Tras la profusa publicación en la prensa nacional que daba cuenta de la creación por parte del Gobierno de la «unidad antiterrorista» denominada «Comando Jungla», conformado por 40 funcionarios de Carabineros de Chile, quienes han sido enviados a entrenamiento a Colombia, con el propósito de combatir supuestamente a los grupos de resistencia Mapuche que reivindican […]
Tras la profusa publicación en la prensa nacional que daba cuenta de la creación por parte del Gobierno de la «unidad antiterrorista» denominada «Comando Jungla», conformado por 40 funcionarios de Carabineros de Chile, quienes han sido enviados a entrenamiento a Colombia, con el propósito de combatir supuestamente a los grupos de resistencia Mapuche que reivindican sus territorios en las regiones del Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos, la Comisión Ética Contra la Tortura, llama a las entidades de defensa y promoción de los derechos humanos y al Poder Legislativo y Judicial chileno a rechazar esta política inapropiada y fuera de toda lógica institucional que está impulsando el régimen de Sebastián Piñera.
Pareciera ser que el poder político chileno no ha comprendido el mensaje de Naciones Unidas que estima que la lucha del Pueblo Mapuche no debe ser catalogada de terrorista por parte del Estado Chileno, toda vez que la restitución de sus territorios, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, el derecho a la autonomía y la libre determinación que reclaman como pueblos, son demandas legítimas que cuentan con el reconocimiento de las Naciones Unidas y de la Comunidad Internacional, y que Chile firmó e integró al cuerpo normativo interno del país, al firmar y ratificar el Convenio 169 de la OIT promulgando el decreto 236 en octubre del año 2008.
Desde la sociedad civil vemos el actuar ineficiente del Estado y de sucesivos Gobiernos para resolver un conflicto que es esencialmente político y donde no ha existido voluntad de actuar en Justicia. La violencia existente en la macro zona sur -como la han denominado-, no ha sido tratada con la principal herramienta de un país democrático: el diálogo.
Al contrario, las únicas iniciativas desplegadas a la fecha han sido la represiva y la ocupación policial y el resultado ha sido deplorable: policías disparándole a niños a quema ropa; policías amenazando de lanzar al vacío a niños desde helicópteros, la propia institución de Carabineros ha realizado montajes contra líderes mapuche como la denominada «Operación Huracán» y que aún el país no sabe cuánto dinero costó, donde los acusados de dicho montaje fueron finalmente absueltos; también Carabineros de Chile ha colocado policías infiltrados para organizar incendios, ha servido de testigo encubierto en múltiples juicios para acusar y condenar a los comuneros mapuche; y ahora tenemos que el broche de oro lo coloca Piñera al crear un grupo policial donde todo el país, especialmente el Parlamento chileno, desconoce de esa «Unidad» sus atribuciones, su marco legal y jurídico de actuación y cómo si no bastara, contrata como entrenador de este selecto grupo de 40 policías, al Estado de Colombia.
Colombia es un país de reconocidas prácticas de terrorismo de Estado, cuya policía y fuerzas armadas fueron incapaces de doblegar a la guerrilla, a los paramilitares y al narcotráfico sometiendo a su pueblo a más de 60 años de guerra interna y que hoy, solo el DIALOGO le ha brindado a Colombia el inicio de un proceso de pacificación. ¿Qué va a aprender de los equipos colombianos entonces la policía chilena que atraviesa por una profunda crisis institucional y ética?
Reiteramos la necesidad de abrir en Chile los espacios de diálogo, como garantía de respeto de los derechos humanos, de no discriminación y de no actuación de poderes fácticos que nos retrotraigan a los peores momentos de la historia dictatorial reciente de Chile que bajo el pretexto de lucha contra el comunismo, aplicaron una estrategia de constrainsurgencia y de conflicto de baja intensidad que les dio licencia para torturar a destajo, para hacer desaparecer y ejecutar a miles de personas, hechos que todavía pesan en la conciencia nacional.
Por todo lo anterior, llamamos al régimen de Piñera a asumir políticamente la situación de La Araucanía, Bio-Bio y Los Lagos con las herramientas que brinda la democracia frente a los conflictos y respetar de manera irrestricta los compromisos internacionales firmados por Chile en materia de derechos humanos y de resguardo de los derechos de los pueblos originarios que habitan Chile.
Finalmente, llamamos a las y los luchadores y defensores de los derechos humanos a estar alertas frente a esta nueva estrategia de un régimen que busca dejar al pueblo de Chile y a las múltiples comunidades que lo habitan como meros espectadores de actuaciones ligadas más a la barbarie que al derecho humano de existir con un mínimo de dignidad.
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