A veces, cuando las cosas se ponen feas y se pierde la esperanza, recordamos a Pablo y Maryan. Ninguno había cumplido los 10 años. Hacía unos meses su familia había abandonado su casa en el Cauca a causa de la guerra que desde hace más de 60 años hay en Colombia.
La ciudad de Bogotá les había recibido a regañadientes, condenándolos a ir de acá para allá según los pesos que pudieran conseguir. Desde hacía poco más de un mes habían encontrado algo de calma en una ocupación de tierras en Altos de la Estancia, en los cerros de Ciudad Bolívar, donde unos pocos centenares de familias en situación similar convivían contemplando desde las alturas el sueño citadino. Poco le importó a la alcaldía la esperanza que aquellas familias habían depositado en habitar ese lugar del mundo. En medio de la pandemia, contrariando sus propias recomendaciones de quedarse en casa, mandó a una superheroina envuelta en un estrecho traje negro que a indicación de su dedo índice las fuerzas “del orden” (policía, carabineros y ESMAD -escuadrón móvil antidisturbios-) incursionaban en el cambuche, sacaban a las familias y destruían la milagrosa construcción hecha a pedazos. Un equipo de defensores y defensoras de los Derechos Humanos del movimiento Congreso de los Pueblos (CdP) y otros colectivos estaba allí para intentar mediar y evitar la violación y el abuso al que las familias estaban siendo sometidas. En ese equipo estaba Erika Prieto, que asumió el papel de mediadora para intentar frenar el desalojo y conseguir soluciones habitacionales.
Aún a pesar de la resistencia, la familia de Pablo y Maryan había sido desalojada. No hubo negociación posible por mucho que se intentara. Un día después, al llegar a una ocupación donde solo quedaban unos pocos cambuches en pie, Pablo y Maryan corrieron a saludarnos. Estaban comiendo una golosina que nos compartieron. Sentados a nuestro lado Erika les preguntó dónde habían pasado la noche, y Maryan, mayor que Pablo, dijo que en un parque. Guardamos silencio. Maryan y Pablo se pusieron a jugar entre los escombros, para de vez en cuando mirarnos o decirnos algo. Experimentamos la imposición de una violencia que no es propia de la Humanidad por mucho que se repita, se multiplique y logre incluso normalizarse. Erika estaba sentada frente a ese escenario llorando la impotencia por dentro, consciente de que se pueden hacer las cosas de otra manera, y convencida de que la humanidad se merece un horizonte mejor.
Esta Erika es Erika Isabel Prieto Jaime, defensora de derechos humanos colombiana y dirigente del CdP, quien el pasado 10 de diciembre, Día internacional de los Derechos Humanos, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, que la acusa de rebelión agravada. Antes de ser detenida dio unas declaraciones públicas ante los medios:
“Hay mucho temor porque yo sé la injusticia que se vive al interior del derecho penal. Aun así, creo que lo que hay que hacer en este momento es dar la cara, decir con claridad que lo que hemos hecho por transformar la vida de los más vulnerables, de los empobrecidos, lo hemos hecho en total legitimidad y que de ninguna manera tenemos que agachar la cabeza por eso, ni tenemos que escondernos. Con toda la dignidad que tenga que tener pasaré en la cárcel o donde sea, pero yo no me arrepiento de haber ayudado a cada comunidad en la que he intervenido, de haber defendido la primera línea, de ninguno de los ejercicios que he realizado para transformar el país y la realidad para construir la vida digna. Vengo a dar la cara porque lo que yo he hecho no es un delito, y así creo que todas y todos tenemos que demostrar a este pueblo que las formas de agresión, sea del derecho penal o cualquiera, no nos puede hacer retroceder. Estamos en un momento histórico en Colombia y no vamos a retroceder, tenemos que tener eso claro como pueblo, invitando a la gente que no se ha movilizado a que lo haga, porque nosotros vamos a estar en la situación de privados de libertad, pero con toda la dignidad, asumiendo ese espacio como otro espacio de lucha y de transformación”.
La incalificable represión que el Estado colombiano ha ejercido durante el intenso periodo de protestas sociales que sorprendió al mundo el 21 de noviembre de 2019 y que llegó a congregar a millones de colombianos en el Paro Nacional del 28 de abril del año en curso en reclamo de vida, paz y derechos, se extiende hasta el día de hoy. Meses después continúan los arrestos contra la población, sobre todo de jóvenes participantes. Las decenas de personas muertas, desaparecidas y lesionadas quedan sin investigar mientras el Estado redobla sus esfuerzos por desarticular y perseguir un movimiento social y político como el CdP del que Erika hace parte desde su creación, que lleva más de 150 encarcelados y tiene más de 400 procesos vigentes a sus dirigencias.
La Fiscalía jugará a la estrategia de despojar a esta joven de su reconocido liderazgo como abogada y defensora de los Derechos Humanos. Construirá un artificio, una Erika ficticia que en ningún caso es Erika Isabel Prieto Jaime. Porque como dice el padre Javier Giraldo: “El montaje judicial, desafortunadamente, no constituye una conducta excepcional, inusitada o extraordinaria en Colombia. Es mucho más «normal» de lo que uno pueda imaginarse y (…) se calcula que sólo en los dos primeros años del Gobierno del Presidente Uribe Vélez, se produjeron 6.332 detenciones arbitrarias”. En este caso la “arbitrariedad” apunta a una joven de valores extraordinarios que cree en el derecho de los pueblos a defenderse ante las injusticias.
Pero el narco-estado que gobierna en Colombia, hoy en crisis, no se puede permitir la revuelta social, no puede permitir que el amor se contagie y que el pueblo luche por vivir en igualdad de derechos y oportunidades. El narco-estado colombiano es la manifestación más cruda del capitalismo, que inventa fantasmas para sembrar el terror. Y en esa ficción, donde lo real es perseguido porque contagia la esperanza de que otro horizonte es posible y no solo utopía, el artificio gana.
Para evitar otra victoria de los opresores, debemos asumir la tarea de recordar y recordarnos quién es Erika Prieto. Así lo hace CdP en su comunicado:
“Erika Isabel Prieto Jaime es una reconocida líder social, defensora de derechos humanos, feminista, animalista que desde muy joven cultivó profundos valores humanistas. A pesar de su corta edad ha sido reconocida por su liderazgo estudiantil; posterior trabajo como asistente parlamentaria del Congreso de la República al servicio de los movimientos sociales; movilización durante la crisis del Covid-19 de asistencia humanitaria en Bogotá a familias empobrecidas que fueron desalojadas de manera irregular por la alcaldesa Claudia López; asistencia a migrantes, trabajadoras sexuales y a personas drogodependientes durante todo el año 2020 y parte del 2021; así como resguardo a cientos de animales en abandono para luego ubicarles familias que les adoptaran; nuestra compañera acompaña con protagonismo las movilizaciones sociales en vindicación del derecho a la manifestación desde el Paro Nacional 21N del año 2019. Erika Isabel Prieto Jaime es dirigente del Congreso de los Pueblos y puede ser descrita con cientos de adjetivos que inspiran, en ciudades y áreas rurales, la fuerza necesaria para pensar una sociedad sin miseria y penurias. El país y la comunidad internacional ha identificado muy bien por qué resulta ser una activista bastante incómoda para el Estado colombiano; la reconocemos como defensora de las causas más nobles, reflejadas en las banderas políticas que enarbola. Las personas y comunidades que acompañamos su trabajo sabemos que es una mujer de profundos sentimientos de solidaridad con las luchas del bloque popular y por ello exigimos que cese la persecución en su contra”.
Estos días se celebra la audiencia de aseguramiento que decidirá si Erika sigue el proceso en libertad o en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio, que puede demorarse años, y en estos casos suele concluir con la libertad sin cargos de los acusados. La criminalización de la protesta social por medio de montajes judiciales trata de debilitar los procesos organizativos separando a los dirigentes de los mismos mediante la figura de la prisión preventiva. Es lo que ha ocurrido recientemente con otros dos líderes sociales de CdP, José Murillo y Jorge Niño, quienes recobraron su libertad el pasado 30 de noviembre tras dos años de prisión arbitraria, después de que la Fiscalía no presentara ninguna prueba contra ellos, un claro “falso positivo judicial”, realidad que trata de vincular a los defensores sociales con la guerrilla.
“Ser líder social no es delito”, grita el movimiento popular colombiano. Por eso, la Fiscalía tratará de presentar a una Erika que no es Erika Isabel Prieto Jaime, esa junto a la que nos emocionamos caminando por los cerros de la periferia de Bogotá, defendiendo a las personas privadas de la libertad durante la crisis sanitaria Covid-19, a los trabajadores informales, las familias empobrecidas o comunidades indígenas Wayúu desplazadas por una guerra que, conviene recordar, cuenta más de 60 años.
Vanessa Pérez y Raúl García, coordinadores del espacio de comunicación popular Vocesenlucha
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.