Con fecha 27 de septiembre se inauguró la central hidroeléctrica Ralco en el Alto Bío Bío, en el territorio ancestral de los mapuche pehuenche. La central, que tuvo un costo de 570 millones de dólares, fue construída por Endesa Chile, filial de Endesa España. Ralco inundó 3.500 hectáreas ancestralmente habitadas por los pehuenche, y obligó […]
Con fecha 27 de septiembre se inauguró la central hidroeléctrica
Ralco en el Alto Bío Bío, en el territorio ancestral de los mapuche
pehuenche. La central, que tuvo un costo de 570 millones de dólares,
fue construída por Endesa Chile, filial de Endesa España. Ralco
inundó 3.500 hectáreas ancestralmente habitadas por los pehuenche, y
obligó a la relocalización de alrededor de 500 integrantes de sus
comunidades.
Orgulloso de la obra el presidente de Endesa, Luis Rivera, afirmó en
el acto de inauguración que Ralco es «uno de los mayores
emprendimientos eléctricos de los últimos tiempos de Chile, de toda
América Latina y, si me apuran, del mundo». El ministro de Economía
Jorge Rodríguez estuvo allí para manifestar la satisfacción del
gobierno con la conclusión de este polémico proyecto. En la ocasión
el ministro Rodríguez sostuvo que Ralco era un aporte fundamental al
sistema eléctrico chileno y al crecimiento económico y social del
país.
La ausencia del Presidente Lagos no puede interpretarse como un hecho
casual: aunque hace un año atrás, con ocasión de la suscripción de un
pre acuerdo con cuatro mujeres pehuenche en el marco de la denuncia
que ellas presentaran ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el Presidente manifestó que la central se ejecutaría con
respeto a los derechos de los pehuenche, Ralco nos habla de la
desprotección en que se encuentran los derechos indígenas y
ambientales en Chile, de la inexistencia de una cultura respetuosa de
la diversidad étnica y de una conciencia ambiental, y de las
debilidades de nuestra democracia. Y el Presidente no puede ignorarlo.
Resistido desde temprano por las dos comunidades directamente
afectadas por Ralco (Quepuca Ralco y Ralco Lepoy), las que
manifestaron en 1996 su oposición unánime a su construcción en el
marco del proceso de evaluación de impacto ambiental, así como por
importantes sectores de la ciudadanía nacional, el proyecto se fue
imponiendo a través de la acción concertada del Estado y de la
empresa, acción que no se caracterizó por la trasparencia ni por la
consideración de los derechos ciudadanos. Así mientras desde el
Estado se removía a todo funcionario público que manifestara su
cuestionamiento a este proyecto y se toleró la estrategia de hechos
consumados utilizada por Endesa para avanzar en la construcción de
una obra que no contaba con las autorizaciones exigidas por la ley,
esta última utilizó la maquinación y el dinero para debilitar la
oposición pehuenche, para comprar la voluntad de las familias cuyas
tierras serían inundadas por Ralco. Se trata de hechos que han sido
documentados a lo largo del último decenio, y que ni los sucesivos
gobiernos ni Endesa, para su vergüenza, han podido desmentir.
Nada gráfica mejor esta estrategia concertada entre el Estado y
Endesa que la inundación anticipada del embalse de Ralco en abril de
este año, en circunstancias que órganos del mismo Estado (Conadi y
Monumentos Nacionales) conversaban con los integrantes de la
comunidad de Quepuca Ralco sobre la remoción de los restos de
cincuenta de sus antepasados allí enterrados. La inundación del
embalse con anterioridad a la fecha acordada, con el silencio del
gobierno, sepultó para siempre bajo el agua los restos de los
antepasados pehuenche, así como la ilusión del nuevo trato que en
esos días el Presidente Lagos había anunciado a los pueblos indígenas
de Chile.
La central se inaugura en momentos en que está pendiente el
cumplimiento de la mayoría de los compromisos asumidos por el Estado
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el acuerdo
suscrito el 2003 con las mujeres pehuenche. Entre estos compromisos
se encuentran no sólo aquellos que dicen relación con el impulso de
procesos de entendimiento y diálogo con los pueblos indígenas para
introducir una reforma constitucional para el reconocimiento de sus
derechos y para la ratificación del Convenio 169 de la OIT, sino
también aquellos relacionados con las compensaciones materiales a las
familias directamente afectadas por la represa.
No es casual entonces que Ralco se haya convertido a nivel
internacional en un caso paradigmático de tensión entre desarrollo
modernizador y respeto a la diversidad cultural y al medio ambiente.
Así el Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos
indígenas, Rodolfo Stavenhagen, sostuvo el 2003: «…el caso de Ralco
ilustra claramente las tensiones sociales que surgen entre un modelo
de desarrollo «modernizador» y los costos sociales, ambientales y
culturales que debe soportar el pueblo que carga con el peso de esa
transformación económica.»
Para los pueblos indígenas y para muchos en la sociedad chilena que
vemos con preocupación como se nos impone un modelo de sociedad en
que las visiones alternativas a las de la economía de mercado no
caben, para quienes constatamos que estamos lejos de avanzar hacia lo
que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su reciente
informe sobre la democracia en America Latina (2004) llamado
«democracia de la ciudadanía», la inauguración de Ralco es un hecho
que nos causa tristeza.
Lejos de celebrar su inauguración, aprovechemos la ocasión para sacar
lecciones de lo ocurrido durante su construcción y para impulsar un
dialogo sobre la democracia que tenemos y la democracia que queremos,
sobre el espacio que cabe en ella a los pueblos indígenas y a las
comunidades locales, sobre la relación que debe existir entre el
desarrollo y el medio ambiente. Sino lo hacemos ahora, la historia de
Ralco, con sus costos sociales y ambientales, se repetirá en el
futuro próximo, que duda cabe.
José Aylwin O. es director del Observatorio de Derechos de los
Pueblos Indígenas