Las comunidades y organizaciones sociales de la vereda Peneya, corregimiento Piñuñablanco, municipio de Puerto Asís, denunciamos que se están originando diferentes problemáticas con funcionarios miembros de la fuerza pública en las denominadas «Operaciones de Erradicación Forzada», desconocimiento motivado de los acuerdos regionales y al Acuerdo para la Paz Estable y Duradera, incumplimiento al Programa Integral […]
Las comunidades y organizaciones sociales de la vereda Peneya, corregimiento Piñuñablanco, municipio de Puerto Asís, denunciamos que se están originando diferentes problemáticas con funcionarios miembros de la fuerza pública en las denominadas «Operaciones de Erradicación Forzada», desconocimiento motivado de los acuerdos regionales y al Acuerdo para la Paz Estable y Duradera, incumplimiento al Programa Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, y violación al principio de precaución y prevención al desplazamiento forzado en el marco de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública – Ejército Nacional – en Putumayo.
Por acción y omisión del Estado colombiano los riesgos contra la vida e integridad aumentan contra las familias cultivadoras de hoja de coca, con mayor énfasis en diciembre de 2017 y enero 2018. El goce efectivo de los derechos está condicionado por un lado a los intereses de nuevos actores ilegales armados lejanos a la identidad y cosmovisión de las comunidades, campesinas, indígenas y afrodescendientes de la región, y por otro de la criminalización por parte de la fuerza pública. No es procedente que se coloque a la población civil como interlocutor directo con uno u otro actor, por ejemplo, que se envíe a que se entienda con un superior, cuando existen todas las instituciones, entidades con sede y oficinas en la región para ser garantes nacionales e internacionales de los DDHH, con mandatos como observadores de cumplimientos, monitoreo y verificación e incluso con diferentes herramientas y metodologías tecnológicas.
Rechazamos cualquier acción de la fuerza pública desproporcionada e infundada contra los bienes de las comunidades campesinas, en especial si están acogidas a los múltiples acuerdos nacionales y regionales como PNIS y PISDA.
Instamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alerta ante la crítica situación de incumplimiento por parte del Estado colombiano frente al Acuerdo Final de Paz y el acuerdo regional para la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito.
Cumplir con lo acordado es garantizar la no repetición de las violencias y el conflicto armado.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22600