La reforma laboral que se cuece estos días contempla que las ETT pasen a gestionar bolsas de empleo públicas y entren en territorios antes vedados a su intermediación. Hace 15 años, unidas a las protestas por la reforma laboral, aparecieron cientos de folletos, pintadas, carteles que acusaban a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) de […]
La reforma laboral que se cuece estos días contempla que las ETT pasen a gestionar bolsas de empleo públicas y entren en territorios antes vedados a su intermediación.
Hace 15 años, unidas a las protestas por la reforma laboral, aparecieron cientos de folletos, pintadas, carteles que acusaban a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) de amenazar derechos laborales consolidados desde el siglo XIX. Hoy, en el Estado español, el papel de las ETT en la colocación de trabajadores es muy superior al que tienen en Reino Unido u Holanda. Sólo en 2008 gestionaron 2,2 millones de contratos, un 13,9% de los que se firmaron. Seis ETT copan el 60% de la facturación del sector, y conforman la asociación AEGTT, que emite informes periódicos en los que se asegura que, sin restricciones, las empresas intermediarias serán capaces de crear decenas de miles de puestos de trabajo.
Si se atiende a los globos-sonda que flotan en torno a la reforma laboral que se cocina en estos días, las ETT y su versión revisitada, las Agencias Privadas de Colocación, que sustituirán a los servicios públicos de búsqueda de empleo, operararán en actividades que, por causas de seguridad laboral, hasta ahora les estaban vedadas. Antes de 2011, la construcción, las administraciones públicas o la sanidad quedarán abiertas a este modelo de intermediación por recomendación europea. Diarios como El País o El Economista han lanzado en las últimas semanas la tesis de que esta apertura es una condición impuesta por la patronal para mantener el diálogo social. Es decir, que mientras CC OO y UGT buscan asegurar los subsidios a desempleados de larga duración, la patronal, PP y CiU, y think tanks como Forelab, del que forma parte el abogado Juan A. Sagardoy, quien ha estado presente en las principales negociaciones sobre derechos laborales de las últimas tres décadas, han solicitado al Gobierno que se potencie el uso de las ETT en un mercado de trabajo que, para Carlos Prieto, profesor de Sociología de la Universidad Complutense, se caracteriza por la combinación de temporalidad y paro. La conclusión de Prieto es que el incremento de la temporalidad «fortalecerá aún más el poder de negociación e imposición de los empleadores y reducirá el de los trabajadores». En este sentido, el sociólogo señala que la situación actual se está traduciendo «en un intento por parte de los de siempre de acentuar los rasgos neoliberales de la regulación actual. Pero no está todo dicho».
Europa llama a su puerta
El experto en Formación y Orientación Laboral José Luis Carretero explica que la Directiva 2008/104 del Parlamento Europeo, aprobada en noviembre, recomienda que antes de 2011 los Estados de la UE han de levantar las limitaciones a las ETT: «Lo que circula entre profesores de Derecho del Trabajo es que van a retirar las restricciones en administraciones públicas o agricultura, pero no sé si se atreverán con la construcción» reconoce Carretero. El inspector de trabajo Javier Iglesias considera que ésta sería una medida injustificada: «No tendría sentido, ni siquiera desde el punto de vista económico, ya que las ETT actualmente garantizan el salario de convenio, y hoy las promotoras pueden encontrar plantillas que trabajen por menos». Como matiza para este periódico Ibon Zubiela, responsable de Salud Laboral del sindicato LAB, aunque los costes directos podrían ser más altos si se contratan trabajadores a través de ETT, las empresas ahorrarán recortando los gastos relacionados con sus derechos laborales, sindicales y sanitarios.
Zubiela recalca que LAB no conoce los términos en que se consensúa «el mal llamado diálogo social» que se está produciendo en Madrid, pero denuncia que si se abriera el campo a las ETT, se estaría dando un «caramelo» a la patronal «para que la situación en las obras de construcción sea todavía más caótica».
Cuestión de responsabilidad
En 2008, 831 personas murieron en el trabajo en el Estado español. Como indica Ibon Zubiela, el cóctel de temporalidad y precariedad, que afecta a todas las actividades, contribuye a crear confusión entre los trabajadores: «muchos no saben a quién acudir si se produce un accidente», explica. Ese fue el caso de los compañeros de David Marín, fallecido en 2006 mientras trabajaba en un concierto organizado por los 40 principales. Su padre, José Ángel, ha relatado a DIAGONAL que Pase Producciones, la empresa para la que trabajaba David, no le proporcionó un casco y que nadie vigilaba la seguridad de un trabajo en el que operaban, en tiempo récord, varias subcontratas a la vez. Tras el accidente, los compañeros de David no llamaron a la Policía, siguieron trabajando; no había responsables ni ambulancias, y cuando llegaron los dueños de la subcontrata se dijo a la plantilla que no volviera al día siguiente.
Los responsables de Pase Producciones no llamaron a Inspección de Trabajo, que sólo fue avisada un día después: «En un desmontaje de un concierto, en 24 horas sólo queda el polvo y tal vez algún rastro de sangre» se lamenta José Ángel Marín. Tres años después no hay condenados por el homicidio y Pase Producciones sigue operando en el montaje de espectáculos. José Ángel Marín cree que, a pesar de la Ley de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales, a las empresas «les sale más barato esperar una multa antes que invertir en seguridad». En su opinión, si a las grandes compañías se les permite delegar las responsabilidades en las ETT, aquéllas «quedarán siempre fuera de toda sospecha». Para Carretero, el problema es que se oscurecerán aún más las responsabilidades de prevención, pero también que esta estrategia establecerá nuevos mecanismos de diferenciación y separación entre los trabajadores.
Flexiseguridad para todos
Ya ha cumplido dos años el Libro Verde para la modernización del derecho del Trabajo de la UE, una hoja de ruta para implantar lo que se ha traducido como ‘flexiseguridad’ o ‘flexiguridad’ y que, en teoría, busca una equiparación de derechos entre los trabajadores con mejores condiciones, o «insiders», y los «outsiders» o trabajadores precarios. Para Carlos Prieto, profesor de Sociología de la Complutense: «la flexiguridad puede ser una forma sensata de regular las relaciones de empleo, si el sindicalismo es fuerte, y suponer una degradación de las condiciones de empleo, si el sindicalismo es débil, como es el caso español».
En un artículo sobre dicho libro, el magistrado de la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miquel Falguera, expone que la ideología neoliberal impregnó la redacción de ese texto: «Basta una somera lectura de su contenido para llegar a la conclusión de que sus autores culpan al Derecho del Trabajo de la crisis del empleo en Europa» concluye Falguera, quien considera el Libro Verde una «revisión a la baja» de las condiciones de trabajo, que tiene en el abaratamiento del despido y la reducción de las coberturas de la Seguridad Social uno de sus leit motifs.
Mutuas: lobo cuida a rebaño
Aunque un estudio sobre Salud Laboral de la Univerdidad Pompeu Fabra haya establecido que, «atendiendo a la estructura laboral de España fallecen nada menos que alrededor de 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en su lugar de trabajo» las muertes en el trabajo declaradas por las mutuas son, en cambio, irrisorias: dos o tres muertos por año. En otro informe, publicado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, se denuncia que las mutuas que tienen competencias para denegar prestaciones a trabajadores están, sin embargo, «dirigidas por los empresarios, sin apenas control por parte de la Administración», y que la prioridad de las mismas dista de ser la asistencia sanitaria a los trabajadores. Esta Federación cuestiona que las administraciones cubran a las mutuas a pesar de «las irregularidades y posibles delitos que vienen detectando las auditorias del Tribunal de Cuentas». Para Ibon Zubiela, de LAB, «el principal objetivo de las mutuas es negar el origen laboral de muchas patologías e intentar que las empresas no paguen el daño que cometen».
El INEM, un cero a la izquierda
Si el Estado español sigue la Directiva 2008/104 de la UE, que establece 2011 como punto de partida para que las Agencias Privadas de Colocación asuman el control de las bolsas de empleo, el INEM verá recortadas sus atribuciones. Actualmente, el INEM ha delegado esta función en los servicios regionales de empleo de las distintas comunidades.
De hecho, según fuentes de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), en 2008 el INEM únicamente «colocó» en el mercado a un 2,1% de los parados, mientras que las empresas privadas de contratación intermediaron en un 13,9% de las más de 16 millones de colocaciones producidas. Para Javier Iglesias, el INEM se ha quedado como mero gestor de las prestaciones y ese es el papel que asumirá si se privatiza el sistema de colocaciones.
Algo que, a su juicio, supondrá «volver a un sistema de agencias de trabajo y de colocación que se superó en el siglo XIX». Para José Luis Carretero, el papel último del INEM en este contexto será el de ejercer de «régimen policial» para comprobar si los trabajadores cumplen con los requisitos que se exigen para mantener el cobro de prestaciones sociales.
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