¿Cuáles son las quejas más frecuentes de los migrantes reclusos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia? “Numerosas personas internas –especialmente en 2019- nos manifestaron haber sufrido trato intimidatorio, degradante o racista por parte de los funcionarios adscritos al centro”, subraya la Campaña CIE No de Valencia; en concreto, 50 internos trasladaron este reclamo. En la mayoría de las quejas –el 82%-, las personas migrantes no se dirigen de manera directa a la dirección del centro u otras instituciones, sino verbalmente a las ONG; y esto ocurre así por temor a las consecuencias. De hecho “en bastantes ocasiones, tras la queja oficial, la persona (migrante) ha sufrido algún tipo de represalia o ha sido expulsada”.
El trato vejatorio o racista fue el tercer motivo de reclamaciones por parte de los reclusos del CIE en 2019, tras carencias como la calefacción deficiente, el suministro de agua caliente en invierno y fría en verano, las filtraciones de agua o la falta de higiene en los baños (59 personas); y las insuficiencias en la dieta (53). Los principales motivos de queja en 2018 fueron la alimentación; la presencia de menores –que está excluida tanto en la Ley de Extranjería como por la normativa del Ministerio del Interior, de la que dependen los centros-, y la falta de atención sanitaria. Los datos –la Radiografía de la vergüenza– figuran en el informe Sin derecho a tener derechos, presentado por la Plataforma CIE No de Valencia el pasado 15 de junio. El documento califica como “infrahumanas” las instalaciones y la atención en Zapadores.
Entre otros cometidos, los voluntarios de la Plataforma prestan acompañamiento a los internos, apoyo psicosocial y denuncian las vulneraciones de los derechos humanos. En 2019 realizaron 329 visitas a 105 personas (el complejo policial tiene capacidad para 156 personas y cuenta con 26 celdas). Las motivaciones de las quejas en los dos últimos años fueron muy similares, de lo que las ONG extraen la siguiente conclusión: “Los responsables del CIE han hecho oídos sordos a los cambios pedidos por los internos/as”.
Uno de los capítulos destacados es el de la atención médica. Durante el encierro, 44 migrantes presentaron problemas de salud, principalmente dolores osteomusculares (23), seguido de intestinales (11), los derivados de agresiones (6), por una huelga de hambre (3) y debido a una esquizofrenia (1); nueve de ellos declararon no recibir atención por el servicio sanitario del CIE. El 12 de noviembre de 2018, la Plataforma denunció que un ciudadano enfermo de VIH, de hepatitis C y en tratamiento con metadona por dependencia de las drogas se hallaba 20 días encerrado en Zapadores; en unos días podría ser expulsado a Rusia, país de origen; “fue detenido cuando se dirigía al Centro de Intervención de Baja Exigencia de Castellón (para ser atendido de su problemática), donde residía desde hace dos años”.
Uno de los factores que se reseñan en la Radiografía es la “vulnerabilidad”. Además de las preocupaciones familiares y por la situación de su país de procedencia, el 87% de las personas visitadas sentían como un “fracaso” el proyecto migratorio; el 58% padecían alteraciones del sueño; y el 39%, de carácter psicosomático (dolores estomacales, cefaleas o problemas dermatológicos); asimismo el 65% sufrían estrés y ansiedad ante una posible deportación. Los migrantes (57%) resaltan en el día a día otro “problema grave”: la falta de traductores para hablar en su idioma con el abogado, comprender las órdenes policiales o desarrollar la vida cotidiana. En cuanto a las situaciones de arraigo, el reporte apunta que en 2019 el 34% estaba empadronado y con domicilio; y el 22% tenía un empleo.
Aprobada en 1985 por el gobierno del PSOE, la Ley de Extranjería establecía en el artículo 26 la posibilidad del internamiento en centros de detención o en locales que no tengan carácter penitenciario, con unos plazos máximos de estancia. Pero las organizaciones sociales caracterizan los CIE como “cárceles racistas en las que se encierra a personas que no han cometido ningún delito (sólo por una falta administrativa), en condiciones inhumanas y sometidos en muchos casos a abusos y malos tratos”. Actualmente existen ocho CIE en el estado español.
El informe de la Campaña profundiza en el diagnóstico. El 47% de los migrantes visitados el último año desconocían tener derecho a un abogado de oficio y el 22% (23 personas) eran potenciales solicitantes de asilo (18 de ellas realizaron la solicitud, pero sólo en un caso fue admitida a trámite; asimismo un 68% de los visitados no tuvieron información sobre su derecho a la protección internacional; los voluntarios de la Plataforma trabajaron en resolver esta carencia).
La legislación de Extranjería establece que el internamiento “se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de 60 días”. Sin embargo, las ONG han constatado una tendencia a prolongar el aprisionamiento: en 2019 el 26% de las personas visitadas estuvieron entre 41 y 60 días en el CIE. En cuanto a la resolución de los expedientes, el 32% de los recluidos fueron finalmente liberados –el 33% expulsados-, lo que pone de manifiesto “el carácter de castigo que tienen estos centros, así como lo ‘inútil’ del sufrimiento”. Otro punto de interés son los lugares de captura previos al ingreso en el CIE: la mayor parte de las detenciones se produjeron en la costa (34%) y transitando por la calle (28%).
La Radiografía de la vergüenza se complementa con otras informaciones. El 43% de los migrantes fueron detenidos en 2019 cuando –tras arribar en patera o por las zonas de frontera- llevaban menos de un mes en el estado español; el 25%, entre un mes y tres años; y, como evidencia del arraigo social, el 15% más de una década (el 22% en 2018).
En cuanto a las razones de la situación administrativa considerada (oficialmente) “irregular”, en el 37% de los casos se debía a que las personas migrantes no pudieron renovar el permiso de residencia, por incumplir algunas de las condiciones. Por otra parte, ¿cuáles son los países de procedencia? El 68% de las personas visitadas por las ONG en Zapadores eran originarias del Magreb, principalmente argelinos, y el 18% de América Latina. Son personas jóvenes (el 45% menores de 30 años) y el 99% hombres.
En junio el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) publicó el informe Diez años mirando a otro lado, con información de 2019; los equipos de voluntarios del SJM realizan visitas y labor de acompañamiento en los CIE. En el centro de Aluche (Madrid) visitaron, en una o más ocasiones, a 282 personas de 39 nacionalidades (el 40% migrantes marroquíes y el 15% argelinos). Entre las situaciones de vulnerabilidad constatadas, figuran los 48 expulsados a pesar de su arraigo, 11 personas enfermas, siete con toxicomanía, 13 que manifestaban su minoría de edad y siete mujeres presuntas víctimas de trata o violencia machista.
En el CIE de Zona Franca (Barcelona), los voluntarios realizaron un seguimiento a 63 casos especialmente susceptibles de la vulneración de derechos, como la presencia de 38 posibles menores de edad, de nacionalidad argelina y marroquí (al menos seis de ellos fueron reconocidos como menores y, en consecuencia, liberados); también acompañaron a cinco encerrados con problemas de salud física o mental; tres que dijeron sufrir agresiones por los agentes policiales; dos que intentaron suicidarse y otros dos que se declararon en huelga de hambre.
El documento Diez años mirando a otro lado recoge el testimonio de Nani, una voluntaria en el CIE barcelonés: “Destacaría que la arbitrariedad del trato policial para facilitar, entorpecer o impedir nuestro acompañamiento es también un factor que endurece mucho nuestra labor, sabiendo además que esa arbitrariedad multiplicada y endurecida impunemente se traslada constantemente a los internos”.
En el CIE de Valencia (371 visitas a 164 internos), la red jesuita relata las circunstancias de un recluso argelino, ingresado en Zapadores por entrada considerada “ilegal” en el estado español, con una pierna mutilada y un brazo inmóvil a causa de un accidente. No recibió una atención médica adecuada en Zapadores; “una facultativa voluntaria del SJM-Valencia recomendó su derivación a especialistas; el equipo lo condujo a los abogados del Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros (SOJE), prestaron servicios de interpretación y se elevaron quejas al defensor del pueblo y al juez de control (del CIE)”, detalla el reporte.
Por último, el análisis del SJM se centra en los CIE de La Piñera (Algeciras) e Isla de Las Palomas (Tarifa), en los que se visitó a 177 personas (el 91% marroquís); “32 manifestaron haber sido rescatados en el mar, bastantes habían pasado el Estrecho”. Los voluntarios hicieron un trabajo de seguimiento con 9 posibles menores; algunos migrantes protestaron porque no se les hizo entrega del teléfono móvil durante su traslado desde la comisaría al centro, otros lamentaban las interpretaciones y traducciones deficientes en la comisaría y en el juzgado. Al observar que una de las personas recluidas tenía problemas de salud mental, “el facultativo del CIE y la directora decían no tener margen de maniobra al no manifestar episodios violentos ni evaluaban otras situaciones de peligro”.