La protesta contra el gobierno neoliberal de la socialista Michelle Bachelet convocada el miércoles por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) mostró las contradicciones del país propagandeado como un modelo triunfante de capitalismo agresivo para el mundo subdesarrollado. En la víspera de lo que terminó en un paro virtual, muchos personajes del poder, como […]
La protesta contra el gobierno neoliberal de la socialista Michelle Bachelet convocada el miércoles por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) mostró las contradicciones del país propagandeado como un modelo triunfante de capitalismo agresivo para el mundo subdesarrollado. En la víspera de lo que terminó en un paro virtual, muchos personajes del poder, como el ministro vocero del gobierno Ricardo Lagos Weber, hijo del ex presidente homónimo, se declararon «enemigos» del neoliberalismo, aunque contrarios al llamado de la CUT.
El Partido Socialista, a través de su máximo jefe, el senador Camilo Escalona, también proclamó su apoyo a la «Jornada Nacional de Movilización y Acción Social» convocada por la organización de los trabajadores. El liderazgo de la CUT no llamó abiertamente a un «paro nacional», como insinuaron algunos medios de comunicación, sino que convocó a «diversas acciones de movilización y acción sindical», tales como «atrasos colectivos al trabajo, a realizar cuchareos y viandazos, a organizar actos para dar a conocer nuestras demandas y entonar el Himno Nacional antes de entrar a los hospitales, colegios, reparticiones publicas, fabricas, centros industriales y mineros», todo esto bajo «la consigna; ¡No al neoliberalismo! A conquistar un estado social, democrático y solidario». Los trabajadores que se «atrasaron» para manifestar no asistieron a sus trabajos, en gran parte debido a la feroz represión policial ordenada por Bachelet y su gobierno.
Así como el principal partido de la coalición gobernante, el PS, apoyó la protesta contra el gobierno del que forma parte, lo mismo hizo el Partido por la Democracia (PPD), pero la representante del ministerio del Interior en el Región Metropolitana, la intendenta PPD de Santiago Adriana Delpiano, dirigió la represión contra los disidentes que manifestaron en la capital, con un balance de 670 detenidos. «De las tres querellas presentadas por la Intendencia, se logró detención preventiva para uno de los imputados y medidas cautelares para los dos restantes», proclamó el jueves ese órgano gubernamental.
El 18 Brumario del neoliberalismo chilensis
Es increíble cómo altos personeros del modelo chileno hoy reniegan del capitalismo neoliberal que administran ellos mismos en este país. José Miguel Insulza, ex ministro de estado, ex vicepresidente, secretario general de la OEA y a la vez pre candidato presidencial, dijo «no es que esté de vuelta el populismo, está de vuelta el Estado», en una polémica con el economista de derecha Felipe Larraín sobre la desigualdad del ingreso en Chile y la escasez de fondos públicos para mejorar la salud, la educación y la vivienda. Insulza dijo que hoy existe incertidumbre ante el futuro luego que en las últimas décadas se desmantelaran los modelos de mayor protección social. «Y la respuesta no está en los años 80 o 90, porque a América Latina le fue más mal que en las décadas anteriores y el denostado modelo de la CEPAL produjo más crecimiento que el modelo neoliberal», añadió Insulza.
Aunque sólo sea por razones de sobrevivencia, lo cierto es que las cúpulas políticas hablan hoy abiertamente de una reforma tributaria para enfrentar la desigualdad, mientras Bachelet puso en marcha una «comisión» de 48 miembros cuyo trabajo se teme que podría ser un tributo más al discurso esotérico, ya que sus distinguidos miembros son los principales responsables teóricos y prácticos de la desigualdad.
De cualquier manera, pareciera que en el Chile gobernado por Bachelet se hubiera desatado por fin la temida «lucha de clases» reprimida por 17 años de dictadura más otros 17 años de administración civil y de «izquierda» del modelo económico implantado por los militares. Las manifestaciones del miércoles dejaron al desnudo las contradicciones de los nuevos mayordomos del sistema económico, o sea, la alianza de partidos «de izquierda» y democratacristianos que gobiernan la nación que la propaganda mundial del capitalismo presenta como país modelo. Por ejemplo, no se consideran expresiones de la «lucha de clase» el sometimiento pasivo a los bajos salarios de los trabajadores subcontratados por terceros, sin prestaciones sociales, de salud o previsionales, ni la exportación de mano de obra barata incorporada a los productos primarios de bajo o nulo valor agregado, como los vegetales y frutas adquiridos a «precio competitivo» en los mercados externos gracias al trabajo semi esclavo de las temporeras.
La protesta popular del miércoles fue gatillada por los bajos salarios, las alzas de los alimentos, la carestía general de la vida y el fracaso del nuevo sistema de transporte urbano llamado Transantiago, entre otros factores que contrastan con las fabulosas ganancias de los bancos y de los grandes grupos económicos, en particular de los bancos, las grandes tiendas y las compañías extranjeras que explotan el cobre.
El doble discurso de Bachelet y su gobierno bonapartista utilizan un truco muy gastado. Primero autorizan las manifestaciones para demostrar ante el mundo que en Chile existe democracia y libertad, pero prohíben lo inevitable, por ejemplo que la gente camine por la calzada de la simbólica avenida llamada la Alameda, invocada en las últimas palabras de Allende («algún día se abrirán las grandes alamedas por donde transite el hombre nuevo»).
Si se permiten manifestaciones sin «desbordes», los participantes deben mantenerse rígidos como estatuas en los lugares públicos autorizados. Si caminan por la calle violan el «orden público» y el «derecho de los otros ciudadanos a desplazarse en automóviles o autobuses» y por lo tanto habilitan automáticamente a los Carabineros para que inicien la violencia. Y la policía esta preparada y armada, a caballo, con carros lanza gases, lanza agua y una terrorífica indumentaria de combate que parece copiada de la Guerra de las Galaxias. Carabineros arremete contra los manifestantes y promueve los «desórdenes públicos» ahora criminalizados por el artículo 26 del nuevo Código de Procedimiento Penal. Así, el gobierno y los medios de comunicación presentan al unísono como «antisociales» a quienes protestan contra el modelo de sociedad que administran socialistas y democratacristianos. (Para criminalizar a los estudiantes se redujo la responsabilidad penal a los 14 años.). La tele no dice que los gases son tóxicos y paralizantes, sino «disuasivos» (los lacrimógenos de antaño eran inofensivos). Carabineros no reprime sino que «disuade».
Bonapartismo bacheletiano «made in Chile»
Y la represión se excede. Por ejemplo, el senador Alejandro Navarro, del mismo partido socialista de Bachelet, puso un pie en la calzada de la Alameda, en el sector Plaza Italia de Santiago, y de inmediato le cayó a golpes el teniente Manuel Rocco, de las Fuerzas Especiales de Carabineros, armado de un garrote retráctil estilo Guerra de las Galaxias. Tratándose de un senador de la República, que tiene fuero parlamentario, el garrotazo constituye una falta muy grave, pero cuando «los pacos» golpean a un ciudadano común no pasa absolutamente nada. Ayer fueron detenidos y golpeados 670 ciudadanos (as) comunes, todos presuntos (as) electores (as) de Bachelet, quienes probablemente fueron pateados (as) y maltratados (as) en los autobuses de la policía, pero la prensa y el gobierno exhiben como únicas víctimas a unos 30 carabineros lesionados. Para la prensa, el gobierno y la tele, la protesta de la Cut se redujo a «disturbios, saqueos y desmanes»…
El único socialista del gabinete de Bachelet es el ministro del Trabajo. Los principales ministros pertenecen al grupo Expansiva, que cultiva el neoliberalismo más salvaje. Por ejemplo, la actual ministra de Minería Karen Poniachik es una periodista que antes de ser secretaria de Estado entrevistó en la revista Caras a su amigo Andrés Velasco, hoy ministro de Hacienda, quien se declaró partidario abierto de privatizar cuanto antes a la empresa estatal del cobre Codelco, que controla sólo el 38% del negocio con ese mineral. Con estos personajes de Expansiva quiere dialogar la Cut. Es decir, la organización presiona para discutir con el gobierno cuestiones como el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva, reglamentar la subcontratación de trabajadores que facilita la evasión de responsabilidades sociales y previsionales a los patrones y otras banderas de la clase obrera arrebatadas por la dictadura.
Resulta simbólico que el mismo día miércoles del «paro» falleciera el hombre más rico de Chile, Anacleto Angelini, de 93 años, también uno de los más adinerados de América Latina. Y en la misma jornada se reunió por primera vez en el palacio de La Moneda la comisión que según Bachelet va a resolver la desigualdad en el país, grupo que comenzó a estudiar sus futuros aportes esotéricos para el bienestar de «todos los chilenos». Y muchos diputados (¿PS?) que quizás en la mañana manifestaron contra Carabineros, por la tarde aprobaron por un voto la «reforma previsional» que permite el ingreso de los grandes bancos nacionales y extranjeros al negocio de las pensiones privatizadas de los trabajadores, hasta ahora un coto exclusivo de las llamadas Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP). Y la presidenta cenó con la directiva de la Sociedad Nacional de Minería, el sector más próspero del empresariado debido a los altos precios del cobre en el mercado mundial.
Y en este país donde el doble discurso es la doctrina oficial del Estado y de las cúpulas políticas de todos los colores, la presidenta Michelle Bachelet se irguió por encima de las pequeñeces de la lucha de clases y, como si emulara a Bonaparte, esta vez sin hacer «pucheros», anoche dijo: «En democracia y en mi gobierno, los trabajadores siempre podrán expresar pacíficamente sus demandas y defender sus derechos. Eso sí, hay un límite y yo quiero que todos lo entiendan muy bien»… Así como «la letra con sangre entra», el mejor «límite» lo fijan… «los pacos» de Bachelet.