La campaña de Iberdrola y otras empresas españolas contra la reforma del mercado eléctrico en México desemboca en un nuevo choque diplomático. México reclama dejar de ser “tierra de conquista”.
La relación entre España y Latinoamérica no atraviesa su mejor momento. Desde el “por qué no te callas” de Juan Carlos I en 2007 no se vivía una tensión diplomática similar. Entonces y ahora, motivada por los intereses de las grandes empresas españolas en la región.
Quince años después de la famosa Cumbre Iberoamericana de Santiago, en el centro del conflicto está Iberdrola y las presiones de las trasnacionales eléctricas en México ante una reforma que amenaza con frenar el proceso de privatización del último gran sistema eléctrico de América Latina principalmente público.
El conflicto venía de lejos, pero estalló el 10 de febrero cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió “una pausa en las relaciones” entre ambos países por la actuación de las empresas españolas en México, a las que acusó de “saquear” las riquezas del país con la complicidad de los gobiernos mexicanos precedentes.
“Antes, eran como dueños de México”, señaló AMLO, para quien las últimas dos décadas estuvieron marcadas por “una promiscuidad económica y política en la cúpula de los gobiernos de México y España” que benefició a las multinacionales españolas y convirtió el país en “tierra de conquista”. En un comunicado, el Gobierno de España mostró su “rechazo tajante a las descalificaciones”.
La tensión entre ambos gobiernos se remonta a los primeros meses de Gobierno de López Obrador. En marzo de 2019, el presidente mexicano envió una carta al rey Felipe II donde repasaba las “incuantificables violaciones” y abusos cometidos por el reino de España en los tiempos de la conquista, durante la colonia, así como en las guerras de independencia y en los intentos de reconquista entre 1821 y 1854.
En esa carta, AMLO precisaba que México no pedía compensaciones económicas por los “agravios que le fueron causados por España”, sino que buscaba un reconocimiento de la “responsabilidad histórica por esas ofensas” y que España “ofrezca las disculpas o resarcimiento políticos que convengan”. El Gobierno español rechazó “con toda firmeza” la carta de AMLO y “lamentó profundamente que se haya hecho pública”. Diferente reacción tuvo el máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, que también recibió una carta parecida. En octubre de 2021, en el marco de los festejos del segundo centenario de la independencia, el pontífice pidió perdón por los “pecados” cometidos por la institución religiosa en México.
Iberdrola en particular
De forma paralela a los festejos del segundo centenario, el Gobierno de López Obrador presentaba uno de sus principales proyectos legislativos: la contrarreforma del sistema eléctrico.
Las ideas que contiene el proyecto no debieron gustar a las empresas españolas con intereses en el sector ni al Gobierno: apenas unos días después, el 12 de octubre, López Obrador dijo que el ejecutivo de Pedro Sánchez “parece empleado” de las grandes compañías eléctricas. Sin la reforma constitucional que en esos días se presentaba en el Congreso, señaló AMLO, en México “pasaría lo mismo que está sucediendo ahora en España, que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes”.
Aunque OHL y Repsol también han sido blanco de las denuncias recientes del Gobierno mexicano, Iberdrola ha recibido la mayoría de las críticas. La compañía española sería una de las principales afectadas por este proyecto que pretende frenar el proceso de privatización iniciado en 2013 y limitar la participación privada en la generación eléctrica al 46%, un porcentaje similar al actual.
Este 12 de febrero, el presidente mexicano acusaba a la compañía con sede en Bilbao de estar detrás de la campaña internacional contra este cambio constitucional: “También que se sepa, con la reforma eléctrica son los de Iberdrola los que están haciendo el lobby en contra, junto con sus socios o cómplices en México”.
En la misma rueda de prensa, AMLO denunció a Iberdrola por “los jugosos negocios que hicieron por influyentismo”, con casos sonados de puertas giratorias como la contratación del expresidente Felipe Calderón y de su Secretaria de Energía, Georgina Kessel.
Después de quedar claro que el presidente mexicano no contemplaba una ruptura diplomática con España, los medios no han dejado de preguntarle qué significa exactamente eso de pausar las relaciones: “Vámonos dando tiempo. Nos conviene a los pueblos, a los gobiernos, para entender que hay una nueva realidad, que hubo un cambio en México. Ya no les puedo mandar un telegrama porque eso ya es obsoleto, pero sí decirles “ya no”. […] Ya no se permite robar, no somos tierra de conquista”.
“La tarta por estrenar”
México es una excepción en América Latina. Pese a varias décadas de políticas neoliberales, el sistema eléctrico sigue siendo principalmente público. En 2013, el presidente Enrique Peña Nieto consiguió reformar la Constitución, que hasta entonces reservaba al Estado la generación, el transporte y la comercialización de electricidad. “El sistema eléctrico de México era de los últimos en América Latina que quedaba por privatizar”, explica a El Salto Júlia Martí, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).
Según cuenta Martí, la reforma de 2013 había abierto el país a las trasnacionales eléctricas, pero la entrada de empresas extranjeras se había quedado a medias ya que la comercialización de electricidad sigue a día de hoy en manos de la empresa pública Comisión Federal de Electricidad (CFE), la eléctrica más grande de América Latina, que abastece a más de 29 millones de hogares. De la misma forma, aunque la generación eléctrica ya está liberalizada, el 54% sigue en manos del Estado. Cuando el Gobierno de López Obrador llegó al poder, sostiene Martí, la “tarta estaba todavía por estrenar”. Antes de lanzar la contrarreforma eléctrica, que pretende deshacer la privatización de 2013, su Gobierno ya había frenado de facto el proceso de entrada de empresas extranjeras en el mercado eléctrico
“Lo primero que ha hecho López Obrador ha sido detener el avance de la reforma de 2013, que se tenía que ir materializando con la entrada de empresas privadas en la comercialización. Además, desde que llegó López Obrador no ha habido ninguna subasta a largo plazo, que es uno de los mecanismos que han facilitado la entrada de las empresas privadas en la generación eléctrica”, cuenta Martí, autora del reciente informe Internacionalización ¿a cualquier precio?, sobre los intereses de las empresas vascas en México.
A pesar de que hasta 2013 la Constitución lo prohibía, gracias a esa línea directa entre empresas y gobiernos a ambos lados del océano, las empresas extranjeras fueron instalándose en México utilizando “brechas legales”. A través de concesiones directas y contratos de autoabastecimiento, especialmente pensados para proporcionar energía a fábricas o grandes instalaciones, las eléctricas españolas entraron en el mercado mexicano. Iberdrola fue una de las empresas más beneficiadas por estas concesiones, que derivaron en megaproyectos como el Corredor eólico del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), con participación de BBVA y Gamesa.
Pero más allá de esas islas de inversión, el mayor mercado energético de América Latina seguía intacto para los intereses de las empresas en un contexto de crisis económica y financiera generalizada. Según cuenta esta investigadora, la privatización del sector lanzada en 2013 no solo fue resultado de las presiones de los gobiernos, de las instituciones financieras y de las transnacionales eléctricas, especialmente de Iberdrola, sino que los propios técnicos de esta empresa española participaron activamente en la redacción de esa reforma constitucional.
En qué consiste la contrarreforma de AMLO
Si se hace caso a los mensajes lanzados desde las eléctricas, los grandes medios y la diplomacia de UE y Estados Unidos, el conflicto de México con España es una cortina de humo para tapar casos de corrupción, mientras que la contrarreforma del mercado eléctrico se basa en la promoción de tecnologías “sucias, obsoletas y caras”. Aunque esta última afirmación tiene mucho de verdad, complejiza la investigadora de OMAL, no es de lejos el motivo que lleva a estos agentes políticos y económicos a enfrentarse a este cambio constitucional.
La propuesta de reforma pretende asegurar la preeminencia de la empresa estatal de electricidad, tanto en el transporte y la comercialización —donde ya la tiene—, como en la generación, donde a partir de 2013 existe libre competencia entre el sector público y privado. En concreto, una de las medidas más polémicas de la contrarreforma es limitar la producción privada de energía a un 46%, mientras que el Estado estaría obligado por la Constitución a aportar el 54% de toda la electricidad consumida en el país.
La aprobación de esta contrarreforma limitaría la entrada y expansión de las multinacionales en el mercado eléctrico mexicano, pero también tendría consecuencias en la transición energética. En efecto, una mayor generación eléctrica en manos del Estado mexicano se traduciría, al menos en el corto y medio plazo, en una mayor utilización de los hidrocarburos frente a las energías más verdes, señala Martí. Y si esto es así es porque las renovables entraron en el país de mano de empresas extranjeras como Iberdrola, gracias a unos mecanismos que beneficiaban y subvencionaban este tipo de energías. “Es una contradicción: al beneficiar las energías limpias, se estaba beneficiando sobre todo a la generación privada, porque la empresa pública tiene plantas muy antiguas, muy desfasadas, que no podían cumplir con los requisitos”, explica esta investigadora.
Este “esquema perverso” creado después de 2013, continúa Martí, hacía que la empresa pública, encargada de la comercialización, se fuera “endeudando y vaciando”, ya que tenía que dar prioridad en sus compras de energía a la generación privada, que cumplía con los requisitos de energía limpia, frente a la generada por la propia CFE, que no los cumplía.
El problema, explica esta experta en multinacionales españolas, es que “la transición energética se había dejado en manos de las empresas privadas y esto hacía que el propio Estado tuviera menos capacidades de hacer esta transición, como un pez que se muerde la cola”.
Tampoco hay que olvidar, argumenta Martí, que los megaproyectos energéticos en México impulsados por empresas españolas como Iberdrola, Gamesa o BBVA tienen poco de limpio. “Son grandes parques solares que ocupan una enorme cantidad de tierras, que están generando islas de calor, que están causando desertificación; también son grandes extensiones de parques eólicos con impactos sobre la biodiversidad en corredores ecológicos importantes como es el del Istmo de Tehuantepec. Es verdad que la producción de energía de la CFE es energía en su mayoría sucia y dependiente de combustibles fósiles. Pero las renovables en manos de las privadas tampoco son el futuro, porque reproducen el mismo modelo de megaproyectos a base de expolio de territorio y privatización de tierras indígenas”.
Hay mucho en juego y el Gobierno de AMLO no las tiene todas consigo para aprobar la contrarreforma. No solo porque necesita el apoyo de las dos terceras partes del Congreso para sacar adelante un cambio en la Constitución, sino porque los tratados internacionales que México ha firmado, explica Martí, no solo protegen las inversiones realizadas por las empresas extranjeras sino también sus expectativas de beneficios futuros. En los próximos meses se despejarán las incógnitas sobre uno de los últimos grandes mercados casi intactos de América Latina y se podrá comprobar si uno de los lemas de la empresa pública mexicana —“La electricidad era tuya, te la vamos a devolver”— es algo más que palabras.