El PP se burla con nocturnidad y alevosía de 10.000 personas investigadoras en España con contratos predoctorales en vigor. Los salarios se sitúan alrededor de los 1.000 euros al mes y todos los investigadores están realizando sus respectivas tesis doctorales. Mediante un truco jurídico por la espalda, sin previo aviso a los interesados y con […]
El PP se burla con nocturnidad y alevosía de 10.000 personas investigadoras en España con contratos predoctorales en vigor. Los salarios se sitúan alrededor de los 1.000 euros al mes y todos los investigadores están realizando sus respectivas tesis doctorales.
Mediante un truco jurídico por la espalda, sin previo aviso a los interesados y con efectos retroactivos, han modificado los contratos de obra y servicio originales (por cuatro años) por otros en prácticas (de dos años si nos atenemos a la legislación vigente).
Los contratos, nuevas altas y prórrogas, se han alterado sustancialmente de manera unilateral por la Seguridad Social o han sido firmados a ciegas por parte de los investigadores, que en ningún caso recibieron información de las nuevas condiciones, hecho que podría vulnerar el Estatuto de los Trabajadores de modo flagrante y la normativa común y específica en materia laboral.
El cambio a hurtadillas supone, según los sindicatos y expertos en derecho laboral y administrativo, que se elimina la indemnización a la conclusión o rescisión del contrato de 12 días por año trabajado, se impide la obtención de la tarjeta sanitaria europea, se imposibilita el acceso a otro contrato en prácticas y se cierra la vía a reclamaciones judiciales para obtener la condición de indefinido.
La administración echa las culpas a que todo se inició para cumplir una petición del consejo de rectores y las universidades niegan la acusación, eludiendo toda responsabilidad en la situación a día de hoy. Lo evidente es que ni las universidades ni la administración estatal se han puesto en contacto con los 10.000 investigadores para darles cumplida cuenta de los cambios que se iban a llevar a cabo. Unos y otros se lavan las manos y se pasan la pelota sospechosamente.
Solo la Universidad de Las Palmas se ha decantado a favor de su personal con este tipo de relación laboral para no perjudicar aún más sus precarias condiciones laborales, manteniendo en suspenso, por el momento, las modificaciones instadas por la Seguridad Social.
Podemos y el PSOE han pedido ya explicaciones urgentes al Gobierno en sede parlamentaria.
En los últimos ejercicios económicos, el presupuesto destinado a investigación universitaria en España ha caído en picado en un 55 por ciento, pasando de 350 millones de euros a tan solo los 160 millones actuales. Con el PP en el poder, la inversión ha retrocedido a cifras de finales del siglo pasado: 17 años para atrás y sin vislumbrarse en el horizonte inmediato un cambio de tendencia al alza. Que inventen ellos parece el lema decimonónico favorito de Rajoy y los suyos. Y los que investigan en España que asuman las consecuencias: mileuristas por los pelos, en una sonrojante precariedad absoluta y con el futuro más que incierto. Mientras, España no deja de crecer y crecer y crecer, aunque, eso sí, el 30 por ciento de la población esté en riesgo inminente de entrar, por las buenas o por las malas, en la temida exclusión social. Paradojas de la desigualdad.
CHANGE.ORG: Restituyan los contratos predoctorales de acuerdo a la Ley de la Ciencia (PETICIÓN AL GOBIERNO DE ESPAÑA).
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