En el Hotel Frontera de Temuco se llevó a efecto este martes un conversatorio sobre la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile, ello en el marco del proyecto «Derechos Humanos y Pueblos Indígenas en Región Andina» que desarrolla la Universidad de Chile, con el objetivo de discutir con representantes […]
En el Hotel Frontera de Temuco se llevó a efecto este martes un conversatorio sobre la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile, ello en el marco del proyecto «Derechos Humanos y Pueblos Indígenas en Región Andina» que desarrolla la Universidad de Chile, con el objetivo de discutir con representantes de comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil sobre el contenido que debiera tener una futura modificación constitucional en materia de derechos de estos pueblos.
La conversación estuvo coordinada por el profesor Claudio Nash, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y la profesora Minda Bustamante, investigadora en derecho consuetudinario indígena, quienes presentaron las conclusiones preliminares de un estudio sobre reforma constitucional y pueblos indígenas en la región.
«Este conversatorio es parte de un proyecto donde queremos formular una propuesta sobre la nueva constitución y cómo ella debe abordar la temática indígena en Chile. Para eso hemos querido realizar una serie de consultas y conversaciones con representantes de pueblos indígenas que nos ayuden a ver cuáles son los temas que debieran estar presente en ese debate y cuál es el enfoque que debiera darse desde las necesidades y los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país», señaló Nash.
Consultado respecto de cuáles son preliminarmente esos temas, comentó que «uno es cuál va a ser el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, de qué forma se van a dar en Chile y de qué manera esa constitución se va hacer cargo de la plena garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy día en el debate no basta decir vamos a reconocer a los pueblos indígenas, sino que ese mínimo debe ir acompañado de reconocimiento de derechos y además de una institucionalidad que acompañe ese reconocimiento de derecho», afirmó.
En cuanto a las temáticas que salieron del conversatorio realizado en Temuco, el debate se orientó a cómo se van a garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el marco de un proceso constitucional en Chile. En ese sentido los instrumentos internacionales de derechos humanos y de pueblos indígenas con los que el estado chileno se ha comprometido debiera ser «nuestro piso mínimo», señaló Nash, considerándolo como el marco del cual no se debiera salir. Agregando que el punto desafiante va a ser cómo desde ese marco le damos concreción y cómo aumentamos ese marco, ese es el desafío de un proceso constituyente vinculado con temas de derechos humanos.
Nash informó a su vez que terminados estos conversatorios en el mes de enero, a fines de marzo se va a elaborar una propuesta definitiva para el debate constitucional, la que se entregará a las autoridades que estén a cargo de esta temática, al parlamento, a las comunidades que han participado del proceso y a la sociedad para que se comience a discutir. «Este no es solo un tema de expertos, ni mucho menos, es un tema que nos involucra a todos, sobre cómo resolver desde la constitución la relación con los pueblos indígenas y, por tanto, la participación ciudadana es fundamental. Lo importante es que todos opinemos y nos formemos una opinión y participemos, de tal forma que tengamos un texto constitucional que nos represente a todos y no solo a un grupo como ha sido en la historia en nuestro país, esa es la historia que tenemos que cambiar», enfatizó.
Reconocimiento de fondo y no de forma
Una de las dirigentes que participó del conversatorio fue Aurora Nahuelan del Lof Rengalil, comuna de Nueva Imperial, quien fue categórica al señalar que «queremos un reconocimiento constitucional de fondo y no de forma», agregando que esto implica «ser reconocidos con autodeterminación, porque así se podrían terminar con muchos problemas que tenemos por la herencia dejada por la dictadura de Pinochet».
Consultada si existe información, conciencia y empoderamiento sobre temas de derechos en la gente mapuche, Nahuelan cree que no, y ahí está -según ella- unos de los problemas. «La gente apoya a personas como los candidatos de partidos políticos que prometen y no cumplen y la gente nuestra debería quererse más, y trabajar por su pueblo». Apuntó a su vez que a veces la gente se pierde cuando se habla de política porque existe desconocimiento de derechos y se dejan manipular fácilmente por gente no mapuche. Por otro lado, se debiera considerar los derechos a los recursos naturales que desde siempre están en nuestros territorios, pero «las transnacionales que llegan a nuestros territorios, la relación debe cambiar, ya que estas llegan saca todo y se van y nuestra gente sigue en la pobreza» señaló.
Por su parte Sergio Millaman, abogado e integrante del Área Jurídica del Observatorio Ciudadano, tras el conversatorio comentó que la gente aún ve lejano estos temas, lo relativo a los efectos reales y concretos que como pueblo mapuche en general les podría significar este tipo de proceso. Esto según él, se origina por la desconfianza existente hacia la institucionalidad estatal y hacia el poder político chileno.
«Chile está atrasado respecto de otros países sobre la materia. En países como Bolivia se reconoce al estado como plurinacional, y que el estado está compuesto por naciones y pueblo indígenas. Esos reconocimientos han estado asociados con el reconocimiento de derechos, reconocer la existencia de los pueblos indígenas no tiene ningún sentido si eso no va aparejado con el reconocimiento de sus derechos colectivos, al territorio, a tener y desarrollar una identidad cultural propia y a sus propias instituciones políticas. Esos elementos han estado ausentes de los debates parlamentarios y constitucionales en Chile durante los últimos veinte años», agregó Millaman.
El profesional también coincide que el piso mínimo de cualquier reforma constitucional en relación a pueblos indígenas está en los estándares internacionales (Convenio 169 dela OIT y Declaración de derechos de los pueblos indígenas de la ONU) que obliga al estado chileno y que debiera ya haberse adecuado, para garantizar los derechos y no limitar los estándares, y siempre debe ser previamente consultada con la debida participación de los pueblos afectados», culminó.