A dos años y medio del proceso de paz en La Habana, los guerrilleros en Colombia continúan muriendo asesinados, o en las cárceles como consecuencia de la indolencia oficial; y aunque es cierto que nuestra lucha lleva implícito el riesgo de morir, una cosa es caer en combate y otra ser asesinado cuando las tropas […]
A dos años y medio del proceso de paz en La Habana, los guerrilleros en Colombia continúan muriendo asesinados, o en las cárceles como consecuencia de la indolencia oficial; y aunque es cierto que nuestra lucha lleva implícito el riesgo de morir, una cosa es caer en combate y otra ser asesinado cuando las tropas oficiales avanzan sobre seguras que no corren riesgo porque la contraparte ha decretado un cese al fuego; o morir por inasistencia hospitalaria en los pudrideros humanos que el Estado tiene por cárceles.
Se acentúa la convicción entre nosotros, al conocer las denuncias llegadas de más de cien centros de reclusión que, a la pena de privación de la libertad se le agrega la desidia e indolencia estatal frente a los dolores por enfermedad, lesiones permanentes, mutilaciones y heridas de guerra sufridas en el momento de la captura. El descuido en la salud del combatiente prisionero se convierte en otro castigo, por haberse atrevido a enfrentar con las armas al Estado. Nadie del Gobierno responde o se conmueve ante los padecimientos de los prisioneros. Es la falta de humanidad de un régimen que de dientes para fuera habla de derechos humanos, mientras desarrolla una abierta violación sistemática de los mismos.
En las cárceles, como en todo el país, la esperanza de la Paz que se va tejiendo ciclo a ciclo aquí en La Habana, genera gran expectación. Y sin embargo, pese a los avances logrados, hasta ahora no ha sido posible que el gobierno tome medida alguna para aliviar la situación de los prisioneros de guerra y políticos.
Son alrededor de diez mil presos políticos, los que testifican la existencia de un régimen político excluyente, represivo e intolerante con la movilización social y la oposición política de izquierda.
Mantenidos en inhumanas condiciones de hacinamiento, en el caso de los guerrilleros la situación se hace mucho más dramática por la persecución y represión de que son objeto por parte del INPEC; a lo que se agrega en muchos casos los padecimientos de hombres y mujeres capturados en combate, heridos o mutilados, cuyas condiciones de salud no son compatibles con la reclusión, pero a los cuales se les niega cualquier tipo de beneficio al que tengan derecho, lo que ha llevado a que muchos de nuestros camaradas mueran como consecuencia de la indolencia oficial.
En los últimos 10 meses han muerto en prisión los guerrilleros Ramón Emilio Mallarino, en la cárcel de Combita; Jaime Alberto Aroca Ducuara, en la cárcel de Villavicencio; Alexander Giraldo Parra, cárcel de Doña Juana; Luis Carlos Riascos, en la cárcel de Jamundí, Diomer Martínez, recientemente en la cárcel de Acacias; Jesús María Velandia León, campesino acusado de rebelión.
Pese a que esta situación ha venido siendo planteada a los voceros del gobierno en los intercambios sobre desescalamiento del conflicto y de sus manifestaciones de buena voluntad para encontrar solución a la problemática planteada, lo cierto es que hasta el momento no se han tomado medidas efectivas y por esa razón queremos alertar a la opinión pública y hacer responsable al Estado por lo que pueda suceder con el estado de salud de los camaradas Félix Gonzáles Gallego, con TD: 6635; Carlos Andrés Morales Martínez, con TD: 10995; Jair Vega Oviedo, con TD: 11672, capturado el año pasado herido con 5 impactos de fusil; Aris Alberto Carrillo Pinto, en La Tramacúa; Oscar Elías Tordecillas, quien padece de ceguera en La Tramacúa; Tomás Antonio Escobar Garcia, en Tramacúa.
Según nuestros informes, en este momento, son 210 guerrilleros de las FARC-EP enfermos en las cárceles colombianas.
Además de las razones legales y humanitarias que obligan al Estado a garantizar condiciones dignas de reclusión y asistencia sanitaria para todos los prisioneros; el Gobierno Nacional, en atención al principio de reciprocidad con relación a los gestos de desescalamiento del conflicto, debe sopesar la situación que estamos denunciando para evitar que sigan muriendo prisioneros; pero además, como un acto de justicia, iniciar la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP, restableciendo el delito político y sus conexidades.