La patronal y sus políticos quieren impedir a toda costa que se desarrolle una nueva dinámica huelguística, que interrumpa la pasividad que ha predominado hasta ahora. Con esa pretensión, comienzan a implementar una serie de maniobras en la minería, para que los trabajadores de este sector estratégico no aparezcan en la escena nacional. De ese […]
La patronal y sus políticos quieren impedir a toda costa que se desarrolle una nueva dinámica huelguística, que interrumpa la pasividad que ha predominado hasta ahora. Con esa pretensión, comienzan a implementar una serie de maniobras en la minería, para que los trabajadores de este sector estratégico no aparezcan en la escena nacional. De ese modo, el «centro de gravedad» de la política nacional se concentra en las alturas, en el marco del ciclo electoral. Esto plantea la necesidad de construir una alternativa política de izquierda, obrera y socialista, que se prepare para cuando la clase obrera despliegue todas sus fuerzas, y que pueda darle la pelea a los políticos patronales, y a quienes confían en ellos.
Ciclo electoral y cuestión obrera
En nuestro Comentario anterior analizamos como el intento de la Concertación de perfilarse como amiga de los trabajadores, instalando el debate sobre la reforma laboral, aun sin apostar que se realice en el parlamento durante lo que queda de la administración de Bachelet, y las negociaciones colectivas programadas en el cobre, podían alentar que la clase obrera comience a aparecer en la escena y que la «cuestión obrera» se instale en el centro del debate político nacional. Además de estos factores políticos, es necesario integrar un elemento económico: los «signos de recuperación» de la economía, de los cuales la burguesía hace alarde permanentemente, podrían abrir expectativas y servir como motores para luchas económicas.
Pero la patronal está haciendo todo lo posible para evitar que se desarrollen las huelgas mineras. Quieren prevenir un escenario de lucha de clases que -en el marco de las elecciones y la crisis capitalista- podría significar dificultades y costos mayores para la patronal, y posiblemente una nueva dinámica de lucha. Han prolongado los «buenos oficios» con los mineros de Spence -como fruto de una intensa mediación de la «Inspección del Trabajo»-, aunque éstos, no han dado resultado, debido a que el bono de 7 millones no satisface a los trabajadores; han adelantado las negociaciones con los mineros de la división Andina de Codelco, ofreciendo un bono de 9,3 millones de pesos y un préstamo blando de 2 millones, y un aumento salarial de un 3%; y en Escondida han hecho un ofrecimiento adelantado de un aumento salarial de un 5% y un bono de 14 millones de pesos -y además, un préstamo de $3,5 millones-, con el fin de evitar un paro como el del 2006. Los resultados de esta política preventiva de la clase patronal -por realizarse ante el sector clave de la economía nacional-, serán determinantes en el curso que tome la clase trabajadora en su conjunto. Todavía no es posible indicarlo. Mientras redactamos estas líneas, es muy probable que se active la huelga en Spence. Hasta ahora, ni el triunfo parcial de los trabajadores forestales de Arauco, ni la derrota de los portuarios de ATI en Antofagasta, ni la serie de luchas aisladas actualmente en desarrollo -como la huelga de la Clínica Alemana o de algunos funcionarios de la salud pública-, ni los anuncios del Colegio de Profesores y de los trabajadores del sector público, nos permiten plantear, tajantemente, que se ha abierto un nuevo ciclo de lucha obrera. Si bien es cierto que el debate electoral y los «signos de recuperación económica» -que, con los grados de cesantía y precariedad equivalen a «contar plata delante de los pobres»-, podrían alentar luchas; por otra parte el temor ante el desempleo, la confianza en Bachelet y el rol de las direcciones oficiales de la clase obrera -subordinadas a la Concertación- podrían actuar manteniendo la pasividad, o abriendo espacios sólo a luchas aisladas que no terminen de repercutir nacionalmente. De ese modo el «centro de gravedad» se concentra en las alturas.
Pinochetistas y derechistas se disfrazan de demócratas
Con el objetivo de desplazar base electoral concertacionista hacia su candidatura derechista -particularmente a los sectores de clase media, adeptos de la DC y con «ideas democráticas»-, Sebastián Piñera, aprovechando las celebraciones a 21 años del triunfo del NO, ha intentado sacarle provecho a su supuesta votación por esa opción en el plebiscito de 1988 y ha elaborado un video en el que incluye el tan recordado «jingle» que llamaba a votar contra la dictadura.
Eso ha desatado una polémica. Los concertacionistas, desde diversos puntos, han acusado al empresario de intentar «adueñarse de banderas ajenas»; y la derecha ha respondido respaldando la veracidad de la afirmación de Piñera: incluso Evelyn Matthei -que después del llamado caso Piñeragate, guardaba una relación tensa con el multimillonario-: « Yo trabajaba con Piñera en esa época en Bancard : él era mi jefe, yo era subgerente ahí. En Bancard habíamos gente que votamos por el Sí y otra gente que votó y trabajó por el No y Piñera estaba entre los que trabajó y votó por el No» (La Nación, 6 de octubre). Este respaldo denota que el conjunto de la derecha intenta hacer efectivo el cometido de desplazar base social concertacionista. Los unifica la avidez de dirigir el gobierno luego de dos décadas…
Casi simultáneamente a este debate -y seguramente sin la intención de perjudicar la pretensión derechista-, Alberto Cardemil -militante, al igual que Piñera, de Renovación Nacional-, comentando una resolución que él firmó en 1988, cuando era subsecretario del interior de la dictadura pinochetista, prohibiendo el ingreso de la recién fallecida artista argentina, Mercedes Sosa; expuso la imagen efectiva de la derecha: «Todos sabemos que doña Mercedes, que en paz descanse, era una activista política ligada a la extrema izquierda. Igual que otros artistas de la época, que todos conocíamos en qué empezaban y nadie sabía en qué terminaban (…) Si en ese momento se dictó esa orden, por algo será. Precisamente medidas de excepción como esa hicieron que un país, que había quedado destruido y deshecho por la Unidad Popular, recuperara la democracia en que ahora estamos (…) un sistema autoritario con normas especiales de derecho con respecto al orden público y actividades» (La Nación, 8 de octubre).
Estas son las palabras -reaccionarias y pinochetistas- de un «camarada de partido» de Sebastián Piñera…El dicho popular «aunque la mona se vista de seda, mona se queda» muestra acá toda su validez. Pero si le damos crédito a Evelyn Matthei, -que es hija de un general de la dictadura-, el multimillonario derechista habría votado por el NO…
Supongamos que es cierto y preguntémonos sólo una cuestión… ¿por qué este cúmulo de pinochetistas defiende y no ataca a Piñera por reivindicar que votó por el NO? Ahora es mucho más nítido lo que planteamos, que se trata de disputar base social de la concertación, para fortalecer la opción presidencial…Y el NO de Piñera es el «puente» para hablarle a ese sector.
A su servicio
El gobierno de Bachelet probablemente concluya con una alta popularidad. Recientemente, Adimark -a tono con la mayoría de las encuestas- reveló que el apoyo a su figura llegaba al 76%. Esto ha sido posible a raíz de los enormes temores que la crisis capitalista abrió en importantes franjas de la clase obrera y el pueblo pobre; de la activa política «paliativa» del gobierno, que ha consistido en bonos y subsidios; y de la política de «dialogo social» de las principales direcciones de la clase obrera y el pueblo pobre, el PS y el PC, que no han apostado por impulsar jornadas a la altura de los ataques patronales. El «clima bacheletista» ha revivido, e incluso los adversarios de la Concertación se han visto obligados a presentarse como continuadores de la obra de la actual administración.
Este «clima» -y la probable obstaculización de los meses mineros- le da espacios al gobierno a la hora de realizar su labor fundamental: defender los intereses de la patronal. El lunes, los empresarios lecheros en Enagro 2009, el máximo evento de los empresarios agrícolas, instalaron en el patio de CasaPiedra un llamativo lienzo con la frase «Presidenta Bachelet: ¿Hay salvaguardias, o nos comemos las vacas?» (El Mercurio, 6 de octubre). La molestia de este sector de la patronal, era fruto de los subsidios que reciben los empresarios lecheros de Argentina y Uruguay, cuestión que les permite vender a precios más bajos sus productos, lo que incentiva la importación de éstos a Chile, en desmedro de los productos lácteos locales. Por ello, la salvaguardia exigida por el sector, consistía en poner tasas de 31,5% a los productos provenientes de esos países. Además, la caída de los precios de la leche, también estaría «mermando» las ganancias: si en septiembre de 2008 obtenían $200 por cada litro de leche, ahora recibirían solamente $120.
La respuesta gubernamental no se ha hecho esperar. No fue el 31,5% de salvaguardia exigido por el sector, pero si un 15%. Marigen Hornkohl, refiriéndose a la medida indicó que la medida se «justifica por las dificultades que enfrentan los productores que reciben precios de la leche inferiores a sus costos de producción (…) la mayoría de ellos presenta altos niveles de endeudamiento con la banca comercial y con empresas proveedoras de insumos, lo que define la situación de daño actual, la que sería más grave aun si tuvieran que soportar nuevas bajas de precios» (La Nación, 8 de octubre). Luis Mayol, presidente de la SNA, planteó en relación a la medida que «a pesar que no fue el 31,5% que pedíamos, es una buena señal el que se haya acogido nuestra petición» (ídem.).
Este sector de la clase patronal se ha anotado un triunfo. El gobierno podría haber concluido el dialogo diciendo «a su servicio».
¿Qué más pide este sector de la patronal? En la cena del lunes, Luis Mayol planteó 5 ejes «priorizando la importancia de resguardar el estado de derecho en la región de la Araucanía, a propósito de los hechos de violencia que a su juicio, «han ido creciendo en gravedad (…) sin que se visualicen soluciones de fondo»». Este llamado a «resguardar el estado de derecho» es un llamado a la reprimir al pueblo mapuche, cuyas tierras han sido despojadas en buena medida por los empresarios representados por Mayol. Y para concluir, además de solicitar una «política cambiaria de largo plazo» -también con el objetivo de posicionarse mejor en el mercado internacional-; una defensa activa ante los subsidios que en otros países se les otorgan a los empresarios lecheros; y una pronta aprobación a los «proyectos de bonificación a las inversiones en riego y recuperación de suelos»; Mayol -a tono con la clase patronal en su conjunto, «recordó la necesidad de avanzar en materia de adaptabilidad laboral con normas que se adecuen a los procesos productivos del agro» (El Mercurio, 6 de octubre).
La clase patronal, en su conjunto, sabe que tanto la derecha como la Concertación, son defensoras de sus intereses. Y sabe también que el «nuevo rostro de la vieja política», Enríquez-Ominami, es un acérrimo defensor del mercado. Por ello, en Wall Street hay tranquilidad ante las próximas elecciones. Recientemente un analista de Moody`s, Alfredo Coutiño, comentaba: «Independientemente del candidato triunfador, al parecer Chile no dará un giro en su modelo económico (…) El crecimiento económico con estabilidad seguirá siendo la filosofía del modelo económico chileno» (La Tercera, 3 de octubre).
¿Qué izquierda necesitamos?
Recientemente, en una entrevista publicada en El Siglo, Jorge Insunza, miembro del Comité Central del Partido Comunista y responsable laboral de esta organización, planteó, en relación a las bases y el fundamento de la izquierda y del Partido Comunista para enfrentar la crisis del movimiento sindical -luego de revindicar la experiencia del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, y su política de crear empresas estatales-, que «No estamos hablando de una revolución socialista, sino de transformaciones al interior del capitalismo, pero que terminen con el predominio brutal y la exacción que produce el capital financiero» (9 de octubre).
Con ello, este dirigente del PC resume muy bien, la concepción estratégica del Partido Comunista. No se trataría de acabar con esta sociedad de miseria y explotación, sino de realizar transformaciones en su interior. Esta concepción -que al menos desde los 30` determina el carácter del PC- es la base de la política actual de esta organización, de confiar en sectores progresistas de la política patronal, particularmente en la Concertación, y en los pequeños y medianos empresarios; política que durante la última semana se hizo carne en un acto común del JPM y la Concertación en San Miguel, para celebrar los 21 años desde el triunfo del NO. Pues si se tratara de luchar contra el capitalismo, habría que enfrentar al conjunto de sus defensores, incluyendo a la Concertación, que ha demostrado ser una «maestra» en la defensa del neoliberalismo y el capitalismo. Aunque el PC se ponga a la cabeza de luchas obreras, lo hará para llevarlas tras la confianza en sectores de la patronal, en la Iglesia, en la Concertación o en figuras como el ex ministro Andrade, impulsor de la propuesta de negociar la «adaptabilidad laboral».
Quienes militamos en Clase contra Clase, lucharemos codo a codo con los militantes del Partido Comunista en cada una de las luchas obreras, del pueblo pobre y el movimiento estudiantil, e impulsaremos campañas unitarias de acción, como hemos hecho hasta ahora. Sin embargo, estando en curso una crisis histórica del capitalismo, no podemos eludir preguntarnos qué izquierda necesitamos: una izquierda que quiera hacer transformaciones parciales al interior de la sociedad capitalista o una izquierda que se proponga acabar con el capitalismo para transformar la sociedad. Para nosotros, la segunda es la única alternativa ante la miseria y la explotación. Luchamos por una revolución obrera y socialista, por la alianza de la clase trabajadora y el pueblo oprimido, para derrocar el orden existente y constituir una República de Trabajadores, basada en organismos de autogobierno. Con este fin, impulsamos un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. Si hablan de «signos de recuperación», hay que exigir la reincorporación inmediata de todos los despedidos y la prohibición por ley de los despidos. El reparto de las horas de trabajo sin rebaja de sueldo y la estatización de toda empresa que cierre o quiebre. Un salario mínimo de $360.000 -igual a la canasta básica-, el derecho a negociar colectivamente por rama, y el derecho a organizar cuerpos de delegados al interior de cada empresa, para fortalecer los organismos sindicales. La unidad con los oprimidos, por ejemplo, con el pueblo mapuche, los pobladores y el movimiento estudiantil. Para dar cada una de estas peleas hace falta construir un Partido de Trabajadores Revolucionario. Esta es la lucha, incansable, de quienes militamos en Clase contra Clase.