En Audiencia Pública presidida por Alejandro Ferreiro, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), y realizada el 25 de enero, María Elena Rozas, en representación de la Red de Acción en Plaguicidas RAP/Chile solicitó al CPLT confirmar la decisión que en 2010 ponía fin al secreto en la ubicación de los cultivos transgénicos. «Valoramos que […]
En Audiencia Pública presidida por Alejandro Ferreiro, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), y realizada el 25 de enero, María Elena Rozas, en representación de la Red de Acción en Plaguicidas RAP/Chile solicitó al CPLT confirmar la decisión que en 2010 ponía fin al secreto en la ubicación de los cultivos transgénicos. «Valoramos que se haya reconocido el carácter público de la información solicitada y los criterios y capacidad de juicio que evidencia esta decisión. Ello constituye un valioso aporte para la fiscalización de los transgénicos y permite un debate informado de todos los involucrados. Esta es una actividad que ofrece riesgos para la comunidad, y para la agricultora convencional y orgánica, la fruticultura, apicultura, y vitivinicultura,» sostuvo M.Elena Rozas luego que el Presidente del Consejo iniciara la Audiencia, marcada por la ausencia de las empresas que pedían la ilegalidad de la decisión del Consejo, en su calidad de terceros. Ferreira señaló que la audiencia, realizada en cumplimiento del reciente fallo de la Corte de Apelaciones que ordenó repetir el proceso «formalizaría la circunstancia de que las empresas tuvieron su oportunidad de presentar pruebas».
Acompañaron a María Elena Rozas en la Audiencia Pública, respaldando su petición de acceso a la información, Italo Bozzi y Marcelo Rodríguez, presidentes de FEDEMIEL, y Red Nacional Apícola, respectivamente; Diego Santa Cruz, por la Corporación de Desarrollo Apícola; Mónica Rodríguez y Marcos Pérez, dirigentes de los apicultores de la VI Región, y Guillermo Riveros, presidente de BioBioOrgánico. Todos agradecieron la oportunidad brindada excepcionalmente por el Consejo de aportar pruebas sobre los daños producidos a su actividad económica por los cultivos transgénicos.
Requerimiento inicial
En referencia al ambiguo fallo de la Corte de Apelaciones en el tema, María Elena Rozas aclaró que requirió la información relativa a la ubicación exacta de los cultivos y las solicitudes de internación de semillas en trámite, dos puntos incluidos tanto en el amparo al CPLT como ese tribunal. La Corte sostuvo que el CPLT en su fallo estaba entregando más información de la solicitada por ella, vicio que en términos jurídicos se denomina ultrapetita, pero ello no existió ya que María Elena Rozas entregó al CPLT (4/6/09) tres documentos. Estos eran copias de la carta original al SAG (20/04/09) demandando ambos puntos, y de la respuesta del SAG denegando la información, y un tercer documento, de síntesis de los fundamentos de su petición. Precisó María Elena Rozas: «Nuestro único interés es tener la posibilidad de fiscalizar posibles prácticas ilegales para extender los cultivos a lugares no autorizados, como por ejemplo, áreas protegidas o centros de origen, y/o hacer posible la investigación de la posible contaminación de cultivos convencionales y orgánicos con transgénicos.»
El abogado Rodrigo Mora, de la Fundación Pro Acceso, patrocinante de la causa de RAPChile desde septiembre de 2011, valoró a su vez que el fallo de la Corte de Apelaciones reconociera que el reglamento del SAG tiene el carácter de información pública. Sostuvo que los alegatos de vandalismo aducidos por las empresas deben desecharse pues vivimos en un estado de derecho. Informó al CPLT que a consecuencias de las nuevas normas dictadas por la Corte Europea respecto de la miel, existen 1500 toneladas de miel de la temporada pasada que no pudieron exportarse por estar contaminadas con transgénicos. Asimismo recalcó la importancia de fiscalizar la política de bioseguridad y sostuvo que el SAG, así como protege los derechos de los productores de transgénicos, debe cautelar el derecho de los apicultores y los agricultores orgánicos y convencionales a ejercer libremente sus actividades económicas. Recalcó que actualmente no se cuenta con información que permita impedir un daño cierto en el mercado de productos orgánicos y en la apicultura. Concluyó su alegato solicitando confirmar la decisión adoptada por el Consejo de Transparencia en 2010.
Cuantificación de daños
Italo Bozzi, de la Federación de Cooperativas Apícolas, FEDEMIEL, expuso que no sólo los exportadores sufrieron graves pérdidas en la temporada pasada, sino que ahora los apicultores debido a la baja del precio de la miel y el alto costo de los análisis enfrentan una pérdida del orden de los 15 millones de dólares. «Si esto continúa el negocio se hace inviable. Antes los exportadores pagaban $1800 por kilo de miel, ahora ofrecen 700 a 800 y con eso no se puede trabajar, la actividad tenderá a desaparecer. Y eso no sólo significa que no habrá miel, sino algo más grave: no habrá abejas para la polinización y va a haber una baja en la producción de frutas.» Agregó que hay más de 10.700 apicultores, quienes no están en condiciones de enfrentar el costo de aproximadamente 600 euros requeridos para el doble análisis en laboratorios certificados por la Unión Europea, de presencia o no de transgénicos, más el tipo de transgénico, en caso de confirmarse contaminación.
Por su parte, Gonzalo Pardo, encargado de Organismos Vivos Modificados del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), explicó al Consejo las normas de bioseguridad vigentes. Señaló que todos los semilleros están georeferenciados y que la información está disponible si así lo ordena el CLPT. Las distancias que debe haber respecto de cultivos convencionales varían según la especie, por ejemplo en raps son 500 metros. Relató que existe una mesa de coordinación entre SAG, los productores de transgénicos y productores orgánicos, para coordinar estrategias, y que ya está publicada la información sobre las comunas y regiones en que hay transgénicos en la temporada pasada, comprometiendo para la próxima semana la publicación de la ubicación de los cultivos existentes en comunas en la temporada 2011-2012.
Sostuvo Pardo que la Unión Europea aun no comunica los nuevos protocolos de exportación ni umbrales de tolerancia de presencia de transgénicos en la miel, por lo cual SAG no puede adoptar medidas al respecto. Informó también que en respuesta a las demandas del sector se ideó un Sistema de Información Geográfica, en desarrollo, que permite a los apicultores saber a qué distancia están de un cultivo transgénico y de qué especie se trata, en un radio de 5 km dentro del área de influencia. En el futuro ello incluirá información acerca de si el cultivo transgénico está o no autorizado por la Unión Europea.
No a la coexistencia
Por su parte Guillermo Riveros, de BioBio Orgánico negó que exista una coordinación de SAG con los agricultores orgánicos de nivel nacional. Aseguró que la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica ya no existe y hasta ahora los agricultores orgánicos de las regiones no tienen ninguna interlocución con el gobierno respecto del tema transgénicos. Sostuvo que los agricultores orgánicos se oponen a que existan cultivos transgénicos y por tanto a la coexistencia entre cultivos orgánicos y transgénicos. «Nosotros corremos el mismo riesgo que los apicultores. En cualquier momento nuestras exportaciones pueden enfrentar problemas. La fruticultura también está en peligro. Necesitamos saber donde están esos cultivos», agregó.
A su vez, el presidente de FEDEMIEL valoró como un avance importante la existencia del Sistema de Información Geográfica, pero aclaró que eso no es suficiente: la información debe ser pública totalmente. Reiteró que la miel de esta temporada ya está contaminada. Respecto de los protocolos, dijo que ellos «olfatean» que un consumidor europeo jamás va a comprar miel etiquetada como transgénica. Por ello, su mayor demanda es que se eviten los cultivos transgénicos, y en el peor de los casos se adopten al menos medidas paliativas.
Usurpación de territorio
Diego Santa Cruz expuso al Consejo que en una primera evaluación, el gremio ha estimado que el 40% de los apicultores está cercano a estos cultivos, según el Sistema de Información Geográfica oficial. Sostuvo el dirigente de la Corporación Apícola: «Los apicultores afectados tienen colmenas fijas que hoy deberían desplazarse o eliminarse. Considero que estos 2.800 cultivos transgénicos existentes según SAG, constituyen una usurpación de territorio. Eso no es coexistencia, es imposición. Y solicito al SAG que informe la cifra total de apicultores en peligro según las consultas recibidas.»
El Consejo no ha informado hasta ahora cuándo emitirá su decisión final. María Elena Rozas señaló al concluir la Audiencia Pública: «Considero que el Consejo tiene ahora nuevos elementos para confirmar la decisión de transparencia adoptada en 2009. Los productores de transgénicos ni siquiera se atreven ya a insistir en el secreto. Hoy no estuvieron ellos pero el Consejo pudo escuchar la voz de quienes son los primeros afectados y eso es muy importante para que el CPLT pueda dimensionar el problema que representan los transgénicos para esta y otras actividades agrícolas.»
La audiencia se extendió por más de una hora y fue filmada por la productora «Los Transgeniales», integrante de la campaña «Yo No Quiero Transgénicos en Chile» que agrupa a entidades de productores agrícolas y a organizaciones, sociales y ambientales.