Cuando la política aparece preocupada de cosas que tienen poca importancia relativa frente a cuestiones efectivamente de fondo, la «reforma» tributaria constituye un buen ejemplo de ese desbalance. La esencia del proyecto constituye una burda caricatura de la reforma tributaria que Chile reclama para comenzar a cerrar la brecha de la desigualdad. Esta reformita de […]
Cuando la política aparece preocupada de cosas que tienen poca importancia relativa frente a cuestiones efectivamente de fondo, la «reforma» tributaria constituye un buen ejemplo de ese desbalance. La esencia del proyecto constituye una burda caricatura de la reforma tributaria que Chile reclama para comenzar a cerrar la brecha de la desigualdad. Esta reformita de probeta no recauda de manera equitativa y suficiente los recursos que se requieren para implementar la reforma educacional que el país necesita para poner a su capital humano al nivel científico y técnico que exige este milenio. El costo de una reforma educacional de esa naturaleza es mucho mayor de lo que plantean los ajustes tributarios que propone el gobierno. Alcanza a unos cinco mil millones de dólares anuales y la «reforma» del gobierno cubre apenas la vigésima parte de esa suma. A la vez, como de costumbre, la «reforma» la financian básicamente los sectores más modestos de la población. Los ricos, las grandes empresas y las transnacionales que se han adueñado del país, no se verán afectados. No estarán obligados a contribuir a mejorar las condiciones de un país al que están sometiendo a una sistemática explotación. La desigualdad social, por lo tanto, se profundizará. Chile seguirá siendo uno de los países más injustos del mundo.
Un nuevo mecanismo que establece la «reforma» favorece a los más ricos. Propone una norma que permitirá a las personas que financian la educación de sus hijos recuperar una parte significativa de lo que pagan por impuesto a la renta. Como ese impuesto lo paga un porcentaje pequeño de la población, los de mayores ingresos, se producirá una especie de doble desigualdad. Por una parte, beneficiará a los que pagan más impuesto a la renta y, por otra, los del tramo inferior podrán descontar menos. Se trata de aquellos que ganan poco más de 500 mil pesos mensuales y que pertenecen a la clase media empobrecida. Con toda razón los estudiantes universitarios y secundarios han rechazado con energía esta falsa «reforma» tributaria. Las organizaciones estudiantiles, que han asumido la pesada responsabilidad de encabezar la protesta social, consideran que la «reforma» tributaria es un objetivo principal a derrotar en esta lucha por la igualdad y la justicia social. Cabe esperar que las adormiladas organizaciones sindicales y gremiales de los trabajadores y pobladores se hagan presentes en este escenario.
El financiamiento de la «reforma» que plantea el gobierno mantiene la estructura regresiva del régimen tributario de la dictadura que prolongaron los gobiernos de la Concertación. La caja fiscal es poderosa. El año pasado tuvo ingresos récords que alcanzaron a 41.600 millones de dólares. Pero la mayor parte de los ingresos se consiguen por la vía de impuestos indirectos, sobre todo del IVA, que grava con 19% los consumos y servicios. En los sectores pobres esto representa comparativamente una parte mayor de los ingresos que en una familia de los sectores ricos. Otro porcentaje importante de los ingresos de las arcas fiscales proviene de impuestos específicos al tabaco y -sobre todo-, a los combustibles. El IVA y los impuestos específicos representaron el año pasado el 53,5 por ciento del total de los ingresos del Fisco, mientras el impuesto a la renta el 42.8%, con la salvedad que una parte de ese impuesto grava a sectores que deberían estar exentos de pago. Parte de la estrategia del Ejecutivo es forzar los plazos de tramitación legislativa para conseguir la aprobación de esta «reforma», mediante un chantaje encubierto. Esa maniobra se apoya en los intereses de clase comunes que existen entre la derecha y la Concertación. La componenda permanente entre ambos bloques, dominados por la oligarquía financiera, se encubre con el ropaje de un presunto «espíritu republicano» que se invoca como denominador común para atenuar las repercusiones de ese contubernio. En un periodo electoral la comedia se acentúa a extremos grotescos. La Concertación, que ha devenido en «Oposición» para cazar votos incautos, finge rechazar la «reforma» tributaria pero bajo cuerda prepara la transacción que reclama su «espíritu republicano».
En definitiva, la «reforma» tributaria sacará más dinero a los sectores empobrecidos y los ricos seguirán disfrutando sus privilegios. Las transnacionales continuarán gozando del paraíso tributario en que se convirtió Chile a partir de 1973. Las mineras seguirán exportando montañas de concentrados de cobre (más otros minerales que van gratis) eludiendo el pago de los derechos del país dueño de esas riquezas. Entre 2004 y este año las mineras se han llevado más de 130 mil millones de dólares, suficientes para financiar seis reformas educacionales. Los bancos y el retail a su vez continuarán acumulando ganancias exorbitantes. Incluso haciendo trampas inmorales como la de Endesa España para aumentar el capital de Enersis, su filial en Chile. Era una maniobra tan escandalosa que obligó a las AFPs, accionistas de Enersis manejadas por conspicuos representantes del empresariado nacional, a rechazar el «lanzazo» que habría costado miles de millones de dólares a los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos, convertiéndolos en salvavidas de empresas europeas en crisis. No caben, pues, ilusiones. La «reforma» tributaria es un eslabón más de la cadena que se quiere imponer al pueblo trabajador. Los acuerdos privados en nombre del «espíritu republicano», no resolverán el problema de la educación pública y -por el contrario- agravarán la desigualdad e injusticia social. Ante esta realidad sólo cabe empeñarse en construir una alternativa que represente realmente los intereses del pueblo y que no alimente espejismos como el de una «oposición» que a fin de cuentas sólo pretende resucitar a la Concertación y sus fracasadas políticas.
PF
Editorial de «Punto Final», edición Nº 764, 17 de agosto, 2012
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