Los quince comuneros mapuche involucrados en la huelga de hambre que tiene lugar desde el 12 de julio en la cárcel de Temuco, han perdido en total ya según un informe oficial de gendarmería del 20 de julio, 63,8 kg de peso -un promedio algo mayor a los 4 kg por persona – soportando al […]
Los quince comuneros mapuche involucrados en la huelga de hambre que tiene lugar desde el 12 de julio en la cárcel de Temuco, han perdido en total ya según un informe oficial de gendarmería del 20 de julio, 63,8 kg de peso -un promedio algo mayor a los 4 kg por persona – soportando al mismo tiempo el más riguroso invierno de los últimos años, con temperaturas bajo cero en la región, y manteniendo invariable su decisión de lucha. Asimismo, nuevos comuneros de otras cárceles se han sumado al movimiento por el fin de la aplicación de la legislación antiterrorista a los luchadores sociales mapuche, que comienza a concitar la solidaridad dentro y fuera del país mapuche y de Chile. Aún no se conoce el parte de salud de gendarmería de El Manzano (Concepción), que también controla el estado de los presos para comprobar que efectivamente ellos no ingieren alimento.
Seis kilos de peso había perdido debido a la huelga de hambre al 20 de junio el preso político mapuche Claudio Sánchez Blanco (27 años), del Hogar Mapuche Purram Peyum Zugu y miembro de las redes de apoyo a la lucha de las comunidades. Las estadísticas del parte médico pueden verse en un informe dirigido al juez John Landero, de Cañete, por el médico Juan Torreza A, de gendarmería de la Cárcel de Temuco. El magistrado había solicitado un parte diario del estado de salud de Marco Millanao Mariñan – imputado en Cañete pero recluido en Temuco – y de los ahora 21 presos políticos mapuche en huelga de hambre desde el 12 de julio.
Otros comuneros, Sergio Catrilaf (34 años, presidente de la comunidad indígena Juan Catrilaf II) y Jorge Cayupan (21 años, de la Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko), ambos de la zona de Lautaro, pesan cada uno 4,400 kgs menos que cuando iniciaron la huelga, el 12 de julio pasado. Entonces contaban con 83 y 81 kilos respectivamente. Marco Millanao ya ha perdido 4 kg según el parte del 20 de julio y pesa poco más de 72 kilogramos luego de nueve días ingiriendo sólo líquido.
El símil con presos cubanos
«Con mi huelga de hambre encaro al gobierno chileno a abordar la situación de los presos políticos mapuche tal cual lo ha hecho con los presos de la derechista disidencia cubana», afirmó desde la cárcel de Alta Seguridad de Valdivia, en el sur de Chile, Andrés Gutiérrez Coña (20 años, comunidad Cristóbal Relmu, estudiante de tercer año de agronomía en la Universidad Católica de Temuco) al sumarse a la huelga de hambre. En esa misma línea de pensamiento se movilizó hacia la embajada de España una delegación de la comunidad Juan Paillalef (de Cunco) demandando de ese gobierno un esfuerzo similar al desplegado respecto de los cubanos. Estos mismos días, en Ginebra, el werken Antonio Cadin y Andrea Marifil, miembros de la organización Defensor Autónonomo Mapuche y Víctor Ancalaf, de Choin Lafkenche, intervenían en el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de Naciones Unidas, documentando la aplicación 2009/2010 de la ley antiterrorista, la existencia de torturas a niños y mujeres, los dobles procesamientos y el asesinato de mapuches en el marco de la lucha por la tierra, y consignando que ello debe ser investigado como violación a los derechos postulados en la Declaración de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169, ambos ratificados por el gobierno chileno.
Traslados de prisión
Al 20 de julio sumaba 20 el total de prisioneros que se mantienen sin ingerir alimentos en Concepción (El Manzano), Temuco y Valdivia. Gutiérrez Coña, además de apoyar las demandas ya citadas y la inhabilidad de la jueza Haydeée Roa de la localidad de Lautaro, exige ser trasladado a la cárcel de Temuco, acusando presión sicológica del Estado chileno que lo ha alejado forzosamente de su familia. La dispersión de los presos a lo largo del territorio nacional viene siendo utilizada en diversas ocasiones por las autoridades, como parte del esfuerzo general de desarticulación de las comunidades y sus organizaciones. Como contrapartida, surgen nuevas entidades para responder a los requerimientos derivados de la criminalización de las luchas mapuche.
En Concepción se dio a conocer esta semana la formación de Newentuain, una agrupación de familiares de presos políticos mapuche de la zona de LleuLleu, que se motiva además por la defensa del Lago del mismo nombre, amenazado por proyectos mineros. «Somos esposas, madres, hermanas e hijos de quienes sufren más directamente la represión politica que proviene de la ocupación chilena de nuestro Walmapu (país mapuche)». Ellas informaron que encomendaron la defensa de sus presos a Nelson Miranda, un abogado independiente «que nos brinde confianza y humanidad así como una defensa de calidad» y llamaron asimismo a las organizaciones populares a solidarizar ya que sus familias están en peligro de desintegración y sus niños ven vulnerados sus derechos en cada allanamiento y detención.
Correspondencia oficial
El juez John Landero recibió del alcaide subrogante de la Cárcel de Temuco, Sergio Retamal Maraboli, la información oficial del inicio de la huelga de hambre en ese centro penitenciario «por los internos autodenominados comuneros mapuche» y asimismo este dio cuenta de las exigencias de los huelguistas. Adjuntó Retamal al juez, copia de la carta dirigida el 17 de julio a los juzgados de garantía de Temuco y Cañete por los presos políticos mapuche de la capital de la Araucanía, afirmando que iniciaban la huelga de hambre «debido a las injusticias; a las equívocas políticas del gobierno actualmente presidido por la derecha, y a la persecución política contra nosotros». Señalaban que la persecución penal por parte del ministerio público y sus fiscales se debe a que ellos reclaman sus justos derechos humanos, políticos, territoriales y culturales.
La carta de los presos lleva precisamente la firma del comunero Marco Millanao Marillan quien sostiene que «nos repugna» el trato que reciben del Estado a través de los fiscales. Millanao es miembro de la comunidad Pascual Coña, de la comuna de Cañete, pero fue trasladado sorpresivamente desde la cárcel de Lebu a Temuco, el 8 de mayo de 2010, vulnerándose su derecho a la visita de su familia, que no cuenta con medios para enfrentar permanentemente esos gastos.
En la misiva, reenviada por el alcaide a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia de Temuco, exigen la no aplicación de la ley antiterrorista y de la justicia militar en causas mapuche. Asimismo demandan las inhabilidades inmediatas de la citada jueza y el abogado querellante Schneider, de doble cara, ya que había anteriormente oficiado como defensor público.
Propuesta de senador Navarro
Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquiqueo Pilqueman, José Huenuche Reimán y Luis Menares Chanilao, los luchadores sociales mapuche recluidos en la cárcel El Manzano recibieron el 21 de julio la visita del senador por esa zona, Alejandro Navarro. Desde allí el senador del MAS hizo un llamado al Parlamento chileno a poner atención a esta situación y alertó al gobierno a dimensionar los hechos y actuar antes que los efectos de la huelga sean mayores. » Este no es un movimiento político, sino que un movimiento reivindicatorio de tierras, en una causa que yo considero legítima, y que cuestiona un procedimiento absolutamente antidemocrático e injusto en contra de los 106 mapuche presos políticos, 36 de ellos por la ley antiterrorista», solidarizó el legislador, llamando a formar una mesa de diálogo entre el gobierno y los mapuche. Los cuatro huelguistas de hambre, están procesados simultáneamente por la justicia civil y la militar, serán juzgados por la ley antiterrorista y enfrentan posibles condenas que van desde los 52 años (para José Huenuche) a los 103 años de prisión (Héctor Llaitul), por una gran variedad de cargos, entre los que destaca el homicidio frustrado al fiscal Mario Elgueta.
Más condenas y juicios
Entretanto, una nueva sentencia de cárcel fue pronunciada esta semana en Angol contra un comunero mapuche. El dirigente de Rankilco, Lorenzo Alex Curipan Levipan fue condenado a 5 años y un día, acusado del incendio del fundo El Carmen de la forestal Monteaguila (de Mininco). Según su comunidad él no contó con un debido proceso y fue víctima de un montaje en el que habría intervenido Sergio Gonzáles Jarpa, el dueño del fundo donde fue asesinado el comunero Jaime Mendoza Collío hace casi un año.
Ellos solicitarán la nulidad del juicio, ya que la sentencia condenatoria -dividida- no tomó en cuenta las contradicciones de los testigos y la debilidad de las pruebas. Entre las irregularidades citadas por la comunidad está el hecho de que el peritaje elaborado por CONAF y aceptado como prueba es sesgado, ya que se basa en datos proporcionados por la propia empresa forestal Mininco, una de las partes más interesadas en conseguir esa condena. Ya antes del juicio la comunidad había señalado estar consciente de «La manipulación de los tribunales de justicia en los casos en que están involucrados integrantes del pueblo Mapuche; se hace evidente la falta
de parcialidad con que hacen las apreciaciones jurídicas los encargados de establecer una sentencia absolutoria o condenatoria. Hay una permanente intención de establecer un método escarmiento a modo de castigo, para
un pueblo que en el sur de America latina, tiene hambre de de libertad y se atreve a denunciar los abusos y los atropellos, de que son víctimas por parte de sus opresores colonialistas.»
A su vez, la justicia militar también siguió operando como acostumbra, dando en los hechos la razón a los planteamientos de los huelguistas de hambre. La Fiscalía Militar de Angol inició un proceso contra el menor mapuche Leonardo Quijón Pereira, absuelto en junio por la justicia civil de los cargos de la fiscalía, que lo culpaba de participar en el incendio de camiones en la zona de Angol. El nuevo proceso es por los mismos cargos desestimados por los jueces Claudia Sánchez Slater, y Juan Vío Vargas, que por mayoría lo absolvieron, considerando insuficientes las pruebas rendidas por el fiscal Chamorro e incoherentes los relatos de Carabineros respecto del supuesto enfrentamiento con el menor. Quijón había sido acusado de homicidio frustrado e incendio, entre otros cargos.
Si a los comuneros les faltaran argumentos nuevos para fundamentar sus peticiones, deben agradecerle al fiscal de Angol y a la fiscalía militar de esa misma ciudad por su contribución a la demostración de cómo opera en Chile la justicia hacia los mapuche, justo ahora que ellos exigen un juicio justo ya.