Culminamos este 10 de agosto un nuevo ciclo de conversaciones de paz en La Habana con avances significativos en la construcción de un acuerdo en torno al punto dos de la Agenda referido a la Participación Política. Estamos dando los primeros pasos en esa dirección. Tuvimos en esta ronda el gran honor de escuchar a […]
Culminamos este 10 de agosto un nuevo ciclo de conversaciones de paz en La Habana con avances significativos en la construcción de un acuerdo en torno al punto dos de la Agenda referido a la Participación Política. Estamos dando los primeros pasos en esa dirección.
Tuvimos en esta ronda el gran honor de escuchar a académicos expertos de la estatura intelectual de Víctor Manuel Moncayo, Marco Romero, Carlos Medina Gallego y Sergio de Zubiría, profesores del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y de los Andes. Días atrás habíamos escuchado las esclarecedoras disertaciones de los doctores Alberto Rojas Puyo y Fabio Velásquez que nos entregaron como insumos para la discusión el producto de sus ideas para la Participación Política y Ciudadana, herramienta indispensable para la construcción de un nuevo país.
Nos recordaron los profesores que el conflicto en Colombia tienen causas estructurales; que aquí hubo un estado de sitio permanente que atropelló derechos ciudadanos durante muchos años; que la paz debe ser política de Estado para que los eventuales acuerdos, perduren; que debemos buscar un modelo incluyente de democracia, que no acabe con la confrontación de las ideas, pero que nos saque de la guerra. Con ellos coincidimos en la certeza de que sin el ejercicio de la oposición política no hay democracia, que la movilización ciudadana es el más eficaz contrapeso a los grupos de poder, y que los Foros colocaron la voz ausente de las organizaciones sociales en la mesa de conversaciones y produjeron los insumos de sus propias demandas.
En Colombia hay un descrédito creciente de la política, y por ello estamos convocando a un acuerdo de voluntades para refundarla y reinventarla, para que sirva a todos, especialmente a las mayorías ignoradas y para que sirva a la paz y a la reconciliación. Para que el acuerdo se convierta en verdadero tratado de paz, tendrá que remontar las fronteras y las líneas rojas que se atraviesan a la posibilidad de cambios estructurales, legislativos y constitucionales. Queremos que la guerra emprenda su marcha irreversible hacia la política en un ambiente de justicia social y democracia verdadera.
Tras este propósito superior, y derecho síntesis, la paz, hemos presentado a consideración del país y del gobierno nacional 10 propuestas mínimas para la participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, de cuyas primeras cinco se derivan ya, 49 propuestas, entre las que destacamos «participación política y reestructuración democrática del Estado, creación del poder popular, límites a la concentración del poder público, rediseño del orden jurídico-económico, reforma democrática a la justicia, reforma política democrática y electoral, creación de la circunscripción de paz, conformación legal de un nuevo movimiento político, democratización de la propiedad sobre los medios de comunicación y fortalecimiento de la propiedad pública estatal y comunitaria, ordenamiento territorial para la democratización y la participación política y social, conformación de la cámara territorial que asuma la voz olvidada de las regiones, y convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, entre otras.
Por otra parte, queremos reiterar que el tema de la verdad histórica y el de la justicia transicional que está siendo considerado por estos días en la Corte Constitucional a instancias del gobierno, hacen parte de la Agenda como componentes del punto quinto, y deben ser debatidos en la mesa de La Habana y no en Bogotá. En estas circunstancias la esperada sentencia de la Corte puede constituirse en un petardo contra las conversaciones que buscan una salida política al conflicto. Los que insisten en hacer prevalecer parcializados aspectos jurídicos sobre el anhelo mayoritario de paz, podrían estar generando innecesariamente motivos para la continuación de la guerra y la generación de nuevas víctimas. Este asunto debe ser resuelto sin injerencias externas, soberanamente entre los colombianos. El poder creador, el constituyente primario, es el que tiene la palabra, es el que puede. Ese soberano puede más que el poder constituido, y es que las cortes externas no deben interferir si es una Constituyente la que alcanza la paz.
La Constituyente es la fuente de toda autoridad, el summun de la autoridad del pueblo y expresión de la soberanía nacional. No hay otra salida.
La historia de la contienda colombiana no puede ser investigada, relatada, por una sola de las partes en conflicto. Debe ser integral, abarcadora, contando lo de todos. Hay que precisar la responsabilidad política del Estado, de los partidos, de la clase dirigente. Precisar quién ordenó asesinar a Jorge Eliécer Gaitán, el alcance de la injerencia de los Estados Unidos en el conflicto interno de Colombia, la guerra de baja intensidad, el papel de la Escuela de las Américas. Establecer quiénes apoyaron económica y políticamente a las hordas paramilitares que asolaron al país, quién o quiénes diseñaron la estrategia de exterminio del movimiento político Unión Patriótica, quién la de los falsos positivos… Por eso insistimos en la creación de la Gran Comisión de la responsabilidad histórica integrada por nacionales y personalidades del ámbito internacional, que evalúe y complemente el informe general del grupo de memoria histórica y entregue nuevos insumos a la mesa.
Para mayor rigor histórico -reiteramos-, se deberá acceder a los archivos de los organismos de inteligencia de los años 40 y 50, del SIC, del DAS, de la inteligencia de la policía y el ejército y demás organismos secretos de inteligencia, así como a las actas de los Consejos de Ministros que recogen las órdenes de detención impartidas por el gobierno sin orden judicial, a la luz de la aberrante facultad que le otorgaba la vieja Constitución.
Hemos afirmado que las víctimas son víctimas del conflicto, que el Estado es responsable por acción o por omisión, lo que fue reconocido recientemente por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Es pertinente insistir que en todos los casos en donde se ha aplicado justicia transicional o marcos jurídicos como el que se pretende en Colombia, el conflicto o las dictaduras se superaron primero; el conflicto llegó a su fin con un vencedor y, los ganadores aplicaron sus reglas del juego con sus gobiernos nuevos y sus aparatos jurisdiccionales nuevos; y este no es el caso de Colombia. Este tema no puede tramitarse unilateralmente. Como está demostrado, el Estado responsable no puede ser juez y parte para efectos de una ley de transición, con el pretexto de aplicarle justicia a la otra parte contendiente.
Finalmente, queremos reiterar que es nuestro anhelo, que el conjunto de la sociedad se vincule a las discusiones y definiciones sobre la paz de Colombia, considerando que este es un asunto que atañe a todos. Dentro de esa perspectiva, queremos invitar a los partidos políticos y a los precandidatos presidenciales a La Habana para intercambiar sobre los problemas múltiples que aquejan al país, y para buscar un entendimiento que permita colocar más y más cimientos a este emprendimiento de construir la paz sobre sólidas bases de justicia social, que nos reconcilie para siempre.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP