Después de quince años de silencio, el ex- Ministro del Trabajo y de Minería de la dictadura, José Piñera Echenique, concurrió desde Washington para conceder una entrevista a CNN Chile, con el fin de defender a su hermano Sebastián. En ella, afirma que sólo la grave enfermedad de la ex Ministra Mónica Madariaga puede explicar […]
Después de quince años de silencio, el ex- Ministro del Trabajo y de Minería de la dictadura, José Piñera Echenique, concurrió desde Washington para conceder una entrevista a CNN Chile, con el fin de defender a su hermano Sebastián.
En ella, afirma que sólo la grave enfermedad de la ex Ministra Mónica Madariaga puede explicar que haya cometido tres errores de hecho en una misma frase: afirmar que él era Ministro en 1982; que en esa condición había intercedido ante ella y que Sebastián Piñera había estado en la cárcel.
Para no ser menos, en la misma entrevista José Piñera se despachó tres equivocaciones de envergadura equivalente: a) atribuir el colapso del Banco de Talca a la crisis económica de 1982, y ésta, a la crisis mexicana y a la devaluación del peso; b) sostener que su hermano fue perseguido por la «predisposición personal» de un juez, «en un sistema penal arcaico, injusto y anacrónico», y c) afirmar que la Corte Suprema decretó por unanimidad la inocencia de Sebastián Piñera.
Sobre el primer punto, cabe recordar que la intervención del Banco de Talca se produjo en noviembre de 1981, y que ésta prefiguró el patrón de conducta que conduciría a la intervención de la banca y al colapso de los grupos financieros en enero de 1983. La devaluación del peso y la crisis mexicana influyeron, pero sólo como efectos desencadenantes. Las verdaderas razones de la crisis se encuentran en conductas parecidas a las que perpetró Sebastián Piñera en el Banco de Talca: captar dineros del público y prestárselos a empresas relacionadas, o crear empresas ficticias para blanquear pasivos, entre un vasto repertorio de trucos y trampas posibilitado por la desregulación financiera.
No es accesorio recordar que la crisis de 1982-83 causó pérdidas netas al país por unos siete mil millones de dólares, y que en virtud del traspaso de la deuda generada por la banca privada al Estado, esa cuenta todavía la estamos pagando. Enseguida, el sistema penal podrá haber sido arcaico, injusto y anacrónico, pero regía para todos los ciudadanos, sin excepción. Entre las facultades del juez, estaba la detención del inculpado mientras durara la etapa de investigación, atribución que conservan los jueces de garantía en el nuevo sistema penal. Tercero, José Piñera será economista pero no puede ignorar que un recurso de amparo no conduce a la inocencia, sino todo lo más, a la existencia de algún vicio procesal o de algún procedimiento administrativo que lesione alguna garantía constitucional.
Si Sebastián Piñera quería demostrar su inocencia, el camino adecuado era la apelación al auto de procesamiento, y no impedir la investigación, como es la consecuencia de un recurso de amparo, que por lo demás está previsto para otros fines.
Sobre recursos de amparo
Sobre ese aspecto, las omisiones de José Piñera son aún más graves que sus errores. En primer lugar, nada dice de las presiones sobre la Corte Suprema, mencionadas por varias fuentes distintas de Mónica Madariaga. Luego, así como una Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de amparo, con los mismos fundamentos una Sala de la Corte de Apelaciones lo había rechazado 48 horas antes. Luego, al fallar un amparo, los ministros de tribunales superiores no se pronuncian sobre el fondo del asunto, sobre el que sólo conocen una somera descripción del relator. Sólo de esa manera se puede explicar la caprichosa redacción del fallo de la Sala de Corte Suprema, en cuanto a que «por ahora» no se acreditaban hechos con características de delitos ni quedaba probado perjuicio económico contra el Banco de Talca.
El hecho de que el proceso de primera instancia haya concluido en sentencia condenatoria y que la intervención del Banco de Talca haya sido ordenada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, priva de todo sustento lógico a la resolución de la Corte Suprema.
Pero, en lo fundamental, José Piñera omitió que a la fecha de acogida del recurso de amparo de Sebastián Piñera Echenique, acusado de un delito económico, esos mismos tribunales habían rechazado, de modo casi invariable, miles de recursos de amparo que buscaban proteger la vida, la integridad y la libertad de detenidos desaparecidos, exiliados y presos políticos, por el solo «delito» de pensar distinto a lo que entonces y ahora representa José Piñera Echeñique.
En consecuencia, que hoy acuse una «persecución» contra Sebastián Piñera, que por entonces disponía, como todavía lo hace, de considerables influencias, explícitas como el dinero e implícitas como las relaciones familiares y el lobby, es una falta de respeto para la inconmensurable deuda que el sector político y social de los hermanos Piñera mantiene no sólo con las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y sus familias, sino con más de tres décadas de la historia de Chile.
Antecedentes irrefutables
En otra arista de la estrategia de contención de los daños que le ha provocado la plétora de antecedentes sobre el dudoso honor de haber contribuido a hundir el Banco de Talca, Sebastián Piñera ha dado numerosas entrevistas a diversos programas de canales de televisión. En una de ellas, consultado respecto de si conocía la orden de arresto respondió: «Lo sabía, pero yo consideraba que esa orden era absolutamente arbitraria, ilegal e injusta. Lo que yo hice fue no rehuir la justicia, todo lo contrario recurrí de inmediato a la Justicia y el fallo de la Justicia decretó mi inocencia», para inmediatamente insistir: «yo pensé siempre que la orden de sometimiento a proceso era arbitraria y era ilegal, por eso en lugar de rehuir la Justicia, busqué protección y amparo en la Justicia».
Repetido como un mantra a través de la alucinante caja de resonancia del actual sistema mediático, el argumento busca hacerse carne en el imaginario colectivo, cuestión que puede lograr, en la medida en que el ciudadano de a pie carezca de antecedentes para contrastarlo.
De ahí el valor de las revelaciones de los escasos medios de comunicación que están luchando contra la gigantesca operación que pretende suprimir las conexiones existentes entre la defraudación al Banco de Talca, que coincide con la fase de acumulación originaria del hoy candidato derechista, con las consecuencias que puede tener su instalación en la más alta magistratura de la República. De ahí la importancia de que los chilenos saquen sus propias conclusiones, con base en antecedentes emanados del proceso mismo, sin la interesada mediación de la prensa de mercado.
Delitos de cuello blanco
Para ese efecto, es clave el parte 1746, que rola a fojas 50 del proceso 99.971-6, de fecha 12 de julio de 1982, que suministra al juez los resultados de la investigación de la Brigada de Investigación de Delitos Económicos, suscrito por el Subcomisario Víctor Silva Lara y el Inspector Marcelo Henríquez Fuentes.
El informe plantea que el día anterior a la fecha de la intervención del Banco de Talca, ordenada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras el 2 de noviembre de 1981, el Banco de Talca, publicó sus estados de resultados, que simulaban una absoluta normalidad, en el diario La Mañana de Talca. Así, el banco declaró un capital de 1.579 millones de pesos, equivalentes a cuarenta millones de dólares de la época; depósitos del público de 30.015 millones de pesos, alrededor de 800 millones de dólares, y colocaciones o préstamos por 27.610 millones de pesos.
Con ese sólo acto, el directorio y la dirección ejecutiva del banco ya estaban infringiendo numerosos artículos de la Ley General de Bancos. Entre ellos, el artículo 26, que sanciona a directores, gerentes o funcionarios «que incurran en la conducta de disimular la situación de un banco»; el artículo 26 bis, que sanciona a directores, gerentes o funcionarios «que con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas u otro documento cualquiera, o que oculten o destruyan estos elementos, o bien, proporcionen, suscriban o presenten esos elementos de juicio alterados o desfigurados», y el artículo 19 bis, que faculta al Superintendente de Bancos prohibir «otorgar nuevos créditos a cualquier persona natural o jurídica vinculada directamente o a través de terceros a la propiedad o gestión» de un banco en «estado de inestabilidad financiera o administración deficiente», cuestión que ya había hecho el Superintendente de Bancos el 19 de agosto de 1981.
Estafa
El informe de la BRIDEC plantea que los directores y los gerentes Banco de Talca también incurrieron en conductas tipificadas como estafa en el Código Penal, caso del artículo 470 que castiga a los que «en perjuicio de otros se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por cualquier otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla» y del artículo 467, que establece que la comisión de esos delitos se facilita «cuando los directores que aprueban los préstamos a favor de sus propias empresas o negocios, son dueños o controlan la mayoría de las acciones del propio banco».
Esto porque ese estado de resultados publicado el 31 de octubre de 1981, disimulaba «una situación de absoluta insolvencia y ruina», pues del total de colocaciones, o sea la cartera de préstamos, 10.692 millones de pesos, el 38%, eran de alto riesgo, por tratarse de deudores insolventes o de deudas sin garantías, de los cuales 3.687 millones, equivalentes a 2,3 veces el capital y reservas, eran absolutamente irrecuperables, y 7.834 millones de pesos, más de 200 millones de dólares de la época, correspondían a préstamos a empresas reales y ficticias, de dominio o controladas por el grupo, «lo que sólo puede explicarse por el hecho que Calaf y Danioni llevaron a cabo y con éxito, maniobras encaminadas a dificultar o eludir la fiscalización de la Superintendencia, alterando o desfigurando los datos o antecedentes relativos a los destinatarios del o los créditos». A mayor abundamiento, el informe de la BRIDEC, establece que los querellados «operaban a través de decenas de sociedades, la mayoría de las cuales no llevaba a cabo actividad alguna, pues habían sido constituidas con el único objeto de de solicitar y obtener créditos del Banco de Talca».
El cerebro de esa operación, que en el proceso denominó como «plan de capitalización», fue el gerente general entre mayo de 1979 y septiembre de 1980, Sebastián Piñera Echenique.
Procesamientos
El auto de procesamiento, firmado por el Ministro en Visita, Luis Correa Bulo el 27 de agosto de 1982, estableció que se encontraban justificados en autos los siguientes delitos de defraudación contra el Banco de Talca:
-Crédito por 11.818.485 millones de pesos, otorgado a la Sociedad de Inversiones Río Claro, en circunstancias de que el mismo día nueve personas naturales y empresas vinculadas al grupo controlador aparecen comprando 46.800 acciones del Banco de Talca, por un valor de 11.700.000 pesos. .
-Crédito por 209.336.445 millones de pesos, otorgado a las sociedades de inversión Agrícola Los Montes, Laguna Verde, Tamarugal y Los Lirios, sociedades carentes de capital y garantías, constituidas para el solo efecto de recibir créditos del Banco de Talca.
-Crédito por 300 mil dólares concedido a Marianela Julia Azócar Zubicueta y María Soledad Romero, empleadas de empresas vinculadas al grupo controlador.
-Créditos por dos millones de pesos cada uno, otorgados a Andrés Crichton Browne, Fernando Gillmore Escoda, Slaven Agnic Krstulovic y Hernán López Díaz.
En el caso específico de Sebastián Piñera, el Ministro Correa Bulo lo procesó en calidad de autor de los delitos previstos en los artículos 26 y 26 bis de la Ley General de bancos y de defraudación en el caso del crédito a Río Claro, y como cómplice en la defraudación del Banco de Talca, en el caso de los créditos concedidos a las sociedades Los Montes, Laguna Verde, Tamarugal y Los Lirios.
Una idea brillante
El Banco de Talca fue estatizado por el Gobierno de la Unidad Popular, y traspasado a la CORFO después del golpe, que lo licitó en 1975. Con 26% de las acciones, Miguel Calaf Rocosa pasó a controlar el Banco, posición que consolidó al asociarse con Miguel Danioni, y llegar en 1976 a reunir el 65% de las acciones.
A principios de 1978, la insolvencia de empresas deudoras, algunas de ellas relacionadas con el grupo controlador, tales como Maquimsa, Cueros Nacionales, Tecsa y Manufacturas Yarza, entre otras, dejó al Banco de Talca en una comprometida situación financiera. Fue entonces cuando el directorio tuvo la brillante idea de «tecnificar y profesionalizar» la gestión del banco, llamando para el efecto a un grupo de economistas que reconocían filas en Infinco S.A., entre los que se encontraban Carlos Massad Abud, quién asumió la Presidencia del directorio, Sebastián Piñera Echenique, la Gerencia General y Antonio Krell, la Subgerencia General.
Como condición para asumir, este grupo de ejecutivos exigió amplios poderes, autonomía y entera libertad, lo cual fue aceptado. De hecho, presentaron a la Superintendencia de Bancos un plan de capitalización y desarrollo para los años 1979 y 80, lo que también fue aprobado por ésta.
Plan de capitalización
En su declaración ante el magistrado Correa Bulo, el 12 de julio de 1982, que rola a fojas 107, Sebastián Piñera describió el plan en estos términos:
«El Plan de Trabajo en base al diagnóstico planificaba las distintas acciones y medidas que la administración del banco debía tomar para superar las dificultades por las que atravesaba. Entre estas medidas, se contemplaba un incremento de capital, un congelamiento y reducción de las colocaciones con empresas y personas relacionadas con los principales accionistas del grupo, un mejoramiento del proceso de análisis del riesgo de los créditos, el cambio de una organización regional a una funcional, una desconcentración y diversificación de la cartera, una reducción de los gastos administrativos y de personal, y un incremento del nivel de operaciones con el fin de mejorar la cartera de colocaciones y generar los recursos necesarios para hacer frente a la cartera vencida y riesgosa que el banco ya tenía».
La vida se encargó de demostrar que durante el período en que desempeñó la gerencia general, Sebastián Piñera hizo exactamente lo contrario a lo que esbozó en su plan de trabajo, y que los nulos mejoramientos con su gestión, sumados a crecientes discrepancias con los accionistas, condujeron a que éstos le pidieran la renuncia, en septiembre de 1980.
Proclamó, entre sus propósitos, congelar y reducir las colocaciones con empresa o personas relacionadas, para terminar encausado por su responsabilidad en el otorgamiento de créditos a la Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Río Claro, y por su responsabilidad en el otorgamiento de créditos a cuatro sociedades de papel, creadas con el fin específico de recibir créditos del Banco de Talca, con el fin de ocultar pasivos.
Créditos relacionados
Respecto al crédito a Río Claro, Eduardo Barbé Ilic, apoderado de empresas vinculadas al grupo Calaf-Danioni, relató a funcionarios de la BRIDEC, a fojas 58 del proceso:
«Respecto a un crédito obtenido en el Banco de Talca para la Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Río Claro, de la que como ya señalé, era apoderado, declaro que efectivamente solicité para esta empresa un crédito por poco más de 11 millones de pesos, los que utilicé para adquirir acciones del mismo banco, a nombre de Miguel Calaf, de Calaf S.A.C.I, de varios familiares suyos y a nombre mío. Lo anterior se realizó a petición del Gerente General del banco a esa época, septiembre de 1980, don Sebastián Piñera, cumpliendo un plan de capacitación fijado por el equipo de ejecutivos del banco, a fin de completar un monto de capital suficiente para el desenvolvimiento normal de la entidad».
Eduardo Barbé sostuvo su versión en el careo con Sebastián Piñera, realizado el 17 de agosto de 1982:
«Insisto en que la persona con quien se me carea, cuando se desempeñaba como Gerente General del Banco de Talca, me pidió que para cumplir con el calendario sobre capitalización del banco, debía comprar acciones del mismo por una cantidad de once millones y tanto; que para tal efecto debía solicitar un crédito por la Compañía Inmobiliaria y de de Inversiones Río Claro, porque tenía capacidad para endeudarse. No tendría para qué afirmar algo que no correspondiera a la realidad. En ese momento no se encontraban en el país ni Miguel Calaf ni Alberto Danioni, y como ellos me habían dicho que cumpliera las normas que me diera la gerencia, no tuve inconveniente en acceder a lo que me había pedido el señor Piñera. (…) La Gerencia dio las instrucciones pertinentes e incluso hago entrega de un documento que estaba junto con las acciones que se adqurieron en Talca».
En la misma diligencia, Piñera retrucó:
«Lo único que reconozco es que a Barbé, como a los señores Calaf y Danioni los instaba a cumplir con el programa al que me referí en mi declaración de ayer, entre ellos, de acciones para cumplir con el plan de capitalización. (…) Niego terminantemente haberle dicho que para adquirir acciones, pidiera crédito al Banco de Talca».
Ambos concluyeron reafirmando sus dichos.
Barbé: «No tengo razón alguna para involucrar al señor Piñera. Me he limitado a decir la verdad. Si recibí instrucción suya fue porque no se encontraban los sres. Calaf y Danioni y porque ellos me habían dicho que debía obedecer las normas de la Gerencia, para cumplir el programa de capitalización a que hizo referencia el señor Piñera».
Piñera: «El crédito a la Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Río Claro no tenía nada de anormal. Cuenta con todos los vistos bueno y las aprobaciones pertinentes. La compañía tenía solvencia para pedir créditos. Insisto una vez más en no haber instruido al señor Barbé sobre la forma como debía cumplir con el programa de capitalización».
Relaciones incestuosas
La singularidad e importancia de este punto radica en que Inversiones Río Claro, a través de conexiones con Inversiones Bancard Ltda. y Axxion S.A. proyecta relaciones con Sebastián Piñera hasta el día de hoy.
En efecto, al 16 de octubre de 1981, el informe de sociedades de Dicom, indica que Inversiones Río Claro Ltda. participaba en numerosas sociedades donde también lo hacían Inversiones Bancard Ltda. y Axxion S.A., las que junto a Bancard Ltda., Inversiones Santa Cecilia S.A., Inversiones Santa Cecilia Ltda., Inversiones y Asesorías Iculpe S.A., y Asesorías e Inversiones Ilihue Ltda., configuran las redes a través de las cuales Sebastián Piñera tiene actualmente participación accionaria en más 60 sociedades. A modo de ejemplo, al 5 de agosto pasado, los nombres de Inmobiliaria e Inversiones Río Claro (12,53%), Inversiones Río Claro (0,78%), Inversiones Santa Cecilia S.A (3,61%) y Bancard Inversiones S.A. (1,38%), se repiten en el listado de principales accionistas de Quiñenco S.A., matriz financiera del Grupo Luksic.
Sociedades de papel
Respecto de la participación de Sebastián Piñera en calidad de cómplice en la defraudación al Banco de Talca por el otorgamiento de créditos por 209.336,.455 pesos a las sociedades agrícolas Los Montes, Laguna Verde, Tamarugal y Los Lirios, la querella del interventor del Banco de Talca, Eugenio Silva Risopatrón, señala lo siguiente:
«Por escrituras públicas del 12 de julio de 1980, sociedades del grupo Calaf Danioni constituyeron cuatro sociedades de papel, Agrícola Los Montes Ltda., Agrícola Laguna Verde Ltda., Agrícola Tamarugal Ltda. y Forestal Los Lirios Ltda. con la única finalidad de obtener dinero en préstamo del Banco de Talca, para traspasarlo a otras empresas del grupo, sin ánimo alguno de devolver esos recursos, sino con la intención preconcebida de que los créditos fuesen castigados por el banco».
A mayor abundamiento, agrega: «a los pocos días de constituirse las cuatro sociedades, el Banco de Talca les prestó un total de 120.465.261 pesos, entre los días 19 y 25 de junio de 1980, sin garantía de ninguna especie y sin siquiera exigirles estado de situación, no obstante que el capital social, a enterarse en tres años, alcanzaba sólo a un millón de pesos. Posteriormente, el Banco les entregó nuevos préstamos, de manera que estos alcanzaron un total de 243.932.009,25, equivalentes a 6.254.666 millones de dólares».
Peor aún, añade que «tan clara era la intención anotada, que en las sesiones del Comité Ejecutivo y del Directorio del Banco, de los días 18 y 22 de diciembre de 1980, se declararon incobrables créditos de estas sociedades por un total de 116.450.808,97 pesos, que todavía no estaban vencidos, de manera que mal podía haber existido gestión previa de cobranza».
Pregúntenle al jefe
Al igual que en el caso de Barbé en el crédito a Río Claro, el empleado del grupo que aparece efectuando materialmente la acción, inculpó directamente a Sebastián Piñera. De esta manera, en la declaración judicial del contador Orlando Patricio Roa Bastías, que rola a fojas 107, se lee:
«A mediados de 1980 el ejecutivo de cuentas Patricio Catarenich me dijo que el Gerente General del banco quería conversar conmigo, y en su presencia y la del abogado Felipe Montes se me indicó que había necesidad de solucionar un problema de imagen del banco dado un problema de cartera vencida que presentaba. Se me manifestó que para solucionar tal problema se había pensado en la creación de cuatro sociedades agrícolas en las que yo aparecería como representante legal para los efectos de solicitar en nombre de esas cuatro sociedades un crédito por unos 128 millones de pesos que se destinaría a cancelar la cartera vencida del banco. Lo que yo debía hacer era firmar las escrituras de constitución de las sociedades, las solicitudes de créditos correspondientes y los pagarés. Todo lo demás se arreglaría en forma interna por el banco».
A continuación, el tribunal le exhibe una serie de documentos. En lo referente a la solicitud de crédito para la Agrícola Los Montes, que rola a fojas 574, reconoció el visto bueno de Patricio Catarenich y las firmas de aprobación de Emiliano Figueroa, Gerente Comercial y Sebastián Piñera, Gerente General.
Asimismo, reconoció ante el tribunal la firma de Sebastián Piñera en los vistos bueno a los créditos otorgados a las sociedades Tamarugal, Laguna Verde y Los Lirios.
Miente, que algo queda…
Como cabía esperar, Sebastián Piñera se fue de negativa en el careo con Orlando Roa, efectuado el 20 de agosto de 1982.
En dicha diligencia, Roa sostuvo:
«Insisto en que el señor Piñera, con quien se me carea, en presencia de Catarenich, me habló de la formación de las sociedades agrícolas, que se formarían como una necesidad del Banco y cuyos propietarios serían otras empresas del grupo Calaf-Danioni. Me dijo que yo actuaría como uno de los representantes de esas sociedades y que me entendería con el fiscal del banco, Armando Figueroa. Insisto que en una ocasión, para solucionar un problema del grupo Calaf-Danioni, el señor Piñera me pidió que facilitara mi cuenta personal para obtener un crédito de dos millones 20 mil pesos, crédito que todavía se encuentra pendiente».
Y Piñera replicó:
«Las dos aseveraciones formuladas con la persona con quien se me carea son falsas. Yo no he hablado con el señor Roa sobre la formación de sociedades agrícolas ni menos le he dicho que se entendiera con el fiscal del banco. No lo he instado a usar su cuenta personal para solucionar un compromiso del grupo».
Roa: «No me habría prestado para actuar como representante de las sociedades si no me lo hubiera pedido el Gerente General. En más de una oportunidad se cursaron créditos a través de mi cuenta corriente, como en el caso de los 40 millones para la promotora Ovalle. Si el señor Piñera no sabía de mi actuación, cómo pudo entonces autorizar los créditos respectivos»
Piñera: «Probablemente pudo el señor Roa utilizar su crédito para solucionar problemas del grupo. Lo que niego es que haya actuado por instrucciones mías, para tal efecto, como para la constitución de las sociedades. No ha actuado ni con instrucciones ni a requerimiento mío».
Probablemente, a más de algún lector le reverbere en la memoria el patrón de la impunidad durante la dictadura, cuando había crímenes pero no criminales; y luego que las investigaciones judiciales empezaron a develar la verdad, apareció que los autores directos, de baja graduación, y que habían recibido órdenes, eran abandonados y negados por los superiores jerárquicos y los autores intelectuales.
Más gente al camino
Sin embargo, en este caso Roa no fue el único que delató a Sebastián Piñera.
En el careo con Claudio Armando Figueroa Fuenzalida, Fiscal del banco y Sebastián Piñera, efectuado el 17 de agosto de 1982, se produjo el siguiente intercambio:
Figueroa: «Insisto que la gerencia del Banco de Talca, integrada por la persona con quién se me carea y Antonio Krell, en junio de 1980, me encomendaron la constitución de cuatro sociedades que se requerían en forma urgente para el grupo Calaf-Danioni, sociedades que debía integrar en base a otras del mismo grupo y que el representante de las mismas sería el señor Roa. Insisto en que no era primera vez que el señor Piñera me pedía constitución de sociedades. Antes me había pedido la formación de Agepro Ltda. y Sane Ltda. Cuando el señor Piñera me pidió la formación de sociedades para el grupo, no me indicó qué objetivo perseguía con ello. Al terminar la legalización de las sociedades agrícolas, entregué los antecedentes al señor Piñera».
Piñera: «No es efectivo que le haya pedido al señor Figueroa la constitución de las cuatro sociedades a que hace mención. Puede que le haya pedido yo o alguno de los otros socios la formación de Agepro Ltda. o Sane Ltda.. En esta última sociedad tenían interés los señores Calaf, Danioni y Massad, directa o indirectamente y en dicha sociedad no recuerdo si tenía interés yo o mi cónyuge. Es falso que le haya indicado al señor Figueroa que Roa representaría las sociedades agrícolas, ni le he insinuado que debía entenderse con él».
Pero también Piñera aparece desmintiendo al Gerente Comercial del banco, Emiliano Figueroa, con quién fue careado el 24 de agosto de 1982.
Figueroa sostiene: «En más de un a oportunidad el señor Piñera, con quien se me carea, me comentó que se habían otorgado créditos a empresas del grupo Calaf-Danioni, para suscribir acciones del Banco de Talca y cumplir con el programa de capitalización. También asevero que el señor Piñera me dijo que se habían creado las sociedades agrícolas para traspasar las deudas del grupo Zamphigi».
Piñera respondió: «Respecto de la adquisición de acciones, es probable que yo le haya comentado al señor Figueroa que las empresas pudieron haber utilizado los créditos total o parcialmente para adquirir acciones del Banco de Talca, pero no que yo le haya instado a ello. Respecto a las sociedades agrícolas, tampoco he instado a su formación, si no que únicamente le indiqué a los personeros del grupo Calaf-Danioni que ellos debían absorber la deuda parcial del grupo Zamphigi en forma temporal para diferir su castigo».
En su segunda declaración, el 16 de agosto de 1982, que rola a fojas 416, Sebastián Piñera reconoce como suyas las iniciales que figuran a fojas 574, 587, 617, 664, 667, 708, 716, 718, 722, 725, 727, y 731 del Cuaderno de Documentos, correspondientes a las solicitudes de crédito para esas cuatro sociedades, «lo que implica que di mi aprobación».
Conclusiones
A la hora de las conclusiones, tal vez la principal es la calidad de autor en la concesión del crédito a Río Claro, que el juez Correa Bulo le atribuyó a Sebastián Piñera, considerando la relación que entonces tenía, y aparentemente conserva, dicha sociedad con otras en las que Piñera ejerce dominio o mantiene interés directo.
Dicha conexión permite al menos la sospecha de una relación de causalidad entre la defraudación al Banco de Talca y el origen de la fortuna de Sebastián Piñera, quién podrá ser el Rey de la Bolsa, pero que carece del toque de Midas para haber pasado de 0 a 1.400 millones de dólares en cosa de dos o tres décadas. Ni Mandrake el Mago lo consigue, sin el impulso o a través de lo que se denomina acumulación originaria.
Seguidamente, Piñera podrá tener un talento especial para la especulación en la bolsa, pero en su trayectoria no se registra la creación de una sola empresa. Y en una de las escasas ocasiones en que ha estado a cargo de la gestión de una, como en el caso del Banco de Talca, los resultados no sólo distaron de ser brillantes, sino que terminó siendo acusado de serias irregularidades, constitutivas de delito. Con todo, el fondo del asunto es de clase y no individual. Donde haya capitalismo desregulado, habrá conglomerados que a la buena o a la mala se apoderarán del excedente social de la economía; donde se permitan oportunidades de medrar al filo del reglamento, o abiertamente fuera de él, habrá tipos audaces como Sebastián Piñera, dispuestos a tomarlas.
Como colofón, al momento de hacerse públicos estos antecedentes, le miente a la opinión pública, como antes mintió en el proceso.
¿Puede ser Presidente de Chile un personaje con semejantes antecedentes?
Que el pueblo juzgue.