Cada año, cada septiembre, en particular en cada primera quincena del mes; se reorganizan discursos en torno a la historia de la Unidad Popular, de la vida y muerte de Salvador Allende, de la Junta Militar y el «golpe»; de las organizaciones y partidos de izquierda, del secuestro, la tortura y del exterminio de los […]
Cada año, cada septiembre, en particular en cada primera quincena del mes; se reorganizan discursos en torno a la historia de la Unidad Popular, de la vida y muerte de Salvador Allende, de la Junta Militar y el «golpe»; de las organizaciones y partidos de izquierda, del secuestro, la tortura y del exterminio de los militantes de izquierda que las componían.
El año 2013, con la conmemoración de los 40 años del golpe, se logró un estado latente del fenómeno político dictatorial que no discriminó generaciones a la hora de emitir opinión, que tuvo a los medios de comunicación masivos generando pautas de cobertura en torno al tema y a una sociedad civil y sus organizaciones tensadas en su mayoría por un discurso de victimización y pasividad. La arremetida de un sistema impuesto a «sangre y fuego» el año 73, que se encuentra hoy atravesando un estado de modernización profundo al alero de un capitalismo neoliberal que tiene imbuidos a los miembros de «lo colectivo» en un estado de individualización constante, pero que también muestra resistencias y éstas, parecen emerger cada cierto tiempo en una especie de batalla eterna en contra de una Constitución política que amarra todo el «cuerpo social», dejando nulos márgenes de acción colectiva sobre todo en el mundo de los trabajadores.
41 años ya han transcurrido del episodio político que eclipsó la arremetida popular chilena más importante del siglo XX, desde el, no solo se erigió el laboratorio neoliberal más importante de este lado del mundo, también, y con ello, una estructura de dispositivos que nos hacen recordar de forma permanente que hay un punto límite, uno que no se podría traspasar, lo llaman: «derechos humanos». Estos dispositivos son posibles de observar materialmente en ejemplos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, creado como resorte desde una de las resoluciones del Informe Rettig (1991), también es atingente mencionar al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, soporte museológico que fue parte de los proyectos de la red Bicentenario que recorrió el país durante el año 2010. En ambos casos, asistimos a un proceso de cristalización de una política estatal en la materia. En otras lógicas, también museológicas o cercanas a ella, encontramos los distintos centros culturales en otrora centros clandestinos de secuestro, tortura y desaparición, como «José Domingo Cañas», «Villa Grimaldi» o «Londres 38». En ellos se imbrica una mixtura de visiones que tienen como soporte discursivo, en la mayoría de los casos, la pedagogía del «nunca más». Educar para que no vuelva a ocurrir.
También es interesante notar como la academia se inserta en esta red de «DD.HH». La Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales y la Universidad Central (solo por nombrar algunas), cuentan con centros de investigación en torno a la materia, dotando a las instituciones académicas de todo un circuito de posibilidades intelectuales que giran dando respuesta al problema de los «DD.HH» y sus categorías adyacentes como lo son la Democracia, la Jurisprudencia, Política Internacional, etc.
¿Qué son los «DD.HH» en el Chile de hoy? ¿Cuál es el rol político-ideológico que cumplen las instituciones que el Estado ha levantado? ¿Qué resultados tienen estos procesos de articulación de una política de «DD.HH» en la sociedad en su conjunto? Preguntárselo tiene sentido solo si se logra quebrar el sentido común que hace suponer que la categoría existe para dar cuenta solamente de procesos conflictivos en los grupos humanos, olvidando el objetivo «natural» de su creación que tuvo que ver con las garantías de vida digna que los Estados tenían que comprometer con sus ciudadanos. Hoy en Chile, los «DD.HH» son una suerte de comodín discursivo que sirve para englobar no solo demandas («verdad y justicia»), también saberes (académico), propuestas (educación gratuita y de calidad) y reivindicaciones (pueblo Mapuche), engrosando así los márgenes de sus posibilidades por un lado y por otro cercenado por la institucionalización del Estado mediante sus instituciones y sus prácticas museológicas que restringen la utilización de la categoría a hechos acotados y del pasado.
Pareciera que le resulta cómodo al Estado chileno mantener un discurso sobre «DD.HH» que solo encuentre conexión con el proceso dictatorial, sin margen para otra aproximación. Así, lo que fue una herramienta de lucha de alcance mundial de las organizaciones populares, pasa a ser un concepto administrado (racionalizado y burocratizado) por el Estado, quitándole cualquier pretensión emancipadora y carga axiomática que lo empate a procesos de lucha y de disputa del poder político.
La utilización del concepto «DD.HH» logra inclusive la característica de ideología, una «ideología de los DD.HH», ubicándolo al nivel de un esquema de pensamiento y acción que «empapa» los discursos sociales transversalmente. Esto último es una cuestión vital dada la importancia del papel que juegan las ideas que desde ahí emanan, porque por un lado actúan delimitando los imaginarios políticos y sociales, y por otro, los marcos de interpretación de la realidad.
Asistimos a un proceso de rearticulación del «espacio» en donde el discurso de los «DD.HH» encuentra su lugar, este reacomodo obedece a los tiempos políticos que estamos viviendo en donde el perfeccionamiento de la democracia se erige como el camino por el cual los colectivos sociales pueden encontrar respuestas a sus demandas, quedando en punto muerto las viejas consideraciones de asociación a la violencia que la categoría tuvo durante décadas. Que hoy no se asocie a violencia responde a las lógicas del desarrollo de la disputa política en donde no hay un sector popular organizado que dispute y ponga en tensión los intereses de la «burguesía» nacional, qué duda cabe que al volver a existir dicha tensión, volverá la violencia, y con ella, las viejas consideraciones y los discursos ya gastados en defensa de los «DD.HH».
Juan Pablo Gutiérrez Mangini: Sociólogo, Estudiante Magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización, Universidad de Chile.
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