El Colegio de Periodistas de Chile introdujo ayer (7 de octubre) dosdenuncias en la justicia del crimen por las amenazas de muerte contra losperiodistas Mónica Guerra, de El Mercurio, y Francisco Martorell, directorde la revista El Periodista, informó el abogado Juan Aguad. Las causascompeten al 32° ?Las Condes? y 11° Juzgados del Crimen ?Ñuñoa?, de […]
El Colegio de Periodistas de Chile introdujo ayer (7 de octubre) dos
denuncias en la justicia del crimen por las amenazas de muerte contra los
periodistas Mónica Guerra, de El Mercurio, y Francisco Martorell, director
de la revista El Periodista, informó el abogado Juan Aguad. Las causas
competen al 32° ?Las Condes? y 11° Juzgados del Crimen ?Ñuñoa?, de acuerdo a
la jurisdicción de los domicilios en que se recibieron los mails conteniendo
las amenazas el 1° de septiembre, indicó el jurista.
Martorell introdujo otra denuncia ?el 29 de septiembre? en el 11° Juzgado
por el robo de cuatro computadores perpetrado durante la noche del 28 de
septiembre en las oficinas de la revista. Las magistrados, Blanca del Carmen
Rojas Arancibia, del 32°, y Doris Adriana Ocampo Méndez, del 11°, cursarán
las órdenes de investigación y citarán a declarar a partir del martes 12
de octubre, debido a que el lunes 11 es feriado, informó Aguad..
La SIP condenó atentados a la libertad de expresión
La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) reaccionó en solidaridad con
los periodistas amenazados de muerte en Chile, Mónica Guerra y Francisco
Martorell, y contra situaciones similares en Colombia y Honduras, según
un cable fechado el 5 de octubre en Miami por la agencia alemana DPA.
La organización, que expresó su «profunda preocupación» por las amenazas
y la violencia contra periodistas y medios de Chile, Colombia y Honduras,
abordará el asunto en su asamblea general a realizarse en Guatemala del
22 al 24 de octubre.
La SIP «se mantendrá vigilante ante los incidentes registrados en esos países
porque afectan el libre ejercicio del periodismo, promueven la autocensura
y limitan la libertad de información», dijo Rafael Molina, presidente de
la Comisión de Libertad de Prensa e Información.
La SIP indicó que en Chile la revista El Periodista fue asaltada el 28 de
septiembre por personas que se llevaron computadoras que contenían
información contable y financiera. Su director había sido amenazado por un
reportaje sobre corrupción municipal y se vincula el robo a esas amenazas.
La revista colombiana Semana denunció hace unos días que sus periodistas
recibieron amenazas y sus teléfonos fueron intervenidos tras la publicación
de pormenores de las conversaciones que sostienen desde hace dos años jefes
de los grupos paramilitares con el presidente de Colombia, Alvaro Uribe.
En Honduras fue baleado el diario La Tribuna el 1 de octubre por individuos
no identificados. El diario publicó recientemente artículos sobre el crimen
organizado en la principal cárcel del país y la supuesta complicidad de
las autoridades penitenciarias.
Preocupación en El Mercurio
El Mercurio se sumó a la preocupación por las amenazas contra la libertad
de expresión en Chile desde que su director, Juan Pablo Illanes, tuvo
conocimiento de los hechos a su regreso al país el 4 de octubre. Las
víctimas de las amenazas decidieron al comienzo mantenerlas en un bajo
perfil, para no verse involucrados en la campaña por las próximas elecciones
municipales del 31 de octubre porque sus autores desconocidos invocaron al
ayuntamiento de Quilicura, una comuna de Santiago, cuya alcaldesa ?Carmen
Romo? aspira a la reelección por cuarta vez.
Illanes se comunicó con Martorell para recabar mayor información sobre el
robo de las cuatro computadoras de su revista. El diario publicó el 7 de
octubre su primera información sobre las amenazas de muerte ? conocidas
el 1° de septiembre?, que también afectan a su periodista Mónica Guerra.
El matutino se hizo eco de la exigencia de ?una investigación profunda de
los hechos? reclamada por la SIP, organización que agrupa a los grandes
diarios de América Latina y el Caribe.
El Mercurio destacó, asimismo, que ?ambos acontecimientos, lesivos para
la libertad de expresión, provocaron la inmediata solidaridad de la Sociedad
Interamericana de la Prensa (SIP), de la Federación Latinoamericana de
Periodistas (Felpa), de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
(UTPBA), del Colegio de Periodistas de Chile y de la Comisión de
Investigación de Atentados a Periodistas (Ciap)?.
(http://www.elmercurio.cl/2004/10/07/nacional/policia_y_tribunales/noticias/
E5496F6D-F4BB-40B0-B5D2-E26B5B763D8A.htm?id={E5496F6D-F4BB-40B0-B5D2-E26B5B76
3D8A}
Reclamos al gobierno de Chile
?Egalité et Justice?, una asociación de derechos humanos de Francia, más
otra de Alemania, y numerosas organizaciones de periodistas de todo el
planeta, además de periodistas individuales de Argentina, Paraguay y Brasil
han expresado su preocupación y solidaridad en llamadas telefónicas a El
Periodista y al Colegio de Periodistas.
La FELAP, la SIP y Reporteros sin Frontera reclamaron al gobierno de Chile
que investigue con diligencia las amenazas de muerte y su posible vinculación
con el robo de las computadoras. Martorell solicitó también una reunión
con el ministro del Interior, José Miguel Insulza, pero sólo fue recibido
el 6 de octubre por su jefe de gabinete, Pablo Gutiérrez Vásquez, en compañía
de Ernesto Carmona, secretario ejecutivo de la CIAP y consejero nacional
del Colegio de Periodista. El alto funcionario ofreció intensificar las
investigaciones policiales ?dentro de 48 horas?, plazo que ya se cumplió
sin que todavía se conozca ningún resultado.
Igualmente, los dos periodistas amenazados, Guerra y Martorell, más Carmona
y Ethel Pliscoff, presidenta del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio
fueron recibidos el 22 de septiembre ?seis días antes del robo de las
computadoras? por el Prefecto Eduardo Naranjo, encargado de relaciones
públicas y de comunicaciones de la Policía de Investigaciones (PICH), quien
prometió diligencias cuyos resultados aún se desconocen.
La Brigada Cyber Crimen, de la PICH, debería ratificar, o no, si las amenazas
surgieron efectivamente desde una cuenta Internet de la empresa Ducasse,
con oficinas en Alameda 1460, Piso 8, también sede del partido Demócrata
Cristiano, tal como lo estableció una investigación privada solicitada por
los periodistas a una empresa de ingeniería informática.
El 23 de septiembre, Carmen Romo envió al abogado Gabriel Silver Romo, que
también es su hijo, a explicarles a Pliscoff y a Carmona que su madre, la
alcaldesa de Quilicura, repudiaba las amenazas de muerte, postura que ella
ratificó el 2 de octubre por radio la Bío Bío. Esta situación amenazante
para la libertad de expresión ?extrañamente? ha sido ignorada por los demás
medios de comunicación chilenos, entre otros, el diario del gobierno La
Nación, los matutinos La Tercera y La Cuarta ?que pertenecen a Alvaro Saieh?,
y casi todas las radioemisoras y canales de televisión.
?Reporteros sin Frontera? exige investigación
La organización ?Reporteros sin Frontera? de Francia expresó su preocupación
por las amenazas contra los periodistas Mónica Guerra y Francisco Martorell,
a la vez que exigió al Ministerio del Interior una investigación eficaz
del posible vínculo entre el robo de los computadores de la revista,
perpetrado el 28 de septiembre, y las amenazas enviadas por mail el 1 del
mismo mes. Texto completo del comunicado:
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=11505
Felap: Alarma por robos y amenazas en Chile
La Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), que oportunamente
condenó las amenazas de muerte en septiembre, el 4 de octubre se pronunció
de nuevo con un llamamiento que expresó ?su repudio ante el robo perpetrado
contra el quincenario El Periodista, cuya sede fuera violentada el pasado
día 28 por extraños que se alzaron con equipos de computación e información?.
Carlos Camaño, presidente de la organización, destacó que ?este hecho viene
a sumarse a las amenazas de muerte que a comienzos de septiembre recibió
el director de dicha publicación -Francisco Martorell- y la periodista Mónica
Guerra del diario El Mercurio?.
?En tal sentido, la FELAP ?junto con la solidaridad hacia el conjunto de
los trabajadores de El Periodista? hace en nombre de todas sus organizaciones
asociadas un llamamiento a las más altas autoridades al frente de los poderes
del Estado chileno para que investiguen y castiguen a los autores materiales
e intelectuales de estos hechos?, dijo Camaño. ?Alertando que, de quedar
impunes, pondrían en serio riesgo la vida y condiciones de trabajo para
el ejercicio de la profesión periodística, así como el derecho a la
comunicación del conjunto de la sociedad?, señaló el dirigente continental
de los periodistas.
Solidaridad de la UTPBA
La nueva directiva de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
(UTPBA) también envió el 5 de octubre ?su solidaridad al colectivo del
quincenario El Periodista, ante este nuevo hecho de violencia contra los
trabajadores de prensa chilenos?.
?La UTPBA, en línea con la advertencia hecha por nuestra organización
regional -FELAP-, suma su repudio a esta seguidilla de amenazas contra
periodistas y medios, como las registradas el mes último contra los
periodistas Mónica Guerra y Francisco Martorell. Asimismo, adherimos a las
acciones de denuncia hechas por la Comisión de Investigación de Atentados a
Periodistas (CIAP) y el Colegio de Periodistas de Chile para exigir la
debida investigación y castigo para quienes pretenden limitar las, de por sí
difíciles, condiciones para el ejercicio profesional del periodismo?, señaló
un comunicado suscrito por Lidia Fagale, Secretaria General Adjunta; Daniel
das Neves, Secretario General; Héctor Sosa, Secretario de Prensa, Ana María
Careaga, Secretaria de DD.HH. y Claudia Quiñones, Secretaria de Cultura
Solidaridad en Francia
La Asociación chilena «Egalité et Justice» de Francia manifestó su
preocupación ante las agresiones contra la revista El Periodista y su
director, Francisco Martorell.
?La intromisión ilegal de desconocidos en los locales de la revista y el
robo de material informático revela la voluntad de atentar contra la libertad
de prensa, y la existencia de este medio de información independiente?,
señaló un comunicado emitido en París. ?Este hecho nos recuerda métodos
de triste memoria del no tan lejano pasado dictatorial de Chile?, agregó..
?La autoridad pública, la policía y la justicia tienen el deber de investigar
estos graves hechos y de establecer toda la verdad y de aplicar el justo
castigo a los responsables?, reclamó «Egalité et Justice». ?Al mismo tiempo,
dichas autoridades tienen el deber constitucional de garantizar la libertad
de prensa y la libertad de expresión?.
La organización defensora de los Derechos del Hombre y de las
reivindicaciones de los exonerados políticos, manifestó ?su solidaridad con
la revista El Periodista y su apoyo a la defensa de la libertad de prensa en
Chile?.
Los periodistas chilenos esperan que el gobierno de su país por lo menos
reaccione ante el anuncio de la SIP de poner en tabla las amenazas a la
libertad de expresión en Chile en su asamblea general a efectuarse del 22
al 24 de octubre en Guatemala.
*) Ernesto Carmona es Secretario Ejecutivo de la CIAP y consejero nacional
del Colegio de Periodistas de Chile.