El pasado 23 de septiembre el mundo fue testigo del último acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la Guerrilla de las FARC EP, en La Habana. Allí se dio otro paso importante para avanzar en la agenda de negociación. El acuerdo contempla, entre otros puntos, la creación de la Jurisdicción Especial […]
El pasado 23 de septiembre el mundo fue testigo del último acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la Guerrilla de las FARC EP, en La Habana. Allí se dio otro paso importante para avanzar en la agenda de negociación. El acuerdo contempla, entre otros puntos, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyo principal objetivo es el esclarecimiento de la verdad sobre víctimas y victimarios, la No repetición y la responsabilidad y participación de los actores enfrentados durante en la guerra de más de 50 años que ha sufrido el pueblo colombiano.
La firma de este histórico acuerdo no solo adelanta los diálogos y destraba el tema de justicia sobre el que existen serias diferencias entre las partes, sino que trajo el anuncio de la firma del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que según el Presidente Santos será dentro de 6 meses (23 de marzo del 2016), que de ser real será el momento cumbre de los diálogos, luego de tres años de la instalación de la mesa en La Habana. Estos son anuncios trascendentales para el país, así como la posible mesa de diálogos entre el ELN y el Gobierno colombiano.
La mesa de diálogos de La Habana ha estado cargada desde su instalación, de una alta polarización por parte de poderosos grupos políticos y económicos que se niegan a la solución política del conflicto armado y quieren atravesarse como un palo en la rueda; e igualmente por los grandes medios de comunicación, que actúan como si fueran no solo dueños de dichos pulpos mediáticos, sino de la opinión pública misma en nuestro país. Por otro lado hay una amplia variedad de sectores sociales y políticos que han estado comprometidos con la defensa de los diálogos, al mismo tiempo, una gran parte de la población sigue al margen de los importantes hechos históricos que se presentan, y desconoce y está desorientada sobre lo que se ha venido discutiendo y avanzando en La Habana. Y es aquí donde hace falta una extensa pedagogía, información, debate y educación sobre los diálogos, sus alcances y sus obstáculos.
Estamos ad portas de comenzar un gran proceso de reparación y reconciliación, y para ello buena parte de la agenda de La Habana se dedicó a examinar las causas principales y estructurales del conflicto armado, lo que dio origen a la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas, la cual arrojó un informe que aporta en entender las causas, actores y durabilidad del conflicto, proponiendo interpretaciones sobre lo que ha pasado, y ayudando a la comprensión del mismo. Esta primera e importantísima comisión, creó las condiciones para crear la Comisión para el establecimiento de la Verdad, trascendental para saber lo que pasó, los responsables, el derechos de las víctimas a la verdad, reparación, justicia y garantías de no repetición.
Habría que preguntarnos sobre los 6 puntos de la agenda (Política de desarrollo agrario integral; Participación política; Fin del conflicto; Solución al problema de las drogas ilícitas; Víctimas; Implementación, verificación y refrendación) qué tan comprometido está el Estado colombiano en darle cumplimiento a cada uno de éstos después que se firme el Acuerdo General.
Pero también es necesario preguntarnos cuál es el papel de la sociedad civil en este momento único en la historia, que puede significar transitar de una manera de existir políticamente como sociedad, a un nuevo momento donde las diferencias y contradicciones políticas se tramitarán de otra forma y por medios diferentes al del uso de las armas.
El Estado colombiano, el aparato institucional, no ha sido orientado y gobernado democráticamente, o de acuerdo al interés general de la población, sino favoreciendo los intereses económicos de unas minorías que históricamente se han enriquecido a través de él. Lo vemos a diario, por ejemplo, con las concesiones de territorios a las grandes empresas para que exploten sus recursos generando desplazamiento, muerte y miseria de pueblos y comunidades. Por esta razón es de vital importancia que el movimiento social y todos los colombianos nos convirtamos en garantes del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Preparándonos para exigir que lo que se firme sea cumplido, que efectivamente haya una reconstrucción y establecimiento de la verdad, que revele a los responsables e, igualmente, prepararnos para continuar la lucha social, de ideas y cultural para que las causas que dieron origen al conflicto armado sean efectivamente eliminadas.
El país no alcanza la paz, así en abstracto, solo porque las guerrillas dejen de existir, la paz que queremos son cambios en el modelo económico, en la estructura del poder político, y para lograr esa paz con justicia social, debe haber un compromiso activo de todos.
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