Todos y todas vamos a ser, en algún momento de nuestra vida dependientes, vulnerables y necesitados de servicios y atención. Pero cuando esto pase, no tendremos ya ni siquiera fuerzas para exigir que se garanticen los derechos que establece la legalidad vigente para la atención a las personas dependientes. Pero ahora que si las tenemos, […]
Todos y todas vamos a ser, en algún momento de nuestra vida dependientes, vulnerables y necesitados de servicios y atención. Pero cuando esto pase, no tendremos ya ni siquiera fuerzas para exigir que se garanticen los derechos que establece la legalidad vigente para la atención a las personas dependientes. Pero ahora que si las tenemos, tenemos que gritar alto y claro que exigimos que se cumplan todas las leyes. Que se sea tan estricto en denunciar su incumplimiento y en utilizar todos los medios: judiciales, económicos y de presión política y mediática para que se cumpla la legalidad vigente, como se está haciendo ahora, especialmente cuando lo que está en juego es la vida o la calidad de vida de nuestras personas mayores y dependientes.
Últimamente estamos siendo espectadores de las diferentes prioridades, hay una determinada «legalidad vigente» que es la importante, donde se vuelcan todos los medios y poderes del Estado. Y otra «legalidad vigente» que parece no importarle al Estado y a los partidos gobernantes. La legalidad que parece no importar son las 21.000 personas que han muerto en este año 2017, esperando por unas prestaciones de dependencia que han sido establecidas por ley, pero no les han llegado. Y las más de 40.000 personas dependientes, vulnerables, que, en el año 2016, no podían valerse por sí mismas y que esperaban que se cumpliera la «legalidad vigente» que les otorgaba una serie de prestaciones por derecho, pero que también fallecieron sin haber recibido esas prestaciones en las interminables listas de espera de atención a la dependencia, por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Es un derecho constitucional que exigimos que se cumpla y se empiece aumentando los presupuestos para que se garantice de forma efectiva.
El propio Presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales declaraba «ante esto, no sabemos ya que decir». El informe del Observatorio Estatal para la Dependencia del primer semestre del año 2017, denuncia que 320.000 personas dependientes están todavía en lista de espera. Es decir, continúan sin recibir las ayudas o servicios que tienen reconocidas ya por ley, Y lo que es aún más grave y doloroso, el 35% de las personas desatendidas (122.000), son dependientes con grados III o II, es decir Grandes dependientes y dependientes severos, los que más atención y protección requieren y que en muchos casos fallecen sin llegar a recibir los servicios y prestaciones que la Ley les reconoce.
Y esta desatención de esta «legalidad vigente» sí que tiene consecuencias muy graves para la vida y la calidad de las personas. Porque cada día, repito, cada día 90 personas dependientes mueren en España sin haber recibido la prestación o el servicio al que tienen derecho.
La ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, afecta no sólo al colectivo de personas mayores, sino también a las personas con discapacidad, desarrollando el artículo 49 y 50 de la Constitución, estableciendo un nivel mínimo de protección, definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado. Esta «legalidad vigente» es constitucional, consagrada por todo el arco parlamentario. El propio texto constitucional, en sus artículos 49 y 50, se refiere a la atención a personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios sociales promovido por los poderes públicos para el bienestar de la ciudadanía. Queremos que se cumpla la ley y se establezcan los recursos y los medios para la atención a las personas en situación de dependencia.
Que luego nos hablen de recuperación económica, ¿dónde?, ¿para quiénes? Un gobierno que no atiende sus compromisos con las personas más vulnerables y débiles, pero tampoco con las personas en situación de desempleo, ni tampoco con los jóvenes que tienen que emigrar para buscar un futuro, ¿qué hace?
En papel mojado y olvidado ha quedado el compromiso del partido Ciudadanos y el PP y sus 150 compromisos para mejorar España. Lo único que nos ha traído su unión es un Estado que no ampara a su ciudadanía ni a las personas dependientes, ni a las personas en situación de desempleo, ni a los jóvenes que tienen que emigrar. Pero, eso sí, sus políticas neoliberales han conseguido que el número de millonarios haya aumentado en España.
En la provincia de León, tenemos dos Centros Estatales que tendrían que estar prestando esta atención tan necesaria. El Centro de Referencia Estatal para personas en situación de dependencia (antes denominado Ciudad del Mayor), actualmente cerrado tras años de construcción que languidece sin ningún tipo de uso y deteriorándose progresivamente. Y el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de San Andrés Del Rabanedo. Un centro con un largo nombre, pero con una escasa e insuficiente prestación, respecto a todos los recursos y espacios de los que dispone y está dotado, ya que los últimos datos de la memoria del IMSERSO informan que las plazas desaparecen como por arte de magia a pesar de que las habitaciones siguen estando ahí. Pero las personas dependientes a nivel estatal siguen sin tener la atención
Según la Memoria del IMSERSO 2010, este Centro tenía 140 plazas de residencia y 23 plazas de Centro de día. Según la Memoria del IMSESO 2015 ese centro tenía 78 plazas de residencia y 26 plazas de Centro de día. Asimismo, la Memoria del IMSERSO 2016 reconoce 70 plazas de residencia y 27 plazas de Centro de día. Es decir, entre el año 2010 y 2016 han desaparecido 70 plazas en residencia, pero las habitaciones siguen estando ahí y las personas dependientes en su casa
Además, estos informes muestran cómo la mayor parte de los Centros de Recuperación para Personas con Discapacidad Física y Promoción de la Autonomía Personal (CRMF) del Estado están sin ocupar en su plenitud. Hay algunos que están al 47% y ninguno supera el 83%.
Algo tenemos que obligar a cambiar y pronto. Las personas dependientes no esperan. Hemos de exigir que nuestros gobernantes se movilicen para cumplir con esta ley y que destinen los recursos y medios que se precisan para hacer efectiva de Ley de Atención a la Dependencia, cumpliendo los objetivos para la que fue creada, que se dé la atención precisa a las personas dependientes, que se cree empleo y que se cumpla la legalidad vigente
Recordando las palabras de Almeida Garret «A cuántos individuos es necesario condenar a la miseria, a la desmoralización, a la desgracia para producir un rico».
Eloina Terrón Bañuelos. Coordinadora Provincial de Izquierda Unida León
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