Los responsables del Ministerio del Interior y la Guardia Civil se negaron a ofrecer su versión para el documental «Tarajal: desmontando la impunidad en la frontera sur». Pero los directores -Xavi Artigas, Xapo Ortega y Marc Serra- incluyen las declaraciones a la Cadena Cope de Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil […]
Los responsables del Ministerio del Interior y la Guardia Civil se negaron a ofrecer su versión para el documental «Tarajal: desmontando la impunidad en la frontera sur». Pero los directores -Xavi Artigas, Xapo Ortega y Marc Serra- incluyen las declaraciones a la Cadena Cope de Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil en febrero de 2014 y actualmente en el cargo: «No hay nada que ocultar, la actuación ha sido impecable». El audiovisual de 80 minutos promovido por el Observatori DESC y realizado por la productora Metromuster da cuenta de la muerte de al menos 15 personas migrantes en Ceuta, el 6 de febrero de 2014, cuando pretendían atravesar la frontera hispano-marroquí por la playa del Tarajal. Los inmigrantes murieron ahogados después que agentes de la guardia civil dispararan pelotas de goma y lanzaran botes de humo. En octubre de 2015 la Juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, María del Carmen Serván, ordenó el sobreseimiento provisional de la causa seguida contra 16 miembros del cuerpo armado por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes.
El documental permite una aproximación a lo ocurrido a partir de los testimonios de activistas, supervivientes, testigos de los hechos, defensores de derechos humanos y las declaraciones oficiales, que en muchos casos se modifican y contradicen. Alguno de los testigos recuerda cómo hubo vecinos de Ceuta que gritaron a los agentes: «¡Oiga, oiga, que se están ahogando!» «Antes de disparar, apuntaban», asegura uno de los migrantes que logró salvar la vida. Testimonios incluidos en el audiovisual subrayan la importancia de que se grabaran las imágenes, pues de lo contrario habría ocurrido como en otros casos, en que se culpó exclusivamente a los inmigrantes y a la policía de Marruecos (según los activistas, fue lo que ocurrió el 29 de septiembre de 2005, cuando cinco personas murieron por disparos de bala cuando intentaban franquear la valla de Ceuta). Entre los vaivenes declaratorios del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre las muertes en la playa del Tarajal, esta fue la versión inicial: «Se delimitaron los medios para establecer la traza fronteriza en el mar, y se actuó de acuerdo con los protocolos de los medios antidisturbios; la guardia civil nunca disparó contra estas personas pelotas de goma, sino que las utilizó como elemento disuasorio».
El documental, presentado en el Centre Social Okupat i Anarquista L’Horta de Benimaclet (Valencia) con la colaboración de la Campaña por el Cierre de los CIE, deja claro que mediaba escasa distancia entre los inmigrantes que, a nado, intentaban sobrevivir y los agentes que disparaban; también informa del peligro de las balas de goma, armas muy potentes y de las que difícilmente puede controlarse el impacto final. En 2013 se prohibió el uso de estos proyectiles en Cataluña, después que la ciudadana Esther Quintana perdiera un ojo por los disparos de los Mossos d’Esquadra. También se restringió el uso en el País Vasco tras la muerte de Íñigo Cabacas. El documental de Xavi Artigas, Xapo Ortega y Marc Serra desmonta el trucaje del vídeo editado por la guardia civil, en el que se ofrece la idea de una «invasión» violenta y previa a la intervención de los agentes. El abogado Gonzalo Boyé explica cómo el Ministerio del Interior «se ha dedicado a cambiar el tablero de juego a su conveniencia y a modificar las versiones». Los agentes «no sólo no se dirigieron a Salvamento Marítimo, sino que intentaron de la forma más expeditiva posible que los inmigrantes no traspasaran la frontera», destaca la abogada Isabel Elbal.
Algunas voces señalan que la Guardia Civil debería haber presentado una denuncia por los hechos, ya que los 15 guardias civiles investigados podrían haber cometido un delito al no prestar auxilio. Las ONG también argumentaron que los agentes que lanzaron los 145 proyectiles de goma y los cinco botes de humo tuvieron la posibilidad y la cobertura legal para no obedecer las órdenes de los superiores. «Tarajal: desmontando la frontera sur» apunta además el contexto de Ceuta, uno de los territorios europeos con más policías por habitante, una sociedad de fuerte poso tradicional, en muchos casos mal informada y sometida, además de a la simbología patria, a titulares como el de la portada de «El País» del 16 de febrero de 2014: «30.000 inmigrantes aguardan en Marruecos para saltar a Ceuta y Melilla» (la información se basa en fuentes policiales y en los servicios de información españoles); en octubre de 2005 el diario del grupo Prisa publicó una información muy similar, fundamentada en un informe de la Unión Europea. Pero al discurso mediático se superpone el policial. «Las ONG se deberían preocupar por los tres heridos de la guardia civil y las condiciones en que muchas veces trabajan, ya que nunca lo hacen», afirmó Arsenio Fernández de Mesa. La cuestión no es baladí, pues según los abogados de los movimientos sociales, estas palabras generan un estado de opinión y marcan una línea de defensa en los juzgados; también pueden influir en las resoluciones de los jueces. Alimentaron la llama el delegado del Gobierno en Ceuta y el ministro Fernández Díaz: «La Guardia Civil ha salvado en el mar miles de vida de inmigrantes irregulares».
Uno de los directores del audiovisual y miembro del Observatori DESC, Marc Serra, ha recordado tras la proyección en el CSOA L’Horta que después del archivo de la causa se presentaron recursos de apelación. Además de criticar la insuficiencia de la investigación judicial, el observatorio destaca algunas afirmaciones de la juez María del Carmen Serván sobre los migrantes fallecidos: «Asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en el territorio español por el mar a nado, en avalancha (…) y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de la fuerza marroquí como de la Guardia Civil». El observatori DESC reprochó a la jueza que considerara sujeta a cobertura legal la devolución «en caliente» de las 23 personas que sí llegaron a El Tarajal el 6 de febrero de 2014. Tampoco entendió la jueza Serván que se produjera un delito de prevaricación. «La jueza ha denegado -aparentemente por cuestiones formales- la mayoría de las pruebas aportadas», añade Xapo Ortega.
Dos años después del episodio, se presentó en Madrid el documental «Tarajal: transformar el dolor en justicia», producido por el colectivo «Caminando Fronteras» y en el que familiares de algunas de las víctimas (ocho de los quince fallecidos) reclamaban justicia. Se trata de una de las primeras iniciativas de organización de familiares (de víctimas) que se despliega en el África Subsahariana. Los directores del documental señalan también la importancia de los precedentes. El pasado 12 de mayo el ministro del Interior condecoró con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil a ocho agentes, absueltos por la Audiencia Provincial de Málaga de las acusaciones de maltrato a un inmigrante durante el salto de la verja de Melilla, en octubre de 2014.
Otro aspecto que destaca Marc Serra es la gran precariedad y la enorme presión con la que trabajan sobre el terreno, en la frontera sur, las ONG. El documental tiene como elemento central las cuestiones jurídicas, entre otras razones, señala Xapo Ortega, porque «se rechazaron pruebas muy evidentes». Pero la elección del enfoque no deja de ser una cuestión vidriosa, porque un audiovisual centrado en la valla puede contribuir, sin pretenderlo, a una imagen de «invasión», funcional a los intereses de las autoridades. De hecho, la policía ha invitado a que se tomaran imágenes en la verja cuando lo ha considerado conveniente. «Analizan nuestros documentales e informaciones para construir su relato, así, convirtieron interesadamente la valla en una especie de teatro asediado por salvajes», explica Xapo Ortega. Serra añade que esta «sobreexposición de las alambradas es utilizada después en Europa, en las negociaciones, para pedir más dinero». A la hora del balance, no se ha logrado una sentencia condenatoria de los responsables, pero sí cambiar los protocolos de la guardia civil para que no se pueda utilizar material antidisturbios contra personas indefensas en el mar. Y que 15 agentes de la guardia civil tuvieran que declarar en los juzgados por las muertes del Tarajal.
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