El Congreso de los Diputados votó la investidura de Rajoy como nuevo presidente de gobierno. Con sólo el 30% del censo electoral, pero con una mayoría absoluta de 186 diputados, el PP ha elegido sin problemas a su candidato, o a decir verdad, al candidato de Merkel, Sarkozy y Botín. No en vano ha confesado […]
El Congreso de los Diputados votó la investidura de Rajoy como nuevo presidente de gobierno. Con sólo el 30% del censo electoral, pero con una mayoría absoluta de 186 diputados, el PP ha elegido sin problemas a su candidato, o a decir verdad, al candidato de Merkel, Sarkozy y Botín. No en vano ha confesado que iba a seguir al pie de la letra las exigencias de la carta que el Banco Central Europeo envió este verano al gobierno Zapatero.
En su discurso de investidura, Rajoy ha querido eludir el anuncio de las medidas drásticas de ajuste y pese a intentar hacer bueno el dicho de vales más por lo que callas que por lo que dices, su discurso general, repleto de llamamientos a «pactos de Estado», y la designación de los ministros económicos no dejan sombra de duda de que estamos ante un gobierno de guerra social contra los trabajadores y el pueblo.
Antes de entrar a saco quiere, en la medida en que pueda y le dejen, esperar algún mes más, hasta conocer los datos definitivos del déficit de 2011, para acometer los primeros planes de «choque» y de momento se ha limitado a presentar su cara más «amable», con la actualización de las pensiones y subvenciones a los empresarios.
Su discurso, haciéndose eco de los planes de la Unión Europea, el FMI y el BCE, ha colocado a los empleados públicos en el punto de mira. La congelación del empleo público, el anuncio de «abrir un proceso de simplificación del sector público» y la actuación de los barones autonómicos del PP, preanuncian fuertes ataques a los salarios y al empleo en este sector.
Pero como su margen de maniobra es estrecho y su tiempo corto, ya a finales de este mismo año el Decreto de prórroga de los Presupuestos incluirá a buen seguro un primer ataque a los salarios públicos, y en marzo presentará los Presupuestos de 2012, donde nos enfrentaremos ya con seguridad a una batería de ataques frontales.
El gran compromiso de Rajoy para 2012 es alcanzar un déficit público del 4,4%, lo que significará un «ahorro» que será prácticamente el doble de los 16.500 millones anunciados. Esto se debe a que las rebajas fiscales que anunció suponen, según los técnicos de Hacienda (Gestha), dejar de ingresar alrededor de 9.500 millones. A lo que hay que añadir que en 2011, con la crisis, han bajado los ingresos públicos y subido los intereses de la deuda. Estamos hablando, pues, de un «ajuste» para 2012 de más del doble que el de Zapatero en 2010. Un ajuste a imponer entre el Estado y las Autonomías (con Artur Mas dando ejemplo). Un ajuste que significará nuevos recortes sociales y subidas de impuestos indirectos como el IVA, la gasolina o el tabaco. Todo al servicio de que los trabajadores y el pueblo paguemos la deuda a los bancos y especuladores.
Otro de los grandes compromisos de Rajoy ante Merkel y los banqueros es la reforma laboral, una de sus grandes prioridades. Quieren cargarse la negociación colectiva en las pequeñas y medianas empresas, facilitar el descuelgue, acabar con la «ultraactividad», imponer la mediación y el arbitraje, abaratar la contratación y precarizar todavía más el empleo juvenil, con la finalidad descarada de abaratar al máximo salarios y acabar con derechos conquistados en muchos años de lucha.
La otra gran reforma es la financiera. La quieren tener lista para mediados de año. Más allá de la manera como finalmente la hagan, la sustancia de su plan es clara: cubrir con dinero público (aumentando la deuda pública) las enormes pérdidas de los bancos en terrenos, promociones inmobiliarias y pisos invendibles. Estamos hablando de la friolera de cerca de 150.000 millones de activos inmobiliarios devaluados, lo que representa el 15% del PIB español. Los grandes beneficiarios de este atraco masivo son unos pocos grandes bancos, que concentrarán como nunca el control de la riqueza del país.
Como su predecesor, Rajoy presenta estas medidas como necesarias para «salir del agujero», pero no son sino un mecanismo de empobrecimiento masivo de la población en beneficio de una ínfima minoría, cada vez más poderosa, de banqueros y grandes capitalistas. Son, además, la fórmula segura para profundizar la recesión económica, en la que ya hemos entrado y que va a marcar de lleno el 2012.
Un Gobierno de hombres de la banca y la patronal
Más allá de los Ministros del aparato del PP fieles a Rajoy, hay cuando menos algunas caras a destacar que dejan claro al servicio de quien están. En primer lugar los responsables de Economía: Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. El primero de ellos, Guindos, es un nombre vinculado a la gran banca internacional. Entró en el 2004 como miembro del consejo asesor para Europa de Lehman Brothers el banco de inversión estadounidense que quebró en 2008, desencadenando un seísmo financiero que dio inicio a la crisis económica. En el 2006, fue nombrado presidente ejecutivo de Lehman Brothers para España y Portugal.
La caída de Lehman Brothers en 2008 llevó al actual ministro al cargo de director del Centro del sector financiero de la consultora PricewaterhouseCoopers. Ha compatibilizado esos trabajos con los consejos de administración de Endesa y Unidad Editorial. Un titular del Financial Times resume su nombramiento: «Ex jefe de Lehman para gobernar la Economía española». Así pues, Rajoy ha nombrado a un hombre del capital financiero y de sus grandes operaciones especulativas, estrechamente ligado, además, a la banca americana.
Cristóbal Montoro, por su parte, es un personaje directamente vinculado desde hace muchos años a los organismos de la gran patronal CEOE y portavoz de sus intereses.
Llama también la atención el nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, que ya fue alto cargo en los gobiernos de Aznar. Morenés es un empresario vinculado a la industria del armamento y al sector naval. Ha sido secretario general del Círculo de Empresarios y hasta el día anterior a su nombramiento, director de la filial española de la empresa europea de misiles MBDA, perteneciente al grupo armamentístico norteamericano Northrop. Es además desde hace dos meses director de Segur Ibérica, la empresa que presta la seguridad a los atuneros españoles.
Otro ministro a mencionar es el de Agricultura, Arias Cañete, terrateniente-consorte andaluz, casado con una Domecq, amigo de la buena vida y de todo tipo de negocios. Es el que, refiriéndose al Plan Hidrológico Nacional de Aznar, declaró aquello de «salir, sale por cojones», aunque hay que recordar que dicho Plan, salir, no salió.
La actitud de la oposición
A un gobierno de guerra social como éste, la oposición parece que lo recibiera con no se sabe bien qué «expectativas». Destaca la actitud de los dirigentes de CCOO y UGT, Toxo y Méndez, que, sabiendo como saben de primera mano lo que trae este Gobierno, ni lo denuncian, ni alertan a los trabajadores, ni comienzan a preparar la respuesta contundente que le pare los pies. Por el contrario, Toxo salió de la entrevista con Rajoy hablando de «buenas vibraciones» y llamando a un gran «pacto por el empleo».
También hay que remarcar de la sesión de investidura la actitud del PSOE, su renuncia a ejercer el papel de oposición parlamentaria. En un debate de guante blanco, Rubalcaba se dedicó principalmente a llamar al PP a negociar pactos. No en vano PP y PSOE son, ambos, obedientes vasallos de Merkel y Sarkozy, al servicio del capital financiero.
Izquierda Unida, que aparece prácticamente como única oposición, no ha estado a la altura de lo que muchos esperaban de ella. Cayo Lara, proclamando una «oposición responsable y constructiva», ha querido aparecer como portavoz de la burocracia sindical de CCOO y UGT, llamando a «negociar un nuevo modelo productivo». Del mismo modo, no ha cuestionado el pago de la deuda pública a bancos y especuladores, ni a la UE, ni atacado los fundamentos de un sistema que nos lleva a la catástrofe.
Hay que mencionar también la miserable actitud del PP de impedir a Amaiur su derecho a formar grupo parlamentario. Pero no podemos dejar de comentar la abstención de los diputados de Amaiur ante la investidura de Rajoy. Su argumento es que ellos son representantes vascos y no entran a participar en la elección del gobierno español. Pero ¿alguien puede entender, desde la izquierda, que unos diputados que se reclaman del socialismo, no voten en contra de un gobierno presidido por Rajoy? ¿Cree Amaiur que se puede luchar contra este gobierno y sus planes sin unir fuerzas con los trabajadores y los pueblos de todo el Estado? ¿Le van a explicar a los trabajadores vascos que la reforma laboral, los recortes y los despidos no van con ellos?. ¿Piensan que van a lograr la libertad nacional del pueblo vasco sin unirse en una lucha común contra el régimen monárquico surgido de la Transición?
No darle ni un día de tregua
No se puede dar, por tanto, ni el menor margen, ni un día de tregua a este gobierno, como no dan ellos ni un solo día de tregua a los parados, a los trabajadores de los Ayuntamientos que están sin cobrar o están siendo despedidos, a las familias que con un ritmo de 500 por día siguen siendo desahuciadas de sus viviendas.
Desenmascarar y denunciar cada una de las medidas de este gobierno y llamar a las organizaciones obreras, a los trabajadores y a los jóvenes a enfrentarlas unidos es la tarea que tenemos por delante. Hay que preparar desde ahora la respuesta general para echar atrás sus planes, parar el pago de la deuda pública e imponer un plan de rescate de los trabajadores y el pueblo.
Fuente: http://www.correntroig.org/spip.php?article3176&lang=ca