Hernando Hernández representante por las comunidades indígenas por el PDA, habla acerca del empleo de la judicialización con montajes judiciales, como mecanismo represivo aplicado por el estado colombiano para la eliminación de la reivindicación social y política.
El Representante a la Cámara por las comunidades indígenas y el Polo Democrático Alternativo, Hernando Hernández, denunció en el marco del Encuentro por la Libertad de los Presos Políticos que sesionó en Bogotá en la primera semana de junio 2011, la persecución del Estado colombiano y paramilitares para tratar de encarcelar a líderes indígenas.
«Desde mi condición de Representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena, quiero manifestar que el país no puede ser ajeno a esta realidad social de la existencia de más de 7.500 detenidos políticos en Colombia, la mayoría de ellos pobladores rurales, gran parte de ellos población campesina, población afrodescendiente, población indígena, muchos de ellos principalmente dirigentes de estas comunidades, además de otra cantidad de prisioneros que pertenecen a las organizaciones sindicales, a las organizaciones populares, a las organizaciones de derechos humanos, y también académicos, estudiantes, profesores.
Igualmente en este evento quiero manifestar las difíciles condiciones humanas al interior de las cárceles en que se encuentran todas estas personas: el tema del hacinamiento, la difícil atención en salud, la mala alimentación, el tema de la tortura física, de la tortura sicológica.
Todos estos detenidos políticos son producto de grandes montajes judiciales hechos por las fuerzas armadas, por los organismos de inteligencia y seguridad del estado apoyados de las redes de informantes o de la utilización de gente civil que están utilizando para poner a una cantidad de gente tras las rejas por pensar distinto, por oponerse al sistema político que impera en Colombia.
Quiero decir que el día de ayer estábamos en un importante encuentro regional de indígenas del occidente del país donde varios pueblos étnicos del Chocó, de Nariño de Risaralda, de Caldas, de Antioquia y de Córdoba, siguen denunciando que siguen siendo víctimas de la persecución, de los procesos judiciales y de los montajes judiciales a través de las redes de informantes con población civil de las mismas comunidades. Y un caso concreto de ello es la denuncia que hizo el pueblo Embera Chamí del departamento de Risaralda, más concretamente el Consejo Regional Indígena de Risaralda donde denuncian que en todos estos municipios de Pueblo Rico, de Mistrató, de Puerto de Oro, el Batallón San Mateo de Risaralda en conjunto con la Fiscalía de ese departamento tiene una gran ofensiva judicial que pretende encarcelar, poner tras las rejas a los principales dirigentes de estos Cabildos y de esta importante organización indígena, y para ello están utilizando a las Redes de informantes de indígenas que ellos han conformado en esa región y están utilizando a desertores del frente Aurelio Rodríguez de las FARC. Quiero hacer esa denuncia preocupante porque tras de ello lo que están asegurando y garantizando es que los indígenas no tengan voceros que se opongan a toda la estrategia de la llegada de las grandes compañías y multinacionales mineras que van a llegar a estos resguardos a hacer las grandes explotaciones mineras de oro»