La reciente propuesta de pacto social gobierno-pueblos indígenas (bajo el slogan «Re-conocernos»), anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet tiene escasas posibilidades de concreción, de cara a la actual realidad política y social. Sus medidas más novedosas -la representación parlamentaria y el sometimiento a evaluación del impacto en los pueblos originarios de los proyectos de inversión- […]
La reciente propuesta de pacto social gobierno-pueblos indígenas (bajo el slogan «Re-conocernos»), anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet tiene escasas posibilidades de concreción, de cara a la actual realidad política y social. Sus medidas más novedosas -la representación parlamentaria y el sometimiento a evaluación del impacto en los pueblos originarios de los proyectos de inversión- requieren un apoyo parlamentario que hoy menos que nunca podrá obtener la Presidenta, e implican interlocutores que tampoco están disponibles, acuciados por urgencias judiciales y sociales. Rodrigo Egaña, el alto Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, que el 18 de abril se dio tiempo para explicar la política indígena de su gobierno a los corresponsales extranjeros acreditados en Chile, no se contactó con las comunidades mapuche en su visita a la novena región. Según La Nación digital, Egaña precisó ante los corresponsales que el gobierno no dará a los pueblos indígenas ningún tipo de autonomía territorial.
A continuación, expongo un sucinto recuento de los hechos que han afectado en lo que va corrido de abril a luchadores sociales, actores y miembros del pueblo mapuche convocado al pacto social «Re-conocer. Pacto social por la multiculturalidad».
- 18 de Abril
Postergado juicio a dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco
En Nueva Imperial (Región de la Araucanía) fue postergada para el 2 de mayo próximo la audiencia en que debía fijarse la fecha y composición del tribunal que llevará a juicio oral al dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor LLaitul, y al comunero Roberto Painemil. La razón de la nueva dilación del proceso es técnica, según el tribunal: el (curioso) daño que se produjo en la cinta que contenía la declaración grabada de Roberto Painemil denunciando haber inculpado a Llaitul bajo los efectos de la tortura, afirmando no conocerlo y negándose a ratificar la declaración inicial. Se trata de una pieza clave para la jueza Claudia Sánchez puesto que Llaitul había sido inicialmente inculpado por Roberto Painemil, y en esa primera declaración hoy refutada, reside todo el «peso» de la causa de la fiscalía contra el dirigente de la CAM y del propio Painemil. Ambos luchadores mapuche llevan más de un año y tres meses en «prisión preventiva», encarcelados sin juicio. Sólo se les notificó de acusación formal en marzo de este año aunque de hecho están purgando una condena anticipada por el atentado incendiario contra maquinaria de Forestal Mininco, ocurrido en el fundo Las Praderas el 25 de Diciembre de 2006. Los querellantes son la representante de la Presidenta Bachelet, la Intendenta Nora Barrientos, y Forestal Mininco. La fiscal Vania Arancibia ha solicitado nueve años de prisión para ambos formalizados, acusándolos de los supuestos delitos de incendio y porte de armas. El ex Juez Juan Guzmán (Centro de Derechos Humanos Universidad Central) y el director de la fundación Laura Rodríguez, abogado de derechos humanos Juan Enrique Prieto, asesorarán a la defensoría penal mapuche en el proceso contra los dos mapuche inculpados.
17 de abril
Werken de Temucuicui se entrega en Collipulli
Víctor Queipul, werken (mensajero) de la comunidad de la sitiada comunidad de Temucuicui (comuna de Ercilla, Región de la Araucanía) se entregó voluntariamente al Tribunal de Garantía de la ciudad de Collipulli donde era requerido en tres causas por el juez Julio Sandoval. Entrevistado por Elías Paillán, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, en las afueras del tribunal, expresó: «Yo no soy delincuente, ni terrorista y estoy acá por reivindicar mi territorio, mi cultura y por la justicia de mi pueblo
Me entrego porque mi comunidad me necesita, para hacer guillatún, para hacer trabajos de siembra, por eso me entrego y porque soy inocente de los cargos que me imputan, desórdenes públicos y agresión al ex director de CONADI. En este momento no tengo abogado, yo creo que si tuviera plata, él estaría conmigo, pero como no tengo, estoy solo acá.»
Su comunidad declaró: «Desde que la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó la prisión preventiva de nuestro werken, lo han buscado en diferentes y violentos allanamientos y también en la emboscada que nos hicieron los carabineros a fines del año 2006, cuando nuestros comuneros regresaban en un bus a la comunidad. En dicha ocasión carabineros baleó a mucha de nuestra gente, pero ahora, sin embargo ¡son los heridos nuestros quienes están siendo condenados por desorden público! Para los políticos, particulares y tribunales de justicia nuestro werken Víctor Queipul es un delincuente. Para nuestra comunidad, él es un luchador que ha trabajado por la tierra, justicia y libertad, velando por que se respeten nuestros derechos y se restituyan nuestras tierras ancestrales, hoy en manos del particular Rene Urban, dueño de los fundos La Romana y Montenegro.»
- 16 de abril
Duro informe de Asociación Americana de Juristas
Se dio a conocer en la sala Ercilla de la Biblioteca Nacional de Santiago, el «Informe sobre la Represión y Criminalización del pueblo Mapuche» emitido por la Misión Internacional Conjunta de la Asociación Americana de Juristas (ramas chilena y argentina), y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina. La visita in situ de la misión a la Región de la Araucanía tuvo lugar entre el 27 y el 30 de enero de este año. Los abogados recorrieron comunidades y cárceles de la región donde están recluidos hombres y mujeres mapuche. La misión, encabezada por la abogada Graciela Alvarez, Presidenta de la filial chilena de la entidad, se refirió en duros términos las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso y describió la militarización del territorio de las comunidades que defienden sus tierras ancestrales. Hacen presente, entre otras consideraciones, la indefensión en materia legal que viven los presos políticos y las comunidades, sus familias y en especial los niños mapuche, frente a la violencia desplegada en su contra por agentes del Estado en los constantes allanamientos de que son objeto. La Asociación Americana de Juristas tiene estatus consultivo en las Naciones Unidas y representación permanente en sus sedes de Nueva York y Ginebra.
- 16 de abril
Detienen a mapuche buscado por «incendio terrorista»
Luego de seis años de persecución, Luis Catrimil Huenupe (60 años) fue detenido por carabineros en la comunidad Tricauco, comuna de Ercilla. Era buscado por su presunta participación en el atentado incendiario al fundo Poluco-Pidenco (diciembre de 2001) y será sometido a juicio oral. En 2003 la fiscalía de Collipulli formalizó a once personas por ello, y siete fueron condenadas bajo la ley antiterrorista, (con testigos pagados y sin rostro), a penas de presidio de hasta 10 años. Entre ellas están Patricia Troncoso Robles, que debió pasar más de 100 días de huelga de hambre para acceder a los beneficios carcelarios que le correspondían por haber cumplido más de la mitad de su pena de diez años y un día, y el dirigente José Huenchunao. Si se cumplen las instrucciones de la Presidenta Bachelet, a Catrimil y a los otros presos políticos mapuche acusados de incendio, no se les podría aplicar la legislación antiterrorista utilizada en el gobierno del ex Presidente Lagos para lograr las citadas condenas. La primera mandataria ha reiterado que no hará uso de esa legislación para este tipo de delitos, antes calificados como «incendio terrorista», aunque no ha tomado iniciativa alguna respecto de quienes padecen las consecuencias de haber sido condenados bajo esa ley.
- 15 de abril :
Forestal Masisa contra Lonko Víctor Marilao
Víctor Marilao, lonko (jefe) de la comunidad «Juan Quintremil» de Huichahue (una localidad precordillerana próxima a Padre Las Casas, muy cercana a Temuco) compareció ante una jueza de Temuco, por hechos vinculados a la lucha de su comunidad contra la forestal Masisa (ex Millalemu- Terranova) del holding «Nueva» del magnate suizo Stephan Schmidheiny. Junto a la Intendencia, Masisa acusa a Marilao de «provocar desórdenes con barricadas» en el Km. 11 de Huichahue. El lonko fue a la audiencia acompañado por Aucán Wilkaman, cabeza del Consejo de Todas las Tierras, y dirigentes de las comunidades Necul y Huinculche. Marilao se negó a declararse culpable de las imputaciones, reiterando ante la prensa: «¡Soy Autoridad Mapuche. No soy delincuente. Y esta lucha es por la recuperación de las tierras mapuche usurpadas a nuestra comunidad Juan Quintremil por parte de la forestal,desde la época de la dictadura de Pinochet!. La causa continuará el jueves 15 de mayo. Las tierras en conflicto estaban en comodato hasta el año pasado, en que la trasnacional suiza – que curiosamente está adscrita al compromiso de «Responsabilidad Social» de las empresas – impidió con resguardo policial el ingreso de los comuneros mapuche a la tierra después de la tala del bosque. Así lo denunció en su oportunidad Aucán Wilkaman en Naciones Unidas.(ver más en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=60486)
- 9 de abril
Denuncia de Mujer mapuche en Conferencia sobre Salud Reproductiva
En Bélgica, Bruselas, la dirigenta mapuche María Inés Colimil, representante de la Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda de Chile se dirigió a los participantes en la Conferencia Sobre Salud Reproductiva, denunciando la doble discriminación que viven las mujeres mapuche y agregando: «Sin tener un poder notarial, pero en mi condición de dirigente mapuche, asumo como deber moral decirle al mundo que en mi país no se respeta el derecho del pueblo mapuche y demás pueblos originarios, el gobierno de Chile vulnera la libertad de nuestros dirigentes y muy en especial el de las mujeres mapuches, por el solo delito de luchar por nuestra Autonomía y Territorio, conservación de nuestra Cultura Milenaria Los llamo a solidarizar con ellas y ellos, los que día a día en mi pueblo sufren los atropellos a todos sus derechos por el solo hecho de existir».
· 3 de abril
Nueva detención y maltrato a Waikilaf Cadin
El joven dirigente de la comunidad Juan Paillalef, Waikilaf Cadin (hijo de la lonko Juana Calfunao (que tiene al resto de su familia en prisión) detenido el 3 de abril frente a la Intendencia de Temuco, se querelló contra carabineros por violencia innecesaria y lesiones leves. La detención tuvo lugar luego de la marcha realizada al cumplirse 3 meses del asesinato de Matías Catrileo por la fuerza policial. El joven comunero y estudiante de derecho sólo alcanzó a disfrutar de tres meses de libertad luego de pasar más de un año de prisión bajo condiciones inhumanas en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. La demanda incluyó abundante evidencia audiovisual, ya que la detención fue filmada por la televisión local, evidenciándose la nula culpabilidad del detenido y el maltrato de que fue objeto por la policía. La querella y el recurso de amparo preventivo fueron acogidos por la corte de Temuco. A la fecha de este informe habían prestado declaración los uniformados y el tribunal esperaba el informe de la intendenta Nora Barrientos, contra quien está también dirigida la querella.
· 2 de abril
Defensa del mar y poblado lafkenche
Más de cien individuos contratados por Celco (empresa que pretende instalar un ducto para verter desechos tóxicos de su planta de celulosa en el mar territorial lafkenche) atacaron a mapuches en la caleta de Mississipi (Región de los Lagos), dejando herida a una mujer. Los hechos afectaron a los habitantes de las comunidades de pescadores y mapuches que integran el Comité de Defensa del Mar. El objetivo de la incursión era sacar las redes colocadas por los defensores para impedir la realización de los estudios de impacto ambiental de dicha empresa. Los invasores cortaron el suministro eléctrico, dejando sin luz a toda la comunidad de las caletas de Mehuín y Mississippi. El escaso contingente policial se vio sobrepasado por los acontecimientos. El episodio gatilló el repunte de las movilizaciones contra CELCO, que recibieron apoyo de más de 80 organizaciones sociales y ambientales. Organizaciones de la costa valdiviana viajaron a Santiago a informar la situación en la sede de la FECH, Federación de Estudiantes de Chile, detallando la ilegalidad de las acciones del grupo de individuos que apoyan a CELCO. Los dirigentes se enteraron con estupor que el pueblo de Mehuin y la caleta Mississipi forman parte de las 5.790 hectáreas de concesión minera entregadas a CELCO, según anuncia el Boletín Minero 5981, de fecha 10 de abril de este año. El mapa de las concesiones del subsuelo minero se extiende precisamente por sobre estos pueblos de pescadores y mapuche lafkenche.
· 22 de abril
Formalizarán a lonko Avelino Meñaco
Ese día se realizará en Cañete (Región del BíoBío) la audiencia contra el lonko Avelino Meñaco de la comunidad Pascual Coña, detenido en la cárcel de Lebu desde fines del año pasado. No es primera vez que él enfrenta la cárcel. El lonko estuvo en las luchas que permitieron la recuperación de las tierras de su comunidad, usurpadas por el empresario Osvaldo Carvajal, parte de las cuales fueron compradas por CONADI para un sector de esa co munidad. Se le acusa de incendiar unas cabañas aledañas al lago Lleulleu, en las movilizaciones de este año a raíz de la huelga de hambre de Patricia Troncoso y los presos de Angol. Su hijo Luis Meñaco fue detenido en la comunidad de Huentelolén el 14 de abril de este año. Sindicado por la prensa como miembro de la nueva dirigencia de la Coordinadora Arauco Malleco, se le acusa de dirigir un corte de ruta efectuado en apoyo a la huelga de hambre de Patricia Troncoso, hecho en el que resultó quemado el vehículo de un periodista.
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Las movilizaciones generadas alrededor de estos hechos continuarán sin duda, mientras por otra parte, se mantiene la expectativa ante la dilatada promulgación por la Presidenta Bachelet del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas. Diversas organizaciones de pueblos originarios han denunciado que el texto iría acompañado de una inaceptable «declaración interpretativa». Según el comisionado Rodrigo Egaña el Tribunal Constitucional ya informó positivamente el convenio y sólo faltaría su ratificación por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)l para que la presidenta Bachelet lo promulgue como ley.