En su despacho Julián Alcayaga luce una fotografía donde aparece junto a su padre cuando trabajaba de pirquinero en la zona de Copiapó, muy joven y con fondo rocoso. Años más tarde se convirtió en economista, realizó posgrados en La Sorbona, y es egresado de la carrera de Derecho. Declara contundentemente que el método dialéctico […]
En su despacho Julián Alcayaga luce una fotografía donde aparece junto a su padre cuando trabajaba de pirquinero en la zona de Copiapó, muy joven y con fondo rocoso. Años más tarde se convirtió en economista, realizó posgrados en La Sorbona, y es egresado de la carrera de Derecho. Declara contundentemente que el método dialéctico proveniente de sus estudios «me permiten tener las herramientas de análisis necesarios para comprender la realidad».
Julián Alcayaga fundó a inicios del milenio, junto a Jorge Lavandero, Manuel Riesco, Orlando Caputo, entre otros, el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre.
La propuesta del royalty minero de Piñera ya se aprobó apretadamente en la Cámara Baja y entró a segundo trámite al Senado, ¿En qué consiste?
«En aumentar en cerca de mil millones de dólares en tres años, lo que las empresas pagan en impuesto específico a la minería. Pero como esta medida no se les puede imponer a las empresas mineras porque la ley les otorga invariabilidad tributaria hasta el 2017, las empresas tendrían que renunciar voluntariamente a la disposición para que se les aplique el nuevo impuesto. Para conseguir eso, el gobierno le promete a las empresas una prórroga a la invariabilidad de 8 años. Es decir, que desde ahora las compañías pagarían mil millones de dólares, pero a partir de 2018, se ahorrarían, a lo menos, 4 mil millones de dólares anuales, 30 mil millones de dólares en 8 años.»
¿Por qué se va a producir el ahorro empresarial?
«Porque desde el 2018, se le puede aplicar a esas empresas una verdadera regalía minera, debido a que se acaba la invariabilidad tributaria. Una regalía minera que sería no inferior al 10 % sobre las rentas. En la actualidad, las mineras sólo pagan el 4 % de las utilidades, mientras que se les podría hacer pagar del 10 % hacia arriba. Ahora la Federación de Supervisores del Cobre de Codelco planteó que el royalty sea del 20 %. Lo que las empresas mineras no quieren es que la discusión para la prórroga de la invariabilidad tributaria se dé cerca de 2017 porque va a ser muy difícil, por eventuales razones políticas, que la consigan. Las mismas compañías han exigido al gobierno que la prórroga se resuelva ahora o nunca. Por eso a los defensores del cobre para Chile, no nos resulta conveniente que se legisle hoy para que se apruebe la prórroga del royalty.»
LAS ALTERNATIVAS QUE NO TOCAN LA INVARIABILIDAD TRIBUTARIA
¿Cuánto ha perdido Chile en los últimos años?
«El Servicio de Impuestos Internos informó en el Senado el 2004 que las empresas extranjeras, desde 1995 hasta el 2003, no pagaron un solo peso de impuestos, salvo la minera La Escondida que desembolsó 1.140 millones de dólares. Además de no pagar, debían en materia tributaria acumulada, 2.700 millones de dólares. En la actualidad, las empresas cancelan un royalty porque el precio del cobre es muy alto, y ante las evidencias, no existen subterfugios para hacer desaparecer la totalidad de las utilidades. Y las utilidades que declaran las empresas privadas, es un 30 % menor que las de Codelco. Es decir, la evasión tributaria sigue manteniéndose muy fuerte por parte de las empresas extranjeras.»
¿Y de dónde sacará recursos el Estado para la reconstrucción?
«El proyecto de royalty del gobierno es completamente innecesario si el objetivo es obtener recursos de las empresas mineras. Lo que se puede hacer es terminar con las brechas tributarias que le reportarían al Estado 3 o 4 veces más recursos que lo que podría obtener con este royalty.»
¿De qué manera?
«A través del pago de intereses. Las empresas extranjeras no han hecho inversiones directas en Chile, sino que han hecho inversiones en créditos relacionados mediante financieras en paraísos tributarios. De ese modo, las utilidades que ellas entregan en pago de intereses, allá están exentas de impuestos. Y aquí en Chile, esos intereses, que son ganancias, no pagan el 35 % de impuestos que se paga por la inversión directa, sólo entregan el 4 %. Por eso se propone aumentar del 4 al 20 %. Por otra parte, puede terminarse con la evasión de los «precios de transferencia», es decir de los precios entre empresas relacionados, tanto cuando compran, como cuando venden. Cuando se vende el concentrado de cobre, se va en un barco que pertenece a una empresa relacionada; la empresa que asegura el flete, es también relacionada; y la empresa que funde y refina el concentrado, es otra empresa relacionada. Entonces, las compañías mineras les pagan a todas ellas valores muy superiores al mercado porque les están transfiriendo no utilidades, sino relaciones comerciales; y por tanto, no pagan impuestos en Chile. Y otro aspecto sustantivo corresponde a las pérdidas en los mercados de futuro, como el «davilazo» en 1994, o como lo que ocurrió ahora, donde hay pérdidas de 2 mil millones de dólares. Todas las anteriores son medidas que, en caso alguno comprometen la invariabilidad tributaria. Y se obtendrían más recursos.»
Entonces, ¿Qué hay tras la discusión del royalty en definitiva?
«Franca y llanamente, prorrogar la invariabilidad tributaria a favor de la gran minería privada.»
El Consejo Minero dice que un royalty distinto que el propuesto por Piñera puede afectar la inversión extranjera…
«¡Quiera Dios -y lo dice un ateo- que esas inversiones no lleguen! Mientras menos inversiones extranjeras en la minería o en nuestros recursos generales, es mejor para Chile. Entre 1995 hasta el 2003 esos capitales extranjeros no pagaron impuestos, y se llevaron 21 millones de toneladas de mineral, que al precio actual del cobre, significan 200 mil millones de dólares. ¿Necesitamos esa inversión extranjera? Por supuesto que no. Que se vayan y no vuelvan jamás.»
¿Qué cree que ocurrirá con la iniciativa de Piñera?
«Se aprobó en la Cámara de Diputados, pero no pasará en el Senado, por un acuerdo al respecto. Pero si por casualidad llegara a pasar el proyecto, de todas maneras no pasa en el Tribunal Constitucional, porque el proyecto mismo es inconstitucional.»
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