchos países del mundo, sí existe en la red de Tiendas Recaudadoras de Divisas un «margen comercial» que puede hasta duplicar el costo de los productos y que afecta mayoritariamente a las personas de más bajos ingresos. Entre ellas, algunos pensionados, beneficiarios de la asistencia social, y otros. Los mercados en Cuba tienen una amplia segmentación. Existen espacios subsidiados como los alimentos que se reciben por la libreta de abastecimiento, pero que no resultan suficientes ni en cantidad ni en variedad. Para satisfacer el consumo de alimentos y otros bienes, la población debe enfrentar otros espacios de mercado con precios sustancialmente superiores, entre ellos las TRD.
¿Están siendo efectivos los incentivos fiscales en América Latina y el Caribe?
Estos incentivos pueden tener múltiples objetivos: «incentivar el ahorro y la inversión, promover o desincentivar la producción o el consumo de ciertos bienes, estimular el empleo, entre otros» [2]. El uso de estos instrumentos conlleva a una disminución de la recaudación de los estados, y se considera como gasto tributario. Este gasto en los países de América Latina y el Caribe supera por lo general 2 por ciento del PIB, llegando hasta un 6 por ciento en algunos países. El gasto público en salud en 2017 era como promedio un 2,2 por ciento del PIB. Vale la pena evaluar la efectividad del gasto, ya que con la recaudación potencial podría incrementarse considerablemente el gasto en salud en la región.
Una parte de estos gastos tributarios proviene específicamente de incentivos fiscales a las empresas. La experiencia indica que existen múltiples razones que llevan a las empresas a invertir, más allá del sistema tributario. En otras palabras, la rebaja o exención de impuestos no es el elemento que más motiva a los inversionistas.
¿Es este un debate para Cuba?
En términos de incentivos, los que más atraen la inversión extranjera directa en Cuba están vinculados con la seguridad personal que ofrece el país, la estabilidad política, el nivel educacional de la fuerza de trabajo, y los que menos, el dilatado proceso de aprobación, y la excesiva burocracia, entre otros. A pesar de que las exenciones fiscales no aparecen entre los mayores estímulos, el país cuenta con una Ley de Inversión Extranjera de 2014, que emplea como parte de los incentivos, importantes privilegios fiscales, que son superiores para las Zonas Especiales de Desarrollo.
Existe conciencia de la necesidad de incrementar la IED en el país. Sin embargo, uno de los mayores problemas que enfrenta hoy la economía es la disyuntiva que se genera a partir de que varias empresas extranjeras producen para el mercado doméstico, y generan utilidades en monedas diferentes a las que deben ser pagados los dividendos (CUC y CUP, vs. pagos en divisas).
Vale la pena reflexionar sobre la necesidad de direccionar los incentivos fiscales a las inversiones cuyo destino sea la exportación, en aras de expandir los ingresos externos de los que está urgido el país hoy.
Notas:
[1] OXFAM Internacional (2015): «Privilegios que niegan derechos», www.oxfam.org
[2] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y OXFAM Internacional (2019): «Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe», Documentos de Proyectos, Santiago de Chile.
Betsy Anaya es directora del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC)