En la capital de un país que crece como pocos -Santiago de Chile- no es posible que aún haya niños que vivan en las riberas del Mapocho. Aparentemente algunas personas decidieron terminar con el flagelo… golpeando a los menores y quemando sus hogares. Las denuncias apuntan a carabineros y guardias municipales. La ‘benéfica’ acción de […]
En la capital de un país que crece como pocos -Santiago de Chile- no es posible que aún haya niños que vivan en las riberas del Mapocho. Aparentemente algunas personas decidieron terminar con el flagelo… golpeando a los menores y quemando sus hogares. Las denuncias apuntan a carabineros y guardias municipales.
La ‘benéfica’ acción de terminar con las caletas del Mapocho por medio de golpes y quemas ocurrió el 3 de noviembre pasado. Funcionarios del Centro de Investigación Desarrollo Tecnológico y Social (Cidets), ONG que trabaja con menores en riesgo social, fueron los primeros en escuchar a los niños que acusaban de la acción a carabineros y guardias de la Municipalidad de Santiago. La ONG puso una denuncia contra los responsables, que hoy es investigada en el 5º Juzgado del Crimen de Santiago. Pero el trámite no ha avanzado mucho, al menos no tanto como las acciones de represalia. Soledad Bustamante, directora de Cidets, está indignada pues asegura que el trato de carabineros hacia los menores se habría vuelto aún más violento.
«Son las represalias posteriores. Éste es el mecanismo que impide que ellos hagan denuncias. Ya que luego, reciben las agresiones con más saña. Es parte de la rutina», cuenta.
Según antecedentes recopilados, el sábado 8 de enero pocos días después que se publicara una denuncia por la quema de la Caleta Bulnes, hubo una redada policial y seis menores fueron detenidos acusados de ‘ser sospechosos’ de haber cometido diversos delitos.
Uno de ellos F.P.P., tras ser detenido por personal de la 7ª Comisaría de Renca, fue derivado a un centro de urgencia. Según el parte médico el menor presentaba una herida cortante en el tabique nasal -seis puntos- una contusión máxilo facial y una lesión en el tobillo. Por la gravedad de las heridas y posibles secuelas, el niño fue derivado al Instituto Traumatológico para que recibiera una atención especializada, según consta en el certificado emitido.
Sin embargo, carabineros llevó al menor a la Posta 3, donde sólo le constataron lesiones y no le practicaron ningún examen.
Carabineros de la 7ª Comisaría de Renca al ser consultada por la modificación del procedimiento se limitaron a señalar que las lesiones del menor eran previas y negaron haber cometido cualquier acto de violencia.
La versión de F.P. es distinta. Cuenta que a la una de la mañana de ese sábado, junto a un compañero de caleta, caminaban con una botella de bencina para drogarse. «Los pacos nos pararon y me dijeron que la botara les dijimos que no, que estábamos en un cumpleaños. A mi amigo lo tiraron al piso y le pegaron. Arroja la botella, me gritaron y yo la tire al piso y como estaba abierta le salpicó en la cara a uno de los polis».
Carabineros afirma que F.P.P. le tiró intencionalmente la bencina a los ojos a un funcionario. Pero el parte policial del hecho nada dice sobre la agresión de parte del menor. El mayor Orlando Casanueva, a cargo de la 7ª Comisaría, explicó que no se quiso «agrandar el problema».
F.P.P. narra que el carabinero salpicado entró en cólera y que extrajo la varilla metálica retráctil mientras otro policía lo tomó de los brazos para inmovilizarlo.
Tras la golpiza y el paseo por recintos de urgencia F.P.P. quedó a disposición del 18º Juzgado del Crimen, acusado de porte de arma blanca, pero quedó en libertad por falta de méritos.
Un hecho similar habría ocurrido horas después en el puente Bulnes. A raíz de la denuncia del robo del radio transmisor de un guardia de seguridad, el menor D.P.X. fue detenido por personal de la 3ª Comisaría de Santiago. «Durante la mañana, habían ido a la caleta amenazándonos por haberle contado a la prensa de las quemas. Dijeron que esta vez nos quemarían los colchones y la ropa», relata un testigo que reserva su identidad.
El testimonio recabado por el Cidets indica que el menor fue golpeado por carabineros y guardias del municipio santiaguino. Habría resultado con una herida cortante en la frente y contusiones varias. Según el mayor Leonidas Venegas, a cargo de la comisaría: «No se lo golpeó. Se lo redujo y la herida que presenta en la frente se la infirió el mismo contra un fierro del puente».
Difícil determinar qué pasó realmente. Sin embargo, la creciente ola de lesiones en menores es un problema que los educadores que trabajan con ellos deben enfrentar.
Carlos Pérez, monitor del Cidets, afirma que estudian estrategias de emergencia para protegerlos en las noches y durante los fines de semana.
«No es coincidencia que los malos tratos y operativos se realicen en las horas que nosotros no estamos en el lugar y ellos se encuentran desprotegidos», afirma Pérez y señala que analizan los hechos recientes para adjuntarlos a la querella presentada por la ilegal destrucción de la caleta ocurrida el 3 de noviembre pasado.
Coletazos
A raíz de la quema el juez Carlos Amiot, instruyó indagar el caso al Departamento Quinto de Policía de Investigaciones. Según Amiot, la causa está en etapa de investigación, pero ya ha rendido algunos frutos. «A través de diversos testimonios de distintos actores llamados a declarar, ha sido posible determinar la existencia de otros hechos y de otras quemas con características similares», dictaminó el juez.
La noticia también causó impacto en el Ministerio de Justicia. El Departamento de Protección de Menores pidió a las ONG un informe que detalle estos acontecimientos con el fin de estudiar posibles acciones legales.
La denuncia, además, ha afectado negativamente la relación entre carabineros y las ONGs que trabajan con los menores. Según Soledad Bustamante, antes de la denuncia presentada en tribunales -a la que se sumó el Hogar de Cristo y Cosech- las ONG habían optado por hacer denuncias a la propia institución para que hicieran una investigación interna y rectificara su proceder. «Equivocamos el camino. Ahora dejaremos que los tribunales decidan», afirma.
En Carabineros lamentan esta actitud. Leonidas Venegas, comisario de la 3ª Comisaría explica que, debido a esto, la investigación interna -que intenta determinar responsabilidades de su personal- debió conformarse con la versión de sus funcionarios.
«Ellos afirman que no participaron en ninguna quema. Y si las ONG no me ayudan, no puedo hacer más», dice el mayor Venegas.
Sin embargo, la denuncia más seria en contra de funcionarios de la 3ª Comisaría aún no tiene respuesta. Personal de la Municipalidad de Santiago los vio quemar una caleta el 21 de noviembre pasado. Tomaron las patentes de los vehículos policiales y lo consignaro en las hojas de ruta que lleva la municipalidad. El mayor Venegas prefiere no comentar el tema, mientras las investigaciones estén en curso.
Cantinfladas
Una respuesta similar entregó la Municipalidad de Santiago, la otra institución sindicada como presunta autora de la quema de la caleta Bulnes. El director de Seguridad, Agustín Elgarrista, admitió que existe una investigación y un posterior sumario. Al momento de la entrevista, Elgarrista tenía el testimonio escrito de los cinco funcionarios involucrados sobre su escritorio. «Ellos declaran que no fueron. Y que el incendio posiblemente fue causado por los mismos menores», afirma.
Sin embargo uno de los testimonio es revelador, «en horas de la tarde motoristas de la municipalidad procedieron a quemar especies.»
– ¿Eso no es reconocer que ellos lo quemaron?
-No. Los de seguridad dicen que ‘motoristas’ participaron en las quemas. Los nuestros, son los que recorren el parque.
Sobre el incidente que terminó en la quema de la Caleta, Carabineros y seguridad municipal coinciden en que se inició con la denuncia del robo de un par de zapatillas. La víctima acusaba a un menor de la caleta. Elgarrista señala que un testigo reconoció al asaltante, pero que no se lo apresó: «lo dejó libre porque estaba bajo los efectos de la droga».
– ¿No es más peligroso dejarlo libre en ese estado?
-Lo dejaron libre.
Julio Cortés director de la Corporación Opción -institución que presta ayuda jurídica al Servicio Nacional de Menores (Sename)-, califica el incidente como un hecho muy grave, ya que nadie puede tomar justicia por mano propia ni siquiera ante un delito flagrante. «En este caso oyeron de un ilícito de guardias de seguridad quienes lo escucharon de un denunciante. Más encima se terminó sin ningún detenido. Una vergüenza».