Guantánamo la conocemos por la canción más famosa proveniente de Cuba. Esta provincia queda en el extremo Oriental de la Isla y tiene la particularidad de contener una base militar aeronaval estadounidense en su territorio. De manera ilegal los Estados Unidos mantienen a partir de 1903 una porción del suelo patrio cubano, producto de una […]
Guantánamo la conocemos por la canción más famosa proveniente de Cuba. Esta provincia queda en el extremo Oriental de la Isla y tiene la particularidad de contener una base militar aeronaval estadounidense en su territorio.
De manera ilegal los Estados Unidos mantienen a partir de 1903 una porción del suelo patrio cubano, producto de una cesión por 100 años entregada por un gobierno impuesto a partir de la invasión yanqui a Cuba, durante la guerra de liberación contra España.
Allí se ejecuta por parte del Pentágono la violación más flagrante de los convenios internacionales sobre el trato a prisioneros. La Base Naval de Guantánamo es territorio cubano y su uso para la tortura y la iniquidad va en contra de la conciencia solidaria y humanista de ese pueblo heroico.
En estos momentos hay más de 550 detenidos, de más de 40 países, de los cuales a algunos se desconoce hasta el nombre. Muchos fueron detenidos en el escenario mismo del conflicto armado en Afganistán, otros fueron capturados lejos del campo de batalla e inclusive secuestrados en varios países del área del Medio Oriente.
Algunas detenciones pueden considerarse extrajudiciales y contravienen las normas que protegen los derechos humanos, así como los procedimientos judiciales en esos países. Guantánamo se ha convertido en sinónimo de la búsqueda por parte del gobierno imperial de imponer un poder ejecutivo ilimitado y muestra del más profundo desprecio al Estado de Derecho y a la convivencia entre los pueblos.
Las noticias y filmaciones sobre las jaulas y las condiciones de aislamiento y maltrato, los testimonios de algunos de los liberados han desatado la protesta de los ciudadanos progresistas del planeta.
Los campos de concentración para presos especiales provenientes de la llamada guerra contra el terrorismo son realmente campos de tortura sistemática donde los «combatientes enemigos» no tienen marco jurídico, ni posibilidad de defensa, pues hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha desistido de discutir la competencia del poder Ejecutivo y el Pentágono para juzgarlos, aunque por presiones ciudadanas acepta como territorio bajo su jurisdicción la Base.
La agresión criminal contra el pueblo iraquí, ha conllevado igualmente la creación de cárceles en Iraq, como la de Abu Ghraib. Los testimonios gráficos sobre la utilización metódica de la tortura que ha llevado en muchos casos a la muerte de los patriotas iraquíes, han mostrado al mundo la vejación constante de los prisioneros, el ultraje a su dignidad y el irrespeto a su cultura milenaria. Con posterioridad la opinión internacional ha descubierto asombrada que estos hechos dantescos son políticas que provienen del Pentágono y del Departamento de Estado.
Esta ausencia total de posibilidades de defensa, el rompimiento con las normas internacionales de la Convención de Ginebra, han quedado manifiestas con la designación por parte del Emperador Bush del Secretario de Justicia de los Estados Unidos, Alberto González, un abierto propagandista de la improcedencia de la actual legislación internacional sobre las guerras, porque según su entender «la nueva guerra del terrorismo no se puede enmarcar en los parámetros tradicionales». Así despachó de un plumazo, como asesor jurídico que era de Bush Jr., la Convención de Ginebra y los acuerdos mundiales sobre el trato a prisioneros de guerra. Así legitimó la tortura y la situó a nivel de política de Estado.
«El gobierno de Estados Unidos tiene como norma, como elemento central de su política exterior, la búsqueda de los derechos humanos y del Estado de derecho. El enfoque estadounidense de la lucha contra el terrorismo no está en conflicto con esta norma ni la viola». Con esta frase Collin Powell, el saliente canciller, se refería a la guerra desatada después al 11 de septiembre de 2001 por los Estados Unidos contra el fantasmagórico «terrorismo».
Sin embargo, las ilegalidades y quebrantamientos de las leyes internacionales que el gobierno de Estados Unidos ha realizado son de vieja data. Por ejemplo el ciudadano paquistaní Mir Aimal Kasi fue ejecutado en Virginia, Estado de USA, el 14 de noviembre de 2002. Él fue secuestrado por agentes estadounidenses en Pakistán y juzgado en 1997 ante un jurado a miles de kilómetros de su patria, por el asesinato de un agente de la CIA en 1993.
Sobre sus mismos ciudadanos ha quebrantado los códigos, como en el caso de José Padilla, detenido en 2002, a quien convirtió en «combatiente enemigo» después de haber estado bajo la jurisdicción de las cortes federales.
La justicia estadounidense no está exenta de los legados del racismo, la intolerancia étnica y el ultra nacionalismo sobre el cual fue fundada buena parte de su sociedad. Muchas de las condenas contra los propios afronorteamericanos, indígenas o hispanos tienen que ver con que el jurado era blanco y anglosajón. Son miles las demandas por la ausencia de equilibrio y justicia, debido a la conformación de un jurado en circunstancias que contravienen los procedimientos por prejuicios sociales, raciales o xenófobos.
Cientos de condenados a muerte en los Estados Unidos han sido ejecutados por razones que no tienen que ver con su responsabilidad, sino con el color de su piel, su procedencia étnica o geográfica.
Este sistema judicial estadounidense, es fundamentado en el sistema acusatorio y por tanto es altamente politizado, somete a juicio ahora al compañero Ricardo Palmera, Simón Trinidad, Comandante de las FARC.
Ante este desbarajuste judicial, sin más garantías que un acuerdo espurio de extradición entre Colombia y los Estados Unidos y en medio de esta cruzada imperialista contra el terrorismo, la posibilidad de siquiera ser escuchado es mínima.
Simón Trinidad es hispano y es un luchador por la liberación de los pueblos, un antiimperialista. Su condición lo pone en total indefensión ante la justicia amañada y abiertamente politizada de los Estados Unidos, que cataloga a su organización, las FARC, como terrorista.
Corre el peligro de caer en manos de personajes como los señores González, o el nuevo Jefe del Departamento de la Seguridad Interna, Juez Michael Chertoff, quien defendió en audiencia ante el Senado gringo la decisión de celebrar juicios militares secretos a extranjeros sospechosos de actividades terroristas.
Si anda con suerte, podría caer en manos de espíritus más «democráticos» como el juez federal, William Young, quien juzgó a un ciudadano ingles acusado de terrorismo y expresó en su alegato de sentencia, deslindándose de la ausencia generalizada de legalidad: «Aquí se habla demasiado de guerra.. En este tribunal, donde tratamos a los individuos como individuos, y nos ocupamos de los individuos como individuos, como seres humanos entre los que impartimos justicia, usted no es un combatiente enemigo… No es un soldado en ninguna guerra…. (es un «terrorista»). Porque todos sabemos que la forma en que lo tratemos, dará la medida de nuestra propia libertad».
El Presidente Uribe no compartiría totalmente la sentencia de este juez. Se aviene más con señores como Cheney, Rumsfeld, González o Chertoff. La inicua guerra contra el terrorismo para Uribe y para el Emperador Bush y sus secuaces no tiene fronteras, ni convenciones, ni normatividad.
Cuando los Estados empiezan a componer las leyes de acuerdo a sus mezquinos intereses o necesidades políticas, la comunidad internacional entra en crisis y la legislación internacional explota.
Los imperios y los dictadores civiles y militares, legislan y ejecutan sus políticas a discreción, sin importarles la convivencia de las naciones, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos.
El secuestro del compañero Rodrigo Granda en Caracas, es del mismo corte del ciudadano pakistaní, de cientos de prisioneros del Oriente Medio, la misma condición de extraditado de Simón Trinidad.