La situación en el Catatumbo reventó hace exactamente un mes y dos días porque tenía que reventar. Los campesinos salieron a tomarse las rutas de la región porque se cansaron de los engaños y abusos por parte del Estado, de la falta de alternativas y de esperar en medio de una miseria abyecta. Nadie puede […]
La situación en el Catatumbo reventó hace exactamente un mes y dos días porque tenía que reventar. Los campesinos salieron a tomarse las rutas de la región porque se cansaron de los engaños y abusos por parte del Estado, de la falta de alternativas y de esperar en medio de una miseria abyecta. Nadie puede decir que sus demandas son descabelladas: exigen que se frene la locomotora minera que está destruyendo el ambiente y las comunidades, que se pare la erradicación forzosa de cultivos ilícitos mientras no se den alternativas reales a los campesinos para no pasar hambre, que se frene la militarización de la región, que se apruebe el proyecto de desarrollo sostenible que han desarrollado los propios campesinos y que se apruebe la zona de reserva campesina en el Catatumbo, la cual ha sido vetada ilegalmente por el ministerio de defensa.
La respuesta del Estado a las demandas de los campesinos ha sido de naturaleza militar; su estrategia ha combinado la violencia con el engaño. Por una parte, la respuesta violenta a la protesta social ha dejado decenas de heridos, cientos de presos y cuatro muertos: Dionel Jácome Ortiz, Edwin Franco Jaimes, Diomar Angarita y Hermidez Palacio. Esta respuesta militar ha sido azuzada desde los medios de comunicación oficiales que se han hecho eco de una serie de señalamientos irresponsables de personeros del gobierno y del ejército en contra de los campesinos, de su organización así como de quienes se han solidarizado de ellos.
Por otra parte, también se ha utilizado el engaño: mientras a los campesinos les destruyen sus pertenencias y les llueven plomo, granadas de fragmentación y gases, el gobierno demagógicamente anuncia a los cuatro vientos su supuesta «disposición» al diálogo. Un diálogo autista, en el cual lo único que los representantes del gobierno quieren escuchar es su propia voz, a la vez que ignoran olímpicamente las propuestas que los campesinos han desarrollado. Lo único que responden a todas las propuestas del pueblo es «NO». [1] Las comisiones de gobierno que han ido a la región, en lugar de negociar en base a las propuestas campesinas, se han dedicado a sacar propuestas mágicas de la manga, ignorando la lucha campesina y la profundidad de la crisis. Los campesinos se burlan de esta actitud diciendo que estas delegaciones se han dedicado a hacer una verdadera «danza de los millones», en las que sus ministros y funcionarios, como si estuvieran negociando con niños chiquitos en lugar de campesinos organizados, hacen «ofertas multimillonarias (…) en las que nadie cree.« [2]
A las propuestas emitidas por la organización de los campesinos (ASCAMCAT) sobre el Programa de Desarrollo Sostenible, PDS, «el gobierno respondió con una oferta institucional y un supuesto aporte de 80 mil millones de pesos para el Programa Regional de Inversión para el Catatumbo Dinero que se esfumó cuando se le propuso destinar esos recursos a un Fondo Campesino, para financiar las iniciativas del PDS de la [Zona de Reserva Campesina] en el marco del PRIC. (…) Cuando al gobierno se le propuso observar la posibilidad de financiar los proyectos del PDS y escuchar una propuesta de Ascamcat [para] financiar estas iniciativas con recursos del presupuesto, la respuesta del gobierno fue nuevamente un no.» [3] Es decir, en Colombia se gobierna en la mejor tradición del despotismo ilustrado, según la máxima demagógica que reza «todo para el pueblo pero sin el pueblo». Cualquier iniciativa popular debe ser descartada de antemano, porque es un precedente peligroso de empoderamiento y de madurez política, que amenaza la visión paternalista del gobierno según la cual los «pobres» deben ser depositarios pasivos de la caridad y mover la colita de alegría cuando les den cualquier migaja.
Tal vez pocas cosas deben molestar al gobierno tanto como la dignidad, la organización y la capacidad para articular propuestas concretas que tienen los campesinos del Catatumbo. El gobierno no soporta ver a un movimiento campesino activo, creador, constructivo, protagonista. Por eso se dedican a poner palos a la rueda a la solución de la crisis, dilatando las negociaciones para desgastar al campesinado y buscar el momento propicio para una solución de fuerza. La actitud del gobierno es característica: se levantan de la mesa de negociaciones, envían al ESMAD a meter más garrote contra los campesinos, ponen condiciones ridículas para seguir «negociando» (como que se levante el paro) y finalmente, dos días después, envían al vicepresidente Angelino Garzón a que, ahora sí, avance el diálogo -a la vez que siguen violentando a los campesinos [4] . Pretenden dar así la imagen de un gobierno magnánimo, generoso y abierto a dialogar que se ha topado con unos campesinos brutos, agresivos, obtusos y tercos, sino manipulados por supuestos intereses ajenos a ellos. Ante estos «engendros», lo único que quedaría es «darles una lección», igual que hace un padre autoritario con un niño malcriado.
Los campesinos han exigido al gobierno que no dé solución militar a un problema que es de índole social. Represión y diálogo autista por parte del gobierno son dos caras de la misma política de guerra contra el campesinado, mediante la cual se busca su desgaste. Santos hoy habla de paz, pero militariza; le es muy cómodo negociar en medio del conflicto, pues así agita la rama de olivo o el garrote según sea su conveniencia. Es necesario exigir a Santos que renuncie a la violencia como una forma de hacer política. Tradicionalmente, el Estado colombiano ha respondido mediante la violencia a la más mínima demanda popular. Esta respuesta violenta a cualquier movilización está en la base del conflicto social y armado que hoy se vive en Colombia. No es otra cosa sino esta tendencia histórica a la violencia por parte de la oligarquía colombiana lo que estamos viendo hoy en el Catatumbo. Esta situación nos recuerda que, al hablar de la paz, lo más importante no es si las guerrillas abandonan o no las armas, sino que el Estado abandone la guerra sucia y el terrorismo contra la población, sobre todo en el campo.
La fuerza de la resistencia popular es el único dique de contención contra la violencia estatal y el ejercicio ilimitado del poder por parte de la oligarquía colombiana. ASCAMCAT ha respondido a la violencia oficial y a las dilaciones mediante el diálogo autista, con la movilización de 20.000 campesinos más que se unirán en estos días a los 15.000 que ya están movilizados en la región [5]. Pero los campesinos del Catatumbo se enfrentan a fuerzas muy poderosas, a las cuales no derrotarán aislados. Es imprescindible que a esta altura, en que cualquier perspectiva de solución puntual a la crisis del Catatumbo parece haberse empantanado, la solidaridad que han recibido los campesinos desde todo el país se convierta en movilización activa. La lucha del Catatumbo no es una lucha aislada, sino una lucha por cuestiones que afectan a todo el campesinado colombiano. Su victoria, es la victoria de todos. Por ello es importante que el conjunto de las Zonas de Reserva Campesinas, legalmente constituidas o por constituirse, asuman esta lucha como su lucha: esa es la importancia del llamado que se hace desde ANZORC para que se constituyan ZRC en todo el territorio nacional. La crisis del Catatumbo debería servir como un catalizador para articular la protesta popular, ahora que se viene una nueva movilización cafetera por incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno, movilizaciones mineras y un llamado a movilizaciones agrarias a mediados del mes de Agosto [6].
Hoy en Colombia se necesitan muchos Catatumbos… y se necesita unirlos, articularlos y coordinarlos. Convertirlos en un poder capaz de crear realidades donde en otras ocasiones hemos logrado, a lo sumo, promesas incumplidas. El Catatumbo puede y debe convertirse en un nuevo punto de inflexión en las luchas de los oprimidos por su liberación.
NOTAS:
[1] http://prensarural.org/spip/
[2] http://prensarural.org/spip/
[3] http://prensarural.org/spip/
[4] http://prensarural.org/spip/
[5] http://prensarural.org/spip/
(*) José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario residente en Irlanda, donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de «Problemas e Possibilidades do Anarquismo» (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del libro «Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina» (Quimantú ed. 2010).
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