La Comunidad de Madrid ha publicado con carácter de urgencia, un denominado “Anteproyecto de ley de Medidas Urgentes para Impulso de la Actividad Económica y Modernización (MUIAEM)”, que organizaciones sociales y partidos políticos han recurrido y rechazado por el trámite de urgencia, calificándola como Ley Ómnibus.
Las Leyes Ómnibus son leyes “oportunistas” como las Leyes de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado que aprovechan la urgencia con el que se tramitan al final de cada año, para aprobar variados contenidos que tenían poco que ver con la materia presupuestaria.
Pues bien, la Comunidad propone una Ley oportunista que pretende modificar de una tacada unas 36 leyes autonómicas y siete decretos, ¡y se presenta con carácter de urgencia! a final de año a pesar de que llevaban preparándola desde 2020. Toca temas tan dispares como urbanismo -poniendo fin a la obligación de las constructoras de ceder suelo a los ayuntamientos-, modifica la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas para facilitar su control por el ejecutivo, modifica leyes de ordenación de transportes urbanos, medio ambiente, caza, etc., y tiene un capítulo entero dedicado a temas sanitarios.
Lo más escandaloso es el hecho de que crea una Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid que estaría regulada por el derecho privado, y que, por tanto, escaparía al control de los representantes públicos de la Asamblea de Madrid.
Esta Agencia, será considerada necesariamente como sector público por estar constituida desde la Administración, regulada por la Ley 9/2017. Por lo que debería funcionar, a la hora de la contratación, como cualquier administración pública, afectando tanto a los contratos de obra, de servicios, de suministros, etc.
La Comunidad de Madrid ya funciona con contrataciones directas demasiado frecuentes, según informes de Audita-Sanidad. Avanzando en la discrecionalidad, lo grave y preocupante es la capacidad que da a esta Agencia para constituir o participar en el capital de toda clase de sociedades mercantiles, cuyo objeto social esté vinculado en los fines y objetivos de la Agencia. Es decir, un paso más para mercantilizar, dentro de la mal llamada “colaboración público-privada”, las actividades sanitarias como los conciertos, los acuerdos Marco para rebajar las listas de espera, o cualquier otra actividad como compras, poner en marcha estructuras “ad hoc, promover consorcios privados para prestar atención primaria, etc. Se introduce así aún más a las empresas privadas no solo en la prestación, sino también en la gestión y administración de recursos públicos. Y estas actividades desarrolladas por sociedades mercantiles participadas, sí que tendrán un escaso y difícil control de los representantes públicos y permitirán generalizar las contrataciones directas (“a dedo”) eludiendo así las garantías de los contratos administrativos.
Además, la Ley Ómnibus aborda otros temas de incidencia sanitaria, como son:
- La exención del requisito de nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario, con el objetivo de contratar a médicos especialistas de países hispanoamericanos. Se pretende así atajar la realidad de la huida de especialistas MIR recién formados en Madrid, a otras CC.AA. o al extranjero, ante las malas condiciones laborales que se ofrecen en esta Comunidad.
- Se facilita la adquisición de la condición de personal estatutario a personal laboral de sus propias instituciones, con solo solicitarlo.
- Se facilitará la compatibilidad (pluriempleo interno) en 2 trabajos asistenciales en el sector público.
- Se regula de una forma exhaustiva la figura del personal “emérito”, figura con la cual el PP viene gratificando a los especialistas médicos que se jubilan, fieles a sus políticas.
En definitiva, la Ley Ómnibus MUIAEM, es un abuso institucional oportunista que, al menos en la Sanidad, pretende “normalizar” muchas de las corruptelas con las que el PP viene funcionando y nos tiene acostumbrados, profundiza en la privatización y degradación de nuestra sanidad y, por tanto, merece ser rechazada por toda la sociedad.